En Uruguay existe una gran cantidad de música con licencias Creative Commons. Te invitamos a visitar el catálogo de músicos y bandas que usan licencias libres y/o abiertas en nuestro país.
Música uruguaya CC
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Semana de la Cultura Libre
La Semana de la Cultura Libre es un festival anual en el que se exhiben películas licenciadas con Creative Commons, se presentan shows de música libre, charlas y talleres.
Webinar sobre seguridad, privacidad y datos en tiempos de pandemia
Hoy jueves 11 de junio a las 11 hs de Uruguay tendrá lugar el webinar «Seguridad, privacidad y datos en tiempos de pandemia».
El webinar es brindado por Maricarmen Sequera, miembro de Tedic y de Creative Commons Paraguay, y por Gustavo Gómez, de Observacom. La apertura la harán Lucía Pérez de Amnistía Uruguay, Rosalía Vega de Amnistía Paraguay y Daniel Carranza de Data Uruguay.
La actividad es organizada por Amnistía Uruguay, Amnistía Paraguay y Data Uruguay, con el apoyo de Tedic (Paraguay), Observacom (Uruguay), la Red de Gobierno Abierto (Uruguay), la diaria (Uruguay) y Creative Commons Uruguay.
Actualización: Les compartimos la grabación del webinar.
Etiquetas: privacidad, webinar
Declaración: Transparencia y datos abiertos en el contexto de la crisis del Covid-19 en Uruguay
Les compartimos la declaración que firmamos junto a la Red de Gobierno Abierto y un conjunto de personas y organizaciones, exhortando a la transparencia, los datos abiertos y el cuidado de la privacidad en el contexto de la crisis sanitaria actual. Para sumar adhesiones, pueden visitar el sitio web de la Red de Gobierno Abierto.
Las personas y organizaciones firmantes de esta declaración entendemos que la apertura, transparencia y comunicación de los datos y la información en esta pandemia es esencial para que podamos contribuir desde toda la sociedad a su comprensión y eventual solución. Sin datos e información provista de forma sistemática, oportuna, centralizada, entendible, estructurada y comparable, somos más vulnerables como sociedad a las campañas de desinformación distribuidas hoy por varias redes y sistemas de mensajería. Queremos contribuir a gobiernos transparentes y generar más confianza en nuestra población en un momento muy difícil de nuestra historia.
Reconociendo los esfuerzos de comunicación del gobierno y la necesidad de actuar con celeridad, y en acuerdo con lo expresado de los relatores para libertad de expresión de varias organizaciones declaramos;
- Necesitamos más y mejores datos abiertos sobre el avance de la pandemia en Uruguay, disponible en un único portal accesible a toda la población.
A la fecha los datos son entregados por las vocerías del gobierno en conferencia de prensa, vía redes sociales, informes o en algunos casos filtrados a la prensa. La información que se entrega es incompleta y sumada a la diversidad de fuentes, habilita distintos tipos de especulaciones. Solicitamos que esa información sea clara, sistemática y disponible a través de una única fuente centralizada.
En particular, sugerimos enfáticamente que los datos sean publicados bajo los estándares de datos abiertos definidos por AGESIC, a través del Catálogo Nacional de Datos Abiertos y por supuesto respetando las limitaciones establecidas por la Ley de Protección de Datos Personales. De igual forma instamos a las áreas competentes, a mejorar la información disponible sobre el Sistema Nacional de Salud. - Necesitamos que durante la gestión de esta crisis se resguarden los derechos fundamentales de las personas, tales cómo su dignidad, privacidad y seguridad.
Consecuentemente, en relación a la aplicación Coronavirus Uy u otras iniciativas que recolecten datos personales, pedimos se transparente el proceso de creación, funcionalidades esperadas, criterios para guardar y utilizar los datos de las personas, y el plazo de conservación de los mismos, así como los criterios responsabilidad proactiva y privacidad por diseño utilizados de acuerdo con lo establecido en el Decreto 64/020. Ésto incluye especialmente detalles sobre recolección y uso de datos de geolocalización, que entendemos especialmente sensibles en esta situación y que han sido objeto de discusión pública.
Al igual que lo han hecho otros gobiernos del mundo con aplicaciones similares, sugerimos que el código de esta aplicación sea abierto y la evaluación de su funcionamiento sea, a su debido tiempo, realizada por actores externos. - Necesitamos conocer los criterios y modelos epidemiológicos que manejan las autoridades, de forma de poder entender y eventualmente realizar el escrutinio adecuado de los mismos. El gobierno está tomando decisiones difíciles que afectan nuestra economía, sociedad y salud y necesitamos conocer los criterios sobre los cuáles se decide.
- Necesitamos que la comunidad científica local e internacional acceda a los datos de Uruguay de forma segura, sin exclusiones y con protocolos que protejan los derechos de las personas a los datos de la pandemia para colaborar en los múltiples esfuerzos globales contra la pandemia.
- Finalmente, necesitamos saber las medidas extraordinarias tomadas por el gobierno en cuanto a ejecución presupuestal de sus distintos servicios para atender la pandemia. Entendemos que hay una crisis, que las medidas deben ser ágiles al igual que las contrataciones, pero de igual forma deben ser transparentes y las medidas extraordinarias debidamente justificadas.
La hora ha llegado también de combatir la desinformación, la desconfianza y prepararnos para lo que parece ser una lucha de largo aliento que afecta a nuestro país. Esta información nos permite dimensionar los impactos que esta crisis tendrá en las comunidades y personas más vulnerables de nuestra sociedad. Pensamos y actuamos para el Uruguay de hoy y el del día después, que debe ser tan abierto, transparente y solidario como el que ingresó a esta pandemia.
Apoyan
Podés sumarte a este pronunciamiento haciendo click aquí.
Organizaciones
- DATA Uruguay
- CAinfo
- CÍVICO
- Cotidiano Mujer
- Uruguay Transparente
- Creative Commons Uruguay
- JULANA
- Hermandad Pro Derechos
- Centro de Investigacion, Educacion y Encuentro Popular Rebealatto
- El Abrojo
- Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)
Personas
- Gustavo Gómez
- Fabrizio Scrollini, PhD
- Patricia Díaz Charquero
- Prof. Dr. Daniel Chasquetti
- Fabián Cardozo
- Mariana Labastie
- Alicia Puentes
- Yamandu Rodriguez Perez
- Néstor Sosa
- María Torres
- Antonio Montalban
- Santiago Garat
- Lucy Garrido
- Guillermo Lamolle
- Facundo Florit
- Gabriel Seré
- Sebastián Cáceres
- Lilián Celiberti
- Alexandra Lizbona Cohen
- Julio César Boffano
- Juan Misa
- Cristina Richeri
- Guzmán Pedreira
- Pablo Barletta
- Edila Ines Coll
- Carolina Campo
- Eduardo Lima
- María Virginia Curci Rossi
- Clara Netto
- Pablo Alvarez
- Andrés Carvajales
- Noelia Gobel
- Jimena Santurio
- Alicia Mary Baliña Ronaina
- Américo Raimón Rijo
- Sofia Cortizas
- María Cristina Zárate Pírez
- Nelson Larzabal Neves
- Sofía Sarlo
- Luis Claro González
- Silvisa Yannet Borges
- Luis Claro
- Nancy Banchero Olivera
- Walter Sena
- Leticia Escobar
- Elizabeth Rodríguez Amado
- Daniela Malfatti Cunga
- Florencia Rossy
- Rosana Elizabeth Abreu Brandon
- Juan Ángel Urruzola
- Zunilda Angelero
- María José López
- Graciela Romero
- Juanjo Prada
- Laura Meléndez
- Maria Magali Sánchez Vera
Anexo: Datos e información solicitada para colaborar en la lucha contra la pandemia
- Cantidad de casos confirmados.
