excepciones al derecho de autor

Organizaciones de la sociedad civil exhortan a la OMPI impulse excepciones a la Propiedad Intelectual en contexto de emergencia #COVID-19

Equipo de Creative Commons Uruguay, abril 5th, 2020

ATENCIÓN, esta carta permanece abierta para nuevos signatarios: https://tinyurl.com/WIPOCOVIDSignOn

3 de abril de 2020

Director General Francis Gurry
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes CH-1211
Ginebra 20, Suiza 

Estimado Dr. Gurry:

Le escribimos como organizaciones e individuos que representan a investigadores, educadores, estudiantes y las instituciones que los apoyan, para alentar a la OMPI a adoptar una posición clara a favor de garantizar que los regímenes de propiedad intelectual sean un apoyo, y no un obstáculo, a los esfuerzos para abordar tanto el brote de coronavirus como sus consecuencias.

La pandemia de COVID-19 ha arrojado una luz clara sobre cuán importantes pueden ser las limitaciones y excepciones de propiedad intelectual para el desarrollo y el florecimiento humano. Los investigadores descubrieron la propagación del virus a través de un proyecto de minería de datos y texto que analiza artículos de noticias con derechos de autor, habilitados por el derecho de trato justo (“fair dealing”) para fines de investigación de Canadá. Los primeros tratamientos potenciales se han desarrollado a través de medicamentos existentes, habilitados por excepciones de uso experimental a los derechos de patente. 

Ahora, las escuelas, universidades, bibliotecas, archivos, museos e institutos de investigación de todo el mundo, obligados a cerrar sus edificios, se encuentran compartiendo materiales en línea y proporcionando acceso remoto, pero solo donde las leyes de derecho de autor lo permiten. Sin embargo, estas y otras actividades críticas para superar la crisis no se realizan en todas partes, incluso cuando las suscripciones se han pagado por adelantado, porque no son legales.

Hemos visto pasos útiles de varios países, y de algunos titulares de derechos, para facilitar el acceso a artículos académicos y otros trabajos, materiales educativos y culturales, datos de investigación, bibliotecas químicas y medicamentos y dispositivos médicos necesarios que están sujetos a derechos de propiedad intelectual. Estos pasos deben ser elogiados. Pero se necesita mucho más. Y la OMPI puede ayudar a liderar el camino. 

Le instamos a utilizar su posición como líder del sistema mundial de propiedad intelectual para tomar medidas urgentes para guiar a los Estados miembros y a otros en su respuesta a los problemas de propiedad intelectual que el coronavirus está planteando. Estos pasos deberían incluir:

  • Alentar a todos los Estados miembros de la OMPI a aprovechar las flexibilidades en el sistema internacional que permiten el uso de obras protegidas por propiedad intelectual para la educación en línea, para investigación y usos experimentales, y para intereses públicos vitales, como el acceso a medicamentos y cultura;
  • Pedir a todos los titulares de derechos que eliminen las restricciones de licencias que inhiben la educación a distancia, la investigación (incluyendo la minería de texto y datos y proyectos de inteligencia artificial) y el acceso a la cultura, incluso a través de las fronteras, tanto para ayudar a abordar la pandemia global como para minimizar la disrupción causada por ella; 
  • Apoyar el llamado de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud para crear un “pool” o conjunto global de derechos de tecnologías y datos relacionados con COVID-19, así como promover el uso del Fondo de Patentes de Medicamentos, licencias voluntarias, prendas de propiedad intelectual, licencias obligatorias, uso de las leyes de competencia y otras medidas para eliminar las barreras a la fabricación, distribución y venta competitivas a nivel mundial de productos potencialmente efectivos para detectar, prevenir y tratar COVID-19.
  • Respaldar los derechos de los países para promulgar y utilizar excepciones al secreto comercial y otros derechos de propiedad intelectual necesarios para facilitar un mayor acceso a la información de fabricación, líneas celulares, información comercial confidencial, datos, software, prototipos de productos, procesos de fabricación y otros temas necesarios para lograr acceso universal y equitativo a los medicamentos y a las tecnologías médicas contra el COVID-19 tan pronto como sea razonablemente posible.

