#derechoaestudiar

Reforma del derecho de autor: puesta al día de las alternativas que se discuten en el Parlamento

Equipo de CC Uruguay, Mayo 13th, 2017

Imagen: Karen Arnold. CC0.

Durante los últimos días hubo novedades sobre la reforma de la ley de derechos de autor. Tal como informaron La Diaria, El País y M24, entre otros medios, se reavivó la discusión parlamentaria sobre el tema. En este texto buscamos hacer una puesta al día de la situación, explicando nuestra posición sobre las alternativas más convenientes.

Reseña histórica

Para entender las novedades actuales, es necesario un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva más de tres años. En octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a las fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República, donde los estudiantes conseguían sus materiales de estudio, pusieron de manifiesto la profunda inadecuación de la ley 9.739 de derechos de autor, sancionada en el año 1937, respecto a las necesidades actuales de acceso a la cultura y a la educación. Esa ley, que brinda un monopolio casi total sobre las obras a los titulares de derechos, prácticamente no tiene excepciones para usos socialmente justos y valorables como las actividades de educación, el trabajo de las bibliotecas, el acceso a la ciencia y a la cultura. Para peor, fue endurecida en 2003 en respuesta a imposiciones de la Organización Mundial del Comercio.

El rechazo social que trajo la aplicación de esta ley anacrónica creó conciencia sobre la necesidad de reformarla, incluyendo en nuestra legislación las excepciones y disposiciones básicas para amparar los derechos a la educación y a la cultura, consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos.

En 2013 el Centro de Estudiantes de Derecho presentó un proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, contemplando algunas de estas excepciones, que no llegó a ser tratado por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El proyecto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogía los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadía la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción al proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia ampliar los derechos culturales de la ciudadanía. Sin embargo, luego de la media sanción, surgió una reacción furibunda y desproporcionada de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), que afirmaban falazmente que el proyecto va contra los derechos de los editores y autores. Como sabe cualquier persona interesada en el tema, toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto aprobado en el Senado también incorpora el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, dado que ampara la posibilidad de hacer parodias, citas o fotografías de obras en espacios públicos, entre otras disposiciones. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, sensato y que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay, respecto de otros países, en este tema. Por poner solo un ejemplo, Uruguay es hoy uno de los escasísimos países que no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas.

Las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema y que solicitaron estar presentes, entre las que había instituciones y colectivos docentes, de bibliotecas, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien originalmente la CUL y Agadu afirmaban oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron borrar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. El problema de esto es que, de aprobarse la propuesta del acuerdo Agadu – FEUU – CUL, el Parlamento estaría legitimando involuntariamente muchas de las restricciones injustas y anacrónicas que en principio buscaba superar y que, si bien son entendibles en una ley de hace 80 años, son inaceptables en una norma contemporánea.

A modo de ejemplo, aunque parezca absurdo, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país. Atendiendo este problema, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar obras, como lo hacen siempre, pero ahora de manera legal. En cambio, el acuerdo Agadu – FEUU – CUL restringe el préstamo únicamente a obras expresadas por escrito, dejando afuera libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Si bien toda persona puede entender que las disposiciones anacrónicas fijadas en leyes antiguas caen por desuso, ¿cómo se puede justificar que una ley de 2017 prohíba a las bibliotecas prestar, sin ningún fin de lucro, todo tipo de materiales excepto textos?

Nuestra posición

Desde Creative Commons Uruguay solicitamos asistir a las comisiones de educación y cultura del Senado y de la Cámara de Representantes, donde dimos nuestra opinión favorable sobre el proyecto de ley que terminó recibiendo media sanción en la Cámara Alta, y fuimos más allá, planteando la necesidad de profundizar el capítulo de limitaciones y excepciones, incluyendo una cláusula de uso justo, que brinda un grado mayor de amparo legal para las prácticas cotidianas de acceso a la cultura que no afectan la normal explotación de las obras.

Luego de la media sanción en el Senado, nos sumamos a una campaña ciudadana impulsada desde la plataforma todosganamosderechos.org, desde la cual se juntaron cientos de firmas de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura que apoyan el proyecto emanado del Senado.

También nos sumamos a un conjunto de diez organizaciones sociales que firmaron un documento conjunto donde respaldan el proyecto del Senado.

