acceso a la cultura

Educación, acceso a la cultura y derechos de autor desde la perspectiva de los nuevos derechos

Equipo de CC Uruguay, septiembre 7th, 2018

Por Mariana Fossatti.*

La perspectiva de los nuevos derechos

Hablar de educación y derechos de autor desde la perspectiva de nuevos derechos implica empezar reconociendo que hay nuevos derechos en Uruguay. Derechos que se han disputado y conquistado, en una lógica acumulativa y en un sentido de ampliar las libertades y el buen vivir de las personas y de las comunidades. En Uruguay es muy palpable cómo esto se ha manifestado en la legislación sobre el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, la ley de medios, los derechos de los afrodescendientes y de las personas con discapacidad. También se está en lucha por más y mejores derechos para las trabajadoras sexuales y las personas trans, colectivos que han sido históricamente relegados y discriminados, sufriendo postergaciones históricas y severos estigmas, por los cuales se les niegan sistemáticamente el ejercicio de derechos y la igualdad.

Llama la atención que, en esta coyuntura histórica con un avance en derechos, en un país que ha propuesto incluso innovaciones y experiencias pioneras, tengamos un atraso importante en la legislación y en la discusión sobre derecho de autor y derecho a la cultura.

Y me parece muy importante incluir en la frase el concepto de “derecho a la cultura”, que voy a tratar de desarrollar un poco más, entendido como el derecho a la participación en la vida cultural, por supuesto muy vinculado al derecho a la educación. ¿Por qué elijo desarrollar estos derechos que tienen que ver con acceder al conocimiento? Porque es un aspecto bastante relegado en cuanto a su estudio y desarrollo. En efecto, los cambios que nuestra ley de derecho de autor tuvo desde 1937 han tendido a reforzar los privilegios de los titulares de derechos de autor y las restricciones que deben acatar las personas usuarias de cultura.

Derecho a la cultura en términos de libertades individuales

Podemos empezar hablando del derecho a la cultura como un derecho individual, en una tradición liberal. Podríamos entender este derecho como “libertad para”. Según la definición de obras culturales libres, en la que participaron miembros de las organizaciones más importantes en esta área, como la Free Software Foundation, la Fundación Wikimedia y Creative Commons, “libre” significa:

– La libertad de usar una obra y disfrutar de los beneficios de su uso.

– La libertad de estudiar la obra y aplicar el conocimiento adquirido de ella.

– La libertad de hacer y redistribuir copias, totales o parciales.

– La libertad de hacer cambios y mejoras, y distribuir las obras derivadas.

Estamos hablando de una definición muy amplia, que incluye acceder a la información y al conocimiento libremente, sin barreras y sin censuras. Se trata de autonomía, de capacidad de ser sujeto activo de conocimiento, de usar ese conocimiento libremente según mis necesidades, incluso para la reinterpretación, el remix y hasta para compartir con otras personas. Esta definición se manifiesta en el uso de licencias libres para compartir las obras. Las licencias libres han sido adoptadas por millones de creadores y creadoras en todo el mundo, al momento de elegir una forma de ejercicio del derecho de autor. Y no solo como opción individual, sino también como política institucional, a través de repositorios de acceso abierto o portales de recursos educativos para escuelas y universidades.

Veamos a continuación cómo estas libertades se relacionan con el derecho humano a participar en la vida cultural, consagrado tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 27) como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15), que aparece justo después del reconocimiento de los derechos de los autores, y que afirma que todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural, a gozar de las artes y de los beneficios del progreso científico.

Derecho a participar en la vida cultural

Participar en la vida cultural tiene algunos requisitos, si es que no queremos quedarnos en la formalidad de la declaración y buscamos implementar los mecanismos que garantizan este derecho. Lea Shaver, abogada norteamericana, reconocida académica en el campo de los estudios sobre derechos humanos, dice que estos requisitos son:

1. Acceso a materiales culturales: es decir, a las obras, ideas, lenguajes y medios ya existentes.

2. Acceso a las herramientas y tecnologías necesarias para disfrutarlos y utilizarlos.

3. Libertad de uso de estos materiales y herramientas.

Es decir, la disponibilidad, el acceso, la utilización y reutilización de materiales y herramientas culturales es un requisito indispensable para cumplir el derecho humano de participar en la vida cultural de una sociedad. ¿Pero está garantizado este derecho cuando el acceso está exclusivamente mediado por el mercado y depende de la capacidad económica, es decir, de tener ciertos ingresos y poder destinarlos a adquirir bienes culturales pagos? Cuando se habla de imponer pagos a las instituciones educativas o a los estudiantes como contrapartida a las excepciones al derecho de autor, tal como se propone en ocasiones desde una perspectiva europea, se pretende extrapolar la realidad de países capitalistas avanzados a una realidad como la de Uruguay, una economía dependiente, sometida a mayores inestabilidades, ingresos más bajos e instituciones educativas con presupuestos mucho menores.