Creemos que la OMPI a través de su liderazgo puede mostrar su compromiso con el logro del desarrollo sostenible al tomar medidas rápidas y claras para garantizar que el sistema global de propiedad intelectual promueva la investigación, la educación, el acceso a la cultura y la salud pública. 

Atentamente,

Organizaciones (en orden alfabético) 

American Library Association, USA 

Amical Wikimedia

ANSOL – Associação Nacional para o Software Livre, Portugal

Aprender 3C, comunidad de conocimiento colaborativo

Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ, Argentina 

Biblioteca Nacional de Maestros – BNM, Argentina

Bibliotecarios Al Senado, Argentina

Center for Information Policy Research, School of Information Studies, University of Wisconsin-Milwaukee, USA

Centre for Intellectual Property Policy & Management (CIPPM), Bournemouth University, UK

Centre for Internet and Society (CIS), India

Center for Democracy & Technology, USA

Centrum Cyfrowe, Poland

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Colegio Colombiano de Bibliotecología – ASCOLBI, Colombia

Commons Foundation, South Korea

COMMUNIA International Association

Corporacion Innovarte, Chile

Creative Commons

Creative Commons Colombia

Creative Commons Ecuador

Creative Commons Portugal

Creative Commons Slovenia

Creative Commons Uruguay

Cyprus Internet Observatory – ellakcy

D3 – Defesa dos Direitos Digitais, Portugal

Derechos Digitales · América Latina

Digital Republic, Bulgaria

Digitale Gesellschaft, Germany

Education International (EI)

Electronic Information for Libraries (EIFL)

European Students’ Union (ESU)

Fundación Conector, Colombia

Fundación Karisma, Colombia

Global Expert Network on Copyright User Rights

Health GAP (Global Access Project)

Homo Digitalis, Greece

Proprietas (National Institute of Science and Technology), Brazil

Institute for Intellectual Property and Social Justice, USA

Intellectual Property Institute, Slovenia

International Council on Archives (ICA)

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

International Music Managers Forum

IP Unit, University of Cape Town, South Africa

ISUR, Colombia

Knowledge Commune, South Korea

Knowledge Ecology International (KEI)

Northeastern University’s Center for Law, Innovation and Creativity (CLIC), USA 

Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina

Partido Interdimensional Pirata, Argentina

Public Citizen

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed, Colombia

Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA – Copyright Network)

Tohatoha Aotearoa Commons, New Zealand

Treatment Action Group

Wikimedia Deutschland

Wikimedia España

Wikimedia Italia

Xnet, Spain

Young Pirates of Europe, Pan-European youth organization

Individuos (enumerados alfabéticamente, afiliaciones solo con fines de identificación) 

Fernando Ariel Lopez, Biblioteca Nacional de Maestros, Argentina

Valérie Laure Benabou, Université Aix-Marseille, France

Brook K. Baker, Northeastern U. School of Law, USA

Michael Birnhack, Faculty of Law, Tel Aviv University, Israel

Maja Bogataj Jančič, Intellectual Property Institute, Slovenia

Sara Bolaños Muñoz, Fundación Claroscuro, Ecuador

Alina Boyte, Mississippi College School of Law, USA

Brandon Butler, University of Virginia Library, USA

Beth Cate, O’Neill School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, USA

Jorge Contreras, University of Utah, USA

Carys Craig, Osgoode Hall Law School, York University, Canada

Tesh Dagne, Thompson Rivers University, Canada

Kathleen DeLaurenti, Johns Hopkins University, USA

Estelle Derclaye, University of Nottingham, UK

Graham Dutfield, University of Leeds, UK

Séverine Dusollier, Sciences Po Law School, France

Kristofer Erickson, University of Leeds, UK

Christine Farley, American University Washington College of Law, USA

Sean Flynn, American University Washington College of Law, USA

Alexandra Giannopoulou, University of Amsterdam, The Netherlands

Deborah Gleeson, La Trobe University, Australia

Eric Goldman, Santa Clara University School of Law, USA

Andres Guadamuz, University of Sussex, UK

Lucie Guibault, Dalhousie University, Canada

Henning Grosse Ruse-Khan, University of Cambridge, UK

Eldar Haber, University of Haifa, Israel

David Hansen, Duke University, USA

Naomi Hawkins, University of Exeter Law School, UK

Evelin Heidel, member, Creative Commons

Mandy Henk, Tohatoha Aotearoa Commons, New Zealand

Joachim Henkel, Technical University of Munich, Germany

Sileshi Bedasie Hirko, University of Ottawa, Canada

Cynthia Ho, Loyola University of Chicago School of Law, USA

Steven Jamar, Institute for Intellectual Property and Social Justice, Washington, DC, USA

