propiedad intelectual

Organizaciones de la sociedad civil exhortan a la OMPI impulse excepciones a la Propiedad Intelectual en contexto de emergencia #COVID-19

Equipo de Creative Commons Uruguay, abril 5th, 2020

ATENCIÓN, esta carta permanece abierta para nuevos signatarios: https://tinyurl.com/WIPOCOVIDSignOn

3 de abril de 2020

Director General Francis Gurry
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes CH-1211
Ginebra 20, Suiza 

Estimado Dr. Gurry:

Le escribimos como organizaciones e individuos que representan a investigadores, educadores, estudiantes y las instituciones que los apoyan, para alentar a la OMPI a adoptar una posición clara a favor de garantizar que los regímenes de propiedad intelectual sean un apoyo, y no un obstáculo, a los esfuerzos para abordar tanto el brote de coronavirus como sus consecuencias.

La pandemia de COVID-19 ha arrojado una luz clara sobre cuán importantes pueden ser las limitaciones y excepciones de propiedad intelectual para el desarrollo y el florecimiento humano. Los investigadores descubrieron la propagación del virus a través de un proyecto de minería de datos y texto que analiza artículos de noticias con derechos de autor, habilitados por el derecho de trato justo (“fair dealing”) para fines de investigación de Canadá. Los primeros tratamientos potenciales se han desarrollado a través de medicamentos existentes, habilitados por excepciones de uso experimental a los derechos de patente. 

Ahora, las escuelas, universidades, bibliotecas, archivos, museos e institutos de investigación de todo el mundo, obligados a cerrar sus edificios, se encuentran compartiendo materiales en línea y proporcionando acceso remoto, pero solo donde las leyes de derecho de autor lo permiten. Sin embargo, estas y otras actividades críticas para superar la crisis no se realizan en todas partes, incluso cuando las suscripciones se han pagado por adelantado, porque no son legales.

Hemos visto pasos útiles de varios países, y de algunos titulares de derechos, para facilitar el acceso a artículos académicos y otros trabajos, materiales educativos y culturales, datos de investigación, bibliotecas químicas y medicamentos y dispositivos médicos necesarios que están sujetos a derechos de propiedad intelectual. Estos pasos deben ser elogiados. Pero se necesita mucho más. Y la OMPI puede ayudar a liderar el camino. 

Le instamos a utilizar su posición como líder del sistema mundial de propiedad intelectual para tomar medidas urgentes para guiar a los Estados miembros y a otros en su respuesta a los problemas de propiedad intelectual que el coronavirus está planteando. Estos pasos deberían incluir:

  • Alentar a todos los Estados miembros de la OMPI a aprovechar las flexibilidades en el sistema internacional que permiten el uso de obras protegidas por propiedad intelectual para la educación en línea, para investigación y usos experimentales, y para intereses públicos vitales, como el acceso a medicamentos y cultura;
  • Pedir a todos los titulares de derechos que eliminen las restricciones de licencias que inhiben la educación a distancia, la investigación (incluyendo la minería de texto y datos y proyectos de inteligencia artificial) y el acceso a la cultura, incluso a través de las fronteras, tanto para ayudar a abordar la pandemia global como para minimizar la disrupción causada por ella; 
  • Apoyar el llamado de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud para crear un “pool” o conjunto global de derechos de tecnologías y datos relacionados con COVID-19, así como promover el uso del Fondo de Patentes de Medicamentos, licencias voluntarias, prendas de propiedad intelectual, licencias obligatorias, uso de las leyes de competencia y otras medidas para eliminar las barreras a la fabricación, distribución y venta competitivas a nivel mundial de productos potencialmente efectivos para detectar, prevenir y tratar COVID-19.
  • Respaldar los derechos de los países para promulgar y utilizar excepciones al secreto comercial y otros derechos de propiedad intelectual necesarios para facilitar un mayor acceso a la información de fabricación, líneas celulares, información comercial confidencial, datos, software, prototipos de productos, procesos de fabricación y otros temas necesarios para lograr acceso universal y equitativo a los medicamentos y a las tecnologías médicas contra el COVID-19 tan pronto como sea razonablemente posible.