¿Qué sucede cuando existe un derecho, pero su real ejercicio es un privilegio? ¿Cómo convertimos el privilegio en derecho? Pensemos en el derecho a la educación universitaria, que quizás antes se consideraba algo para una élite y que actualmente tiene un alcance popular mucho más amplio, y por lo tanto se considera un derecho y no un privilegio. En Uruguay, donde la asistencia a clases es gratuita en todos los niveles educativos, el precio del material de estudio continúa siendo una barrera económica y una dificultad para los estudiantes con menores recursos, que pone en cuestión su derecho a una educación gratuita de calidad.

Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo y educador argentino, dice que “los derechos siempre son derechos a bienes de la más alta calidad, a bienes públicos socialmente valorados”. Y pone muchas veces, como ejemplo, que el derecho a la comunicación no se cumple si “los ricos pueden ver setecientos cincuenta canales de televisión con una oferta fantástica y diversificada, mientras los pobres solo pueden ver cuatro o cinco canales con una oferta idéntica y empobrecida”.

Es decir, cuando apuntamos al pleno derecho a la participación en la vida cultural, esto implica el acceso a materiales, herramientas y tecnologías en sus estándares de más alta calidad y valoración social, que evidentemente están siempre en proceso de ampliarse y generalizarse. Los derechos culturales tienen que ser adecuados a esos estándares de calidad, cantidad y variedad que alcanzó una sociedad dada y que son relativos al desarrollo de la tecnología y al nivel de vida medio, socialmente acordado como digno, como aceptable. Pensemos entonces si un repartido de 30 páginas fotocopiadas, en tiempos de Internet, tiene relación con esos estándares. El acceso al conocimiento tiene que tener relación con los parámetros actuales, también en cuanto a la complejidad de los conocimientos actuales. No podemos legislar sobre la circulación del conocimiento como si se tratara de conocimiento de carácter oral o en soportes analógicos, que se transformaban y distribuían a una velocidad mucho más lenta. No podemos hacer eso en un mundo donde las nuevas tecnologías tienen la potencialidad de garantizar el acceso pleno al conocimiento que cada cual necesita, en el momento en que lo necesita, y cuando este acceso es un requisito para ejercer una ciudadanía informada en un mundo complejo.

El acceso de grandes capas de la población a dispositivos digitales de copia y almacenamiento de información, y en particular a Internet, fue un factor determinante en la aparición de movimientos que en los últimos 15 años han estado asociados o se identifican con la lucha por el acceso a la cultura. La facilidad técnica para el acceso y la reutilización de la cultura, en contraposición con las barreras legales cada vez mayores promovidas por algunas industrias estadounidenses, pusieron en evidencia una contradicción que estimuló la crítica y el activismo. Así, surgieron colectivos de científicos y académicos (movimiento por el acceso abierto), educadores (movimiento de recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas), diseñadores y artistas, hacktivistas, organizaciones internacionales como Creative Commons y Wikimedia. Estos también son movimientos que hacen parte de las batallas contemporáneas por una nueva agenda de derechos.

La vida cultural no existe si no es en común

Pero existe una segunda dimensión del derecho a participar en la vida cultural, que se relaciona con la noción misma de “vida cultural”. Esta noción nos lleva a pensar no solamente en los derechos culturales como algo individual, sino como derechos colectivos. La vida cultural es algo que se alimenta de contribuciones individuales y de interacciones sociales que construyen un patrimonio colectivo. Aportar recursos y tomar recursos de la vida cultural en común, eso y no otra cosa es la participación cultural. “Tomar parte”, participar, es un aspecto fundamental del derecho a la cultura como derecho humano. Ejercitar este derecho implica expandir la cultura mediante una amplia variedad de acciones: producir, compartir, acceder, disfrutar, modificar, traducir, interpretar, criticar, remezclar, etc. Estos verbos, que en las leyes de derecho de autor constituyen el monopolio exclusivo de los titulares de derechos, están por definición negados a las usuarias y usuarios de cultura.

Pero la cultura no es producto de individualidades, ni un conjunto de bienes consumidos individualmente. Es un común imprescindible para el desarrollo colectivo. De ahí que consideramos que, como dice Beatriz Busaniche, desde el punto de vista de la legislación y de las políticas sobre el conocimiento y la cultura, la regla debería ser el dominio público, y la exclusividad del titular de derecho de autor debería ser lo realmente excepcional. El enorme poder que da el monopolio exclusivo sobre una obra, que es prácticamente total, debe limitarse para la protección del derecho a la cultura como derecho humano individual y colectivo.

