acceso a la cultura

Reforma del derecho de autor: puesta al día de las alternativas que se discuten en el Parlamento

Equipo de CC Uruguay, Mayo 13th, 2017

Imagen: Karen Arnold. CC0.

Durante los últimos días hubo novedades sobre la reforma de la ley de derechos de autor. Tal como informaron La Diaria, El País y M24, entre otros medios, se reavivó la discusión parlamentaria sobre el tema. En este texto buscamos hacer una puesta al día de la situación, explicando nuestra posición sobre las alternativas más convenientes.

Reseña histórica

Para entender las novedades actuales, es necesario un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva más de tres años. En octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a las fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República, donde los estudiantes conseguían sus materiales de estudio, pusieron de manifiesto la profunda inadecuación de la ley 9.739 de derechos de autor, sancionada en el año 1937, respecto a las necesidades actuales de acceso a la cultura y a la educación. Esa ley, que brinda un monopolio casi total sobre las obras a los titulares de derechos, prácticamente no tiene excepciones para usos socialmente justos y valorables como las actividades de educación, el trabajo de las bibliotecas, el acceso a la ciencia y a la cultura. Para peor, fue endurecida en 2003 en respuesta a imposiciones de la Organización Mundial del Comercio.

El rechazo social que trajo la aplicación de esta ley anacrónica creó conciencia sobre la necesidad de reformarla, incluyendo en nuestra legislación las excepciones y disposiciones básicas para amparar los derechos a la educación y a la cultura, consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos.

En 2013 el Centro de Estudiantes de Derecho presentó un proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, contemplando algunas de estas excepciones, que no llegó a ser tratado por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El proyecto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogía los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadía la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción al proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia ampliar los derechos culturales de la ciudadanía. Sin embargo, luego de la media sanción, surgió una reacción furibunda y desproporcionada de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), que afirmaban falazmente que el proyecto va contra los derechos de los editores y autores. Como sabe cualquier persona interesada en el tema, toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto aprobado en el Senado también incorpora el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, dado que ampara la posibilidad de hacer parodias, citas o fotografías de obras en espacios públicos, entre otras disposiciones. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, sensato y que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay, respecto de otros países, en este tema. Por poner solo un ejemplo, Uruguay es hoy uno de los escasísimos países que no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas.

Las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema y que solicitaron estar presentes, entre las que había instituciones y colectivos docentes, de bibliotecas, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien originalmente la CUL y Agadu afirmaban oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron borrar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. El problema de esto es que, de aprobarse la propuesta del acuerdo Agadu – FEUU – CUL, el Parlamento estaría legitimando involuntariamente muchas de las restricciones injustas y anacrónicas que en principio buscaba superar y que, si bien son entendibles en una ley de hace 80 años, son inaceptables en una norma contemporánea.

A modo de ejemplo, aunque parezca absurdo, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país. Atendiendo este problema, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar obras, como lo hacen siempre, pero ahora de manera legal. En cambio, el acuerdo Agadu – FEUU – CUL restringe el préstamo únicamente a obras expresadas por escrito, dejando afuera libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Si bien toda persona puede entender que las disposiciones anacrónicas fijadas en leyes antiguas caen por desuso, ¿cómo se puede justificar que una ley de 2017 prohíba a las bibliotecas prestar, sin ningún fin de lucro, todo tipo de materiales excepto textos?

Nuestra posición

Desde Creative Commons Uruguay solicitamos asistir a las comisiones de educación y cultura del Senado y de la Cámara de Representantes, donde dimos nuestra opinión favorable sobre el proyecto de ley que terminó recibiendo media sanción en la Cámara Alta, y fuimos más allá, planteando la necesidad de profundizar el capítulo de limitaciones y excepciones, incluyendo una cláusula de uso justo, que brinda un grado mayor de amparo legal para las prácticas cotidianas de acceso a la cultura que no afectan la normal explotación de las obras.

Luego de la media sanción en el Senado, nos sumamos a una campaña ciudadana impulsada desde la plataforma todosganamosderechos.org, desde la cual se juntaron cientos de firmas de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura que apoyan el proyecto emanado del Senado.

También nos sumamos a un conjunto de diez organizaciones sociales que firmaron un documento conjunto donde respaldan el proyecto del Senado.

Una vez que Agadu, FEUU y CUL presentaron el acuerdo surgido de aquella negociación desbalanceada, hicimos un análisis minucioso comparando el proyecto aprobado por el Senado con el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, y definimos a tal acuerdo como un acuerdo insuficiente. En dicho análisis hay una explicación, artículo por artículo, de por qué dicha propuesta retrocede en derechos con respecto al proyecto del Senado. Planteamos que el acuerdo Agadu – FEUU – CUL deja por el camino importantes contenidos que recibieron anteriormente el apoyo de todo el sistema político, desnaturalizando las excepciones educativas y para bibliotecas, afectando la libertad de panorama, y eliminando de plano la despenalización para usos sin fines de lucro y la copia para uso exclusivamente personal, entre otros aspectos.