Creemos que la OMPI a través de su liderazgo puede mostrar su compromiso con el logro del desarrollo sostenible al tomar medidas rápidas y claras para garantizar que el sistema global de propiedad intelectual promueva la investigación, la educación, el acceso a la cultura y la salud pública. 

Atentamente,

Organizaciones (en orden alfabético) 

American Library Association, USA 

Amical Wikimedia

ANSOL – Associação Nacional para o Software Livre, Portugal

Aprender 3C, comunidad de conocimiento colaborativo

Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ, Argentina 

Biblioteca Nacional de Maestros – BNM, Argentina

Bibliotecarios Al Senado, Argentina

Center for Information Policy Research, School of Information Studies, University of Wisconsin-Milwaukee, USA

Centre for Intellectual Property Policy & Management (CIPPM), Bournemouth University, UK

Centre for Internet and Society (CIS), India

Center for Democracy & Technology, USA

Centrum Cyfrowe, Poland

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Colegio Colombiano de Bibliotecología – ASCOLBI, Colombia

Commons Foundation, South Korea

COMMUNIA International Association

Corporacion Innovarte, Chile

Creative Commons

Creative Commons Colombia

Creative Commons Ecuador

Creative Commons Portugal

Creative Commons Slovenia

Creative Commons Uruguay

Cyprus Internet Observatory – ellakcy

D3 – Defesa dos Direitos Digitais, Portugal

Derechos Digitales · América Latina

Digital Republic, Bulgaria

Digitale Gesellschaft, Germany

Education International (EI)

Electronic Information for Libraries (EIFL)

European Students’ Union (ESU)

Fundación Conector, Colombia

Fundación Karisma, Colombia

Global Expert Network on Copyright User Rights

Health GAP (Global Access Project)

Homo Digitalis, Greece

Proprietas (National Institute of Science and Technology), Brazil

Institute for Intellectual Property and Social Justice, USA

Intellectual Property Institute, Slovenia

International Council on Archives (ICA)

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

International Music Managers Forum

IP Unit, University of Cape Town, South Africa

ISUR, Colombia

Knowledge Commune, South Korea

Knowledge Ecology International (KEI)

Northeastern University’s Center for Law, Innovation and Creativity (CLIC), USA 

Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina

Partido Interdimensional Pirata, Argentina

Public Citizen

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed, Colombia

Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA – Copyright Network)

Tohatoha Aotearoa Commons, New Zealand

Treatment Action Group

Wikimedia Deutschland

Wikimedia España

Wikimedia Italia

Xnet, Spain

Young Pirates of Europe, Pan-European youth organization

Individuos (enumerados alfabéticamente, afiliaciones solo con fines de identificación) 

Fernando Ariel Lopez, Biblioteca Nacional de Maestros, Argentina

Valérie Laure Benabou, Université Aix-Marseille, France

Brook K. Baker, Northeastern U. School of Law, USA

Michael Birnhack, Faculty of Law, Tel Aviv University, Israel

Maja Bogataj Jančič, Intellectual Property Institute, Slovenia

Sara Bolaños Muñoz, Fundación Claroscuro, Ecuador

Alina Boyte, Mississippi College School of Law, USA

Brandon Butler, University of Virginia Library, USA

Beth Cate, O’Neill School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, USA