“La vida cultural” no existe si no es en común. La hacemos en común y la vivimos en común, aunque estemos leyendo un libro en la soledad de nuestra casa, o aunque para escribir se necesite “un cuarto propio y una renta de 500 libras al año”, como decía Virginia Woolf. Porque sí, como sociedad debemos preocuparnos por sostener los procesos creativos que alimentan a la cultura común, pero con el objetivo de garantizar que siga siendo una cultura común. Alimentar una vida cultural en común es fundamental, porque es el ecosistema que sostiene tanto la creación individual, como los grandes debates colectivos, que necesitan información, pensamiento crítico, debate de ideas. Hoy, en un contexto donde los viejos y los nuevos medios de comunicación son propiedad privada y cada vez se privatizan más bienes comunes, el acceso a la cultura requiere de una profunda democratización.

Para finalizar, retomamos el vínculo que tienen estos derechos relacionados con la participación en la cultura y el acceso al conocimiento, con otros movimientos sociales por la ampliación de derechos. Este vínculo también es transversal. Tanto el movimiento feminista, como el de la diversidad, el movimiento estudiantil, de derechos humanos, etc. en gran parte llevan adelante una disputa cultural. Requieren y a la vez generan información. Necesitan formar activistas y al público en general acerca de sus batallas. Se mueven en la esfera de la comunicación usando imágenes, canciones, textos, expresándose en distintos medios. Por eso creemos que no puede dejar de haber una lucha común entre los movimientos por el derecho a la cultura y los movimientos que buscan la emancipación en todos los demás terrenos.

 

* Texto de la charla brindada el 6 de septiembre de 2018 en el seminario nacional “Mirar lejos: la educación virtual en el siglo XXI desde la perspectiva de los derechos de autor“, en la mesa “La educación digital y el derecho de autor desde la perspectiva de los nuevos derechos”. Pueden ver la grabación de la mesa en este enlace.

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Seminario “Mirar lejos: la educación virtual en el siglo XXI desde la perspectiva de los derechos de autor”

Equipo de CC Uruguay, septiembre 1st, 2018

El 5 y 6 de septiembre tendrá lugar el Seminario Nacional “Mirar Lejos: la educación virtual en el siglo XXI desde la perspectiva de los derechos de autor” en el Centro Cultural de España (Rincón 629, Montevideo).

El seminario es organizado por el Consejo de Derechos de Autor, la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El objetivo del seminario es intercambiar conocimiento sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en relación con la educación y las bibliotecas, para abordar los desafíos que se presentan en el entorno virtual y digital. Se trata de un aporte importante en el marco de las propuestas de leyes para facilitar el acceso a materiales de estudio que se encuentran actualmente en discusión en el Parlamento.

El evento contará con oradores extranjeros referentes en la materia, como Raquel Xalabarder, Juan José Marín y Rafael Ferraz, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También habrá expositores nacionales vinculados al tema del acceso a la cultura, la educación y el derecho de autor, entre quienes estará Mariana Fossatti, de Creative Commons Uruguay.

Pueden consultar el programa completo del seminario en este enlace.

Desde CC Uruguay consideramos que este seminario es una buena oportunidad para avanzar en el tratamiento de la ley de excepciones y limitaciones al derecho de autor en favor de la educación y las bibliotecas. Uruguay necesita adaptar de manera urgente su ley para que la educación del siglo XXI, el trabajo cotidiano de las bibliotecas y las prácticas habituales de acceso a la cultura estén amparados legalmente. El Parlamento debe escuchar a los sectores de la educación, a las bibliotecas y a los movimientos sociales por el acceso a la cultura, y dar aprobación definitiva a una ley que ya lleva 5 años de debate y es más necesaria que nunca.

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Libro “Bibliotecas ocultas”: capítulo sobre Uruguay

Equipo de CC Uruguay, mayo 10th, 2018

Como anunciamos en un post anterior, esta semana se publicó el libro “Shadow Libraries. Access to Knowledge in Global Higher Education” (Bibliotecas ocultas. Acceso al conocimiento en la educación superior a nivel global). La publicación, coordinada por Joe Karaganis, se puede encontrar y descargar en la web de MIT Press. En esta entrada compartimos con ustedes la traducción al castellano del capítulo sobre Uruguay, que funciona como coda a los capítulos previos que relatan casos de otros países.


Coda: Uruguay

Por Jorge Gemetto y Mariana Fossatti

Terminamos con una escena familiar. En una mañana de octubre de 2013, los estudiantes de la Universidad de la República en Montevideo se encontraron con un importante operativo policial en marcha. En coordinación con Interpol, la Dirección de Crimen Organizado de la Policía allanaba quince locales de fotocopiado en el área que rodea la Facultad de Derecho y detenía a treinta y dos personas (El País 2013a). El momento fue provocativo. La Facultad de Derecho, la más grande de la universidad con más de catorce mil estudiantes matriculados (Udelar 2013), estaba en período de exámenes. Las noticias de los allanamientos se difundieron rápidamente. Las imágenes de las detenciones y de las fotocopiadoras incautadas fueron televisadas y el tema se convirtió en una tendencia en las redes sociales, donde se produjo una avalancha de críticas.