Perspectiva a futuro

A pesar de los inconvenientes que saltan a la vista en el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, algunas bancadas de la Cámara de Representantes argumentaron el año pasado que era preferible aprobar dicho acuerdo dado que, a pesar de las falencias, era el resultado de una negociación representativa. Sin embargo, a lo largo de los meses, cada vez más reclamos empezaron a alzarse en contra de esa visión, dejando en claro que una verdadera representatividad incluye a muchas más voces. En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de instituciones universitarias, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del mismo Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo Agadu – FEUU – CUL y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Entre otros argumentos, se escuchó el llamado a que exista una normativa efectiva de limitaciones y excepciones, que no se discrimine entre estudiantes de instituciones públicas y privadas, y que no se pongan límites injustificados al derecho a estudiar y a las bibliotecas.

Como contamos al comienzo del artículo, en los últimos días varios medios de prensa informaron que la bancada del Frente Amplio retrasó su decisión sobre este tema, justamente a partir de los reclamos sociales para que la ley que finalmente se apruebe contenga una visión plural y lo más cercana posible al espíritu original del proyecto surgido en 2013 y aprobado en Senadores.

Desde Creative Commons Uruguay apoyamos estos reclamos y esperamos ser recibidos nuevamente por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para plantear nuestra posición. Confiamos en que el Parlamento escuche a las organizaciones sociales dejadas de lado en el Acuerdo Agadu – FEUU – CUL y que priorice los argumentos sensatos de la ciudadanía sobre las meras presiones corporativas de las cámaras empresariales. Así es que se podrá llegar a una ley justa, equilibrada y progresista que regule la cultura atendiendo a los derechos de todas y todos.

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Hacia la implementación del Tratado de Marrakech en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, Abril 17th, 2017

*Artículo publicado originalmente en creativecommons.org

El “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso” constituye un hito en la relación entre los derechos de autor y los DD.HH., siendo el primer tratado internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) consagrado con el objetivo exclusivo de proteger los derechos de acceso a la cultura y el conocimiento.

Dicho Tratado fue aprobado en el ámbito de la OMPI en el año 2013 y entró en vigor el 30 de setiembre de 2016. Desde su aprobación y ratificación, varios Estados parte se encuentran trabajando para lograr su efectiva implementación a nivel nacional.

La implementación del Tratado de Marrakech

Dos aspectos clave a tomar en cuenta para la implementación de Marrakech en las legislaciones nacionales son:

1) Marrakech constituye un mínimo de protección. Las cláusulas mandatorias del tratado incluyen la obligación de establecer como mínimo las siguientes excepciones o limitaciones relacionadas con el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso:

  • Excepción o limitación para la producción de obras en formatos accesibles.
  • Excepción o limitación para la distribución y comunicación al público de obras en formatos accesibles.
  • Excepción o limitación para la exportación (transferencia internacional) de obras en formatos accesibles.
  • Excepción o limitación para la importación (introducción al país) de obras en formatos accesibles.
  • Excepción a las Medidas Tecnológicas de control de Acceso (DRM)

Si bien en el cuerpo del Tratado se sugieren modelos de implementación para estas excepciones, estos modelos no son vinculantes. Las Partes Contratantes podrán incluir limitaciones y excepciones distintas a las previstas o con un mayor alcance, en la medida que se cumpla con la regla de los tres pasos presente en todos los acuerdos de DA y conexos.

2) La clave del éxito de Marrakech depende de la creación de redes internacionales con procesos ágiles de producción e intercambio de ejemplares accesibles, procurando evitar la duplicación de esfuerzos.

La mayor innovación del Marrakech es, sin lugar a dudas, la instauración de un régimen internacional de transferencia internacional de ejemplares en formato accesible, facilitando el intercambio y fortaleciendo la eficiencia de aquellas entidades habilitadas a realizar la producción y distribución de este tipo de obras. Estas instituciones deben contar con un marco normativo claro y compatible con el de las entidades de otros países. Un país miembro podrá establecer como requisito suficiente para la exportación que el país haya ratificado Marrakech o que su legislación lo permita, pero también podrá disponer otro tipo de restricciones. Esto último podría dificultar enormemente el análisis de la legalidad de la transferencia, operando de barrera en el intercambio. La redacción óptima de esta excepción será siempre la más simple y menos restrictiva.

El régimen de cooperación internacional encaminado a facilitar el intercambio transfronterizo previsto en Marrakech establece a la OMPI como punto de acceso a la información, por lo que la OMPI se encuentra actualmente trabajando en la creación de una base de entidades autorizadas a nivel mundial, un catálogo mundial de obras y mecanismos de análisis de la compatibilidad entre legislaciones (a través del Proyecto ABC). Entendemos que, la implementación óptima del tratado a nivel nacional, deberá efectuarse indefectiblemente en coordinación con la OMPI.