- Cantidad de casos sospechosos.
- Cantidad de personas recuperadas.
- Cantidad de testeos realizados (con especificaciones técnicas).
- Cantidad de personas internadas desglosadas por sala, cuidados intermedios y CTI, desglosada por subsistema e institución.
- Cantidad de personas fallecidas.
- Comorbilidades asociadas a los fallecimientos.
- Disponibilidad de camas de CTI y respiradores.
- Modelos de toma de decisión y predicción en materia epidemiológica, y datos comparativos de años anteriores.
- Metadatos asociados a la aplicación Coronavirus Uy incluyendo datos sobre su uso.
- Código abierto de la aplicación Coronavirus Uy.
- Contrataciones realizadas de equipamiento de testeo, respiradores e insumos en el marco de la crisis, abiertas bajo los estándares de Contrataciones Abiertas.
- Aportes y donaciones por parte del sector privado y la sociedad civil.
La información relativa a los pacientes y fallecidos, deberá estar desagregada por:
- Rango etario
- Departamento
- Género
- Ocupaciones (en especial las personas vinculadas al sector salud)
Es además muy importante conocer la metodología utilizada por los distintos Ministerios que deben formar parte de los datos a publicarse.
Sobre autores.uy y los proyectos de Creative Commons Uruguay para la promoción del dominio público
En el año 2014, Creative Commons Uruguay creó autores.uy, un proyecto llevado a cabo para democratizar el acceso al patrimonio cultural de Uruguay. Inicialmente consistió en una base de datos de autores y autoras de Uruguay, que permitía conocer los datos básicos de cada autor, así como establecer el estado de derecho de autor de sus obras, facilitando las iniciativas de digitalización del patrimonio. Con el tiempo, el proyecto sumó colaboradores y colaboradoras, y se expandió para brindar acceso a miles de obras culturales uruguayas en dominio público y bajo licencias libres. Hoy en día, autores.uy es una fuente de consulta central para la comunidad educativa, académica, bibliotecológica, y para el público en general. El gran éxito alcanzado por autores.uy nos llena de orgullo y muestra todo lo que se puede lograr gracias al trabajo colectivo desde una organización social como CC Uruguay.
Hoy queremos contarles, sin embargo, una decisión difícil que hemos tomado. Si bien la plataforma autores.uy seguirá existiendo, quedará desvinculada de CC Uruguay y seguirá un camino propio. La definición no fue fácil y nos llevó algunos meses de elaboración interna. Consideramos que, en este momento, desvincularnos de la iniciativa es la mejor manera de sostener y potenciar el trabajo que hacemos desde una perspectiva colaborativa y horizontal. De todas maneras, CC Uruguay seguirá trabajando en la promoción y defensa del dominio público, así como en proyectos de digitalización y puesta a disposición del patrimonio cultural, en articulación con otras organizaciones sociales e instituciones públicas. En nada cambia nuestro compromiso con estos valores ni nuestras alianzas institucionales. Muy pronto estaremos compartiendo con ustedes nuevos proyectos de digitalización y acceso a la cultura, que llevaremos adelante a lo largo del año.
Agradecemos a todas las personas que colaboraron con nosotros en autores.uy y esperamos seguir promoviendo el acceso a la cultura junto a ustedes a través de nuevas iniciativas.
No Comments »Organizaciones de la sociedad civil exhortan a la OMPI impulse excepciones a la Propiedad Intelectual en contexto de emergencia #COVID-19
ATENCIÓN, esta carta permanece abierta para nuevos signatarios: https://tinyurl.com/WIPOCOVIDSignOn
3 de abril de 2020
Director General Francis Gurry
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes CH-1211
Ginebra 20, Suiza
Estimado Dr. Gurry:
Le escribimos como organizaciones e individuos que representan a investigadores, educadores, estudiantes y las instituciones que los apoyan, para alentar a la OMPI a adoptar una posición clara a favor de garantizar que los regímenes de propiedad intelectual sean un apoyo, y no un obstáculo, a los esfuerzos para abordar tanto el brote de coronavirus como sus consecuencias.
La pandemia de COVID-19 ha arrojado una luz clara sobre cuán importantes pueden ser las limitaciones y excepciones de propiedad intelectual para el desarrollo y el florecimiento humano. Los investigadores descubrieron la propagación del virus a través de un proyecto de minería de datos y texto que analiza artículos de noticias con derechos de autor, habilitados por el derecho de trato justo (“fair dealing”) para fines de investigación de Canadá. Los primeros tratamientos potenciales se han desarrollado a través de medicamentos existentes, habilitados por excepciones de uso experimental a los derechos de patente.
Ahora, las escuelas, universidades, bibliotecas, archivos, museos e institutos de investigación de todo el mundo, obligados a cerrar sus edificios, se encuentran compartiendo materiales en línea y proporcionando acceso remoto, pero solo donde las leyes de derecho de autor lo permiten. Sin embargo, estas y otras actividades críticas para superar la crisis no se realizan en todas partes, incluso cuando las suscripciones se han pagado por adelantado, porque no son legales.
Hemos visto pasos útiles de varios países, y de algunos titulares de derechos, para facilitar el acceso a artículos académicos y otros trabajos, materiales educativos y culturales, datos de investigación, bibliotecas químicas y medicamentos y dispositivos médicos necesarios que están sujetos a derechos de propiedad intelectual. Estos pasos deben ser elogiados. Pero se necesita mucho más. Y la OMPI puede ayudar a liderar el camino.
Le instamos a utilizar su posición como líder del sistema mundial de propiedad intelectual para tomar medidas urgentes para guiar a los Estados miembros y a otros en su respuesta a los problemas de propiedad intelectual que el coronavirus está planteando. Estos pasos deberían incluir:
- Alentar a todos los Estados miembros de la OMPI a aprovechar las flexibilidades en el sistema internacional que permiten el uso de obras protegidas por propiedad intelectual para la educación en línea, para investigación y usos experimentales, y para intereses públicos vitales, como el acceso a medicamentos y cultura;
- Pedir a todos los titulares de derechos que eliminen las restricciones de licencias que inhiben la educación a distancia, la investigación (incluyendo la minería de texto y datos y proyectos de inteligencia artificial) y el acceso a la cultura, incluso a través de las fronteras, tanto para ayudar a abordar la pandemia global como para minimizar la disrupción causada por ella;
- Apoyar el llamado de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud para crear un “pool” o conjunto global de derechos de tecnologías y datos relacionados con COVID-19, así como promover el uso del Fondo de Patentes de Medicamentos, licencias voluntarias, prendas de propiedad intelectual, licencias obligatorias, uso de las leyes de competencia y otras medidas para eliminar las barreras a la fabricación, distribución y venta competitivas a nivel mundial de productos potencialmente efectivos para detectar, prevenir y tratar COVID-19.
- Respaldar los derechos de los países para promulgar y utilizar excepciones al secreto comercial y otros derechos de propiedad intelectual necesarios para facilitar un mayor acceso a la información de fabricación, líneas celulares, información comercial confidencial, datos, software, prototipos de productos, procesos de fabricación y otros temas necesarios para lograr acceso universal y equitativo a los medicamentos y a las tecnologías médicas contra el COVID-19 tan pronto como sea razonablemente posible.