En Uruguay, como en los otros países estudiados en este libro, las fotocopias no autorizadas siguen siendo el principal medio de acceso a los materiales de estudio universitarios (Rodés y Pérez Casas 2013), estando generalizadas en toda la comunidad académica y siendo facilitadas por los docentes. Los centros de estudiantes de casi todas las facultades tienen servicios de fotocopiado, donde también se realizan compendios de materiales y se ofrecen archivos digitales para el uso de los estudiantes. A medida que los materiales de estudio pasan gradualmente a los formatos digitales, el entorno virtual de aprendizaje de la universidad se ha convertido en una plataforma de distribución y almacenamiento de materiales, prestando poca atención a las licencias de uso.(1)

Como en muchos otros países de América Latina, todas estas formas de acceso a los materiales —en papel y digital— son ilegales según la ley de derecho de autor uruguaya y están sujetas a castigos que van desde multas hasta penas de cárcel.(2) La legislación uruguaya no tiene excepciones para la copia en contextos educativos. La ley, en efecto, convierte en delincuentes a la mayoría de los estudiantes y profesores.

Un cuestionario de 2012 de Rodés y Pérez Casas en la Universidad de la República reveló una amplia gama de obstáculos para el acceso a materiales de estudio. Más del 66 por ciento de los estudiantes dijeron que usaron fotocopias de porciones de libros; el 58 por ciento reconoció haber copiado libros enteros. El 57 por ciento de los estudiantes indicaron que comprar libros representaba una porción significativa de sus presupuestos totales.(3) Las bibliotecas representaban una importante fuente de acceso para el 49 por ciento de los estudiantes. Las descargas no autorizadas les seguían de cerca con el 43 por ciento.

Como en todas partes, los estudiantes indicaron sistemáticamente su preferencia por los materiales impresos en lugar de los digitales, incluyendo a quienes descargaron materiales. Alrededor del 56 por ciento de los estudiantes de este último grupo imprimen los materiales que descargan. Dichos números son un reflejo de la (aún) baja tasa de adopción de lectores electrónicos y tabletas (Rodés y Pérez Casas 2013).

Tal vez de manera predecible, entonces, la comunidad académica reaccionó fuertemente a los arrestos y las clausuras de los locales de copiado. Poco después de los allanamientos, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) publicó una declaración en la que reclamaba por el “acceso libre y democrático” al corpus completo del conocimiento humano (Montevideo Portal 2013). Unos días más tarde, los estudiantes realizaron una manifestación frente a la Facultad de Derecho para protestar por los allanamientos (El Observador 2013). El Centro de Estudiantes de Derecho, a su vez, lanzó una campaña de recolección de firmas para exigir un mejor acceso a los materiales de estudio y la reforma de la ley de derecho de autor, incluyendo la creación de excepciones educativas y la despenalización de las infracciones sin fines de lucro. La campaña recolectó 10.000 firmas y culminó con la entrega de un anteproyecto de ley a Danilo Astori, entonces vicepresidente de Uruguay (El País 2013b).

Al igual que en Argentina, donde la editorial pionera de libros económicos Eudeba comenzó a demandar a estudiantes en la década de 1990, los allanamientos marcaron el colapso de una generación anterior de estrategias de acceso. Las redadas fueron iniciadas por una denuncia de la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), que edita, distribuye y vende buena parte de los títulos que deben leer los estudiantes de la carrera de Derecho. La FCU es la heredera de la Oficina de Apuntes, fundada por estudiantes de Derecho de la Universidad de la República en la década de 1940 para hacer que los materiales educativos estuvieran más disponibles y fueran más asequibles. Oficialmente, la FCU mantiene sus objetivos originales e incluso hoy tiene vínculos formales con el Centro de Estudiantes de Derecho. Con el tiempo, sin embargo, la FCU se convirtió en una editorial comercial más convencional, ofreciendo descuentos a los estudiantes, pero ya sin abordar seriamente el problema de la asequibilidad. Al igual que en Argentina, los editores académicos dejaron de ser los principales defensores del acceso económico. Cada vez más, este problema quedó a cargo de los estudiantes.

La FCU goza de una posición privilegiada en la Facultad de Derecho porque los estudiantes son esencialmente un público cautivo. En este contexto, y al igual que la mayoría de las editoriales comerciales, produce pequeñas tiradas a precios elevados, deliberadamente por debajo de la matrícula estudiantil. La causa de esta distorsión fue ampliamente debatida en los meses posteriores a los allanamientos. La Cámara Uruguaya del Libro culpaba a las fotocopias de ser las causantes del modelo editorial de altos precios y tiradas pequeñas (180.com.uy 2013a). Los estudiantes, por su parte, culpaban a los altos precios de ser la causa de las fotocopias generalizadas (180.com.uy 2013b).(4)

En cualquier caso, las discusiones entre la Cámara Uruguaya del Libro y los estudiantes mostraban que el mercado legal, en su forma actual, no podía satisfacer las necesidades educativas. Una posición de compromiso había sido posible mientras no hubo una represión activa del mercado informal. Cuando la policía comenzó a allanar locales de fotocopias a instancias de la FCU, ese equilibrio se vio perturbado.