Peter Jaszi, American University Washington College of Law, USA

Brandy Karl, Pennsylvania State University Libraries, USA

Ariel Katz, University of Toronto Faculty of Law, Canada

Howard Knopf, Macera & Jarzyna, LLP, Ottawa, Canada

Sapna Kumar, University of Houston, USA

Charalampos Kyritsis, student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece 

Christopher Lettl, WU Vienna, Austria

David S. Levine, Elon University School of Law, USA

Yvette Joy Liebesman, Saint Louis University School of Law, USA

Michael Madison, University of Pittsburgh School of Law, USA

Axel Metzger, Humboldt Universität, Berlin, Germany

John T. Mitchell, Interaction Law, USA

Jenny Molloy, University of Cambridge, UK

Peter Murray-Rust, ContentMine, UK

Kylie Pappalardo, Queensland University of Technology, Australia

Mathilde Pavis, Ph.D., University of Exeter, England, UK

Heesob Nam, Patent Attorney, South Korea

Caroline Ncube, University of Cape Town, Faculty of Law, South Africa 

Denise R. Nicholson, Specialist Copyright Librarian, South Africa

Janewa Osei-Tutu, Florida International University College of Law, Miami, Florida, USA

Laura Quilter, University of Massachusetts Amherst Libraries, USA

João Pedro Quintais, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, The Netherlands

Srividhya Ragavan, Texas A&M University School of Law, Fort Worth, Texas, USA

Julia Reda, former Member of the European Parliament, Germany

Dr. Hafiz Aziz ur Rehman, International Islamic University, Islamabad, Pakistan

Allan Rocha de Souza, Federal University of Rio de Janeiro – Program on Public Policy, Strategies and Development (PPED), Brazil

Ole-Andreas Rognstad, University of Oslo, Norway

Matthew Sag, Loyola University Chicago School of Law, USA

Rachael Samberg, University of California, Berkeley, USA

Joshua Sarnoff, DePaul University College of Law, USA 

Tobias Schonwetter, Faculty of Law, University of Cape Town, South Africa

Martin Senftleben, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, The Netherlands

Sepehr Shahshahani, Fordham Law School, USA

Katherine J. Strandburg, New York University School of Law, USA

Jessica Silbey, Northeastern University School of Law, Boston, Mass., USA

Virginia Inés Simón, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Francisco Silva Garcés, Red de Investigación de Conocimiento Libre, Ecuador

Uma Suthersanen, Queen Mary University of London, UK

Toshiko Takenaka, Ph.D., University of Washington School of Law, USA

Ellen ‘t Hoen LLM, PhD | Medicines Law & Policy

Sunita Tripathy, Researcher, Information Society, European University Institute, Florence, Italy

Andrea Wallace, University of Exeter Law School, UK

Ryan Whalen, University of Hong Kong Faculty of Law, Hong Kong

Owain Williams, University of Leeds, UK

John Willinsky, Graduate School of Education, Stanford University, USA

Andrea Zehetner, Patent Attorney, Germany

Esther van Zimmeren, University of Antwerp, Belgium

Firmas adicionales 

Organizaciones

Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la Rep̼blica Argentina РRENABI.AR

Canadian Association of Research Libraries

Biblioteca del Congreso de la Nación / Library of the National Congress, Argentina

GEDA – Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial /Universidade Federal do Paraná – Brasil

Nexa Center for Internet & Society

Asociación Chaqueña de Bibliotecarios – Argentina

Public Knowledge

Grupo de Invesetigación Plebio (Universidad Nacional de Colombia)

Creative Commons Nederland

Association of College and Research Libraries

Open State Foundation

Fundación Vía Libre (Argentina) 