Creemos que la OMPI a través de su liderazgo puede mostrar su compromiso con el logro del desarrollo sostenible al tomar medidas rápidas y claras para garantizar que el sistema global de propiedad intelectual promueva la investigación, la educación, el acceso a la cultura y la salud pública.
Atentamente,
Organizaciones (en orden alfabético)
American Library Association, USA
Amical Wikimedia
ANSOL – Associação Nacional para o Software Livre, Portugal
Aprender 3C, comunidad de conocimiento colaborativo
Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ, Argentina
Biblioteca Nacional de Maestros – BNM, Argentina
Bibliotecarios Al Senado, Argentina
Center for Information Policy Research, School of Information Studies, University of Wisconsin-Milwaukee, USA
Centre for Intellectual Property Policy & Management (CIPPM), Bournemouth University, UK
Centre for Internet and Society (CIS), India
Center for Democracy & Technology, USA
Centrum Cyfrowe, Poland
Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
Colegio Colombiano de Bibliotecología – ASCOLBI, Colombia
Commons Foundation, South Korea
COMMUNIA International Association
Corporacion Innovarte, Chile
Creative Commons
Creative Commons Colombia
Creative Commons Ecuador
Creative Commons Portugal
Creative Commons Slovenia
Creative Commons Uruguay
Cyprus Internet Observatory – ellakcy
D3 – Defesa dos Direitos Digitais, Portugal
Derechos Digitales · América Latina
Digital Republic, Bulgaria
Digitale Gesellschaft, Germany
Education International (EI)
Electronic Information for Libraries (EIFL)
European Students’ Union (ESU)
Fundación Conector, Colombia
Fundación Karisma, Colombia
Global Expert Network on Copyright User Rights
Health GAP (Global Access Project)
Homo Digitalis, Greece
Proprietas (National Institute of Science and Technology), Brazil
Institute for Intellectual Property and Social Justice, USA
Intellectual Property Institute, Slovenia
International Council on Archives (ICA)
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
International Music Managers Forum
IP Unit, University of Cape Town, South Africa
ISUR, Colombia
Knowledge Commune, South Korea
Knowledge Ecology International (KEI)
Northeastern University’s Center for Law, Innovation and Creativity (CLIC), USA
Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina
Partido Interdimensional Pirata, Argentina
Public Citizen
Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed, Colombia
Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA – Copyright Network)
Tohatoha Aotearoa Commons, New Zealand
Treatment Action Group
Wikimedia Deutschland
Wikimedia España
Wikimedia Italia
Xnet, Spain
Young Pirates of Europe, Pan-European youth organization
Individuos (enumerados alfabéticamente, afiliaciones solo con fines de identificación)
Fernando Ariel Lopez, Biblioteca Nacional de Maestros, Argentina
Valérie Laure Benabou, Université Aix-Marseille, France
Brook K. Baker, Northeastern U. School of Law, USA
Michael Birnhack, Faculty of Law, Tel Aviv University, Israel
Maja Bogataj Jančič, Intellectual Property Institute, Slovenia
Sara Bolaños Muñoz, Fundación Claroscuro, Ecuador
Alina Boyte, Mississippi College School of Law, USA
Brandon Butler, University of Virginia Library, USA
Beth Cate, O’Neill School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, USA
Jorge Contreras, University of Utah, USA
Carys Craig, Osgoode Hall Law School, York University, Canada
Tesh Dagne, Thompson Rivers University, Canada
Kathleen DeLaurenti, Johns Hopkins University, USA
Estelle Derclaye, University of Nottingham, UK
Graham Dutfield, University of Leeds, UK
Séverine Dusollier, Sciences Po Law School, France
Kristofer Erickson, University of Leeds, UK
Christine Farley, American University Washington College of Law, USA
Sean Flynn, American University Washington College of Law, USA
Alexandra Giannopoulou, University of Amsterdam, The Netherlands
Deborah Gleeson, La Trobe University, Australia
Eric Goldman, Santa Clara University School of Law, USA
Andres Guadamuz, University of Sussex, UK
Lucie Guibault, Dalhousie University, Canada
Henning Grosse Ruse-Khan, University of Cambridge, UK
Eldar Haber, University of Haifa, Israel
David Hansen, Duke University, USA
Naomi Hawkins, University of Exeter Law School, UK
Evelin Heidel, member, Creative Commons
Mandy Henk, Tohatoha Aotearoa Commons, New Zealand
Joachim Henkel, Technical University of Munich, Germany
Sileshi Bedasie Hirko, University of Ottawa, Canada
Cynthia Ho, Loyola University of Chicago School of Law, USA
Steven Jamar, Institute for Intellectual Property and Social Justice, Washington, DC, USA
Peter Jaszi, American University Washington College of Law, USA
Brandy Karl, Pennsylvania State University Libraries, USA
Ariel Katz, University of Toronto Faculty of Law, Canada
Howard Knopf, Macera & Jarzyna, LLP, Ottawa, Canada
Sapna Kumar, University of Houston, USA
Charalampos Kyritsis, student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Christopher Lettl, WU Vienna, Austria
David S. Levine, Elon University School of Law, USA
Yvette Joy Liebesman, Saint Louis University School of Law, USA
Michael Madison, University of Pittsburgh School of Law, USA
Axel Metzger, Humboldt Universität, Berlin, Germany
John T. Mitchell, Interaction Law, USA
Jenny Molloy, University of Cambridge, UK
Peter Murray-Rust, ContentMine, UK
Kylie Pappalardo, Queensland University of Technology, Australia
Mathilde Pavis, Ph.D., University of Exeter, England, UK
Heesob Nam, Patent Attorney, South Korea
Caroline Ncube, University of Cape Town, Faculty of Law, South Africa
Denise R. Nicholson, Specialist Copyright Librarian, South Africa
Janewa Osei-Tutu, Florida International University College of Law, Miami, Florida, USA
Laura Quilter, University of Massachusetts Amherst Libraries, USA
João Pedro Quintais, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, The Netherlands
Srividhya Ragavan, Texas A&M University School of Law, Fort Worth, Texas, USA
Julia Reda, former Member of the European Parliament, Germany
Dr. Hafiz Aziz ur Rehman, International Islamic University, Islamabad, Pakistan
Allan Rocha de Souza, Federal University of Rio de Janeiro – Program on Public Policy, Strategies and Development (PPED), Brazil
Ole-Andreas Rognstad, University of Oslo, Norway
Matthew Sag, Loyola University Chicago School of Law, USA
Rachael Samberg, University of California, Berkeley, USA
Joshua Sarnoff, DePaul University College of Law, USA
Tobias Schonwetter, Faculty of Law, University of Cape Town, South Africa
Martin Senftleben, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, The Netherlands
Sepehr Shahshahani, Fordham Law School, USA
Katherine J. Strandburg, New York University School of Law, USA
Jessica Silbey, Northeastern University School of Law, Boston, Mass., USA
Virginia Inés Simón, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
Francisco Silva Garcés, Red de Investigación de Conocimiento Libre, Ecuador
Uma Suthersanen, Queen Mary University of London, UK
Toshiko Takenaka, Ph.D., University of Washington School of Law, USA
Ellen ‘t Hoen LLM, PhD | Medicines Law & Policy
Sunita Tripathy, Researcher, Information Society, European University Institute, Florence, Italy
Andrea Wallace, University of Exeter Law School, UK
Ryan Whalen, University of Hong Kong Faculty of Law, Hong Kong
Owain Williams, University of Leeds, UK
John Willinsky, Graduate School of Education, Stanford University, USA