Pronto las diversas partes involucradas en la disputa recurrieron al Estado en busca de soluciones. El anteproyecto de ley presentado por el Centro de Estudiantes de Derecho fue una de estas demandas. Por su parte, la Cámara Uruguaya del Libro vio la oportunidad de exigir que se aumentaran las compras públicas para bibliotecas y la adquisición de licencias de libros electrónicos (Espectador 2013). Incluso otras partes en el debate propusieron la reinstauración de un sistema privado de recaudación destinado a compensar a los autores por las fotocopias. Esta estrategia ya se había probado a mediados de la década de 2000 a través de una sociedad llamada A.U.T.O.R., que tuvo dificultades para constituirse, en parte debido a la falta de transparencia con respecto a las regalías. Cesó sus operaciones en 2007, sin repartir ningún ingreso a los autores.

En la práctica, cada sector intentó sacar provecho de la crisis. En marzo de 2014, luego de un acuerdo con la FCU, la imprenta oficial del Estado (IMPO) lanzó una librería digital enfocada en materiales de estudio universitarios (El Observador 2014). El nuevo servicio bajó el precio de algunos materiales, pero se basó en herramientas de gestión de derechos digitales que monitoreaban el comportamiento de los usuarios e impedían copiar e imprimir los textos. Dentro de la universidad, las opiniones se dividieron en dos direcciones: una que se inclinaba por un acercamiento a las editoriales y la otra que apoyaba políticas de acceso abierto a materiales científicos y educativos. Los defensores del segundo enfoque tenían su propia estrategia basada en el apoyo a libros de texto de acceso abierto y en la creación de un repositorio institucional para materiales de acceso abierto llamado Colibrí (Conocimiento Libre Repositorio Institucional).

El debate suscitado a partir de los allanamientos de 2013 continúa desarrollándose en el sistema universitario, el sector editorial y el Estado. Las propuestas de soluciones han florecido, pero —como hemos visto en otros capítulos de este libro— el diseño de un sistema sostenible en el tiempo, legal e inclusivo sigue sin estar claro.

La reforma propuesta por los estudiantes se orientó a expandir las excepciones educativas al derecho de autor lo suficiente como para legalizar la mayoría de las fotocopias educativas. Sin embargo, las perspectivas de dicha reforma se atenuaron en 2016, frente a la oposición de las editoriales. Los editores lograron eliminar del proyecto disposiciones clave, como la excepción de copia personal (que permite un número limitado de copias para uso personal) y la despenalización de las infracciones sin fines de lucro. El proyecto de ley diluido que sobrevivió a este proceso sigue estancado en el Parlamento.

Los esfuerzos del Estado (como la librería digital de IMPO) se centraron en conseguir términos más favorables para las licencias digitales contratadas a los editores. El modelo de IMPO prometía precios más bajos que los equivalentes en papel, pero, como en otros esfuerzos relativos a librerías y bibliotecas digitales, dependía del respaldo de las editoriales para obtener licencias asequibles y un fácil acceso. Sin embargo, la forma en que estos conceptos se traducen en precios y términos de uso concretos sigue sin resolverse y la historia sugiere que las editoriales eventualmente cobrarán tanto como crean que el mercado puede soportar. Las grandes editoriales multinacionales, por su parte, tienen sus propios canales de distribución en línea y no han aceptado realizar acuerdos con IMPO. Los estudiantes, en tanto, generalmente han rechazado las herramientas técnicas de control impuestas por las editoriales sobre la copia e impresión de los materiales digitales (El País 2014). Como hemos visto en Uruguay y en otros lugares, las preferencias de los estudiantes se inclinan fuertemente hacia el formato papel, por un lado, y hacia las copias digitales gratuitas, por el otro.

La tercera fuente de presión proviene del sector universitario, que está tratando de ampliar la producción de libros de texto abiertos y el uso de repositorios abiertos para la investigación. Como hemos visto, el principal desafío es que estas iniciativas internalicen los costos que la universidad siempre ha externalizado en las comunidades de estudiantes y en las editoriales. Estos esfuerzos dejan abierta la cuestión de cómo financiará la universidad estos proyectos a largo plazo y si un ecosistema de libros de texto abiertos, en particular, puede crecer y competir eficazmente con el sector comercial en ausencia de esas garantías financieras.