Implementación de Marrakech en Uruguay

Los días 23 y 24 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Montevideo el “Seminario Nacional: El derecho a la accesibilidad. La excepción a los derechos de autor en la Ley de Derechos de Autor del Uruguay y la implementación del Tratado de Marrakech de la OMPI” coorganizado por el Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay (CDA – MEC) y la OMPI.

En dicha ocasión, fue presentado y discutido el proyecto de Decreto reglamentario del Tratado elaborado por el CDA-MEC. A su vez, las diferentes instituciones del gobierno, academia y sociedad civil que se encuentran trabajando en proyectos de bibliotecas digitales accesibles, presentaron sus experiencias e inquietudes.

Destacamos algunos aspectos de la propuesta de Decreto Reglamentario presentado por el CDA – MEC de Uruguay:

  • Se implementa el Tratado mediante la instauración de excepciones, excluyendo el uso de licencias obligatorias o limitaciones con remuneración compensatoria. Este requisito de remuneración compensatoria sería un gran obstáculo o carga poco razonable, ya que los proyectos de bibliotecas digitales accesibles de países como Uruguay cuentan con pocos recursos e infraestructura. Por otra parte, no existiría nada que compensar cuando la oferta comercial de obras en este tipo de formatos es prácticamente inexistente.
  • Se propone la creación del “Registro de Obras e Instituciones Autorizadas comprendidas en la excepción de derecho de autor a favor de personas ciegas o con otras discapacidades para la lectura”, el registro será de carácter obligatorio e implicará la creación de un catálogo nacional de obras y de una nómina de instituciones autorizadas. Dicho Registro estará a cargo de la Biblioteca Nacional del Uruguay que además cumplirá con las funciones de control, coordinación y colaboración con las las instituciones autorizadas, así como la facilitación y estímulo del intercambio interinstitucional y transfronterizo.
  • El Proyecto de Decreto declara como “instituciones autorizadas” para proporcionar y producir ejemplares en formatos accesibles a las instituciones de enseñanza públicas y/o privadas, las Bibliotecas públicas o privadas y a dos asociaciones: la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Fundación Braille del Uruguay. De esta forma se facilita la existencia de proyectos de producción y distribución de ejemplares en formatos accesibles en estas instituciones. Se prevé que, para otro tipo de instituciones sin fines de lucro, exista un trámite de acreditación, autorización e inscripción en el registro.
  • Se habilita directamente a los beneficiarios del tratado (personas ciegas o con problemas de acceso al texto escrito) y a las personas que actúen en su nombre a producir e importar ejemplares en formato accesible, no solamente a las instituciones autorizadas.
  • El Proyecto de Decreto NO obliga a efectuar un análisis de mercado previo a la producción o distribución de cada ejemplar, con el fin de determinar la posibilidad de obtención comercial en condiciones razonables. Simplificando, de esta forma, el trabajo de las bibliotecas, instituciones educativas y fundaciones.
  • El Proyecto de Decreto plantea una redacción simple, clara y sin mayores restricciones para el caso de intercambio transfronterizo de obras: toda institución autorizada que se encuentre registrada podrá distribuir, comunicar o poner a disposición de las personas beneficiarias o para una institución autorizada establecida en otro país Parte Contratante del Tratado de Marrakech o de un país cuya legislación lo admita, las obras en formato accesible de su catálogo.
  • Por último, se establece la legalidad de la elusión de medidas de protección tecnológica en el marco de las actividades relacionadas con estas excepciones. Por lo que, por ejemplo, desencriptar o desactivar la protección tecnológica de un archivo que contenga una obra, para producir un ejemplar accesible, no sería sancionable por el delito penal previsto en el artículo 46 de la ley de derecho de autor de Uruguay.

Consideramos que la reglamentación propuesta por el Consejo de Derechos de Autor del Uruguay es un buen modelo a seguir, esperamos sea aprobada a la brevedad por el Poder Ejecutivo.

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El nuevo repositorio de acceso abierto de la Fundación Ceibal

Equipo de CC Uruguay, Marzo 2nd, 2017

En las últimas semanas la Fundación Ceibal lanzó su repositorio digital con el objetivo de poner a libre disposición de la ciudadanía publicaciones y recursos científicos relativos a la educación, el aprendizaje y la mediación de las tecnologías. En el comunicado de lanzamiento dicen: “Entendiendo que el conocimiento científico es un bien público, su acceso y divulgación no deben estar restringidos por barreras económicas, legales o tecnológicas. Atentos a esto, Fundación Ceibal trabajó junto a un equipo de expertos en la creación de un repositorio digital.”