Andrea Zehetner, Patent Attorney, Germany
Esther van Zimmeren, University of Antwerp, Belgium
Firmas adicionales
Organizaciones
Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la Rep̼blica Argentina РRENABI.AR
Canadian Association of Research Libraries
Biblioteca del Congreso de la Nación / Library of the National Congress, Argentina
GEDA – Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial /Universidade Federal do Paraná – Brasil
Nexa Center for Internet & Society
Asociación Chaqueña de Bibliotecarios – Argentina
Public Knowledge
Grupo de Invesetigación Plebio (Universidad Nacional de Colombia)
Creative Commons Nederland
Association of College and Research Libraries
Open State Foundation
Fundación Vía Libre (Argentina)
Center for Media & Social Impact
Red BibliotecasJuriRed
LWC Health
Asociación de Bibliotecarios de Jujuy – Jujuy – Argentina
Internet Archive
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
Individuos
Alejandro Tomás Butler
Giulia Priora – Institute of Law, Politics and Development (DIRPOLIS), Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy
Dick Kawooya – University of South Carolina
Isela María Mo Amavet – Biblioteca del Congreso de la Nación / Oficina Regional de IFLA para América Latina y el Caribe (Argentina)
Nancy Marrelli – Concordia University
Todd Mundle – Kwantlen Polytechnic University
Dr Guido Noto La Diega – University of Stirling
Marcos Wachowicz – Universidade Federal do Paraná – Brasil
Chidi Oguamanam – University of Ottawa
Timothy Vollmer – University of California, Berkeley Library
María Sol Terlizzi – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO
Yaniv – Heled – Georgia State University College of Law
Phet Sayo – International Development Research Center
Liza Vertinsky – Emory Law School
Luis Pestarini – Biblioteca del Congreso/Argentina
Nora Edith Román – Biblioteca del Congreso de la Nación, Argentina
Claudia Patricia Vaca González – Universidad Nacional de Colombia
Karogo Ngotho – University of Nairobi S.O.L
Begoña Glez Otero – Max Planck Institute for Innovation and Competition
Oscar Lizarazo-Cortes – Universidad Nacional de Colombia
Alejandro Lorenzo Cesar Santa – Biblioteca del Congreso de la Nación / Library of the National Congress, Argentina
Lisa Macklem – University of Western Ontario
Bernt Hugenholtz – Institute for Information Law, University of Amsterdam
Enyinna Nwauche – Nelson Mandela School of Law, University of Fort Hare South Africa
Yousuf Vawda – University of KwaZulu-Natal, South Africa
Ray Corrigan – The Open University, UK
Wendy Seltzer – World Wide Web Consortium
Darius Whelan – University College Cork, Ireland
Robin Sinn – Johns Hopkins University
Jennifer Urban – University of California, Berkeley
Desmond Osaretin Oriakhogba – University of Benin, Benin City, Nigeria
Melissa Gold Fournier – Yale Center for British Art
Martin Kretschmer – CREATe, University of Glasgow
Dick Kawooya, University of South Carolina
Patricia Aufderheide, University Professor, School of Communication, American University.
Luz Marina Umbasia, Legal Counselor, GHP Corp.
Angelica Patiño, Director, Global Humanitarian Progress, GHP Corp.
Anabel Tomatis, Bibliotecologo, ABISFE
Coenrad visser, Professor, University of South Africa
Stella Maris Caballero, Bibliotecaria, Particular
Ruth Lopert, Adjunct Professor, Dept. of Health Policy & Management, George Washington University
Valbona Berdica, Director, Scientific Library of University “Luigj Gurakuqi” Shkoder, Albania
Jörg Hoffmann, Max Planck Institute for Innovation and Competition
Eva Revitt, Librarian, MacEwan University
Bashar Malkawi, Dean and Professor of Law, University of Sharjah
Susana Soto, Director of Library Services, Universidad Abierta Interamericana
Vinodh Illangovan, Doctor, Labdemic
Sandeep Saluja, Senior Consultant, Saran Ahram
Erica Mogdans, Bibliotecaría/Licenciado, Biblioteca Pública De Las Misiones / ABGRA
No Comments »Declaración conjunta de la sociedad civil: Los Estados deben respetar los derechos humanos al emplear tecnologías de vigilancia digital para combatir la pandemia
CC Uruguay se une a más de 100 organizaciones alrededor del mundo en una declaración que exige a los gobiernos que no usen la pandemia de coronavirus para expandir las tecnologías de vigilancia digital de la población. A continuación compartimos el texto completo de la declaración.
2 de abril de 2020
La pandemia de COVID-19 es una emergencia global de salud pública, que precisa de una respuesta coordinada y en gran escala de los gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, las iniciativas de los Estados para contener el virus no deben servir para encubrir el inicio de una nueva era marcada por una enorme expansión de los sistemas de vigilancia digital invasiva.
Las organizaciones abajo firmantes instamos a los gobiernos a dar muestra de liderazgo en la gestión de la pandemia garantizando que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos.
La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones durante este esfuerzo que se está realizando para salvar vidas, como difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud. No obstante, el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles– amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de una manera que podría violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas de salud pública. Tales medidas entrañan también un riesgo de discriminación y pueden perjudicar de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas.
Vivimos tiempos extraordinarios, pero el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, el marco de los derechos humanos tiene por objeto garantizar un cuidadoso equilibrio de los distintos derechos para proteger a las personas y las sociedades en general. Los Estados no pueden desatender sin más derechos como la privacidad y la libertad de expresión con el pretexto de gestionar una crisis de salud pública. Al contrario, la protección de los derechos humanos también promueve la salud pública. Ahora más que nunca, los gobiernos deben garantizar estrictamente que toda restricción de estos derechos se ajusta a las salvaguardias de los derechos humanos ya establecidas.
Esta crisis nos brinda la oportunidad de demostrar la humanidad que compartimos. Para combatir esta pandemia, podemos hacer esfuerzos extraordinarios que sean compatibles con las normas de derechos humanos y el Estado de derecho. Las decisiones que los gobiernos tomen ahora para afrontar la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro.
Pedimos a todos los gobiernos que no respondan a la pandemia de COVID-19 incrementando la vigilancia digital si no se cumplen las condiciones siguientes:
- Las medidas de vigilancia adoptadas para abordar la pandemia deben ser legales, necesarias y proporcionadas. Han de estar previstas por la ley y justificadas por objetivos legítimos de salud pública, determinados por las autoridades de salud pública competentes, y ser proporcionadas a esas necesidades Los gobiernos deben ser transparentes con respecto a las medidas que tomen, para que puedan ser analizadas y modificadas, retiradas o anuladas posteriormente, si procede. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada.
- Si los gobiernos amplían los poderes de seguimiento y vigilancia, tales poderes han de ser de duración limitada y prolongarse sólo durante el tiempo necesario para abordar la pandemia actual. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia indefinidamente.