Jorge Contreras, University of Utah, USA

Carys Craig, Osgoode Hall Law School, York University, Canada

Tesh Dagne, Thompson Rivers University, Canada

Kathleen DeLaurenti, Johns Hopkins University, USA

Estelle Derclaye, University of Nottingham, UK

Graham Dutfield, University of Leeds, UK

Séverine Dusollier, Sciences Po Law School, France

Kristofer Erickson, University of Leeds, UK

Christine Farley, American University Washington College of Law, USA

Sean Flynn, American University Washington College of Law, USA

Alexandra Giannopoulou, University of Amsterdam, The Netherlands

Deborah Gleeson, La Trobe University, Australia

Eric Goldman, Santa Clara University School of Law, USA

Andres Guadamuz, University of Sussex, UK

Lucie Guibault, Dalhousie University, Canada

Henning Grosse Ruse-Khan, University of Cambridge, UK

Eldar Haber, University of Haifa, Israel

David Hansen, Duke University, USA

Naomi Hawkins, University of Exeter Law School, UK

Evelin Heidel, member, Creative Commons

Mandy Henk, Tohatoha Aotearoa Commons, New Zealand

Joachim Henkel, Technical University of Munich, Germany

Sileshi Bedasie Hirko, University of Ottawa, Canada

Cynthia Ho, Loyola University of Chicago School of Law, USA

Steven Jamar, Institute for Intellectual Property and Social Justice, Washington, DC, USA

Peter Jaszi, American University Washington College of Law, USA

Brandy Karl, Pennsylvania State University Libraries, USA

Ariel Katz, University of Toronto Faculty of Law, Canada

Howard Knopf, Macera & Jarzyna, LLP, Ottawa, Canada

Sapna Kumar, University of Houston, USA

Charalampos Kyritsis, student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece 

Christopher Lettl, WU Vienna, Austria

David S. Levine, Elon University School of Law, USA

Yvette Joy Liebesman, Saint Louis University School of Law, USA

Michael Madison, University of Pittsburgh School of Law, USA

Axel Metzger, Humboldt Universität, Berlin, Germany

John T. Mitchell, Interaction Law, USA

Jenny Molloy, University of Cambridge, UK

Peter Murray-Rust, ContentMine, UK

Kylie Pappalardo, Queensland University of Technology, Australia

Mathilde Pavis, Ph.D., University of Exeter, England, UK

Heesob Nam, Patent Attorney, South Korea

Caroline Ncube, University of Cape Town, Faculty of Law, South Africa 

Denise R. Nicholson, Specialist Copyright Librarian, South Africa

Janewa Osei-Tutu, Florida International University College of Law, Miami, Florida, USA

Laura Quilter, University of Massachusetts Amherst Libraries, USA

João Pedro Quintais, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, The Netherlands

Srividhya Ragavan, Texas A&M University School of Law, Fort Worth, Texas, USA

Julia Reda, former Member of the European Parliament, Germany

Dr. Hafiz Aziz ur Rehman, International Islamic University, Islamabad, Pakistan

Allan Rocha de Souza, Federal University of Rio de Janeiro – Program on Public Policy, Strategies and Development (PPED), Brazil

Ole-Andreas Rognstad, University of Oslo, Norway

Matthew Sag, Loyola University Chicago School of Law, USA

Rachael Samberg, University of California, Berkeley, USA

Joshua Sarnoff, DePaul University College of Law, USA 

Tobias Schonwetter, Faculty of Law, University of Cape Town, South Africa

Martin Senftleben, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, The Netherlands

Sepehr Shahshahani, Fordham Law School, USA

Katherine J. Strandburg, New York University School of Law, USA

Jessica Silbey, Northeastern University School of Law, Boston, Mass., USA

Virginia Inés Simón, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Francisco Silva Garcés, Red de Investigación de Conocimiento Libre, Ecuador

Uma Suthersanen, Queen Mary University of London, UK

Toshiko Takenaka, Ph.D., University of Washington School of Law, USA

Ellen ‘t Hoen LLM, PhD | Medicines Law & Policy

Sunita Tripathy, Researcher, Information Society, European University Institute, Florence, Italy

Andrea Wallace, University of Exeter Law School, UK

Ryan Whalen, University of Hong Kong Faculty of Law, Hong Kong

Owain Williams, University of Leeds, UK

John Willinsky, Graduate School of Education, Stanford University, USA

Andrea Zehetner, Patent Attorney, Germany

Esther van Zimmeren, University of Antwerp, Belgium

Firmas adicionales 

Organizaciones

Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la Rep̼blica Argentina РRENABI.AR

Canadian Association of Research Libraries

Biblioteca del Congreso de la Nación / Library of the National Congress, Argentina