Center for Media & Social Impact 

Red BibliotecasJuriRed

LWC Health 

Asociación de Bibliotecarios de Jujuy – Jujuy – Argentina 

Internet Archive 

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina

Individuos 

Alejandro Tomás Butler

Giulia Priora – Institute of Law, Politics and Development (DIRPOLIS), Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy   

Dick Kawooya  – University of South Carolina    

Isela Marí­a Mo Amavet – Biblioteca del Congreso de la Nación / Oficina Regional de IFLA para América Latina y el Caribe (Argentina)   

Nancy Marrelli – Concordia University   

Todd Mundle – Kwantlen Polytechnic University   

Dr Guido Noto La Diega – University of Stirling   

Marcos Wachowicz  – Universidade Federal do Paraná – Brasil   

Chidi Oguamanam – University of Ottawa   

Timothy Vollmer – University of California, Berkeley Library   

Marí­a Sol Terlizzi – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO   

Yaniv – Heled – Georgia State University College of Law   

Phet Sayo – International Development Research Center   

Liza Vertinsky – Emory Law School   

Luis Pestarini – Biblioteca del Congreso/Argentina   

Nora Edith Román – Biblioteca del Congreso de la Nación, Argentina   

Claudia Patricia Vaca González – Universidad Nacional de Colombia    

Karogo Ngotho – University of Nairobi S.O.L    

Begoña Glez Otero – Max Planck Institute for Innovation and Competition   

Oscar Lizarazo-Cortes – Universidad Nacional de Colombia   

Alejandro Lorenzo Cesar Santa – Biblioteca del Congreso de la Nación / Library of the National Congress, Argentina   

Lisa Macklem – University of Western Ontario   

Bernt Hugenholtz – Institute for Information Law, University of Amsterdam   

Enyinna Nwauche – Nelson Mandela School of Law, University of Fort Hare South Africa   

Yousuf Vawda – University of KwaZulu-Natal, South Africa   

Ray Corrigan – The Open University, UK   

Wendy Seltzer – World Wide Web Consortium   

Darius Whelan – University College Cork, Ireland   

Robin Sinn – Johns Hopkins University   

Jennifer Urban – University of California, Berkeley   

Desmond Osaretin Oriakhogba – University of Benin, Benin City, Nigeria   

Melissa Gold Fournier – Yale Center for British Art   

Martin Kretschmer – CREATe, University of Glasgow

Dick Kawooya, University of South Carolina

Patricia Aufderheide, University Professor, School of Communication, American University.

Luz Marina Umbasia, Legal Counselor, GHP Corp. 

Angelica Patiño, Director, Global Humanitarian Progress, GHP Corp. 

Anabel Tomatis, Bibliotecologo, ABISFE

Coenrad visser, Professor, University of South Africa

Stella Maris Caballero, Bibliotecaria, Particular 

Ruth Lopert, Adjunct Professor, Dept. of Health Policy & Management, George Washington University

Valbona Berdica, Director, Scientific Library of University “Luigj Gurakuqi” Shkoder, Albania

Jörg Hoffmann, Max Planck Institute for Innovation and Competition 

Eva Revitt, Librarian, MacEwan University 

Bashar Malkawi, Dean and Professor of Law, University of Sharjah 

Susana Soto, Director of Library Services, Universidad Abierta Interamericana

Vinodh Illangovan, Doctor, Labdemic

Sandeep Saluja, Senior Consultant, Saran Ahram

Erica Mogdans, Bibliotecaría/Licenciado, Biblioteca Pública De Las Misiones / ABGRA

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Por una ley de acceso a materiales de estudio y contra la extensión del plazo de propiedad intelectual

Equipo de CC Uruguay, octubre 21st, 2019

Hace exactamente 6 años, un 21 de octubre de 2013, la policía uruguaya ingresó a las casas de fotocopias cercanas a la Universidad de la República, secuestró máquinas y se llevó detenidas a 32 personas, incluyendo estudiantes que trabajaban como personal empleado en las fotocopiadoras.

Los allanamientos a las fotocopiadoras, ocurridos en período de exámenes, produjeron un caos en el acceso a materiales de estudio que se extendió durante varios meses, hasta que empezaron a aparecer nuevamente vías informales para acceder a los materiales.