- Los Estados deben garantizar que el aumento de la recopilación, conservación y agregación de datos personales, incluidos los relativos a la salud, tiene como único fin responder a la pandemia de COVID-19. Los datos recopilados, conservados y agregados para responder a la pandemia deben tener un alcance y duración limitados en función de la pandemia y no utilizarse con fines comerciales ni de otra índole. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para menoscabar el derecho personal a la privacidad.
- Los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los datos personales, lo que incluye garantizar la debida seguridad de los datos recopilados y de los dispositivos, aplicaciones, redes o servicios utilizados en su recopilación, transmisión, tratamiento y almacenamiento. Cuando se afirme que los datos son anónimos, ha de poder demostrase y respaldarse con información suficiente sobre cómo se han anonimizado. No podemos dejar que los intentos de responder a esta pandemia sirvan de justificación para poner en riesgo la seguridad digital de las personas.
- Todo uso de tecnologías de vigilancia digital en la respuesta a la COVID-19, incluidos los sistemas de inteligencia de datos y artificial, debe tener en cuenta el riesgo de que tales herramientas faciliten la discriminación y otros abusos contra los derechos de las minorías raciales, las personas que viven en la pobreza y las poblaciones marginadas, cuyas necesidades y realidades de vida pueden quedar ocultas o mal representadas en los macroconjuntos de datos. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 aumente aún más las diferencias existentes en el disfrute de los derechos humanos entre distintos grupos de la sociedad.
- Si los gobiernos firman acuerdos para compartir datos con otras entidades públicas o del sector privado, deben hacerlo basándose en la ley, y la existencia de tales acuerdos, así como la información necesaria para evaluar su impacto en la privacidad y los derechos humanos, debe revelarse públicamente, por escrito, con las cláusulas de suspensión y con supervisión pública y otras salvaguardias por defecto. Las empresas participantes en las iniciativas de los gobiernos frente a la COVID-19 deben ejercer la diligencia debida para garantizar que respetan los derechos humanos y que toda intervención está desligada de otros intereses empresariales y comerciales. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ocultar a la sociedad qué información recopila y comparte con terceros su gobierno.
- Toda respuesta debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardias contra el uso indebido. El aumento de las medidas de vigilancia ante la COVID-19 no debe ser competencia de los organismos de seguridad o inteligencia, y tiene que estar sujeto a la supervisión efectiva de órganos independientes adecuados. Además, se debe ofrecer a las personas la oportunidad de conocer e impugnar toda medida que se tome en relación con la COVID-19 para recopilar, agregar, conservar y emplear datos. Las personas que hayan sido sometidas a vigilancia han de tener acceso a medios efectivos para interponer recursos.
- Las respuestas a la COVID-19 que contengan medidas de recopilación de datos han de incluir medios de participación libre, activa y significativa de las partes interesadas pertinentes, en particular de especialistas del sector de la salud pública y de los grupos de población más marginados.
Organizaciones firmantes:
7amleh – Arab Center for Social Media Advancement
Access Now
African Declaration on Internet Rights and Freedoms Coalition
AI Now
Algorithm Watch
Alternatif Bilisim
Amnistía Internacional
ApTI
ARTICLE 19
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI Participa
Association for Progressive Communications (APC)
ASUTIC, Senegal
Athan – Freedom of Expression Activist Organization
Australian Privacy Foundation
Barracón Digital
Big Brother Watch
Bits of Freedom
Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Center for Digital Democracy
Center for Economic Justice
Centro De Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos de Rosario
Chaos Computer Club – CCC
Citizen D / Državljan D
CIVICUS
Civil Liberties Union for Europe
CódigoSur
Coding Rights
Coletivo Brasil de Comunicação Social
Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Committee to Protect Journalists
Consumer Action
Consumer Federation of America
Cooperativa Tierra Común
Creative Commons Uruguay
D3 – Defesa dos Direitos Digitais
Data Privacy Brasil
Democratic Transition and Human Rights Support Center “DAAM”
Derechos Digitales
Digital Rights Lawyers Initiative (DRLI)
Digital Rights Watch
Digital Security Lab
Ukraine Digitalcourage
EPIC
epicenter.works
European Digital Rights – EDRi
Fitug
Foundation for Information Policy Research
Foundation for Media Alternatives
Fundación Acceso (Centroamérica)
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador
Fundación Datos Protegidos
Fundación Internet Bolivia
Fundación Taigüey, República Dominicana
Fundación Vía Libre
Hermes Center
Hiperderecho
Homo Digitalis
Human Rights Watch
Hungarian Civil Liberties Union
ImpACT International for Human Rights Policies
Index on Censorship
Initiative für Netzfreiheit
Innovation for Change – Middle East and North Africa
International Commission of Jurists International Service for Human Rights (ISHR)
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
Ipandetec
IPPF
Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
IT-Political Association of Denmark
Iuridicum Remedium z.s. (IURE)
Karisma
La Quadrature du Net
Liberia Information Technology Student Union Liberty
Luchadoras
Majal.org
Masaar “Community for Technology and Law”
Media Rights Agenda (Nigeria)
MENA Rights Group
Metamorphosis Foundation
New America’s Open Technology Institute
Observacom
Open Data Institute
Open Rights Group
OpenMedia
OutRight Action International
Pangea
Panoptykon Foundation
Paradigm Initiative (PIN)
PEN International
Privacy International
Public Citizen
Public Knowledge
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
RedesAyuda
SHARE Foundation
Skyline International for Human Rights
Sursiendo
Swedish Consumers’ Association
Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
Tech Inquiry TechHerNG
TEDIC
The Bachchao Project
Unwanted Witness, Uganda
Usuarios Digitales
WITNESS
World Wide Web Foundation
Un Día del Dominio Público sin nada para festejar en Uruguay
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Cada 1 de enero, al mismo tiempo que se celebra el año nuevo, también se festeja alrededor del mundo el Día del Dominio Público.
El Convenio de Berna sobre derecho de autor, y las leyes de los países que adhieren a este tratado internacional, que son la gran mayoría, establecen que la expiración del derecho de autor se hace efectiva a partir del 1 de enero del año posterior a cuando vence el plazo, que en el tratado está fijado en un mínimo de 50 años después de la muerte de los autores.
Así, en el Día del Dominio Público caen las restricciones de derecho de autor sobre miles de obras de todo el mundo, y dichas obras pueden pasar a ser inmediatamente compartidas y reutilizadas sin necesidad de obtener autorización de los autores. Esta libertad para compartir y reutilizar el patrimonio cultural es fundamental para el ejercicio del derecho a la cultura y para favorecer la creatividad.
En Uruguay hemos festejado este día desde hace varios años, digitalizando muchas de las obras que ingresaron en dominio público y poniéndolas a disposición de forma libre en Internet. Así, por ejemplo, Creative Commons Uruguay, en conjunto con la Fundación Felisberto Hernández, puso a disposición hace algunos años las obras literarias completas de Felisberto Hernández (1902-1964) en una edición de dominio público. También fueron digitalizadas y puestas a disposición de toda la sociedad, en los últimos años, obras de autores como Susana Soca, Peloduro, Lauro Ayestarán, Justino Zavala Muniz, Petrona Viera y muchos otros.
Sin embargo, el 1 de enero de 2020 en Uruguay no hubo nada para festejar. Es que pocos días antes, el Parlamento aprobó una ley que extendió 20 años el plazo de derecho de autor, pasando desde 50 años después de la muerte de los autores, a 70 años postmortem. En otras palabras, la nueva ley establece que el ingreso de las obras en dominio público se demorará 20 años más que antes. Pero además, lo más grave es que la norma recientemente aprobada devolvió a dominio privado todas las obras que ya estaban en dominio público y que se encuentran comprendidas en el nuevo plazo. Para comprender la situación en su totalidad, hace falta tener en cuenta que en el año 2003 el Parlamento uruguayo ya había aprobado una extensión del plazo de derecho de autor, desde 40 hasta 50 años después de la muerte de los autores.