GEDA – Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial /Universidade Federal do Paraná – Brasil

Nexa Center for Internet & Society

Asociación Chaqueña de Bibliotecarios – Argentina

Public Knowledge

Grupo de Invesetigación Plebio (Universidad Nacional de Colombia)

Creative Commons Nederland

Association of College and Research Libraries

Open State Foundation

Fundación Vía Libre (Argentina) 

Center for Media & Social Impact 

Red BibliotecasJuriRed

LWC Health 

Asociación de Bibliotecarios de Jujuy – Jujuy – Argentina 

Internet Archive 

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina

Individuos 

Alejandro Tomás Butler

Giulia Priora – Institute of Law, Politics and Development (DIRPOLIS), Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy   

Dick Kawooya  – University of South Carolina    

Isela Marí­a Mo Amavet – Biblioteca del Congreso de la Nación / Oficina Regional de IFLA para América Latina y el Caribe (Argentina)   

Nancy Marrelli – Concordia University   

Todd Mundle – Kwantlen Polytechnic University   

Dr Guido Noto La Diega – University of Stirling   

Marcos Wachowicz  – Universidade Federal do Paraná – Brasil   

Chidi Oguamanam – University of Ottawa   

Timothy Vollmer – University of California, Berkeley Library   

Marí­a Sol Terlizzi – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO   

Yaniv – Heled – Georgia State University College of Law   

Phet Sayo – International Development Research Center   

Liza Vertinsky – Emory Law School   

Luis Pestarini – Biblioteca del Congreso/Argentina   

Nora Edith Román – Biblioteca del Congreso de la Nación, Argentina   

Claudia Patricia Vaca González – Universidad Nacional de Colombia    

Karogo Ngotho – University of Nairobi S.O.L    

Begoña Glez Otero – Max Planck Institute for Innovation and Competition   

Oscar Lizarazo-Cortes – Universidad Nacional de Colombia   

Alejandro Lorenzo Cesar Santa – Biblioteca del Congreso de la Nación / Library of the National Congress, Argentina   

Lisa Macklem – University of Western Ontario   

Bernt Hugenholtz – Institute for Information Law, University of Amsterdam   

Enyinna Nwauche – Nelson Mandela School of Law, University of Fort Hare South Africa   

Yousuf Vawda – University of KwaZulu-Natal, South Africa   

Ray Corrigan – The Open University, UK   

Wendy Seltzer – World Wide Web Consortium   

Darius Whelan – University College Cork, Ireland   

Robin Sinn – Johns Hopkins University   

Jennifer Urban – University of California, Berkeley   

Desmond Osaretin Oriakhogba – University of Benin, Benin City, Nigeria   

Melissa Gold Fournier – Yale Center for British Art   

Martin Kretschmer – CREATe, University of Glasgow

Dick Kawooya, University of South Carolina

Patricia Aufderheide, University Professor, School of Communication, American University.

Luz Marina Umbasia, Legal Counselor, GHP Corp. 

Angelica Patiño, Director, Global Humanitarian Progress, GHP Corp. 

Anabel Tomatis, Bibliotecologo, ABISFE

Coenrad visser, Professor, University of South Africa

Stella Maris Caballero, Bibliotecaria, Particular 

Ruth Lopert, Adjunct Professor, Dept. of Health Policy & Management, George Washington University

Valbona Berdica, Director, Scientific Library of University “Luigj Gurakuqi” Shkoder, Albania

Jörg Hoffmann, Max Planck Institute for Innovation and Competition 

Eva Revitt, Librarian, MacEwan University 

Bashar Malkawi, Dean and Professor of Law, University of Sharjah 

Susana Soto, Director of Library Services, Universidad Abierta Interamericana

Vinodh Illangovan, Doctor, Labdemic

Sandeep Saluja, Senior Consultant, Saran Ahram

Erica Mogdans, Bibliotecaría/Licenciado, Biblioteca Pública De Las Misiones / ABGRA

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Tratado de libre comercio con Chile, TPP y propiedad intelectual: retirando la escalera del desarrollo

Equipo de CC Uruguay, septiembre 1st, 2016

Publicado en Mate Amargo el lunes 29 de agosto de 2016

El Poder Ejecutivo anunció hace algunas semanas que se encuentra negociando un tratado de libre comercio con Chile, cuyo texto final pretende firmar en setiembre u octubre y remitirlo al parlamento para su ratificación. La celeridad y secretismo de la negociación hacen temer que el parlamento tenga que actuar sobre una lógica de hechos consumados, sin discusión previa ni apropiación de la temática por parte de la sociedad.