El nuevo repositorio basa su política de acceso abierto en el uso de las licencias Creative Commons. Todos los papers publicados hasta el momento cuentan con una licencia CC Atribución (CC BY), que garantiza amplias libertades a los usuarios para acceder, compartir y reutilizar los materiales científicos y educativos. Si bien el repositorio se lanza con algunas decenas de trabajos, se espera que en un futuro se agreguen muchos materiales más.

Desde CC Uruguay tuvimos el gusto de colaborar en las etapas preliminares del proyecto. Hace algunos meses fuimos invitados a realizar una formación a los funcionarios encargados del proyecto sobre derechos de autor y licencias libres para el acceso abierto, y a brindarles asesoramiento sobre las políticas de acceso abierto del repositorio.

El caso del conocimiento y la cultura financiados con fondos públicos es paradigmático de la manera en que la ciudadanía contribuye en la creación de un conocimiento que, una vez producido, no siempre se pone a disposición de todas las personas. Los repositorios institucionales de acceso abierto son una herramienta de política pública para que la sociedad acceda a un conocimiento del cual es copartícipe, tanto a través de su financiación como a través de su involucramiento en la cultura, la ciencia y la educación.

Por todo esto, felicitamos la iniciativa de la Fundación Ceibal. Esperamos que el repositorio siga creciendo y que las políticas de acceso abierto, recursos educativos abiertos y licencias libres en la cultura se sigan expandiendo en otros proyectos del sistema educativo y científico.

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Por qué es fundamental la aprobación definitiva de la ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio

Equipo de CC Uruguay, Octubre 24th, 2016

Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

En estos días, 14 personas fueron condenadas por realizar copias de materiales educativos, como resultado del famoso caso de los operativos policiales de 2013 contra las fotocopiadoras. Es importante tener muy claro que de acuerdo a la ley 9.739 de derecho de autor, todas las copias, con o sin fines de lucro, son delitos penales. Por lo tanto, todas las personas que realizamos copias para estudiar o para acceder a la cultura podemos ser procesadas.

Por eso, es fundamental que la Cámara de Diputados le dé sanción definitiva al proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio que ya tiene media sanción del Senado. Este proyecto, tal como fue aprobado en el Senado, incorpora excepciones racionales para bibliotecas y educación, y quita de la órbita penal a las infracciones sin fines de lucro. Las corporaciones editoriales buscan frenar o recortar este proyecto de ley tan importante para el derecho a la educación y a la cultura. En cambio, nosotros junto a otras organizaciones sociales pedimos a los legisladores y legisladoras que den una pronta aprobación a la ley, antes de que los procesados por copiar empiecen a ser estudiantes, bibliotecarios y usuarios de Internet.

Artículo en inglés, en el blog de Creative Commons Internacional: https://creativecommons.org/2016/10/28/uruguay-14-people-convicted-making-copies-educational-resources/

Imagen: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

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Entra en vigor el Tratado de Marrakech: una victoria por el acceso a la cultura.

Equipo de CC Uruguay, Septiembre 30th, 2016

Marrakech

Imagen: OMPI. Licencia CC BY.

A mediados de 2013, en la conferencia diplomática en Marrakech organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se consiguió un logro importante: la firma del “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”. Este acontecimiento desencadenó una serie de acciones políticas y militantes que llevó a que en 2014 nuestro país ratificara el Tratado a través de la Ley 19.262. Luego de ser ratificado por 20 países, finalmente hoy 30 de setiembre de 2016 entra en vigencia.

El principal objetivo del Tratado de Marrakech es crear limitaciones y excepciones a las leyes de derecho de autor en cada uno de los países ratificantes en favor del acceso a las obras por parte de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

El Tratado exige a los países miembros que introduzcan en sus leyes de derecho de autor un conjunto estándar de limitaciones y excepciones para permitir la reproducción, la distribución y la puesta a disposición de obras publicadas, en formatos accesibles, sin ser necesaria la autorización de los titulares de derechos de autor. Asimismo, los países deberán permitir el intercambio transfronterizo de dichas obras por parte de las organizaciones que están al servicio de las personas beneficiarias.

La definición amplia de la población beneficiaria incluye a las personas con discapacidad visual, ya sea total o parcial, así como a todas aquellas personas que padecen dificultades para leer, tienen una discapacidad física que les impide sostener y manipular un libro, o poseen cualquier otra dificultad para acceder al texto impreso.

El objetivo del Tratado se cumplirá mediante la adaptación de las obras a formatos accesibles para este grupo de personas. La creación de ejemplares accesibles estará a cargo de entidades autorizadas para realizar esas acciones, y también podrá realizarla el propio beneficiario, o alguien que actúe en su nombre. Asimismo, se incluye en el Tratado el intercambio transfronterizo de las obras ya adaptadas con el fin de que otras comunidades hagan uso de las mismas sin duplicar esfuerzos.