Una vez que Agadu, FEUU y CUL presentaron el acuerdo surgido de aquella negociación desbalanceada, hicimos un análisis minucioso comparando el proyecto aprobado por el Senado con el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, y definimos a tal acuerdo como un acuerdo insuficiente. En dicho análisis hay una explicación, artículo por artículo, de por qué dicha propuesta retrocede en derechos con respecto al proyecto del Senado. Planteamos que el acuerdo Agadu – FEUU – CUL deja por el camino importantes contenidos que recibieron anteriormente el apoyo de todo el sistema político, desnaturalizando las excepciones educativas y para bibliotecas, afectando la libertad de panorama, y eliminando de plano la despenalización para usos sin fines de lucro y la copia para uso exclusivamente personal, entre otros aspectos.

Perspectiva a futuro

A pesar de los inconvenientes que saltan a la vista en el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, algunas bancadas de la Cámara de Representantes argumentaron el año pasado que era preferible aprobar dicho acuerdo dado que, a pesar de las falencias, era el resultado de una negociación representativa. Sin embargo, a lo largo de los meses, cada vez más reclamos empezaron a alzarse en contra de esa visión, dejando en claro que una verdadera representatividad incluye a muchas más voces. En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de instituciones universitarias, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del mismo Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo Agadu – FEUU – CUL y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Entre otros argumentos, se escuchó el llamado a que exista una normativa efectiva de limitaciones y excepciones, que no se discrimine entre estudiantes de instituciones públicas y privadas, y que no se pongan límites injustificados al derecho a estudiar y a las bibliotecas.

Como contamos al comienzo del artículo, en los últimos días varios medios de prensa informaron que la bancada del Frente Amplio retrasó su decisión sobre este tema, justamente a partir de los reclamos sociales para que la ley que finalmente se apruebe contenga una visión plural y lo más cercana posible al espíritu original del proyecto surgido en 2013 y aprobado en Senadores.

Desde Creative Commons Uruguay apoyamos estos reclamos y esperamos ser recibidos nuevamente por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para plantear nuestra posición. Confiamos en que el Parlamento escuche a las organizaciones sociales dejadas de lado en el Acuerdo Agadu – FEUU – CUL y que priorice los argumentos sensatos de la ciudadanía sobre las meras presiones corporativas de las cámaras empresariales. Así es que se podrá llegar a una ley justa, equilibrada y progresista que regule la cultura atendiendo a los derechos de todas y todos.

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Copias para la preservación de obras

Equipo de CC Uruguay, Julio 13th, 2016

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¿Sabían que hoy en día en Uruguay es ilegal la práctica habitual de bibliotecas, archivos y museos, de reproducir obras con el fin de preservar un ejemplar o sustituirlo en caso de pérdida o deterioro?

El proyecto de reforma del derecho de autor con media sanción del Senado legaliza esta práctica, estableciendo un equilibrio entre el derecho de autor y el derecho de acceso al patrimonio cultural.

Para que la gente que trabaja en bibliotecas, archivos y museos no corra riesgo de sanciones penales por sus prácticas cotidianas, es importante que el Parlamento dé aprobación definitiva al proyecto que cuenta con media sanción del Senado.

Las y los invitamos a firmar la carta ciudadana en apoyo a la reforma: http://www.todosganamosderechos.org/

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Reproducción de obras con fines educativos

Equipo de CC Uruguay, Junio 30th, 2016

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El proyecto de reforma de la ley 9.739 de derecho de autor aprobado en el Senado habilita la reproducción de obras breves y de partes de obras más extensas en instituciones educativas. De esta manera, los docentes pueden entregar repartidos de manera legal, mientras que los estudiantes pueden copiar y compartir apuntes y diversos materiales en cualquier formato (textos, imágenes, audio, video, etc).

En cambio, el acuerdo propuesto por AGADU, la Cámara del Libro y la FEUU pretende que las reproducciones de fragmentos de obras únicamente se puedan realizar en instituciones públicas, discriminando a los estudiantes y docentes de instituciones privadas y comunitarias. Además, restringe la excepción únicamente a “textos breves de estudio” y a “material educativo”, imponiendo un límite máximo arbitrario de 30 páginas para las reproducciones.