De manera que, por ejemplo, las obras de Petrona Viera (1895-1960) ingresaron en dominio público el 1 de enero de 2001, tras cumplirse el plazo de 40 años desde su muerte. Volvieron a dominio privado en 2003, con la ley 17616, e ingresaron en dominio público nuevamente el 1 de enero de 2011. Pero en diciembre de 2019 volvieron otra vez a dominio privado hasta el 1 de enero de 2031.
Hay casos todavía más graves. Con los nuevos plazos, las obras de Felisberto Hernández vuelven a estar en dominio privado hasta 2035. Sabido es que, antes de su entrada en dominio público en 2015, la publicación de nuevas ediciones de varias de sus obras estuvo dificultada debido a la negativa de una rama de sus herederos. El ingreso de sus obras en dominio público liberó la publicación de estas obras, pero ahora vuelve a surgir la duda de qué pasará con los textos de Felisberto Hernández.
Hay también casos casi absurdos, como el de Joaquín Torres García (1874-1949), cuyas obras ingresaron en dominio público el 1 de enero de 1990 y, con la nueva ley, promulgada el 23 de diciembre de 2019, estuvieron en dominio privado unos pocos días, hasta volver a entrar en dominio público el 1 de enero de 2020. O el de Paulina Luisi (1875-1950), cuyas obras entraron en dominio público el 1 de enero de 1991 y ahora volvieron a estar en dominio privado, hasta que se liberen nuevamente en 2021.
Ante esta nueva situación, que compromete el acceso en Uruguay a la obra de cientos de autores nacionales y miles de autores de todo el mundo, ¿qué sucederá con los proyectos de digitalización y puesta a disposición del patrimonio histórico y cultural?, ¿deben dar de baja todas las obras en dominio público puestas a disposición en los últimos 20 años? Aquellos archivos e instituciones culturales que no cuenten con horas de funcionarios para revisar y dar de baja todos los contenidos que volvieron recientemente al dominio privado, ¿corren el riesgo de ser demandados por realizar tareas de difusión cultural que les son propias?
El problema principal no es simplemente este aumento puntual del plazo de derecho de autor, sino que este aumento se suma a otros previos, cuyo resultado en los hechos es la privatización por tiempo indefinido de miles de obras del siglo XX que forman parte de la herencia cultural de la sociedad uruguaya. Este tipo de extensiones sucesivas no ha ocurrido solo en Uruguay, sino también en otros países, como Estados Unidos, donde a una ley de extensión del plazo de derecho de autor de 1998 se la conoció como la ley “Mickey Mouse”, dado que ocurrió justo cuando los derechos del dibujo animado original estaban a punto de caducar. El patrón que se repite a nivel internacional es que cada vez que están por expirar los derechos de propiedad intelectual sobre obras importantes del siglo XX, el plazo se vuelve a extender.
Es necesario repetir una vez más que el derecho de acceso y participación en la cultura forma parte de los tratados internacionales de derechos humanos. Este derecho a la cultura debería estar por encima de los intereses privados de empresas que aún obtienen beneficios de unas pocas obras icónicas del siglo XX. El derecho de autor debe tener una caducidad efectiva para que la sociedad pueda acceder plenamente a su herencia cultural común.
No Comments »Ahora es el momento para las políticas de acceso abierto – Esta es la razón
Post por Victoria Heath y Brigitte Vézina, publicado originalmente en inglés en el sitio web de Creative Commons, bajo licencia CC BY. Traducción por Scann.
Durante el fin de semana, se dieron a conocer noticias que enojaron incluso a los más fervorosos escépticos del acceso abierto. Bajo el titular “Trump vs. Berlín”, el periódico alemán Welt am Sonntag informaba que el presidente Trump había ofrecido mil millones de dólares a la compañía alemana biofarmacéutica CureVac para asegurarse su vacuna contra el COVID-19 “solo para los Estados Unidos”.
En respuesta, Jens Spahn, el ministro de salud alemán, dijo que semejante acuerdo estaba completamente “fuera de discusión” y Peter Altmaier, el ministro de economía alemán, respondió que “Alemania no está en venta”. Los defensores de la ciencia abierta estaban especialmente enojados. La profesora Lorraine Leeson, del Trinity College de Dublín, por ejemplo, twitteó: “este NO es el momento para este tipo de conductas. Va a contramano de todo el trabajo en ciencia abierta que nos está ayudando a responder de una manera útil ahora. Este es el momento para la solidaridad, no para la exclusividad”. La Casa Blanca y CureVac han negado el informe.
Hoy nos encontramos en un momento esencial en la historia: tenemos que cooperar efectivamente para responder a una emergencia sanitaria global sin precedentes. El mantra “cuando compartimos, todos ganamos” se aplica ahora más que nunca. Con esto en mente, sentimos que es imperativo subrayar la importancia del acceso abierto, específicamente de la ciencia abierta, en momentos de crisis.
Por qué es importante el acceso abierto, especialmente en una emergencia sanitaria global
Uno de los componentes más importantes del cuidado de la salud global, específicamente frente a amenazas urgentes, es la creación y difusión de información confiable y actualizada para el público, los funcionarios de gobiernos, los trabajadores humanitarios y de salud, así como para los científicos.
Varios financiadores de investigaciones científicas, como la Fundación Gates, la Fundación Hewlett y el fondo Wellcome, tienen políticas de acceso abierto de larga data, y algunos han hecho un llamado a aumentar los esfuerzos para compartir rápidamente y de manera abierta las investigaciones relacionadas al COVID-19 que permitan frenar el brote. Al licenciar contenido con una licencia CC BY-NC-SA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está adoptando un enfoque más conservador hacia el acceso abierto, que se queda corto con lo que la comunidad científica necesita de manera urgente para acceder a información crítica y construir a partir de ella.
Todas las organizaciones financiadas con fondos públicos deben: 1) Adoptar políticas de acceso abierto que requieran que toda la investigación financiada con fondos públicos sea puesta a disposición con una licencia abierta (por ejemplo, CC BY 4.0) o dedicada al dominio público. En la práctica, esto significa que los artículos de investigación y los datos puedan ser libremente reutilizados por otras personas, mejorando así la colaboración entre científicos y acelerando la marcha de los descubrimientos. 2) Garantizar que todos los recursos educativos (como videos, infografías y otros contenidos multimedia) sean también licenciados de manera abierta para facilitar la difusión de información confiable y práctica para el público.
La carrera actual para encontrar una vacuna para el COVID-19 ejemplifica por qué el acceso rápido e irrestricto a la investigación científica y a los materiales educativos en los términos más abiertos posibles es vital. Dada la naturaleza misma de la enfermedad, incluyendo el hecho de que era completamente desconocida para los científicos antes del brote y ahora es una enfermedad global, es imposible para una sola organización, institución y/o gobierno enfrentar esta crisis en soledad. De hecho, los esfuerzos globales actuales para encontrar una vacuna para el COVID-19 no serían posibles sin los funcionarios de la salud y los investigadores chinos que compartieron información crítica sobre la naturaleza del virus a comienzos de enero de este año.
