Hace exactamente 6 años, un 21 de octubre de 2013, la policía uruguaya ingresó a las casas de fotocopias cercanas a la Universidad de la República, secuestró máquinas y se llevó detenidas a 32 personas, incluyendo estudiantes que trabajaban como personal empleado en las fotocopiadoras.
Los allanamientos a las fotocopiadoras, ocurridos en período de exámenes, produjeron un caos en el acceso a materiales de estudio que se extendió durante varios meses, hasta que empezaron a aparecer nuevamente vías informales para acceder a los materiales.
Las y los estudiantes de Uruguay se organizaron para exigir que las prácticas habituales de acceso a la cultura dejen de ser delito. Juntaron 10 mil firmas en favor de una reforma al derecho de autor, con excepciones para proteger a la educación y a las bibliotecas.
El proyecto ingresó al Parlamento primero en 2013 y luego nuevamente en 2015. Obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, pero más tarde su debate se interrumpió en la Cámara de Representantes debido a las presiones de la Cámara del Libro y de Agadu.
De no aprobarse antes de febrero de 2020, el proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio perderá estado parlamentario. Esto implicaría un fracaso del sistema político para dar respuesta a una necesidad básica de las y los estudiantes: el acceso a los materiales.
La aprobación de la ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio es también un reclamo histórico de las bibliotecarias de Uruguay. Con la ley actual, las copias de preservación, las copias de fragmentos de textos para usuarias y usuarios ¡e incluso el préstamo público! son ilegales.
Por todo lo anterior, pedimos a nuestros representantes que defiendan el interés público y aprueben la ley de acceso a materiales de estudio antes de febrero. Si vos también querés pedirles, sumate a las más de 400 personas que firmaron la carta ciudadana.
También les decimos a los legisladores que la prioridad hoy es proteger la educación y el acceso a la cultura, que llevan 6 años esperando. La propuesta de extender el plazo de derecho de autor a 70 años implica un lamentable retroceso en el debate.
El proyecto de ley que extiende el plazo de derecho de autor a 70 años, presentado por Pablo Mieres, pone en peligro el acceso a miles de obras que hoy se encuentran en dominio público. Obligaría a eliminar de Internet una gran parte del acervo cultural común de Uruguay.
Las obras de Felisberto Hernández, Petrona Viera, Juan José Morosoli, Susana Soca, Lauro Ayestarán y otros miles de autores nacionales e internacionales dejarían de estar disponibles y serían privatizadas.
Para defender el derecho de acceso a la cultura de toda la ciudadanía, es preciso unirse entre todas las personas vinculadas a la cultura y a la educación, y decirle no al aumento de plazos de derecho de autor que quieren imponer las corporaciones de la cultura y del entretenimiento.