Nosotros queremos que se apruebe la mejor ley, y para ello es importante que no se discrimine a estudiantes y docentes de las instituciones privadas y comunitarias. A su vez, es fundamental que las reproducciones no se restrinjan únicamente a textos y a “material educativo”. En los procesos educativos es preciso acceder a materiales que no fueron creados originalmente con fines de estudio. Por ejemplo, los estudiantes de música deben acceder a obras musicales, los estudiantes de cine deben acceder a películas, así como en otras carreras es preciso acceder a obras o fragmentos de obras literarias, científicas, filosóficas, etc. Es decir, obras que no son estrictamente “material educativo” pero se usan con fines educativos. Por último, es importante que el concepto de obra breve sea flexible, y no restringido a 30 páginas, permitiendo que se pueda evaluar, en cada contexto particular, si la reproducción está justificada por la finalidad educativa.

Por todo lo anterior, es importante que el Parlamento apruebe definitivamente el proyecto que cuenta con media sanción del Senado. Con una reforma integral de la ley de derecho de autor, todas y todos ganamos derechos.

Las y los invitamos a firmar la carta ciudadana: http://www.todosganamosderechos.org/

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Debate público sobre la reforma de la Ley de Derechos de Autor

Equipo de CC Uruguay, Mayo 6th, 2016

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Post actualizado: escuchá los audios del debate en el portal multimedia de la Universidad de la República.

La Universidad de la República convoca a un debate público sobre la reforma de la ley de derechos de autor que introduce excepciones y limitaciones para fines educativos, de investigación y bibliotecas.

El evento se realizará el próximo lunes 9 de mayo de 10 a 18 hs en el Paraninfo de la Udelar (Facultad de Derecho, Av. 18 de Julio 1968). Quienes no puedan asistir personalmente, podrán ver el debate por streaming.

Creative Commons Uruguay participará del debate explicando los beneficios que traerá la aprobación de la ley para avanzar en derechos culturales y educativos.

Los invitados a participar del debate son: el Consejo de Derecho de Autor (CDA), la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay (ABU), la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEEUU), el Fondo de Cultura Universitaria (FCU), el Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje (ProEVA), el Repositorio COLIBRI de la Udelar, la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR), la Subcomisión Sectorial de Propiedad Intelectual de la Udelar, Creative Commons Uruguay y la Red de Sellos Independientes.

Consideramos muy importante que una institución como la Universidad de la República haya convocado a un debate amplio y abierto, con todas las partes involucradas, donde estarán presentes los puntos de vista de estudiantes, autores, docentes, bibliotecarios, investigadores, usuarios de cultura y expertos en derecho de autor. La regulación sobre la circulación y el acceso a los bienes culturales es una discusión que interpela a la sociedad en su conjunto, y por lo tanto su discusión debe ser abierta, participativa y democrática.

Más información en el sitio web de la Universidad de la República.

 

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#derechoaestudiar. Entrevistas en televisión y radio

Equipo de CC Uruguay, Abril 20th, 2016

Tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley por el derecho a estudiar, en los últimos días el equipo de Creative Commons Uruguay fue invitado a diversos programas de radio y televisión, en conjunto con representantes estudiantiles y universitarios. Compartimos a continuación algunas de las grabaciones.


Entrevista a Virginia Rodés (Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de Udelar) y Patricia Díaz (CC Uruguay) en el programa televisivo “Buen Día Uruguay”. Martes 19 de abril.


Entrevista a Iván Luzardo (Centro de Estudiantes de Derecho) y Patricia Díaz (CC Uruguay) en el programa radial “En Perspectiva”. Viernes 15 de abril.


Entrevista a Mariana Fossatti (CC Uruguay) en el programa radial “Hora de Cierre” de Radio Sarandí. Jueves 14 de abril.

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Un proyecto por el derecho a estudiar

Equipo de CC Uruguay, Abril 19th, 2016

Compartimos a continuación dos columnas escritas por miembros del equipo de Creative Commons Uruguay, a propósito de la media sanción dada en el Senado a la ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio. Las mismas fueron publicadas en La Diaria el 18 y 19 de abril.


Un proyecto por el derecho a estudiar

Columna de opinión.

La campaña que inició la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay este año se conoció rápidamente como una campaña “por el derecho a estudiar”. La consigna #DerechoaEstudiar se difundió por las redes sociales y mediante las movilizaciones estudiantiles, y se ganó la simpatía de toda la sociedad. Se sumaron los apoyos del PIT-CNT y organizaciones sociales.