El adjetivo de “tratado de última generación”, con que se ha catalogado este acuerdo, en realidad refiere a que no es un tratado de libre comercio propiamente dicho, sino que incorpora una serie de medidas que van mucho más allá del intercambio de productos con el país andino (con el que por otra parte, tenemos una balanza comercial difícilmente mejorable), adentrándose en una serie de áreas más amplias: desde la propiedad intelectual (derechos de autor, patentes, denominaciones de origen, entre otras), hasta cuestiones tan disímiles como las compras estatales y la política en telecomunicaciones, entre otras.

Como organización preocupada por el acceso a la cultura y al conocimiento, desde Creative Commons Uruguay siempre hemos cuestionado firmemente aquellos tratados comerciales que imponen la privatización del conocimiento y aumentan las restricciones para el acceso a la cultura. Por esa razón, prestamos especial atención a las cláusulas de los tratados que Uruguay negocia.

Hacer un análisis del tratado de libre comercio que el gobierno pretende firmar con Chile presenta un desafío importante, dado que las propuestas que se están negociando no fueron hechas públicas por ninguna de las partes. Esto es particularmente problemático, dado que afecta la posibilidad que tiene la ciudadanía de informarse y pronunciarse sobre un aspecto importante que hace a los intereses comunes.

No obstante, algunos de los documentos de la negociación se filtraron en los medios de comunicación. Según informó La Diaria, en materia de propiedad intelectual, Chile propone el modelo del Tratado Trans-Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés) o del TLC que firmó con Australia.

Derechos de autor

El TPP es un tratado que incorpora durísimas cláusulas privatizadoras de los bienes comunes de conocimiento. Su capítulo de propiedad intelectual impone un plazo mínimo de derecho de autor fijado en 70 años luego de la muerte de los autores, en oposición a la ley uruguaya y a todos los estándares internacionales, que establecen ese plazo en 50 años.

Una cláusula como esta obligaría a Uruguay a modificar su legislación, aumentando en 20 años el plazo de derecho de autor y privatizando así miles de obras culturales que hoy son de dominio público y forman parte de nuestro patrimonio común. Entre las obras que se privatizarían y que dejarían de estar libremente accesibles, se encuentran las de Felisberto Hernández, Joaquín Torres García, Carmen Barradas, Julio E. Suárez (Peloduro), Francisco Canaro, Susana Soca, Carlos Vaz Ferreira, Roberto de las Carreras, Juan José Morosoli, Líber Falco, Manuel Rosé, Petrona Viera, Enrique Amorim, Benjamín Fernández y Medina, Jules Supervielle y otros cientos de autores, nacionales y extranjeros. Por supuesto, el aumento del plazo en nada beneficiaría a los creadores, que ya han fallecido. Más bien, beneficiaría a unas pocas corporaciones del entretenimiento, en su mayoría extranjeras, que son las dueñas de los derechos de autor de las obras culturales del siglo XX.

Cabe recordar que en 2013 el gobierno descartó el aumento del plazo de derecho de autor a 70 años después de la muerte de los autores. Tal decisión se produjo gracias a un fuerte rechazo social contra la medida, luego de que la Cámara Uruguaya del Disco y Agadu intentaran colar, de manera disimulada, la propuesta en el Parlamento.

