materiales de estudio

Libro “Bibliotecas ocultas”: capítulo sobre Uruguay

Equipo de CC Uruguay, mayo 10th, 2018

Como anunciamos en un post anterior, esta semana se publicó el libro “Shadow Libraries. Access to Knowledge in Global Higher Education” (Bibliotecas ocultas. Acceso al conocimiento en la educación superior a nivel global). La publicación, coordinada por Joe Karaganis, se puede encontrar y descargar en la web de MIT Press. En esta entrada compartimos con ustedes la traducción al castellano del capítulo sobre Uruguay, que funciona como coda a los capítulos previos que relatan casos de otros países.


Coda: Uruguay

Por Jorge Gemetto y Mariana Fossatti

Terminamos con una escena familiar. En una mañana de octubre de 2013, los estudiantes de la Universidad de la República en Montevideo se encontraron con un importante operativo policial en marcha. En coordinación con Interpol, la Dirección de Crimen Organizado de la Policía allanaba quince locales de fotocopiado en el área que rodea la Facultad de Derecho y detenía a treinta y dos personas (El País 2013a). El momento fue provocativo. La Facultad de Derecho, la más grande de la universidad con más de catorce mil estudiantes matriculados (Udelar 2013), estaba en período de exámenes. Las noticias de los allanamientos se difundieron rápidamente. Las imágenes de las detenciones y de las fotocopiadoras incautadas fueron televisadas y el tema se convirtió en una tendencia en las redes sociales, donde se produjo una avalancha de críticas.

En Uruguay, como en los otros países estudiados en este libro, las fotocopias no autorizadas siguen siendo el principal medio de acceso a los materiales de estudio universitarios (Rodés y Pérez Casas 2013), estando generalizadas en toda la comunidad académica y siendo facilitadas por los docentes. Los centros de estudiantes de casi todas las facultades tienen servicios de fotocopiado, donde también se realizan compendios de materiales y se ofrecen archivos digitales para el uso de los estudiantes. A medida que los materiales de estudio pasan gradualmente a los formatos digitales, el entorno virtual de aprendizaje de la universidad se ha convertido en una plataforma de distribución y almacenamiento de materiales, prestando poca atención a las licencias de uso.(1)

Como en muchos otros países de América Latina, todas estas formas de acceso a los materiales —en papel y digital— son ilegales según la ley de derecho de autor uruguaya y están sujetas a castigos que van desde multas hasta penas de cárcel.(2) La legislación uruguaya no tiene excepciones para la copia en contextos educativos. La ley, en efecto, convierte en delincuentes a la mayoría de los estudiantes y profesores.

Un cuestionario de 2012 de Rodés y Pérez Casas en la Universidad de la República reveló una amplia gama de obstáculos para el acceso a materiales de estudio. Más del 66 por ciento de los estudiantes dijeron que usaron fotocopias de porciones de libros; el 58 por ciento reconoció haber copiado libros enteros. El 57 por ciento de los estudiantes indicaron que comprar libros representaba una porción significativa de sus presupuestos totales.(3) Las bibliotecas representaban una importante fuente de acceso para el 49 por ciento de los estudiantes. Las descargas no autorizadas les seguían de cerca con el 43 por ciento.

Como en todas partes, los estudiantes indicaron sistemáticamente su preferencia por los materiales impresos en lugar de los digitales, incluyendo a quienes descargaron materiales. Alrededor del 56 por ciento de los estudiantes de este último grupo imprimen los materiales que descargan. Dichos números son un reflejo de la (aún) baja tasa de adopción de lectores electrónicos y tabletas (Rodés y Pérez Casas 2013).

Tal vez de manera predecible, entonces, la comunidad académica reaccionó fuertemente a los arrestos y las clausuras de los locales de copiado. Poco después de los allanamientos, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) publicó una declaración en la que reclamaba por el “acceso libre y democrático” al corpus completo del conocimiento humano (Montevideo Portal 2013). Unos días más tarde, los estudiantes realizaron una manifestación frente a la Facultad de Derecho para protestar por los allanamientos (El Observador 2013). El Centro de Estudiantes de Derecho, a su vez, lanzó una campaña de recolección de firmas para exigir un mejor acceso a los materiales de estudio y la reforma de la ley de derecho de autor, incluyendo la creación de excepciones educativas y la despenalización de las infracciones sin fines de lucro. La campaña recolectó 10.000 firmas y culminó con la entrega de un anteproyecto de ley a Danilo Astori, entonces vicepresidente de Uruguay (El País 2013b).

Al igual que en Argentina, donde la editorial pionera de libros económicos Eudeba comenzó a demandar a estudiantes en la década de 1990, los allanamientos marcaron el colapso de una generación anterior de estrategias de acceso. Las redadas fueron iniciadas por una denuncia de la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), que edita, distribuye y vende buena parte de los títulos que deben leer los estudiantes de la carrera de Derecho. La FCU es la heredera de la Oficina de Apuntes, fundada por estudiantes de Derecho de la Universidad de la República en la década de 1940 para hacer que los materiales educativos estuvieran más disponibles y fueran más asequibles. Oficialmente, la FCU mantiene sus objetivos originales e incluso hoy tiene vínculos formales con el Centro de Estudiantes de Derecho. Con el tiempo, sin embargo, la FCU se convirtió en una editorial comercial más convencional, ofreciendo descuentos a los estudiantes, pero ya sin abordar seriamente el problema de la asequibilidad. Al igual que en Argentina, los editores académicos dejaron de ser los principales defensores del acceso económico. Cada vez más, este problema quedó a cargo de los estudiantes.