Las entidades autorizadas a generar los ejemplares accesibles podrán realizar, entre otras cosas, la reproducción, transcripción, manejo, archivo, importación y distribución del material. Estas entidades podrán ser organismos gubernamentales o no gubernamentales, incluyendo a bibliotecas e instituciones educativas.

En Uruguay, la iniciativa pionera para la implementación del Tratado de Marrakech es el proyecto Biblioteca Digital y Accesible (BIDYA), surgido de una alianza entre la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU) y la Universidad de la República (Udelar). El proyecto busca favorecer el acceso en formatos accesibles a los textos de estudio por parte de personas con discapacidad visual. La Biblioteca permitirá la creación de un sistema de digitalización de libros y su puesta a disposición en línea a través de un repositorio de libros y otros materiales en formatos accesibles. La misma será implementada por el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles de la Udelar (Núcleo REA), del que Creative Commons Uruguay es parte. BIDYA fue una de las tres propuestas aprobadas entre más de 500 de toda la región, que se presentaron a la subvención del Programa FRIDA-IDRC.

La implementación del Tratado de Marrakech contribuirá a acortar la brecha histórica que el colectivo de personas con dificultades de lectura ha venido luchando por revertir, con el fin de acceder a la cultura impresa que se ha publicado a nivel mundial, y abrirá posibilidades reales para la formación cultural y académica de miles de personas. Saludamos que Uruguay esté presente entre los países que ratificaron el Tratado e instamos a las bibliotecas, instituciones educativas y organizaciones sociales a seguir trabajando junto con los colectivos involucrados para conseguir implementar con éxito este importante Tratado.

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Uruguay: promueven el conocimiento libre con productos culturales – Nota en teleSUR

Equipo de CC Uruguay, Julio 20th, 2016

El domingo 17 de julio tuvimos la Fiesta Creative Commons UY. Fue un momento para compartir ideas y proyectos de cultura libre, escuchando música y conociendo gente. Durante la fiesta, fuimos entrevistados por un equipo de teleSUR. Hoy la cadena latinoamericana de noticias difundió la nota en su canal de TV y publicó el video en su sitio web. La nota cuenta los principales proyectos de CC Uruguay y las razones por las cuales cada vez más gente se vuelca al uso de las licencias Creative Commons en nuestro país. Agradecemos al corresponsal Mauricio de los Santos y a todo el equipo de teleSUR que cubrió el evento.

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Que la información sea un derecho y no un delito

Equipo de CC Uruguay, Junio 27th, 2016

Foto: Agustina Grande (Voluntaria en CC Uruguay)

Foto: Agustina Grande  (Voluntaria en CC Uruguay)

 

El pasado miércoles 22 de junio se realizó un debate sobre el lugar de la información en la nueva agenda de derecho. La misma se desarrolló en el marco de la semana de acción global de solidaridad que apunta a reclamar por la situación actual de privación de libertad de Julian Assange.

La reunión, organizada por Proderechos y Creative Commons Uruguay y realizada en Casa Tomada, fue moderada por Victoria Carranza, integrante de Proderechos y contó con las participaciones de Gabriel Delacoste (politólogo), Mariana Fossatti (socióloga, integrante de Creative Commons Uruguay) y Fabrizio Scrollini (abogado, integrante de DATA Uruguay).

En base a los ejes de la vigilancia comercial y estatal, el acceso a la información y la reforma de la ley de derechos de autor, los panelistas plantearon temas como el grado de privacidad que la ciudadanía está dispuesta a ceder ante los nuevos medios de vigilancia pública y privada; los estados limitando el derecho a la privacidad con la justificación de brindar mayor seguridad; la regulación de la libertad de expresión; la protección de la intimidad en internet; el derecho de acceso a la información de los ciudadanos; el conocimiento como propiedad privada y la consideración de acciones cotidianas tales como fotocopiar o descargar información de internet como un delito. A las exposiciones de los panelistas se sumaron distintas interrogantes del público.

“First they came for Assange” (Primero vinieron por Assange) es un evento coordinado en varias ciudades en solidaridad con Julian Assange, programador y ciberactivista australiano, creador del sitio WikiLeaks, quien el 19 de junio cumplió cuatro años en privación de libertad, sin cargos serios en su contra. En ese marco, se planteó la persecución política como un problema social que afecta a la democracia.

La actividad en Casa Tomada comenzó con la proyección de una entrevista realizada a Assange el pasado 19 de junio, para el diario español eldiario.es, acerca de su situación actual.