En materia de restricciones a la cultura, el TPP obliga además a endurecer la aplicación de medidas tecnológicas de restricción sobre los productos culturales, criminalizando el retiro de las “cerraduras digitales” incluso cuando existen razones de interés público. Por otra parte, traslada a los intermediarios privados el poder de policía sobre los contenidos que se publican en Internet, poniendo en riesgo la libertad de expresión. También limita la posibilidad de derogar las sanciones penales para las infracciones sin fines de lucro, mientras que aumenta los plazos de restricción de los derechos conexos a 70 años, ampliando hasta límites absurdos el monopolio de las empresas discográficas y de radiodifusión.

Además de la afectación al acceso a la cultura, un acuerdo comercial con Chile bajo los lineamientos del TPP, también impondría nuevas restricciones en materia de patentes, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas y obtenciones vegetales, que causarían graves perjuicios para la salud pública, el desarrollo tecnológico y la producción de alimentos.

Patentes

En lo relativo a patentes, el tratado con Chile obligaría a firmar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), lo cual tendría como efecto un enorme aumento del patentamiento extranjero en nuestro país, que ya al día de hoy implica aproximadamente el 90% de las patentes totales otorgadas. Según Cristina Dartayete, ex directora nacional de propiedad industrial, el PCT imposibilitaría copiar y adaptar tecnologías de otros países, lo cual afectaría el desarrollo tecnológico de Uruguay.

Tanto la obligación de firmar el PCT como otras disposiciones en materia de patentes, ampliarían y endurecerían el régimen de patentes de productos farmacéuticos y datos de prueba farmacológicos, afectando directamente a la industria nacional de medicamentos genéricos y haciendo aumentar drásticamente el precio de los medicamentos.

Marcas

Las cláusulas del TPP incluidas en la mesa de negociación del TLC con Chile incluyen la obligación de que Uruguay firme el Protocolo de Madrid referente al Registro Internacional  de Marcas. Dartayete explicó, en declaraciones a La Diaria, que este protocolo dispone que las marcas se registren en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y no en Uruguay, lo cual no solo quitaría soberanía al país sino que también sería inconstitucional. Afirmó que tales disposiciones del Protocolo de Madrid tienen el objetivo de que “las multinacionales ahorren plata”.

Indicaciones geográficas

En cuanto a las indicaciones geográficas, el tratado con Chile obligaría a Uruguay a reconocer una enorme cantidad de tales indicaciones como propiedad exclusiva de actores privados extranjeros. Uruguay, de hecho, no posee para negociar ni la cuarta parte de posibles indicaciones geográficas de Chile. Estas disposiciones tendrán como grandes perdedores a los productores agropecuarios y a la industria alimentaria nacional, dado que prohibirá la utilización de las denominaciones habituales para decenas de productos producidos en nuestro país. Esto implicará grandes costos para cambiar toda la denominación que identifica a nuestros productos locales, además de una eventual pérdida de mercado, dado que los consumidores tendrán dificultades para identificar adecuadamente los productos.

Obtenciones vegetales

Las obtenciones vegetales también podrían entrar en el tratado con Chile. El texto del TPP en el cual se basa la negociación, obliga a los países a adherir al convenio UPOV 91, que limita los derechos de los agricultores a guardar y reutilizar semillas, impidiendo a quienes no son obtentores de alguna variedad vegetal, reproducir sus ejemplares sin el permiso del obtentor y volver a plantarlos. Esto pondría en riesgo las prácticas habituales de una gran cantidad de agricultores medianos y pequeños de nuestro país, especialmente los agricultores familiares.

Conclusiones

Si bien el tratado que busca firmar el Poder Ejecutivo es un acuerdo bilateral con Chile, en muchas oportunidades se ha manifestado la intención de que este acuerdo sea la puerta de entrada para el TPP, que agrupa a países como Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón.

Desde un punto de vista más general, los tratados de libre comercio con países centrales que incorporan cláusulas restrictivas de propiedad intelectual, difícilmente puedan beneficiar a economías dependientes tecnológicamente y ampliamente consumidoras de conocimiento y de bienes culturales generados en los países centrales.