Las y los estudiantes de Uruguay se organizaron para exigir que las prácticas habituales de acceso a la cultura dejen de ser delito. Juntaron 10 mil firmas en favor de una reforma al derecho de autor, con excepciones para proteger a la educación y a las bibliotecas.

El proyecto ingresó al Parlamento primero en 2013 y luego nuevamente en 2015. Obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, pero más tarde su debate se interrumpió en la Cámara de Representantes debido a las presiones de la Cámara del Libro y de Agadu.

De no aprobarse antes de febrero de 2020, el proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio perderá estado parlamentario. Esto implicaría un fracaso del sistema político para dar respuesta a una necesidad básica de las y los estudiantes: el acceso a los materiales.

La aprobación de la ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio es también un reclamo histórico de las bibliotecarias de Uruguay. Con la ley actual, las copias de preservación, las copias de fragmentos de textos para usuarias y usuarios ¡e incluso el préstamo público! son ilegales.

Por todo lo anterior, pedimos a nuestros representantes que defiendan el interés público y aprueben la ley de acceso a materiales de estudio antes de febrero. Si vos también querés pedirles, sumate a las más de 400 personas que firmaron la carta ciudadana.

También les decimos a los legisladores que la prioridad hoy es proteger la educación y el acceso a la cultura, que llevan 6 años esperando. La propuesta de extender el plazo de derecho de autor a 70 años implica un lamentable retroceso en el debate.

El proyecto de ley que extiende el plazo de derecho de autor a 70 años, presentado por Pablo Mieres, pone en peligro el acceso a miles de obras que hoy se encuentran en dominio público. Obligaría a eliminar de Internet una gran parte del acervo cultural común de Uruguay.

Las obras de Felisberto Hernández, Petrona Viera, Juan José Morosoli, Susana Soca, Lauro Ayestarán y otros miles de autores nacionales e internacionales dejarían de estar disponibles y serían privatizadas.

Para defender el derecho de acceso a la cultura de toda la ciudadanía, es preciso unirse entre todas las personas vinculadas a la cultura y a la educación, y decirle no al aumento de plazos de derecho de autor que quieren imponer las corporaciones de la cultura y del entretenimiento.

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Comparecencia en el Parlamento sobre derecho de autor y licencias libres en el audiovisual

Equipo de CC Uruguay, julio 5th, 2019

El miércoles 3 de julio nos recibió la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. Nuestras compañeras Patricia Díaz y Mariana Fossatti se refirieron al proyecto de ley propuesto por la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod) que establece cobros irrenunciables por el uso de obras audiovisuales.

Como explicamos en un post previo de nuestro blog, el proyecto de ley de Asoprod se basa en un reclamo justo pero plantea una solución equivocada. En particular, imponer un cobro irrenunciable por la comunicación pública de obras audiovisuales pondría en riesgo los usos educativos y culturales de materiales audiovisuales que tienen licencias libres. Esto afectaría la libertad de los autores y autoras de disponer de sus obras como mejor prefieren, y haría peligrar algunos importantes repositorios multimedia del sistema educativo uruguayo. Además, causaría perjuicios a festivales y proyecciones audiovisuales en espacios culturales sin fines de lucro.

Más en general, les transmitimos a los legisladores la importancia de que toda discusión relativa a nuevos derechos exclusivos de propiedad intelectual se realice de manera holística, considerando asimismo excepciones y limitaciones a esos derechos para salvaguardar los usos educativos, culturales y de investigación. En abril de 2016 la Cámara de Senadores dio media sanción a un excelente proyecto de ley de excepciones y limitaciones al derecho de autor, cuya aprobación definitiva consideramos que sería beneficiosa para todo el sistema educativo y para el acceso a la cultura.

El mismo día de nuestra comparecencia, también asistió a la Comisión de Educación y Cultura la delegación del Núcleo Interdisciplinario de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles y del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de la República. Ellos también plantearon objeciones al proyecto de ley de derechos audiovisuales, dado que afectaría las iniciativas de producción y puesta a disposición de materiales audiovisuales de la Udelar. A su vez, también plantearon la necesidad de excepciones al derecho de autor para la educación, dado que, bajo la ley actual, una enorme cantidad de prácticas docentes son ilegales.