Luego, Gabriel Delacoste propuso una mirada política sobre la propiedad intelectual, la cual va más allá de la reproducción de textos, poniendo como ejemplo el acceso a los medicamentos y el poder de mercado que tienen las industrias farmacéuticas. Abordó el papel central que tiene el conocimiento y las barreras legales a su uso dentro del capitalismo. Esta centralidad económica del manejo de información deriva en una centralidad política, como se puso de manifiesto en el caso de Edward Snowden. Delacoste mencionó casos de empresas con gran poder económico, las cuales son capaces de acceder a más información y de restringir el acceso a las que no tienen ese poder. El crecimiento de las empresas tecnológicas genera tensiones internas entre los grandes poderes del capitalismo, en particular con las industrias del entretenimiento, pero estas tensiones suelen ser resueltas mediante censura y restricciones, sin tener en cuenta los intereses de la ciudadanía.

El siguiente expositor, Fabrizio Scrollini, destacó que la tecnología es política, y utilizó como ejemplo los sistemas de trenes, que tienen la posibilidad de incluir o excluir a poblaciones enteras. De este modo, se puede observar a la estructura tecnológica desde el punto de vista de determinar a quiénes favorece y a quiénes no. Por otra parte, señaló el problema de la vigilancia gubernamental, y destacó el caso de El Guardián, una tecnología utilizada por el gobierno uruguayo para monitorear potenciales delincuentes pero que no cuenta con reglas claras y límites establecidos para ser utilizado con responsabilidad. A su vez, afirmó que la compra de este tipo de tecnologías debería ser discutida a nivel social y que se debería pensar en mecanismos transparentes para que los actores aseguren los derechos de todos e informen claramente qué hacen con nuestros datos personales. Y para cerrar, planteó que la discusión sobre un marco legal que asegure nuestros derechos básicos en entornos mediados por tecnologías, aún “está muy verde”.

Mariana Fossatti partió de la idea de que la información es un derecho y que todos deberíamos tener este acceso garantizado. Lo mismo pasa con el derecho a la intimidad. Estos derechos se encuentran establecidos a través de declaraciones y pactos de derechos humanos, pero al momento de discutir los derechos en el mundo digital, muchos actores poderosos buscan redefinirlos, dejando en el camino algunos derechos fundamentales. Estableció como ejemplo los casos de Snowden y Assange, a quienes se acusa de actos ilegales a pesar de la intuición popular de que lo que hicieron está bien. WikiLeaks, el sitio web creado por Assange, realiza una práctica totalmente legítima reconocida dentro del periodismo -la protección de la fuente de información-, pero esta práctica ha sido asociada por el gobierno de Estados Unidos con el “robo” de información. Snowden, por su parte, denunció un abuso de su gobierno, y fue acusado de espía. También está el caso de Aaron Swartz, programador estadounidense, militante por el acceso al conocimiento que se suicidó debido a la persecución legal sufrida. Y el de Alexandra Elbakyan, programadora y científica de Kazajistán, que es perseguida por la poderosa editorial Elsevier por poner a disposición gratuitamente textos científicos. Sin embargo, Fossatti resaltó que, más allá de estos casos resonantes, es toda la ciudadanía la que queda fuera de la ley cuando son criminalizadas prácticas cotidianas tales como bajar un PDF o sacar una fotocopia. En Uruguay, la ley de derechos de autor es la que regula el acceso al conocimiento y la cultura, estableciendo que cualquier copia o reproducción de una obra está prohibida. La reforma a esta ley que actualmente discute el Parlamento, busca derogar este delito penal y agregar una serie de excepciones para facilitar el acceso a la cultura y a los materiales de estudio. Distintos actores, como la Cámara del Libro y AGADU, forzaron a la FEUU a firmar un acuerdo que pretende recortar la reforma, creando un marco legal confuso y restrictivo. Sin embargo, la discusión aún se encuentra en el Poder Legislativo. Desde Creative Commons Uruguay se está intentando llegar a una ley que sea lo más adecuada posible para las prácticas educativas y el acceso a la cultura en el siglo XXI. A su vez, existe una declaración firmada por varias organizaciones en apoyo al proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado, y también una carta ciudadana que se encuentra en todosganamosderechos.org, firmada por autores, profesionales, estudiantes y ciudadanos.

Luego de que los panelistas desarrollaron estos distintos puntos conectados y atravesados por leyes contradictorias, y respondieron algunas preguntas del público participante, se dio el cierre del encuentro con la proyección de un video de Slavoj Zizek, filósofo y sociólogo esloveno, quien en apoyo a Assange, propone no olvidar su nombre y, a su vez, llama a una revolución para lograr la protección de nuestra privacidad. Zizek culmina diciendo: “Julian vive en nosotros, todos somos culpables si no hacemos algo”.