Las duras restricciones y el fortalecimiento de la propiedad intelectual impuestos por dichos países apuntan a mantener el intercambio desigual que ha signado buena parte de la historia de las relaciones comerciales del siglo XX. En la actualidad, ante la mundialización de las capacidades de crear dispositivos tecnológicos, desarrollar software o fabricar medicamentos, las naciones centrales que concentran la gran mayoría de las patentes, marcas y derechos de autor, se vuelcan a utilizar mecanismos legales de coerción que se incorporan tanto a nivel de la Organización Mundial de Comercio, como en nuevos tratados de libre comercio como el que nos atañe actualmente. Luego de haber alcanzado cierto grado superior de evolución tecnológica, los países centrales buscan -citando a Joon Chang- “retirar la escalera” del desarrollo cultural, científico y tecnológico de los países periféricos, para perpetuar la situación de dependencia mencionada.

Equipo de Creative Commons Uruguay

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Global Congress 2015: la propiedad intelectual y el interés público

Equipo de CC Uruguay, diciembre 28th, 2015

global-congress-2015

Creative Commons Uruguay participó en el 4º Congreso Mundial sobre la Propiedad Intelectual y el Interés Público (The Fourth Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest – 2015), que tuvo lugar entre el 15 y el 17 de diciembre en Nueva Delhi, India.

El 4º Congreso Mundial sobre la Propiedad Intelectual y el Interés Público es una reunión de más de 500 profesionales de la propiedad intelectual orientada al interés público de todo el mundo. Se busca el equilibrio entre los derechos e intereses de los usuarios y los de los titulares de derechos de PI, partiendo de la base de que las leyes de propiedad intelectual tienen el propósito de equilibrar la innovación y el acceso. Dicho congreso reúne a los investigadores, a la sociedad civil, a la industria y a los actores de los gobiernos encargados de la formulación de políticas, para una intensa participación en la que se discute acerca de las cuestiones relacionadas con el interés público y la PI.

Lamentablemente los avances en la defensa del interés público han resultado lentos, y seguimos discutiendo más o menos los mismos problemas que en anteriores ediciones del Global Congress: el acceso a los medicamentos, el acceso a la investigación científica, a la educación, a la cultura y a las tecnologías para el desarrollo, aunque cada año surgen nuevas propuestas y estrategias. Por esto, nos parece impostergable el trabajo de sensibilización sobre estos temas en la academia, en el Estado, en las organizaciones sociales y en la opinión pública en general.

Para aquellos que les interese el tema les compartimos el enlace al blog del Global Congress 2015, donde encontrarán entrevistas a diferentes expertos que hablan sobre los siguientes temas:

  • La industria de medicamentos genéricos de India basada en el uso de flexibilidades de los ADPIC, cuando la propiedad intelectual se enfrenta con el derecho a la vida. ¿Por qué han sido pocos los países que han aprovechado las flexibilidades de ADPIC?
  • Los Tratados Bilaterales de Inversión y sus efectos en asuntos de PI, ya que estos tratados consideran la PI como un activo de inversión. Las empresas multinacionales han adoptado la estrategia de accionar contra los países del tercer mundo firmantes de Tratados Bilaterales de Inversión y que apliquen flexibilidades de PI. También se habló de la denuncia de Philip Morris a Uruguay como un caso ejemplarizante que el resto del mundo sigue atentamente.
  • El problema de la falta de análisis de impacto de los efectos de la normativa de PI en los diferentes sectores.
  • El problema de acceso a materiales de estudio y las excepciones para educación.
  • Los desafíos del acceso abierto a la investigación científica (Open Access) y los problemas con algunos de los modelos de publicación de las revistas de acceso abierto.
  • Finalmente el «tema vedette» del Congreso fue el TPP (o TTP en español). Existe un consenso generalizado de que el TPP constituye un cambio de paradigma mundial en cuestiones de PI (como en su momento lo fue ADPIC) y de que los países en vías de desarrollo son los grandes perdedores. Los temas centrales de discusión fueron: 1) El TPP como amenaza a las flexibilidades en materia de patentes introducidas por la Declaración de Doha sobre las patentes y la salud pública. 2) Los efectos negativos del TPP en el equilibrio entre los derechos de autor y los derechos de acceso al conocimiento y a la cultura.