Les compartimos la versión taquigráfica de ambas comparecencias.

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Seminario «Mirar lejos: la educación virtual en el siglo XXI desde la perspectiva de los derechos de autor»

Equipo de CC Uruguay, septiembre 1st, 2018

El 5 y 6 de septiembre tendrá lugar el Seminario Nacional «Mirar Lejos: la educación virtual en el siglo XXI desde la perspectiva de los derechos de autor» en el Centro Cultural de España (Rincón 629, Montevideo).

El seminario es organizado por el Consejo de Derechos de Autor, la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El objetivo del seminario es intercambiar conocimiento sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en relación con la educación y las bibliotecas, para abordar los desafíos que se presentan en el entorno virtual y digital. Se trata de un aporte importante en el marco de las propuestas de leyes para facilitar el acceso a materiales de estudio que se encuentran actualmente en discusión en el Parlamento.

El evento contará con oradores extranjeros referentes en la materia, como Raquel Xalabarder, Juan José Marín y Rafael Ferraz, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También habrá expositores nacionales vinculados al tema del acceso a la cultura, la educación y el derecho de autor, entre quienes estará Mariana Fossatti, de Creative Commons Uruguay.

Pueden consultar el programa completo del seminario en este enlace.

Desde CC Uruguay consideramos que este seminario es una buena oportunidad para avanzar en el tratamiento de la ley de excepciones y limitaciones al derecho de autor en favor de la educación y las bibliotecas. Uruguay necesita adaptar de manera urgente su ley para que la educación del siglo XXI, el trabajo cotidiano de las bibliotecas y las prácticas habituales de acceso a la cultura estén amparados legalmente. El Parlamento debe escuchar a los sectores de la educación, a las bibliotecas y a los movimientos sociales por el acceso a la cultura, y dar aprobación definitiva a una ley que ya lleva 5 años de debate y es más necesaria que nunca.

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Se reglamentó la excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para el acceso al texto impreso

Equipo de CC Uruguay, octubre 19th, 2017

audiolibro

El 16 de octubre el Poder Ejecutivo firmó el decreto que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para el acceso al texto impreso. Esta reglamentación hace efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a esta reglamentación, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas van a poder comenzar a acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (BIDYA) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor. Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual; personas con discapacidades motrices que dificulten el acceso a los textos; personas con discapacidad intelectual leve, moderada o severa; personas con dislexia u otros trastornos que afectan la lectura; personas con discapacidades físicas que les impidan manipular el material de lectura, o que les generen dificultades para centrar la vista o mover los ojos en la medida necesaria para leer; y cualquier otra persona que, por otras razones, padezca de dificultades para el acceso al texto impreso. Por lo tanto, este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una enorme proporción de personas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirle el disfrute y el derecho de la lectura.

Las obras incluidas en la norma son aquellas que se pueden expresar en forma de texto, notación o ilustraciones conexas, así como obras en formato audio (audiolibros y formatos similares). A partir del decreto reglamentario, estas obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso de todas las personas, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Consideramos que esta reglamentación firmada por el Poder Ejecutivo es un gran paso adelante para favorecer el derecho de acceso a la cultura de la población. Ha sido concebida en base a criterios avanzados de derechos humanos, favoreciendo el acceso y la apertura. Es sin dudas una gran victoria de las organizaciones de personas con discapacidades, así como de la comunidad educativa y bibliotecaria, y de todas las organizaciones que de uno u otro modo militamos por el acceso democrático a la cultura.

No debemos olvidar que este logro es el producto de largos años de lucha de las organizaciones sociales, que, tanto a nivel nacional como internacional, se enfrentaron a la férrea resistencia de las editoriales y de los titulares de derecho de autor. De manera característica, muchos de estos actores corporativos se opusieron a la implementación del Tratado de Marrakech, colocando sus intereses comerciales por encima de los estándares más básicos de derechos humanos. Por esta razón, es aún más destacable el logro.

Para quienes deseen leerlo completo, el Decreto n.° 295/017 se encuentra disponible en el sitio web de Presidencia de la República.

 

Foto por ActuaLitté en Flickr bajo licencia CC BY-SA.

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