Con los casos de COVID-19 rápidamente sobrepasando los 200.000 a nivel global, hay una urgencia creciente para la comunidad científica en su totalidad de trabajar junto a funcionarios de salud de todo el mundo para encontrar y hacer disponibles tratamientos y vacunas. El 13 de marzo, los asesores gubernamentales de ciencia de 12 países publicaron una carta abierta solicitando a las editoriales que liberen como acceso abierto la investigación científica y los datos sobre COVID-19. “Dada la urgencia de la situación”, dice la carta, “es particularmente importante que los científicos y el público puedan acceder a los resultados de las investigaciones tan pronto como sea posible”. Adicionalmente, los materiales educativos puestos a disposición por las organizaciones intergubernamentales como la OMS deben ser puestos a disposición de manera abierta sin ninguna restricción. Esto no solo es necesario en esta emergencia global, sino que además es consistente con su misión pública y su mandato.
Antes de que esta carta abierta fuera publicada, muchos científicos ya habían empezado a hacer sus investigaciones y sus datos de acceso abierto, utilizando plataformas de preprints como bioRxiv, ArXiv, y Gisaid. La semana pasada, la organización sin ánimo de lucro Free Read juntó alrededor de 32.000 firmas en su petición de “desbloquear las investigaciones sobre coronavirus”. En respuesta, editoriales como Elsevier, Oxford University Press, Springer Nature y The Lancet comenzaron a retirar los muros de pago de los artículos relacionados con COVID-19. Medios periodísticos a lo largo del mundo, incluyendo el New York Times, Bloomberg, The Atlantic, Clarín, Público, Globo y Folha, también están retirando los muros de pago de su contenido vinculado al COVID-19. Científicos individuales, en colaboración con medios periodísticos, incluso han empezado a publicar bajo licencias libres gráficos informativos que comunican conceptos científicos complejos. Por ejemplo, este GIF por la experta en enfermedades infecciosas Dra. Siouxsie Wiles ilustra cómo podemos “aplanar la curva” y fue liberado con una licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual (CC BY-SA 4.0).
Muchos promotores de la ciencia abierta aplauden estos esfuerzos en favor del acceso abierto a la investigación científica sobre COVID-19, pero argumentan que esto es algo que deberíamos estar haciendo desde hace tiempo. Michael Eisen, un biólogo de la Universidad de Berkeley y editor de la publicación científica de acceso abierto eLife habló con WIRED: “Por supuesto esta debería ser la opción por defecto para TODA la ciencia, no solamente para la ciencia sobre COVID-19, y tendría que haber sido el estándar desde hace 25 años. Pero me alegra ver que está sucediendo ahora.”
En su sitio web, el Plan S argumenta que los muros de pago retienen “una cantidad significativa de los resultados de investigación, impidiendo el acceso a una gran parte de la comunidad científica y de la sociedad en su conjunto”. Esto, a su vez, “entorpece la actividad científica en sus mismas bases y obstaculiza su uso por parte de la sociedad”. Por ejemplo, investigadores que estudiaban el brote de ébola en el 2014 en África encontraron que el acceso a conocimiento vital sobre el virus y sus factores de riesgo conocidos previos al brote estaba restringido por los muros de pago de las editoriales. Escribieron: “a pesar de que el acceso al conocimiento por sí solo no podría haber prevenido o evitado la epidemia del ébola, funcionarios de salud mejor informados podrían haber tomado medidas preventivas oportunas y podrían haber estado mejor equipados para mitigar riesgos durante y luego del brote”.
Ahora es el momento para implementar y mejorar las políticas de acceso abierto
Por estas razones, Creative Commons (CC) ha instado a la adopción de políticas de acceso abierto por parte de organizaciones y gobiernos, tales como el Centro de Investigación e Innovación del Reino Unido (UKRI). CC está preparando comentarios para el proceso de consulta de UKRI sobre su propuesta de políticas de acceso abierto, y pronto estará compartiendo comentarios similares en respuesta al pedido de información del Registro Federal de Estados Unidos sobre “Acceso público a publicaciones académicas revisadas por pares, datos y código resultantes de investigaciones financiadas por el gobierno federal.”
Las licencias CC se han convertido en el estándar internacional en licenciamiento abierto, y luego de haber apoyado esfuerzos exitosos en la creación, adopción e implementación de políticas de acceso abierto con varios gobiernos e instituciones, continuamos promoviendo fuertemente el acceso abierto para el beneficio de los investigadores, la industria y el público en general. Esto incluye hacer que toda la información financiada por organizaciones internacionales o gobiernos nacionales esté disponible para la reutilización más amplia posible. Adicionalmente, CC apoya los esfuerzos para clarificar cómo las limitaciones y excepciones al derecho de autor y el uso justo se aplican en estas circunstancias excepcionales, como por ejemplo la Declaración pública de especialistas en derechos de autor de bibliotecas: uso justo y enseñanza remota e investigación de emergencia. Este recurso fue publicado recientemente por un grupo de bibliotecarios expertos en derecho de autor de universidades de Estados Unidos, incluyendo el MIT.
Para obtener orientación sobre la implementación de una política de acceso abierto o sobre el uso de las licencias CC, pueden contactarnos en info@creativecommons.org [N. de la T.: y en Uruguay, contacto@creativecommons.uy]. Estamos aquí para ayudarles.
Detengamos la propagación del COVID-19 siguiendo estos consejos de la OMS, que incluyen lavarse las manos durante al menos 20 segundos y ejercer el distanciamiento social.
No Comments »Uso de licencias CC en obras que contengan la imagen de personas
En este post analizamos un tema que genera muchas dudas: se trata del uso de las licencias Creative Commons en fotografías o filmaciones que incluyan el retrato de personas. Esperamos que sea de utilidad para mejorar las prácticas de licenciamiento y el uso adecuado de las licencias CC.
Las licencias CC aclaran expresamente que sus términos no cubren los derechos relacionados con la «privacidad ni otros derechos personales similares.» Las libertades que se otorgan mediante el uso de licencias CC no incluyen la potestad de publicar la imagen propia de terceros sin su autorización. Dicho de otra forma, el hecho de que la fotografía sea una obra propia no nos da el derecho de publicarla sin el consentimiento del retratado.
En general, debemos ser cuidadosos al momento de publicar este tipo de imágenes, ya sea con licencias libres o con todos los derechos reservados. A su vez, este problema podrá amplificarse si la obra fotográfica o audiovisual se publica con una licencia libre, porque aumenta la posibilidad de circulación y reutilización en otros contextos y, por lo tanto, su visibilidad.
Regla general
Desde el punto de vista de la protección de datos personales (Ley 18.331), la imagen de una persona es un dato personal. El fotógrafo debe recabar el consentimiento previo e informado de las personas fotografiadas o filmadas. Ese consentimiento debe realizarse por escrito (sin mayores formalidades) e incluir al menos la siguiente información:
- con qué fin se filma o fotografía a la persona;
- por qué medios se distribuirá la imagen;
- si se distribuirá con una licencia libre, explicitar con cuál licencia y explicar cuáles son sus efectos
Polémica
Son múltiples los aspectos polémicos relativos al tratamiento de la imagen propia como dato personal, dado que este régimen jurídico se solapa con otros.