Esperamos que el Global Congress y la red de académicos y activistas que se ha formado en torno a él potencien el estudio académico de los impactos de la propiedad intelectual en temas de interés público. Creemos que la discusión y el debate informado, basado en argumentos racionales y en evidencia científica, pueden contrarrestar la histórica tendencia a legislar en base a información sesgada y parcial brindada por las industrias multinacionales de PI.

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Tweetdebate: movilízate por tus derechos

Equipo de CC Uruguay, abril 22nd, 2015

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El 26 de abril, la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) “celebra” el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. El 27 de abril, bajo el hashtag #WorldIPDay a las 16 hs de Uruguay, Argentina y Chile, 15 hs de Paraguay, 14:30 hs de Venezuela y 14 hs de Colombia, hacemos un tweetdebate sobre el impacto de la propiedad intelectual en nuestra vida cotidiana.

Desde las organizaciones latinoamericanas que promovemos una mirada crítica hacia la propiedad intelectual, hemos propuesto durante años una agenda alternativa a la convocatoria de la OMPI. Desde nuestras organizaciones creemos que lo justo no es movilizarse por la propiedad intelectual, sino por el derecho de todas y todos a la cultura.

Todos tenemos derecho a participar activamente de la vida cultural de nuestros países. Este derecho está reconocido en diversos pactos internacionales e implica que cada ciudadano tiene derecho a gozar de las artes y de los beneficios del progreso científico.

Para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho, es necesario que las personas puedan acceder y reapropiarse de las obras culturales de múltiples maneras, desde la parodia hasta la copia.

Las leyes de propiedad intelectual afectan negativamente el acceso a la cultura y al conocimiento, tus libertades en Internet, tus derechos sobre los dispositivos que compras e incluso el costo de tus medicamentos, la seguridad de los alimentos que consumes. Además, ponen en riesgo tu libertad de expresión, poniendo el beneficio de las grandes empresas del entretenimiento y la cultura sobre los tuyos.

Muchas veces, los autores son retratados como los principales beneficiarios de las leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, sabemos que casi siempre son los menos favorecidos.

Las leyes de propiedad intelectual suelen negociarse en tratados comerciales internacionales muy alejados de las políticas locales y que poco ayudan a mantener la soberanía de los países. Una vez aprobados estos tratados, la modificación posterior de las leyes de propiedad intelectual es muy difícil, debido a las duras sanciones que debe enfrentar el país que ose mejorar su legislación. Muchas veces, estos tratados comerciales se plantean como regulaciones que están por encima de los derechos humanos, lo cual es claramente falso.

Uno de los primeros tratados de este tipo se llama ADPIC (Aspectos de la Propiedad Intelectual Vinculados al Comercio), firmado ya hace 20 años. Tras él vinieron muchos otros, que buscan imponer restricciones cada vez más duras al ejercicio de tus libertades. Uno de ellos es el tratado de libre comercio que negocia el Mercosur con la Unión Europea. Otro es el TPP, tratado de libre comercio promovido por Estados Unidos que Perú, México y Chile negocian en secreto junto a otros 9 países. Lo mejor para nuestros países es alejarse de esos tratados y aprobar nuevas leyes que pongan el derecho a la participación cultural por encima de la propiedad intelectual.

Si quieres saber cómo es que estos tratados comerciales afectan tu vida cotidiana y tus derechos, únete a nuestro tweetdebate este lunes 27 de abril, en el marco del «Día Mundial de la Propiedad Intelectual». Nos juntamos bajo el hashtag #WorldIPDay a las 16 hs de Argentina, Uruguay y Chile, 15 hs de Paraguay, y 14 hs de Colombia.

El primer paso para cambiar es demostrar nuestro desacuerdo.

Organizan: Fundación Karisma, Creative Commons Uruguay, Fundación Vía Libre, ONG Derechos Digitales, TEDIC.

Actualización del 27/4/2015: El tuitdebate tuvo una gran participación, con un excelente nivel de intercambio de materiales e ideas. Pueden leer un resumen acá:

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