La FCU goza de una posición privilegiada en la Facultad de Derecho porque los estudiantes son esencialmente un público cautivo. En este contexto, y al igual que la mayoría de las editoriales comerciales, produce pequeñas tiradas a precios elevados, deliberadamente por debajo de la matrícula estudiantil. La causa de esta distorsión fue ampliamente debatida en los meses posteriores a los allanamientos. La Cámara Uruguaya del Libro culpaba a las fotocopias de ser las causantes del modelo editorial de altos precios y tiradas pequeñas (180.com.uy 2013a). Los estudiantes, por su parte, culpaban a los altos precios de ser la causa de las fotocopias generalizadas (180.com.uy 2013b).(4)

En cualquier caso, las discusiones entre la Cámara Uruguaya del Libro y los estudiantes mostraban que el mercado legal, en su forma actual, no podía satisfacer las necesidades educativas. Una posición de compromiso había sido posible mientras no hubo una represión activa del mercado informal. Cuando la policía comenzó a allanar locales de fotocopias a instancias de la FCU, ese equilibrio se vio perturbado.

Pronto las diversas partes involucradas en la disputa recurrieron al Estado en busca de soluciones. El anteproyecto de ley presentado por el Centro de Estudiantes de Derecho fue una de estas demandas. Por su parte, la Cámara Uruguaya del Libro vio la oportunidad de exigir que se aumentaran las compras públicas para bibliotecas y la adquisición de licencias de libros electrónicos (Espectador 2013). Incluso otras partes en el debate propusieron la reinstauración de un sistema privado de recaudación destinado a compensar a los autores por las fotocopias. Esta estrategia ya se había probado a mediados de la década de 2000 a través de una sociedad llamada A.U.T.O.R., que tuvo dificultades para constituirse, en parte debido a la falta de transparencia con respecto a las regalías. Cesó sus operaciones en 2007, sin repartir ningún ingreso a los autores.

En la práctica, cada sector intentó sacar provecho de la crisis. En marzo de 2014, luego de un acuerdo con la FCU, la imprenta oficial del Estado (IMPO) lanzó una librería digital enfocada en materiales de estudio universitarios (El Observador 2014). El nuevo servicio bajó el precio de algunos materiales, pero se basó en herramientas de gestión de derechos digitales que monitoreaban el comportamiento de los usuarios e impedían copiar e imprimir los textos. Dentro de la universidad, las opiniones se dividieron en dos direcciones: una que se inclinaba por un acercamiento a las editoriales y la otra que apoyaba políticas de acceso abierto a materiales científicos y educativos. Los defensores del segundo enfoque tenían su propia estrategia basada en el apoyo a libros de texto de acceso abierto y en la creación de un repositorio institucional para materiales de acceso abierto llamado Colibrí (Conocimiento Libre Repositorio Institucional).

El debate suscitado a partir de los allanamientos de 2013 continúa desarrollándose en el sistema universitario, el sector editorial y el Estado. Las propuestas de soluciones han florecido, pero —como hemos visto en otros capítulos de este libro— el diseño de un sistema sostenible en el tiempo, legal e inclusivo sigue sin estar claro.

La reforma propuesta por los estudiantes se orientó a expandir las excepciones educativas al derecho de autor lo suficiente como para legalizar la mayoría de las fotocopias educativas. Sin embargo, las perspectivas de dicha reforma se atenuaron en 2016, frente a la oposición de las editoriales. Los editores lograron eliminar del proyecto disposiciones clave, como la excepción de copia personal (que permite un número limitado de copias para uso personal) y la despenalización de las infracciones sin fines de lucro. El proyecto de ley diluido que sobrevivió a este proceso sigue estancado en el Parlamento.

Los esfuerzos del Estado (como la librería digital de IMPO) se centraron en conseguir términos más favorables para las licencias digitales contratadas a los editores. El modelo de IMPO prometía precios más bajos que los equivalentes en papel, pero, como en otros esfuerzos relativos a librerías y bibliotecas digitales, dependía del respaldo de las editoriales para obtener licencias asequibles y un fácil acceso. Sin embargo, la forma en que estos conceptos se traducen en precios y términos de uso concretos sigue sin resolverse y la historia sugiere que las editoriales eventualmente cobrarán tanto como crean que el mercado puede soportar. Las grandes editoriales multinacionales, por su parte, tienen sus propios canales de distribución en línea y no han aceptado realizar acuerdos con IMPO. Los estudiantes, en tanto, generalmente han rechazado las herramientas técnicas de control impuestas por las editoriales sobre la copia e impresión de los materiales digitales (El País 2014). Como hemos visto en Uruguay y en otros lugares, las preferencias de los estudiantes se inclinan fuertemente hacia el formato papel, por un lado, y hacia las copias digitales gratuitas, por el otro.