 

Mercedes Cabrera (voluntaria en Creative Commons Uruguay)

 

Álbum con fotos de la actividad:

Que la información sea un derecho y no un delito

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Que la información sea un derecho y no un delito

Equipo de CC Uruguay, Junio 15th, 2016

Que la información sea un derecho y no un delito

El próximo miércoles 22 de junio nos vamos a juntar para discutir sobre el lugar de la información en la nueva agenda de derechos. En el marco de la semana de acción global de solidaridad por la situación de privación de libertad de Julian Assange, desde Proderechos y Creative Commons Uruguay invitamos a todas y todos a discutir sobre la vigilancia comercial y estatal, el acceso a la información y la reforma de la ley de derechos de autor. La actividad va a tener lugar el miércoles 22 de junio a las 19 hs en Casa Tomada (Soriano 762 esquina Ciudadela, Montevideo).

¿Qué porción de nuestra privacidad estamos dispuestos a ceder frente a los nuevos medios de vigilancia pública y privada? ¿Pueden los estados limitar nuestro derecho a la privacidad para brindarnos mayor seguridad? ¿Cómo se regula en Internet la libertad de expresión y la protección de la intimidad? ¿Hasta dónde llega el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, frente a estados y corporaciones? ¿Puede considerarse el conocimiento una propiedad privada? ¿Las acciones cotidianas de acceso al conocimiento e información -como sacar fotocopias, o descargar información de internet- deben seguir siendo delitos?

Como panelistas estarán: Gabriel Delacoste (politólogo), Mariana Fossatti (socióloga, integrante de Creative Commons Uruguay), Sebastián Sabini (diputado) y Fabrizio Scrollini (abogado, integrante de DATA Uruguay). Moderará Victoria Carranza, integrante de Proderechos. Se proyectarán grabaciones de las intervenciones de Julian Assange y otros destacados activistas internacionales.

Visitá también el evento en Facebook.

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Todos ganamos derechos: carta ciudadana en apoyo a la reforma del derecho de autor

Equipo de CC Uruguay, Mayo 28th, 2016

Esta semana se hizo pública una carta ciudadana en apoyo a la reforma de la ley de derecho de autor, bajo el título “Todos ganamos derechos“. En muy pocos días la carta ganó más de 300 adhesiones, entre ellas las de escritores y músicos, así como personalidades de la cultura, docentes, bibliotecarios, estudiantes y usuarios.

La carta afirma que el proyecto de ley aprobado en el Senado “ayuda a distribuir entre todas y todos la riqueza intelectual que producimos socialmente”. También destaca los beneficios que el proyecto va a traer para estudiantes y docentes, autores, trabajadores de instituciones culturales, investigadores y usuarios de cultura. Se legalizarán las copias personales que hacemos todos los usuarios todos los días cuando navegamos por Internet. Se quitarán de la órbita penal las copias sin fines de lucro, lo cual al día de hoy puede derivar en severas penas de multa y cárcel para acciones triviales y cotidianas. Las personas que trabajan en las bibliotecas podrán realizar su trabajo de preservación y de facilitar el acceso al público sin cometer delitos. Los docentes podrán realizar repartidos y los estudiantes acceder a los materiales de los entornos virtuales de aprendizaje de manera legal.

Desde Creative Commons Uruguay apoyamos la carta y animamos a todas y todos a firmarla. Si bien algunas sociedades de gestión de derechos de autor y cámaras empresariales buscan recortar los beneficios que el proyecto traerá para el conjunto de la sociedad, confiamos en que el Parlamento tendrá en cuenta el interés público a la hora de aprobar definitivamente la ley. A continuación compartimos los materiales gráficos que acompañan la carta ciudadana.

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Un acuerdo insuficiente

Equipo de CC Uruguay, Mayo 26th, 2016

Hoy jueves 26 de mayo, representantes de la FEUU, AGADU y la Cámara del Libro hicieron público un acuerdo para enviar una propuesta a la Cámara de Representantes en relación a la reforma de la ley 9.739 de derecho de autor.

En relación al proyecto de ley aprobado en el Senado, el texto de dicho acuerdo plantea numerosos recortes y restricciones. En particular:

  • Elimina la excepción de copia personal. De esta manera, si el Parlamento acepta el texto del acuerdo, seguirían siendo ilícitas prácticas tan comunes como guardar en la computadora o imprimir una copia única y personal de la información que los usuarios encuentran en Internet, hacer respaldos informáticos o actualizar el formato de obras adquiridas legalmente, entre muchas otras prácticas cotidianas.
  • Elimina la derogación de la sanción penal para las reproducciones sin fines de lucro. En otras palabras, el acuerdo busca mantener en el ámbito penal aquellas infracciones que se llevan a cabo sin fines de lucro y sin ánimo de causar un perjuicio al autor. De tal forma, numerosas prácticas inofensivas y socialmente aceptadas, como las descargas de Internet de materiales protegidos, realizadas sin fines de lucro, seguirían teniendo prevista una pena de multa de hasta más de 40 mil dólares o prisión equivalente. El proyecto aprobado por el Senado, en cambio, plantea de forma sensata que dichas infracciones deben permanecer en el ámbito civil. El derecho penal debe ser aplicado como ultima ratio y no para acciones cotidianas cuyo potencial daño es ínfimo
  • Añade grandes restricciones a las excepciones educativas. En primer lugar, el acuerdo busca eliminar la posibilidad de realizar traducciones o adaptaciones de obras en instituciones docentes. Por otro lado, pretende que las reproducciones de fragmentos de obras únicamente se puedan realizar en instituciones públicas, discriminando a las instituciones privadas y comunitarias. Además, restringe la excepción únicamente a “textos breves de estudio” y a “material educativo”, imponiendo un límite máximo de 30 páginas para las reproducciones.