Como ya se ha visto en otras partes de este libro, el principal obstáculo para el cambio es la complejidad y la resiliencia del statu quo. Para los estudiantes, las combinaciones ad hoc de compras, préstamos y copias de materiales son las más efectivas en la mayoría de las materias. Para los investigadores, estas combinaciones brindan acceso a la mayor parte de los trabajos académicos que necesitan. Para las editoriales, la copia informal erosiona el mercado comercial, pero también reduce la presión para soluciones no comerciales, como los modelos abiertos y las disposiciones de derecho de autor más flexibles. Para las universidades, el ecosistema mixto les ahorra asumir nuevos gastos, responsabilidades y obligaciones hacia sus estudiantes. Este es un momento donde las fuerzas están extrañamente equilibradas, con estrategias comerciales, modelos abiertos y vías no autorizadas de copiado que evolucionan y que ejercen, cada uno, distintas formas de presión. No hay ninguna razón para suponer que este equilibrio sea estable, pero, como ocurre con la mayoría de los sistemas complejos, los efectos de cualquier cambio significativo son difíciles de predecir. En la práctica, el conservadurismo organizacional y la inacción tienden a ganar. En Montevideo, el costo político de una crisis real por el acceso a los materiales de estudio fue demasiado alto. Las redes de locales de fotocopias reabrieron poco después de las redadas y los estudiantes volvieron a sus formas habituales de acceso. En Delhi, las editoriales y las universidades están librando una pelea acerca de si la universidad incorporará alguna parte de las copias que todos saben que se realizarán de todos modos. En cualquier caso, la creciente abundancia de investigaciones y materiales educativos, así como la diversidad de formas de copiarlos y distribuirlos, favorecen a los estudiantes. Depende de todas las partes hacer que su acceso sea más fácil y legal.

Notas

1. En el caso de la Universidad de la República, el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se introdujo en 2008 y utiliza el software Moodle.

2. La ley de derecho de autor uruguaya (9.739) data de 1937 y ha sido modificada varias veces. La más importante de estas modificaciones se produjo en 2003 con la aprobación de la Ley 17.616, que llevó a Uruguay a cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC dice poco sobre la aplicación y el tipo de sanciones, la ley respondió a la ansiedad de los titulares de derechos de autor acerca del aumento de la piratería de CD y DVD, agregando restricciones y aumentando las penas a un máximo de tres años de penitenciaría para las infracciones con fines comerciales. El texto de la ley está disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937 (accedido el 9 de mayo de 2018).

3. El cuestionario fue respondido por 771 estudiantes de la Universidad de la República. Los datos se presentan en Rodés et al. 2012 como parte de una investigación comparativa más amplia sobre las prácticas y actitudes de los estudiantes en torno a los libros, la digitalización y los materiales de acceso abierto.

4. En el transcurso de este debate, la entonces presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, Alicia Guglielmo, trató de replantear la cuestión en términos económicos, argumentando que las fotocopias amenazaban 1.200 empleos en el sector editorial (180.com.uy 2013a). Pero esta afirmación chocó con cierto escepticismo. Las fotocopias habían sido omnipresentes en la comunidad universitaria durante décadas, sin evidencias claras de crecimiento o declive durante el período. De acuerdo con los representantes de las editoriales, la piratería de libros en otros sectores es baja (DICREA 2009:37), lo que sugiere un problema limitado principalmente a los materiales de estudio.

Referencias

180.com.uy. 2013a. “Las fotocopias hacen inviable el trabajo editorial.” 22 de octubre. http://www.180.com.uy/articulo/36340 (accedido el 2 de marzo de 2017).

180.com.uy. 2013b. “Entre derechos y bibliotecas llenas de fotocopias.” 23 de octubre. http://www.180.com.uy/articulo/36345_Entre-derechos-y-bibliotecas-hechas-de-fotocopias (accedido el 2 de marzo de 2017).

DICREA. 2009. “Conglomerado Editorial. Plan de refuerzo de la competitividad.” http://www.cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/5535/1/conglomerado_editorial_plan_refuerzo_de_la_competitividad.pdf (accedido el 2 de marzo de 2017).

El Observador. 2013. “Estudiantes protestaron contra ilegalidad de fotocopias: ‘La solución es socializar, no privatizar.’” 24 de octubre. http://www.elobservador.com.uy/noticia/263511/estudiantes-protestaron-contra-ilegalidad-de-fotocopias-la-solucion-es-socializar-no-privatizar/ (accedido el 2 de marzo de 2017).

El Observador. 2014. “El lunes se estrena el primer servicio de libros digitales para estudiantes en Uruguay.” 5 de marzo. http://www.elobservador.com.uy/noticia/273224/el-lunes-se-estrena-el-primer-servicio-de-libros-digitales-para-estudiantes-en-uruguay/ (accedido el 2 de marzo de 2017).