La tercera fuente de presión proviene del sector universitario, que está tratando de ampliar la producción de libros de texto abiertos y el uso de repositorios abiertos para la investigación. Como hemos visto, el principal desafío es que estas iniciativas internalicen los costos que la universidad siempre ha externalizado en las comunidades de estudiantes y en las editoriales. Estos esfuerzos dejan abierta la cuestión de cómo financiará la universidad estos proyectos a largo plazo y si un ecosistema de libros de texto abiertos, en particular, puede crecer y competir eficazmente con el sector comercial en ausencia de esas garantías financieras.

Como ya se ha visto en otras partes de este libro, el principal obstáculo para el cambio es la complejidad y la resiliencia del statu quo. Para los estudiantes, las combinaciones ad hoc de compras, préstamos y copias de materiales son las más efectivas en la mayoría de las materias. Para los investigadores, estas combinaciones brindan acceso a la mayor parte de los trabajos académicos que necesitan. Para las editoriales, la copia informal erosiona el mercado comercial, pero también reduce la presión para soluciones no comerciales, como los modelos abiertos y las disposiciones de derecho de autor más flexibles. Para las universidades, el ecosistema mixto les ahorra asumir nuevos gastos, responsabilidades y obligaciones hacia sus estudiantes. Este es un momento donde las fuerzas están extrañamente equilibradas, con estrategias comerciales, modelos abiertos y vías no autorizadas de copiado que evolucionan y que ejercen, cada uno, distintas formas de presión. No hay ninguna razón para suponer que este equilibrio sea estable, pero, como ocurre con la mayoría de los sistemas complejos, los efectos de cualquier cambio significativo son difíciles de predecir. En la práctica, el conservadurismo organizacional y la inacción tienden a ganar. En Montevideo, el costo político de una crisis real por el acceso a los materiales de estudio fue demasiado alto. Las redes de locales de fotocopias reabrieron poco después de las redadas y los estudiantes volvieron a sus formas habituales de acceso. En Delhi, las editoriales y las universidades están librando una pelea acerca de si la universidad incorporará alguna parte de las copias que todos saben que se realizarán de todos modos. En cualquier caso, la creciente abundancia de investigaciones y materiales educativos, así como la diversidad de formas de copiarlos y distribuirlos, favorecen a los estudiantes. Depende de todas las partes hacer que su acceso sea más fácil y legal.

Notas

1. En el caso de la Universidad de la República, el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se introdujo en 2008 y utiliza el software Moodle.

2. La ley de derecho de autor uruguaya (9.739) data de 1937 y ha sido modificada varias veces. La más importante de estas modificaciones se produjo en 2003 con la aprobación de la Ley 17.616, que llevó a Uruguay a cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC dice poco sobre la aplicación y el tipo de sanciones, la ley respondió a la ansiedad de los titulares de derechos de autor acerca del aumento de la piratería de CD y DVD, agregando restricciones y aumentando las penas a un máximo de tres años de penitenciaría para las infracciones con fines comerciales. El texto de la ley está disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937 (accedido el 9 de mayo de 2018).

3. El cuestionario fue respondido por 771 estudiantes de la Universidad de la República. Los datos se presentan en Rodés et al. 2012 como parte de una investigación comparativa más amplia sobre las prácticas y actitudes de los estudiantes en torno a los libros, la digitalización y los materiales de acceso abierto.

4. En el transcurso de este debate, la entonces presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, Alicia Guglielmo, trató de replantear la cuestión en términos económicos, argumentando que las fotocopias amenazaban 1.200 empleos en el sector editorial (180.com.uy 2013a). Pero esta afirmación chocó con cierto escepticismo. Las fotocopias habían sido omnipresentes en la comunidad universitaria durante décadas, sin evidencias claras de crecimiento o declive durante el período. De acuerdo con los representantes de las editoriales, la piratería de libros en otros sectores es baja (DICREA 2009:37), lo que sugiere un problema limitado principalmente a los materiales de estudio.

Referencias

180.com.uy. 2013a. “Las fotocopias hacen inviable el trabajo editorial.” 22 de octubre. http://www.180.com.uy/articulo/36340 (accedido el 2 de marzo de 2017).

180.com.uy. 2013b. “Entre derechos y bibliotecas llenas de fotocopias.” 23 de octubre. http://www.180.com.uy/articulo/36345_Entre-derechos-y-bibliotecas-hechas-de-fotocopias (accedido el 2 de marzo de 2017).

DICREA. 2009. “Conglomerado Editorial. Plan de refuerzo de la competitividad.” http://www.cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/5535/1/conglomerado_editorial_plan_refuerzo_de_la_competitividad.pdf (accedido el 2 de marzo de 2017).

El Observador. 2013. “Estudiantes protestaron contra ilegalidad de fotocopias: ‘La solución es socializar, no privatizar.’” 24 de octubre. http://www.elobservador.com.uy/noticia/263511/estudiantes-protestaron-contra-ilegalidad-de-fotocopias-la-solucion-es-socializar-no-privatizar/ (accedido el 2 de marzo de 2017).

El Observador. 2014. “El lunes se estrena el primer servicio de libros digitales para estudiantes en Uruguay.” 5 de marzo. http://www.elobservador.com.uy/noticia/273224/el-lunes-se-estrena-el-primer-servicio-de-libros-digitales-para-estudiantes-en-uruguay/ (accedido el 2 de marzo de 2017).