El proyecto aprobado en el Senado, en contraposición, contempla las traducciones y adaptaciones de obras en instituciones docentes. Por otra parte, no discrimina a las instituciones privadas y comunitarias. A su vez, no limita las reproducciones únicamente a “material educativo”. Esto es muy importante, dado que en la educación universitaria es preciso acceder a materiales que no fueron creados originalmente con fines de estudio. Por ejemplo, los estudiantes de música deben acceder a obras musicales, así como en otras carreras es preciso acceder a obras o fragmentos de obras literarias, científicas, filosóficas, etc. Por último, el proyecto del Senado no impone un límite de páginas arbitrario y excesivamente limitado, brindando en cambio flexibilidad a la norma y permitiendo que sea un juez quien evalúe, en cada contexto particular, si la reproducción estaba justificada por la finalidad educativa.

  • Añade enormes restricciones a las bibliotecas. El acuerdo busca restringir el préstamo público únicamente a obras escritas, manteniendo en la ilegalidad el préstamo público de obras musicales, audiovisuales, plásticas, fotográficas, etc. En cambio, el proyecto aprobado en el Senado legaliza el préstamo público de cualquier obra distinta al software.

Por otro lado, el acuerdo sustituye la obligación de que el préstamo se haga sin fines de lucro, por la de que el préstamo se haga en instituciones “cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro”, restringiendo aún más los casos en los que el préstamo es legal.

Las reproducciones que realizan las bibliotecas a pedido de sus usuarios quedarían, al igual que las reproducciones realizadas en instituciones educativas, restringidas al absurdo y arbitrario límite de 30 páginas.

Por último, el proyecto aprobado en el Senado permite realizar reproducciones en las bibliotecas para sustituir un ejemplar cuando dicho ejemplar no está disponible en el mercado a un precio razonable. El acuerdo de la FEUU, AGADU y la Cámara del Libro busca eliminar tal disposición.

  • Añade restricciones a la libertad de panorama. El proyecto aprobado en el Senado legaliza en todos los casos la libertad de panorama. Es decir, la libertad de dibujar, fotografiar, filmar o hacer modelos en tres dimensiones de obras arquitectónicas, monumentos y obras de artes plásticas expuestas en forma permanente en lugares públicos. En cambio, el texto del acuerdo de la FEUU, AGADU y la Cámara del Libro restringe tal libertad a los usos sin ánimo de lucro. De tal manera, fotógrafos, cineastas o artistas plásticos que quisieran comercializar sus propias obras que contengan fachadas y monumentos de nuestras ciudades, cometerían actos ilícitos.

Por todo lo ya señalado, creemos que el acuerdo entre la FEUU, AGADU y la Cámara del Libro es un acuerdo insuficiente. Si bien acierta en desterrar cualquier riesgo de canon digital o de persecuciones administrativas a los usuarios, elimina dos de los principales aspectos de la reforma (la despenalización de las infracciones sin fines de lucro y la copia para uso personal) y recorta seriamente muchas otras excepciones, como la excepción educativa, las excepciones para bibliotecas y la libertad de panorama.

El acuerdo retrocede no sólo en lo que respecta a los artículos polémicos (los cuales fueron directamente eliminados) sino que recorta gravemente otros artículos que fueron redactados por el Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura, y que en el Senado fueron votados por unanimidad con el apoyo de todos los partidos políticos.

En definitiva, creemos que es necesario que los diputados vean el texto de este acuerdo sólo como un insumo más entre muchos otros. Las instituciones docentes, los bibliotecarios y un número importante de organizaciones sociales también tienen que ser escuchados por los legisladores a la hora de aprobar el texto definitivo. El interés general de toda la ciudadanía es el que debe primar a la hora de aprobar las leyes. Creemos que sólo desde el debate amplio y democrático entre todos los actores involucrados puede salir la mejor ley de acceso a la cultura para nuestro país.

Actualización: El blog de Creative Commons Internacional se hizo eco de este artículo y publicó una reseña en inglés sobre el asunto:

Uruguayan rights holders seek to roll back progressive copyright reform

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