En ese sentido, encontramos que el artículo 21 de la Ley 9.739, de derechos de autor, establece el régimen de las imágenes que contengan el retrato de personas desde dos ángulos: (1) el del derecho de autor (como obras) y (2) el del derecho personalísimo a la imagen propia (como derecho humano). De acuerdo a lo establecido por el artículo 21, el retrato puede circular si media el consentimiento expreso de la persona retratada (o herederos), siendo ese consentimiento revocable. Hasta ahí, este régimen coincide con lo dispuesto con la ley de protección de datos personales. Pero ese mismo artículo, en su inciso final, plantea excepciones relacionadas con el interés público:
«Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y, en general, culturales o con hechos o acontecimientos de interés público, o que se hubieren realizado en público»
Ejemplos claros del funcionamiento de esta excepción son las fotografías que registran personas en multitudes o en actos públicos, o el uso de la imagen de figuras públicas (políticos, deportistas, artistas, etc.) en prensa para ilustrar noticias.
La polémica se plantea porque no existe una interpretación oficial sobre la vigencia o no de estas excepciones, dado que la ley de protección de datos personales es posterior al referido artículo 21 de la Ley 9.739. De todas maneras, utilizando un criterio de razonabilidad básica, existen suficientes argumentos como para entender que estas excepciones DEBEN estar vigentes, principalmente para salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Casos de especial atención
Algunos consejos a tomar en cuenta antes de publicar obras fotográficas o audiovisuales con una licencia CC son los siguientes:
- La regla general es el consentimiento previo e informado.
- Retrato de menores de edad: el consentimiento válido lo dan los padres.
- Retrato de personas en actos públicos o de interés general: basándonos en el análisis de fallos judiciales, se recomienda evitar primeros planos o el destaque de una persona en la multitud y tender a tomar paneos generales, para evitar que sea necesario el consentimiento de los retratados.
- Uso del retrato de personas en materiales educativos: basándonos en el análisis de fallos judiciales, se recomienda recabar el consentimiento para la inclusión del retrato de personas (incluso de figuras públicas) si media fin de lucro.
Organizaciones solicitan retiro del art. 214 sobre regulación de Internet del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) de Uruguay
* Publicado originalmente en el sitio web de OBSERVACOM.
Las organizaciones abajo firmantes solicitamos sea retirado el artículo 214, que incluye varias disposiciones referidas al reconocimiento de ciertos derechos en las telecomunicaciones e Internet, del texto del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración que se ha hecho público en los últimos días por representantes del gobierno electo de Uruguay.
Debido a su importancia, pero también a su complejidad, queremos proponerles posterguen su tratamiento dentro de otro proceso legislativo que permita mayores tiempos de información y análisis, a la vez que un debate robusto con participación de múltiples partes interesadas.
La redacción actual del artículo incluye aspectos tan importantes como sensibles como la regulación de ciertos derechos en Internet y el pleno ejercicio de derechos, debate que creemos necesario pero donde existen serios riesgos de afectar la libertad de expresión y de violar, por parte del Estado uruguayo, estándares internacionales de derechos humanos.
En particular, resulta preocupante el contenido del literal G del artículo mencionado, que incluye el reconocimiento del denominado “derecho al olvido” en las “búsquedas de Internet, en servicios de redes sociales y medios digitales equivalentes”.
La iniciativa de crear un nuevo derecho, expresado además de manera tan amplia y vaga, afectaría gravemente la libertad de expresión, tal cual fuera expresado en un comunicado publicado el 24 de enero por Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y OBSERVACOM (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), recordando posicionamiento y recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema.
En caso de considerar positivamente nuestro pedido, los firmantes nos comprometemos a participar de manera constructiva en las consultas y espacios que sean habilitados para analizar estos temas, y a presentar insumos y propuestas que pudieran ser útiles para su consideración.
Firman (en actualización permanente):
CAinfo (Uruguay)
DATA Uruguay
Creative Commons Uruguay
OBSERVACOM (Regional)
Access Now (Internacional)
Derechos Digitales (Regional)
Artículo 19 (México y Centroamérica)
Hiperderecho (Perú)
Usuarios Digitales (Ecuador)
ADC (Argentina)
Fundación Internet Bolivia
No Comments »Comunicado de REDLACDA sobre el aumento de los plazos de protección del derecho de autor en Uruguay
* Reproducimos el comunicado publicado por REDLACDA, en el que la red internacional manifiesta preocupación por el impacto que tendrá el aumento del plazo de derecho de autor en Uruguay sobre el acceso a la información y a la cultura.
La Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA) es un grupo conformado por profesionales de la información de distintos países de la región. Hacemos parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones – IFLA (por sus siglas en inglés), a traves del Copyright and other Legal Matters (CLM) Advisory Committee, y velamos porque haya respeto por el derecho de autor en equilibrio con el derecho de acceso a la información para tener leyes justas e incluyentes, tanto para creadores e intermediarios como para usuarios y lectores, es decir: para todas las personas.
Lamentamos profundamente el aumento de los plazos de protección del derecho de autor en Uruguay el pasado 18 de Diciembre del año en curso, que afectan gravemente al dominio público. Este tipo de legislaciones concluye de forma preocupante en la privatización de los bienes comunes, beneficiando a un pequeño grupo de la sociedad, que en el mayor de los casos no compone a los creadores directos, sino a sus herederos, y en detrimento de los bienes que además de beneficiar a los ciudadanos uruguayos, incluiría a las personas de todo el mundo. Entendemos que el dominio público es la norma y no una excepción[1] y hay que cuidarlo: es el insumo con el que las bibliotecas, archivos y museos permiten que nuevos creadores tengan acceso a referentes culturales para enriquecer nuevas creaciones sin necesidad de trámites o burocracias adicionales. Esta decisión retrasará la capacidad de creación de contenidos locales, afectando nuestra identidad como latinoamericanos y nuestra capacidad para competir con industrias culturales mucho más grandes de otras latitudes.
Este aumento de plazos en la protección afecta la salvaguarda del interés público en la difusión de la cultura y el conocimiento y afectan nuestra capacidad de producir memoria para nuestras futuras generaciones, condenando al olvido nuestro patrimonio porque esta medida resulta desproporcionada. ¿Qué sucede con quienes no pueden acceder porque no pueden pagar? Nos preocupa la falta de empatía y sensibilidad entre sectores con quienes padecen las desigualdades de nuestras sociedades modernas.
El aumento de los plazos de protección al derecho de autor afectando el dominio público encarece nuestra capacidad de acceso a la información, haciendo que sólo puedan acceder aquellos que pueden pagar por ella. ¿Y qué sucederá con las medidas de preservación digital de aquellos objetos que se encontraban en dominio público y hoy se ven sometidos al dominio privado? Tememos gravemente por la posibilidad de que hayan obras que desaparezcan para siempre al ser retiradas del dominio público y no contarse con copias de preservación. No debe olvidarse que existen numerosísimas obras de todo tipo que se encuentran dentro de los plazos de protección y que no son publicadas porque no presentan interés comercial para ninguna editorial. Esas obras están ocultas, como si estuvieran secuestradas.
Por favor, no nos malinterpreten: nuestras instituciones se nutren de las obras que el derecho de autor protege y lo valoramos. Sin embargo, esta medida va en contra de un justo equilibrio entre la protección y el interés público, recordando con pesar, que Argentina y Uruguay cuentan con dominio público pagante. Prolongar los plazos de proteccion no incentiva la creación de nuevo conocimiento, sólo retrasa su entrada al dominio público.
Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA)
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