El País. 2013a. “Allanan locales y estudiantes no saben qué hacer.” Octubre. https://web.archive.org/web/20170708062617/http://www.elpais.com.uy/informacion/allanan-locales-fotocopias-estudiantes-no.html (versión archivada por Internet Archive el 8 de julio de 2017, accedida el 9 de mayo de 2018).

El País. 2013b. “Estudiantes juntaron 10 mil firmas a favor de su campaña por fotocopias.” Noviembre. https://web.archive.org/web/20170708012939/http://www.elpais.com.uy/informacion/estudiantes-juntaron-firmas-favor-campana.html (versión archivada por Internet Archive el 8 de julio de 2017, accedida el 9 de mayo de 2018).

El País. 2014. “Fotocopias ilegales de libros no cesaron y habrá más denuncias.” 30 de noviembre. https://web.archive.org/web/20170609082855/http://www.elpais.com.uy:80/informacion/fotocopias-ilegales-libros-no-cesaron.html (versión archivada por Internet Archive el 9 de junio de 2017, accedida el 9 de mayo de 2018).

Espectador. 2013. “Cámara Uruguaya del Libro: ‘no se puede seguir estudiando en fotocopias (…) le está haciendo mucho daño a la sociedad.’” 28 de octubre. http://www.espectador.com/cultura/277054/camara-uruguaya-del-libro-no-se-puede-seguir-estudiando-en-fotocopias-le-esta-haciendo-mucho-dano-a-la-sociedad (accedido el 2 de marzo de 2017).

Montevideo Portal. 2013. “FEUU preocupada por caso fotocopias. Pasado de toner.” 24 de octubre. http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?217094 (accedido el 2 de marzo de 2017).

Rodés, V., and A. Pérez Casas. 2013. “Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República.” Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje, Departamento de Apoyo Técnico Académico, Comisión Sectorial de Enseñanza (Udelar), Informe Técnico. http://www.creativecommons.uy/wp-content/uploads/2018/05/Rodes-y-Perez-2013-Percepciones-actitudes-y-pr%C3%A1cticas-respecto-a-los-libros-de-texto-y-al-uso-de-libros-digitales-en-formatos-abiertos-por-parte-de-estudiantes-de-la-Universidad-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf (accedido el 9 de mayo de 2018).

Rodés, V., A. Pérez Casas, X. Ochoa, and I. Frango. 2012. “Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto, digitales y en formatos abiertos por parte de estudiantes de universidades de América Latina.” http://www.br-ie.org/pub/index.php/wcbie/article/download/1893/1656 (accedido el 9 de mayo de 2018).

Udelar. 2013. “Censo de estudiantes universitarios de grado Udelar—2012.” http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/30152/siteId/1 (accedido el 9 de mayo de 2018).

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Bibliotecas ocultas

Equipo de CC Uruguay, mayo 7th, 2018

Esta semana se publicó el libro “Shadow Libraries. Access to Knowledge in Global Higher Education” (Bibliotecas ocultas. Acceso al conocimiento en la educación superior a nivel global). El libro brinda un panorama del acceso a las investigaciones científicas y a los materiales de estudio en los países de medianos y bajos ingresos, incluyendo Uruguay, a medida que se expanden las oportunidades para ingresar a la educación superior pero no se problematiza el acceso a los materiales.

La edición es coordinada por Joe Karaganis, un investigador que viene estudiando el acceso informal a la cultura a través de libros como “Piratería de medios en las economías emergentes” y “Copy culture in the US and Germany“. Esta nueva investigación, publicada por MIT Press, pone el foco en los ecosistemas de acceso al conocimiento en la educación superior, desarrollando los casos de Rusia, Brasil, Sudáfrica, Polonia, India, Argentina y Uruguay. Bibliotecas digitales piratas, fotocopiadoras, editoriales de precios populares y muchas otras prácticas se combinan cuando el precio de acceder a la cultura está por encima de lo que la comunidad académica puede afrontar. La piratería es, por lo tanto, la forma principal en la que los estudiantes, docentes e investigadores acceden al conocimiento en los países menos desarrollados. Tener esto en cuenta es fundamental para evitar la criminalización, para revisar las leyes de derecho de autor y para desarrollar políticas de acceso abierto que atiendan las necesidades educativas.

El libro cuenta con una coda final que aborda la crisis de acceso a materiales de estudio de 2013 en Uruguay, cuando la policía allanó decenas de locales de fotocopiadoras en las cercanías de la Facultad de Derecho. El libro en su conjunto muestra que lo que ocurrió en Uruguay se enmarca en una problemática global que está atravesada por las desigualdades en la producción y acceso al conocimiento.

El libro se puede comprar en papel o descargar de manera libre desde el sitio web de MIT Press. Se encuentra bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

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Un proyecto por el derecho a estudiar

Equipo de CC Uruguay, abril 19th, 2016

Compartimos a continuación dos columnas escritas por miembros del equipo de Creative Commons Uruguay, a propósito de la media sanción dada en el Senado a la ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio. Las mismas fueron publicadas en La Diaria el 18 y 19 de abril.


Un proyecto por el derecho a estudiar

Columna de opinión.