Los estudiantes supieron explicarnos cómo estaba vulnerado su derecho a estudiar: los altos precios de los materiales de estudio impiden a muchos alumnos comprar obras fundamentales. Acceder mediante fotocopias o por medio de la plataforma digital EVA de la Universidad de la República son prácticas habituales, pero a la vez riesgosas. Ningún estudiante puede utilizar estos medios sin cometer un delito penal.

Pero los estudiantes también tuvieron la inteligencia, la valentía y la organización suficientes para presentar propuestas, desde exigir más fondos para publicaciones universitarias hasta distribuir tablets a los estudiantes con mayores dificultades. Una de sus propuestas pasa por una reforma legal. No una reforma legal cualquiera, sino la modificación de una de las leyes vigentes más viejas y menos conocidas, pese a que incide en las prácticas diarias de todas las personas: la 9.739, de 1937, que actualmente se llama Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Aun cuando la educación está consagrada en los pactos internacionales de derechos humanos suscritos por el país, no existe una “ley de derecho a estudiar”, “derecho al conocimiento” o “derecho a la cultura”. Si el legislador quiere favorecer estos derechos tiene que ir a modificar el derecho de autor. ¿Por qué? Porque la legislación en derecho de autor regula todas las acciones relacionadas con el uso de las obras que surgen del “dominio de la inteligencia” y se plasman en los medios de acceso que utilizamos cotidianamente.

El derecho de autor no se refiere sólo al autor propiamente dicho. Si bien sus primeros artículos lo tienen como protagonista, una larga serie que viene después regula las actividades de otros involucrados: traductores, productores, editoriales, herederos de los autores, el Estado, etcétera. En determinado momento, llega el turno de los derechos de los usuarios. Curiosamente, esto se lee en un apartado que se llama: “De la reproducción ilícita”.

En medio de un artículo (el 44) que establece todas las prohibiciones que pesan sobre las obras, y otro (el 46) que detalla las penas de prisión y multa por violar estas prohibiciones, hay una lista (artículo 45) que dice, por fin, lo que sí podemos hacer porque “no es ilícito”. Este listado constituye las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Pero estas excepciones son pobres y están desactualizadas. La última vez que se modificó en profundidad la ley fue para subir descomunalmente las barreras de acceso a la cultura, en 2003, pero no se tocaron estas excepciones.

En 2013 se sumó una: la que permite a personas ciegas o con baja visión hacer reproducciones que les faciliten el acceso al texto escrito. Fue un triunfo no sólo para las asociaciones de no videntes, sino también para las bibliotecas, centros de estudio e instituciones culturales, que van a poder brindar servicios de acceso a textos para un público dejado de lado por la industria editorial, que siempre estuvo obstinadamente en contra de este tipo de excepción.

Ese mismo año, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó un proyecto de ley para ampliar excepciones en favor de la educación. Esa es la llamada “ley por el derecho a estudiar”, que modernizará el derecho de autor para adecuarlo a las prácticas cotidianas reales de los estudiantes, a los medios tecnológicos actuales y a la agenda de derechos contemporánea. Se otorgan permisos fundamentales para el uso con fines educativos, el préstamo bibliotecario, la copia de preservación, la traducción en bibliotecas, la reedición de obras huérfanas (cuando no se puede dar con su autor) y la copia para uso personal, y se despenaliza la reproducción sin fines de lucro. Todas excepciones razonables, ampliamente adoptadas en el mundo, no restringidas por ningún tratado internacional y, por el contrario, alentadas por el mismo Convenio de Berna sobre derechos de autor.

El proyecto de ley salió de la Comisión de Educación del Senado con apoyo unánime de sus integrantes y alcanzó media sanción el 13 de abril. Fue aprobado en general por todos los partidos, aunque la oposición cuestiona algunos numerales en particular. De aprobarse en Diputados, esta ley no nos pondrá a la vanguardia en derechos de los usuarios, aunque tampoco dejará en desventaja a los autores ni a la industria editorial, como rápidamente salió a denunciar la Cámara Uruguaya del Libro. Apenas estaremos restableciendo un equilibrio que, sin quitar ningún derecho a los autores, ampara generosamente, en la misma ley que protege a estos, a los estudiantes, autores del futuro. ¡Que la ley de derechos de autor sea al mismo tiempo una ley de derecho a estudiar!