El País. 2013a. “Allanan locales y estudiantes no saben qué hacer.” Octubre. https://web.archive.org/web/20170708062617/http://www.elpais.com.uy/informacion/allanan-locales-fotocopias-estudiantes-no.html (versión archivada por Internet Archive el 8 de julio de 2017, accedida el 9 de mayo de 2018).

El País. 2013b. “Estudiantes juntaron 10 mil firmas a favor de su campaña por fotocopias.” Noviembre. https://web.archive.org/web/20170708012939/http://www.elpais.com.uy/informacion/estudiantes-juntaron-firmas-favor-campana.html (versión archivada por Internet Archive el 8 de julio de 2017, accedida el 9 de mayo de 2018).

El País. 2014. “Fotocopias ilegales de libros no cesaron y habrá más denuncias.” 30 de noviembre. https://web.archive.org/web/20170609082855/http://www.elpais.com.uy:80/informacion/fotocopias-ilegales-libros-no-cesaron.html (versión archivada por Internet Archive el 9 de junio de 2017, accedida el 9 de mayo de 2018).

Espectador. 2013. “Cámara Uruguaya del Libro: ‘no se puede seguir estudiando en fotocopias (…) le está haciendo mucho daño a la sociedad.’” 28 de octubre. http://www.espectador.com/cultura/277054/camara-uruguaya-del-libro-no-se-puede-seguir-estudiando-en-fotocopias-le-esta-haciendo-mucho-dano-a-la-sociedad (accedido el 2 de marzo de 2017).

Montevideo Portal. 2013. “FEUU preocupada por caso fotocopias. Pasado de toner.” 24 de octubre. http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?217094 (accedido el 2 de marzo de 2017).

Rodés, V., and A. Pérez Casas. 2013. “Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República.” Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje, Departamento de Apoyo Técnico Académico, Comisión Sectorial de Enseñanza (Udelar), Informe Técnico. http://www.creativecommons.uy/wp-content/uploads/2018/05/Rodes-y-Perez-2013-Percepciones-actitudes-y-pr%C3%A1cticas-respecto-a-los-libros-de-texto-y-al-uso-de-libros-digitales-en-formatos-abiertos-por-parte-de-estudiantes-de-la-Universidad-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf (accedido el 9 de mayo de 2018).

Rodés, V., A. Pérez Casas, X. Ochoa, and I. Frango. 2012. “Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto, digitales y en formatos abiertos por parte de estudiantes de universidades de América Latina.” http://www.br-ie.org/pub/index.php/wcbie/article/download/1893/1656 (accedido el 9 de mayo de 2018).

Udelar. 2013. “Censo de estudiantes universitarios de grado Udelar—2012.” http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/30152/siteId/1 (accedido el 9 de mayo de 2018).

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Bibliotecas ocultas

Equipo de CC Uruguay, mayo 7th, 2018

Esta semana se publicó el libro “Shadow Libraries. Access to Knowledge in Global Higher Education” (Bibliotecas ocultas. Acceso al conocimiento en la educación superior a nivel global). El libro brinda un panorama del acceso a las investigaciones científicas y a los materiales de estudio en los países de medianos y bajos ingresos, incluyendo Uruguay, a medida que se expanden las oportunidades para ingresar a la educación superior pero no se problematiza el acceso a los materiales.

La edición es coordinada por Joe Karaganis, un investigador que viene estudiando el acceso informal a la cultura a través de libros como “Piratería de medios en las economías emergentes” y “Copy culture in the US and Germany“. Esta nueva investigación, publicada por MIT Press, pone el foco en los ecosistemas de acceso al conocimiento en la educación superior, desarrollando los casos de Rusia, Brasil, Sudáfrica, Polonia, India, Argentina y Uruguay. Bibliotecas digitales piratas, fotocopiadoras, editoriales de precios populares y muchas otras prácticas se combinan cuando el precio de acceder a la cultura está por encima de lo que la comunidad académica puede afrontar. La piratería es, por lo tanto, la forma principal en la que los estudiantes, docentes e investigadores acceden al conocimiento en los países menos desarrollados. Tener esto en cuenta es fundamental para evitar la criminalización, para revisar las leyes de derecho de autor y para desarrollar políticas de acceso abierto que atiendan las necesidades educativas.

El libro cuenta con una coda final que aborda la crisis de acceso a materiales de estudio de 2013 en Uruguay, cuando la policía allanó decenas de locales de fotocopiadoras en las cercanías de la Facultad de Derecho. El libro en su conjunto muestra que lo que ocurrió en Uruguay se enmarca en una problemática global que está atravesada por las desigualdades en la producción y acceso al conocimiento.