La campaña que inició la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay este año se conoció rápidamente como una campaña “por el derecho a estudiar”. La consigna #DerechoaEstudiar se difundió por las redes sociales y mediante las movilizaciones estudiantiles, y se ganó la simpatía de toda la sociedad. Se sumaron los apoyos del PIT-CNT y organizaciones sociales.

Los estudiantes supieron explicarnos cómo estaba vulnerado su derecho a estudiar: los altos precios de los materiales de estudio impiden a muchos alumnos comprar obras fundamentales. Acceder mediante fotocopias o por medio de la plataforma digital EVA de la Universidad de la República son prácticas habituales, pero a la vez riesgosas. Ningún estudiante puede utilizar estos medios sin cometer un delito penal.

Pero los estudiantes también tuvieron la inteligencia, la valentía y la organización suficientes para presentar propuestas, desde exigir más fondos para publicaciones universitarias hasta distribuir tablets a los estudiantes con mayores dificultades. Una de sus propuestas pasa por una reforma legal. No una reforma legal cualquiera, sino la modificación de una de las leyes vigentes más viejas y menos conocidas, pese a que incide en las prácticas diarias de todas las personas: la 9.739, de 1937, que actualmente se llama Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Aun cuando la educación está consagrada en los pactos internacionales de derechos humanos suscritos por el país, no existe una “ley de derecho a estudiar”, “derecho al conocimiento” o “derecho a la cultura”. Si el legislador quiere favorecer estos derechos tiene que ir a modificar el derecho de autor. ¿Por qué? Porque la legislación en derecho de autor regula todas las acciones relacionadas con el uso de las obras que surgen del “dominio de la inteligencia” y se plasman en los medios de acceso que utilizamos cotidianamente.

El derecho de autor no se refiere sólo al autor propiamente dicho. Si bien sus primeros artículos lo tienen como protagonista, una larga serie que viene después regula las actividades de otros involucrados: traductores, productores, editoriales, herederos de los autores, el Estado, etcétera. En determinado momento, llega el turno de los derechos de los usuarios. Curiosamente, esto se lee en un apartado que se llama: “De la reproducción ilícita”.

En medio de un artículo (el 44) que establece todas las prohibiciones que pesan sobre las obras, y otro (el 46) que detalla las penas de prisión y multa por violar estas prohibiciones, hay una lista (artículo 45) que dice, por fin, lo que sí podemos hacer porque “no es ilícito”. Este listado constituye las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Pero estas excepciones son pobres y están desactualizadas. La última vez que se modificó en profundidad la ley fue para subir descomunalmente las barreras de acceso a la cultura, en 2003, pero no se tocaron estas excepciones.

En 2013 se sumó una: la que permite a personas ciegas o con baja visión hacer reproducciones que les faciliten el acceso al texto escrito. Fue un triunfo no sólo para las asociaciones de no videntes, sino también para las bibliotecas, centros de estudio e instituciones culturales, que van a poder brindar servicios de acceso a textos para un público dejado de lado por la industria editorial, que siempre estuvo obstinadamente en contra de este tipo de excepción.

Ese mismo año, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó un proyecto de ley para ampliar excepciones en favor de la educación. Esa es la llamada “ley por el derecho a estudiar”, que modernizará el derecho de autor para adecuarlo a las prácticas cotidianas reales de los estudiantes, a los medios tecnológicos actuales y a la agenda de derechos contemporánea. Se otorgan permisos fundamentales para el uso con fines educativos, el préstamo bibliotecario, la copia de preservación, la traducción en bibliotecas, la reedición de obras huérfanas (cuando no se puede dar con su autor) y la copia para uso personal, y se despenaliza la reproducción sin fines de lucro. Todas excepciones razonables, ampliamente adoptadas en el mundo, no restringidas por ningún tratado internacional y, por el contrario, alentadas por el mismo Convenio de Berna sobre derechos de autor.

El proyecto de ley salió de la Comisión de Educación del Senado con apoyo unánime de sus integrantes y alcanzó media sanción el 13 de abril. Fue aprobado en general por todos los partidos, aunque la oposición cuestiona algunos numerales en particular. De aprobarse en Diputados, esta ley no nos pondrá a la vanguardia en derechos de los usuarios, aunque tampoco dejará en desventaja a los autores ni a la industria editorial, como rápidamente salió a denunciar la Cámara Uruguaya del Libro. Apenas estaremos restableciendo un equilibrio que, sin quitar ningún derecho a los autores, ampara generosamente, en la misma ley que protege a estos, a los estudiantes, autores del futuro. ¡Que la ley de derechos de autor sea al mismo tiempo una ley de derecho a estudiar!

Por Mariana Fossatti, integrante de Creative Commons. Publicado en: http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/un-proyecto-por-el-derecho-a-estudiar/


Una iniciativa imprescindible

En la edición del viernes 15/04/16 de la diaria, Marcelo Pereira publicó la columna “Una iniciativa impensada” (http://ladiaria.com.uy/UKC), en la que plantea reparos al proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores el miércoles 13 y avanza hacia su aprobación definitiva.