Por Mariana Fossatti, integrante de Creative Commons. Publicado en: http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/un-proyecto-por-el-derecho-a-estudiar/


Una iniciativa imprescindible

En la edición del viernes 15/04/16 de la diaria, Marcelo Pereira publicó la columna “Una iniciativa impensada” (http://ladiaria.com.uy/UKC), en la que plantea reparos al proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores el miércoles 13 y avanza hacia su aprobación definitiva.

En primer lugar, Pereira afirma que la excepción de copia para uso personal provocaría que dejara de tener sentido la producción comercial de libros. Esta afirmación no se sostiene en la teoría ni en los hechos. En los hechos, la copia para uso personal, aun siendo considerada ilegal, es desde hace décadas una práctica cotidiana y socialmente admitida en nuestro país, que se ha potenciado con la democratización del acceso a internet. Lejos de arruinar el negocio editorial, los datos oficiales que se desprenden de la encuesta de consumos culturales de 2014 (http://ladiaria.com.uy/UKD) demuestran que en la última década, a medida que aumentaron las descargas de internet como forma de consumo de libros, también lo hizo la compra de ejemplares en librerías. Mientras tanto, los datos del conglomerado editorial (http://ladiaria.com.uy/UKE), relevados por el Departamento de Industrias Creativas del Ministerio de Educación y Cultura, confirman que la publicación de títulos, medida en cantidad de ISBN solicitados, ha aumentado en los últimos años [ISBN son las siglas en inglés de Número Estándar Internacional de Libros o Número Internacional Normalizado del Libro, el identificador de las ediciones comerciales].

En cuanto a lo que pasa fuera de nuestras fronteras, la excepción de copia para uso personal se encuentra presente en más de 40 países. La redacción dada en el proyecto de ley se basa en variantes similares de Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Sudáfrica y muchos otros países. En ninguno de los mencionados existe evidencia de que esta excepción haya causado perjuicio a la industria editorial ni a la cultura. En suma, lo que hace la excepción de copia para uso personal es simplemente reconocer una práctica inocua para la industria y que, en cambio, tiene fuertes beneficios en términos de derechos humanos, dado que ampara un comportamiento tendiente a satisfacer el derecho de acceso a la cultura y a la educación.

Desde el punto de vista teórico, el argumento de Pereira se basa en el preconcepto de que cada copia de una obra implica una venta menos. Tal prejuicio, propagandeado por las multinacionales del entretenimiento, ha sido ampliamente rebatido, reconociéndose que el concepto microeconómico de la sustitución de ventas es complejo y depende de las preferencias del consumidor y de la relación precio/ingreso. Cuando descargamos uno o varios artículos buscando información sobre una afección médica que nos preocupa, cuando descargamos una imagen para usar de protector de pantalla, cuando hacemos una copia para escuchar en el celular de un CD que compramos, o cuando previsualizamos un archivo en nuestro navegador (copia técnica temporal), estamos ante casos de copias para uso personal por las que no estamos dispuestos a pagar.

La amplia mayoría de las copias para uso personal consiste en ventas que jamás se concretarían de acuerdo con la relación costo/beneficio que hace el consumidor. El titular no pierde regalías por una operación que nunca se concretará y que, en muchos casos, ni siquiera involucra contenidos ofrecidos comercialmente. De manera complementaria, en los últimos años se ha estudiado precisamente el efecto contrario de las copias digitales. Se ha constatado que la existencia de copias digitales actúa en ciertos casos como herramienta indirecta de marketing, ya que permite al usuario saber de antemano si el material le interesa y potencia la recomendación de persona a persona, todo lo cual tiene como efecto el aumento de ventas del ejemplar físico.

Lo que con toda razón les importa al autor y a la editorial es que no exista un mercado secundario de obras que les genere perjuicio, y eso es justamente lo que garantiza la ley aprobada por el Senado. Sólo los particulares (personas físicas) podrán hacer copias por sus propios medios (no en locales comerciales), como ya lo vienen haciendo cotidianamente pero de manera ilegal. Las copias para uso personal no son transferibles, cedibles ni vendibles. La publicación no autorizada de obras en internet y en cualquier otro medio seguirá siendo ilegal. La venta al público no autorizada seguirá siendo castigada con durísimas penas de penitenciaría.

Tal como afirma Pereira, es necesario buscar alternativas a la actual cadena de producción y comercialización de obras, alternativas que sirvan para brindar mayor compensación a los autores, quienes hoy reciben, cuando tienen suerte, 10% del precio de venta al público, y en el peor de los casos no reciben nada o incluso tienen que pagarles a las editoriales por publicar. Esta situación calamitosa no es culpa de los estudiantes ni del público, quienes necesitan acceder a los materiales educativos y culturales, sino de empresas intermediarias voraces.