En primer lugar, Pereira afirma que la excepción de copia para uso personal provocaría que dejara de tener sentido la producción comercial de libros. Esta afirmación no se sostiene en la teoría ni en los hechos. En los hechos, la copia para uso personal, aun siendo considerada ilegal, es desde hace décadas una práctica cotidiana y socialmente admitida en nuestro país, que se ha potenciado con la democratización del acceso a internet. Lejos de arruinar el negocio editorial, los datos oficiales que se desprenden de la encuesta de consumos culturales de 2014 (http://ladiaria.com.uy/UKD) demuestran que en la última década, a medida que aumentaron las descargas de internet como forma de consumo de libros, también lo hizo la compra de ejemplares en librerías. Mientras tanto, los datos del conglomerado editorial (http://ladiaria.com.uy/UKE), relevados por el Departamento de Industrias Creativas del Ministerio de Educación y Cultura, confirman que la publicación de títulos, medida en cantidad de ISBN solicitados, ha aumentado en los últimos años [ISBN son las siglas en inglés de Número Estándar Internacional de Libros o Número Internacional Normalizado del Libro, el identificador de las ediciones comerciales].

En cuanto a lo que pasa fuera de nuestras fronteras, la excepción de copia para uso personal se encuentra presente en más de 40 países. La redacción dada en el proyecto de ley se basa en variantes similares de Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Sudáfrica y muchos otros países. En ninguno de los mencionados existe evidencia de que esta excepción haya causado perjuicio a la industria editorial ni a la cultura. En suma, lo que hace la excepción de copia para uso personal es simplemente reconocer una práctica inocua para la industria y que, en cambio, tiene fuertes beneficios en términos de derechos humanos, dado que ampara un comportamiento tendiente a satisfacer el derecho de acceso a la cultura y a la educación.

Desde el punto de vista teórico, el argumento de Pereira se basa en el preconcepto de que cada copia de una obra implica una venta menos. Tal prejuicio, propagandeado por las multinacionales del entretenimiento, ha sido ampliamente rebatido, reconociéndose que el concepto microeconómico de la sustitución de ventas es complejo y depende de las preferencias del consumidor y de la relación precio/ingreso. Cuando descargamos uno o varios artículos buscando información sobre una afección médica que nos preocupa, cuando descargamos una imagen para usar de protector de pantalla, cuando hacemos una copia para escuchar en el celular de un CD que compramos, o cuando previsualizamos un archivo en nuestro navegador (copia técnica temporal), estamos ante casos de copias para uso personal por las que no estamos dispuestos a pagar.

La amplia mayoría de las copias para uso personal consiste en ventas que jamás se concretarían de acuerdo con la relación costo/beneficio que hace el consumidor. El titular no pierde regalías por una operación que nunca se concretará y que, en muchos casos, ni siquiera involucra contenidos ofrecidos comercialmente. De manera complementaria, en los últimos años se ha estudiado precisamente el efecto contrario de las copias digitales. Se ha constatado que la existencia de copias digitales actúa en ciertos casos como herramienta indirecta de marketing, ya que permite al usuario saber de antemano si el material le interesa y potencia la recomendación de persona a persona, todo lo cual tiene como efecto el aumento de ventas del ejemplar físico.

Lo que con toda razón les importa al autor y a la editorial es que no exista un mercado secundario de obras que les genere perjuicio, y eso es justamente lo que garantiza la ley aprobada por el Senado. Sólo los particulares (personas físicas) podrán hacer copias por sus propios medios (no en locales comerciales), como ya lo vienen haciendo cotidianamente pero de manera ilegal. Las copias para uso personal no son transferibles, cedibles ni vendibles. La publicación no autorizada de obras en internet y en cualquier otro medio seguirá siendo ilegal. La venta al público no autorizada seguirá siendo castigada con durísimas penas de penitenciaría.

Tal como afirma Pereira, es necesario buscar alternativas a la actual cadena de producción y comercialización de obras, alternativas que sirvan para brindar mayor compensación a los autores, quienes hoy reciben, cuando tienen suerte, 10% del precio de venta al público, y en el peor de los casos no reciben nada o incluso tienen que pagarles a las editoriales por publicar. Esta situación calamitosa no es culpa de los estudiantes ni del público, quienes necesitan acceder a los materiales educativos y culturales, sino de empresas intermediarias voraces.

Por último, no queremos pasar por alto la crítica indirecta que Pereira realiza a la nueva agenda de derechos. Pereira dice que estamos en un tiempo en el que hay “una extensión del concepto de derechos que lo acerca a la idea de que todo deseo debería ser satisfecho”. Así, desliza una equivalencia un poco burda entre derecho y “cualquier deseo”. Los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los cuales está el de toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, no parecen tener su origen en la avidez descontrolada de los individuos deseantes, sino en una postura altamente debatida en discusiones fuertemente politizadas en la década de 1940, y posteriormente volcada en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto es de cumplimiento obligatorio para los países que lo suscriben, incluyendo a Uruguay.

Interpretar este derecho humano como un deseo caprichoso parece justificar que una persona que “desea” conocimientos pueda no obtenerlos y que eso sea correcto. “Gozar” de las artes, como dice la Declaración Universal, parece ser algo demasiado sucio desde la visión de Pereira. No son las elites ilustradas, como él afirma, sino los estudiantes y trabajadores quienes piden esta ley. El rechazo a que la gran masa social pueda contar con una pequeña válvula de escape para acceder a la cultura recuerda el pensamiento de las viejas elites medievales y conservadoras. Pero en su renovada versión capitalista: ya no se prohíbe el acceso al conocimiento por un tabú religioso o moral, sino lisa y llanamente por no tener plata suficiente.

Por Jorge Gemetto y Patricia Díaz, integrantes de Creative Commons. Publicado en: http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/una-iniciativa-imprescindible/

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Carta de organizaciones sociales en apoyo al proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio

Equipo de CC Uruguay, abril 12th, 2016

Las organizaciones firmantes de esta declaración solicitamos a los miembros del Senado que aprueben este miércoles 13 de abril la media sanción al proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, impulsado por estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales de nuestro país.

Dicho proyecto incorpora limitaciones y excepciones a la ley de derecho de autor, beneficiando a estudiantes, docentes, bibliotecarios, investigadores y a todas las personas en cuanto al acceso a materiales culturales y educativos. El proyecto a consideración del Senado aporta un nuevo equilibrio a la ley de derecho de autor, en el cual se tienen en cuenta los derechos a la cultura y a la educación, los cuales son derechos humanos consagrados en numerosos tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Con esta ley dejarán de ser delitos penales prácticas y actividades socialmente valiosas como las copias para estudiar, la educación online, la preservación de libros en bibliotecas y la copia para uso personal. Asimismo, las reproducciones sin fines de lucro y sin intención de perjudicar al autor dejarán de tener sanción penal, lo cual hasta el día de hoy puede desembocar en penas de multa o su equivalente en prisión para los infractores.

En definitiva, el proyecto actualizará al siglo XXI la ley de derecho de autor, reconociendo como derechos culturales un conjunto de prácticas que hoy nuestra ley considera delitos.

Manifestamos nuestra solidaridad con el movimiento estudiantil que viene reclamando desde hace años por su derecho a estudiar y confiamos en que nuestros legisladores y legisladoras sabrán brindar respuesta al reclamo de la ciudadanía, dándole este miércoles la media sanción a la ley.

Apoyan esta declaración

AMARC Uruguay

Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)

Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CaInfo)

Centro de Estudios de Software Libre (CESoL)

Colectivo Espika

Cotidiano Mujer

Creative Commons Uruguay

DATA Uruguay

Derecho a la Cultura

El Abrojo

Mujer Ahora

Mujer y salud en Uruguay (MYSU)

PIT-CNT

Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Udelar (ProEVA)

REDCON – Consumidores en Red de Confianza

Uruguay Libre de Megaminería

Wikimedia Uruguay

 

 

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Entrevista a CC Uruguay: fomentando el uso de licencias libres en la universidad

Equipo de CC Uruguay, enero 30th, 2015

Hace unos días la cooperativa Punto Abierto, que trabaja en temas de tecnologías y diseño libre, nos hizo una entrevista para su blog. Se interesaron en la situación del acceso al conocimiento en Uruguay, la libertad para compartir y el acceso a materiales de estudio. A continuación republicamos la entrevista. La nota original se puede leer en este enlace.

En Uruguay se inauguró hace no mucho un nodo local de Creative Commons, que destaca por su estrecha relación con instituciones públicas. Este nodo está logrando un importante avance en la apertura y libertad de acceso a materiales como las investigaciones y publicaciones científicas. En diciembre acudimos a la presentación de proyectos creados por Creative Commons Uruguay y nos encantaron muchas de sus iniciativas, muy necesarias para la libertad de informarse y acceder a distintos contenidos. Compartimos con vosotras una entrevista que hicimos de forma colectiva y se respondió de igual modo por todo el colectivo de Creative Commons Uruguay.

 

Punto Abierto: ¿Cuándo se creó Creative Commons Uruguay y cómo surgió la idea? ¿Hubo algún momento clave para que se formase el grupo de personas que posteriormente formó CC.Uy?

Creative Commons Uruguay: Arrancamos entre fines de 2012 e inicios de 2013 con la iniciativa de promover un capítulo local de Creative Commons. El equipo de ProEVA (responsable del entorno virtual de aprendizaje de la universidad) venía manejando la idea desde hacía un tiempo, pero no se había dado hasta el momento. Por otro lado, había un movimiento de música libre que se forma a partir de varios sellos que estaban usando las licencias desde hacía muchos años. Además se estaba formando Wikimedia y desde hacía poco existía Ártica. La comunidad de software libre estaba activa desde hacía mucho tiempo.

En el 2012, a raíz de la participación en el LibreBus Cono Sur, una gira de cultura libre por varios países de América del Sur que pasó por Uruguay, nos encontramos entonces todos estos activistas de cultura libre que hasta el momento estábamos dispersos y ese fue el impulso que faltaba. Unos meses después concretamos la idea de crear CC Uruguay.

Corto sobre LibreBus Cono Sur

PA: ¿Cuál es la situación actual de los derechos de autores y autoras en Uruguay?

CC.Uy: Tenemos una ley de 1937, que se actualizó muy pocas veces, y mayormente para volverse más restrictiva. La ley 17.616 de 2003 modificó a la 9.739 de 1937 casi exclusivamente para aumentar los plazos de restricción por derecho de autor y extender las facultades exclusivas de los propietarios de los derechos al ámbito digital. En 2013 se propuso un nuevo aumento, de 50 a 70 años después de la muerte del autor, pero esa propuesta fue retirada del Parlamento por la movilización de la sociedad civil. Prácticamente, esa fue la primera vez en la historia que se expresó en nuestro país una clara resistencia social a que la propiedad intelectual continúe recortando derechos a la ciudadanía.