Por último, no queremos pasar por alto la crítica indirecta que Pereira realiza a la nueva agenda de derechos. Pereira dice que estamos en un tiempo en el que hay “una extensión del concepto de derechos que lo acerca a la idea de que todo deseo debería ser satisfecho”. Así, desliza una equivalencia un poco burda entre derecho y “cualquier deseo”. Los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los cuales está el de toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, no parecen tener su origen en la avidez descontrolada de los individuos deseantes, sino en una postura altamente debatida en discusiones fuertemente politizadas en la década de 1940, y posteriormente volcada en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto es de cumplimiento obligatorio para los países que lo suscriben, incluyendo a Uruguay.

Interpretar este derecho humano como un deseo caprichoso parece justificar que una persona que “desea” conocimientos pueda no obtenerlos y que eso sea correcto. “Gozar” de las artes, como dice la Declaración Universal, parece ser algo demasiado sucio desde la visión de Pereira. No son las elites ilustradas, como él afirma, sino los estudiantes y trabajadores quienes piden esta ley. El rechazo a que la gran masa social pueda contar con una pequeña válvula de escape para acceder a la cultura recuerda el pensamiento de las viejas elites medievales y conservadoras. Pero en su renovada versión capitalista: ya no se prohíbe el acceso al conocimiento por un tabú religioso o moral, sino lisa y llanamente por no tener plata suficiente.

Por Jorge Gemetto y Patricia Díaz, integrantes de Creative Commons. Publicado en: http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/una-iniciativa-imprescindible/

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Mesa de diálogo sobre reforma del derecho de autor y aprobación en comisión

Equipo de CC Uruguay, Abril 7th, 2016

Debate

El martes 5 de abril tuvo lugar en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República una mesa de diálogo sobre la reforma del derecho de autor. La mesa, convocada por el Centro de Estudiantes de Derecho, contó con la participación de legisladores, académicos y organizaciones sociales. Participaron, entre otros, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, el PIT-CNT, el Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Udelar, el Consejo de Derechos de Autor, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y Creative Commons Uruguay.

Todas las partes coincidieron en la necesidad de reformar la ley de derecho de autor para favorecer el acceso a la cultura y a los materiales de estudio.

Patricia Díaz participó en la mesa en representación de Creative Commons Uruguay, explicando que el proyecto que se encuentra a estudio del parlamento beneficiará a la totalidad de la población, ya que mejorará sustantivamente el acceso a la educación, a la cultura y a la libertad de expresión. Además, presentó un informe de académicos extranjeros donde explican que el proyecto cumple los tratados internacionales firmados por Uruguay en la materia, así como una carta de organizaciones sociales latinoamericanas en apoyo a la reforma.

Un día después, el miércoles 6 de abril, la Comisión de Educación y Cultura del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que contiene limitaciones y excepciones a la ley del derecho de autor. Las propuestas fueron presentadas por los estudiantes universitarios y enriquecidas por el Ministerio de Educación y Cultura a través del Consejo de Derechos de Autor (CDA). En los próximos días el proyecto pasará a votarse en el recinto de Senadores y luego será enviado a la Cámara de Representantes. Durante la mesa del día martes, diputados de diversos partidos adelantaron su posición favorable a la reforma.

En la instancia de estudio del proyecto que se abrirá luego de la aprobación en el Senado, deberán necesariamente analizarse agregados al proyecto que habiliten el intercambio de materiales culturales y educativos cuando no existan fines de lucro. Es indispensable la incorporación de una excepción flexible, también llamada “uso justo”, que ampare todos los usos no contemplados de manera explícita en la ley que no causen un perjuicio al autor ni afecten la normal explotación de la obra. Asimismo, entendemos que es necesario añadir más excepciones en pro de la creatividad y libertad de expresión, amparando prácticas como el collage y el remix. La derogación del pago por dominio público, el cual afecta la circulación de nuestro patrimonio y su recuperación, también debe ser incorporada.

La aprobación en comisión de este proyecto puede considerarse una gran victoria para los estudiantes, las comunidades educativas y bibliotecológicas, movimientos militantes por la cultura libre y la sociedad en su conjunto.

 

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