Pero esa resistencia social se volvió a expresar poco después frente a la clausura de locales de fotocopiado estudiantil en 2013, que motivó una protesta y una nueva propuesta de reforma, esta vez en favor de los usuarios. Esa propuesta fue presentada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y lo que hacía era agregar excepciones al derecho de autor en favor de la actividad de enseñanza y de las bibliotecas, entre otros aspectos. Entró como proyecto al Parlamento en 2014 con la firma de todos los partidos, pero al no ser tratada en este período de gobierno que está finalizando, ya pierde estado parlamentario.

Nuestra actual legislación tiene muy pocas excepciones al monopolio exclusivo del derecho de autor. Las que hay son estrechas y anacrónicas, por lo que no se adaptan al contexto actual. Lo más urgente es establecer excepciones con fines de estudio, investigación, preservación, préstamo bibliotecario, libertad de panorama, rescate de obras huérfanas, copias temporales de archivos (como las que suceden en cualquier computadora), copias de respaldo e ingeniería inversa. Desde nuestra perspectiva, además, deberían ser legales los intercambios entre personas, sin fines de lucro, como los que suceden en las redes P2P. Habría que derogar también el pago por uso del dominio público, una norma absolutamente anómala que implica que hay que pagar a la gestión colectiva para hacer uso de cualquier obra en dominio público (ese pago es en favor del Estado, pero lo administra la entidad gestora de derechos de autor, que es privada, y muchos de los pagos los realiza el mismo Estado).

Pero también hay que reconocer un cambio legislativo favorable que ya se ha conquistado, y es la excepción en favor de personas con discapacidad visual. Uruguay fue uno de los primeros países en ratificar el tratado de Marrakech que permite que las personas con dificultades visuales obtener copias de textos accesibles. Ahora faltaría que se reglamentara la nueva norma y que en los hechos existan políticas públicas para favorecer la adaptación y disponibilidad de textos en formatos accesibles.

PA: ¿Cuáles han sido vuestros proyectos en 2014 desde que existe Creative Commons Uy? ¿Cómo ha respondido la sociedad?

CC.Uy: El 2014 fue un año muy intenso, con proyectos como: el tercer festival de música libre, los cursos y talleres para bibliotecarios, estudiantes, docentes y artistas, la construcción del escáner de libros DIY, el impulso a proyectos de digitalización del patrimonio cultural, la creación de la base de datos de autores del Uruguay, la llegada de nuevos voluntarios, la oficialización de CC Uruguay como capítulo afiliado a Creative Commons, la colaboración con el Estado, la participación en debates y en diferentes eventos, la presencia de Jérémie Zimmermann en Uruguay, el lanzamiento del repositorio institucional de acceso abierto de la UdelaR y muchas cosas más.

Creemos que ha sido buena la respuesta desde la sociedad y que eso se refleja en la excelente convocatoria a voluntarios/as que se postularon para sumarse a estos proyectos (fueron más de 100). Desde los medios de comunicación también sentimos que se está generando la necesidad de informar sobre Creative Commons y dar cuenta de los actuales debates en torno a la propiedad intelectual y el acceso a la cultura, lo que nos resulta muy alentador.

PA: ¿Han sentido que la sociedad o colectivos de autores, productores o científicos se ha implicado y se ha hecho eco de la labor que realizan desde CC.uy? ¿Qué grupos han tenido mayor implicación?

CC.Uy: Hemos tenido muy buena vinculación con bibliotecarios/as, docentes, revistas científicas de acceso abierto y con la comunidad de música libre, así como la del software libre. También hemos recibido apoyo de gente de otras disciplinas, como historietistas, artistas visuales y escritores.

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PA: Estuvimos conversando con Derechos Digitales de Chile, y nos hablaron del fomento de Open Access para estimular el trabajo científico. En Uruguay, el trabajo desarrollado por CC.uy está muy vinculado a la UdelaR (Universidad de la República). ¿Esto facilitaría un crecimiento mayor de la apertura de investigaciones y publicaciones científicas con licencias libres?

CC.Uy: Las personas vinculadas a la UdelaR (Universidad de la República Oriental del Uruguay) dentro del equipo de Creative Commons contribuyeron con la redacción de la ordenanza que crea el repositorio de acceso abierto Colibrí (Conocimiento Libre Repositorio Institucional) para que se incorporen las licencias CC. A medida que se incluyan más trabajos científicos al repositorios, más personas de la comunidad académica van a comprender y experimentar los beneficios del acceso abierto. Esto facilitará dar a conocer las ventajas de publicar investigaciones con licencias que permitan como mínimo descargar copias de los trabajos, pero también traducirlos, adaptarlos y utilizarlos libremente de distintas maneras. En investigación y educación, donde son mucho más importantes los beneficios sociales de compartir que los beneficios de un posible “modelo de negocios” basado en la propiedad intelectual, es en donde se hacen más notables las ventajas del libre acceso al conocimiento. Es claro que todo el mundo debería poder beneficiarse de los recursos públicos volcados a la investigación y la enseñanza pública, comenzando por la propia comunidad académica.

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