El libro se puede comprar en papel o descargar de manera libre desde el sitio web de MIT Press. Se encuentra bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

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Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Equipo de CC Uruguay, diciembre 25th, 2017

El 13 de diciembre Serpaj presentó el informe 2017 sobre Derechos Humanos en el Uruguay. Este año, al igual que en el informe de 2015, Creative Commons Uruguay colaboró con un capítulo donde se hace una puesta al día del impacto del sistema de derecho de autor sobre los derechos humanos. El informe repasa casos recientes en los que se vieron afectados derechos humanos por el inadecuado régimen autoral vigente. También se hacen recomendaciones legislativas y de política pública para corregir estos graves problemas.

El informe 2017 de Serpaj se puede leer y descargar desde este enlace. Es de destacar que se publica bajo una licencia Creative Commons que permite acceder y compartirlo sin barreras. Los invitamos también a visitar el repositorio digital de Serpaj, que cuenta con una gran cantidad de documentos de interés de acceso libre.

A continuación compartimos con ustedes el texto de nuestra contribución.


Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Por Creative Commons Uruguay*

Ilustración: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

En el Informe Anual 2015 de Serpaj sobre Derechos Humanos en Uruguay, el equipo de Creative Commons Uruguay escribió un capítulo acerca del impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos. En ese texto destacamos, en primer lugar, la importancia de abordar la legislación de derecho de autor desde la perspectiva de derechos humanos, siguiendo el criterio de la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, que en 2014 estudió el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, y brindó recomendaciones a los Estados.1 Señalamos que la ley uruguaya 9.739 referida al derecho de autor, que data de 1937, se encuentra en conflicto con las prácticas culturales contemporáneas y afecta injustificadamente el derecho a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión. Esta afectación a los derechos humanos se hizo más evidente en los últimos años, principalmente a causa de la generalización del uso de las tecnologías digitales. Mientras que estas tecnologías permiten reproducir y distribuir información a bajo costo, facilitando el ejercicio de derechos, la ley criminaliza muchas de las principales prácticas tendientes a ejercerlos.

El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, en su obra Derecho Penal – Parte general,2 explicaba ya a principios de los 2000 los problemas que traía la falta de adecuación de las normas de propiedad intelectual a la realidad contemporánea. Debido a los cambios tecnológicos y culturales ocurridos en las últimas décadas, el texto de la ley de derecho de autor pasó a abarcar un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. Mientras que en la década de 1930 solo era posible reproducir las obras con recursos técnicos muy costosos, la tecnología permite hoy la copia de obras enteras, o de partes de ellas, prácticamente sin costo. La conducta de reproducir, penada en el texto legal, se encuentra generalizada y, en los hechos, resulta imposible criminalizar a todas las personas que hacen copias para uso personal. Sin embargo, la mayoría de la población incurre cotidianamente en delitos conforme al texto y cualquier persona podría ser criminalizada arbitrariamente. Dado que el ámbito de las conductas criminalizadas es de extensión inusitada y no estuvo previsto en el contexto originario del texto, el resultado es un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad. Zaffaroni concluye afirmando que un tipo penal no puede erigirse en instrumento para la criminalización indiscriminada y que la omisión de las instituciones políticas frente a cambios de contexto cultural o tecnológico que alteran la extensión punitiva de un texto legal constituye una renuncia a su función, que no es constitucionalmente admisible. En otras palabras, buena parte de la ley de derecho de autor, incluyendo algunas de sus disposiciones penales, son inconstitucionales.

El ejemplo más obvio de inconstitucionalidad en la ley uruguaya de derecho de autor se puede encontrar en el literal E del artículo 46, que establece:

El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).

El artículo 2 detalla qué se entiende por reproducir:

La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.

Con este tipo penal y esta definición de reproducción, prácticamente la totalidad de la población uruguaya comete delitos de manera cotidiana. El funcionamiento de Internet implica que, cuando una persona accede a un sitio web desde su computadora, se generan y almacenan copias temporales de los contenidos en el dispositivo local. Al no contar con la autorización por escrito de los titulares de derechos de autor de cada sitio web, todas las personas que navegan por Internet en Uruguay cometen el delito penal comprendido en el literal E del artículo 46.

Este no es el único ejemplo de inconstitucionalidad. Otro caso es el que se da respecto del préstamo de ejemplares de obras. De acuerdo al artículo 2 de la ley 9.739, el préstamo también es una facultad exclusiva de los titulares de derechos de autor. Por lo tanto, prestar libros, discos o cualquier otro tipo de obras, ya sea de manera pública en una biblioteca o de manera privada entre personas individuales, sin la autorización expresa del titular de derechos, también constituye un ilícito de acuerdo a esta ley.

Los graves problemas ya mencionados, así como muchos otros presentes en el texto de la ley, dejan a todas las personas, en tanto usuarias de obras intelectuales, en situación de precariedad legal e indefensión, estando sujetas a posibles usos arbitrarios de la ley en su contra. Asimismo, se ven vulnerados sensiblemente los derechos a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.

Casos recientes de vulneración de derechos

Un conjunto de casos ocurridos en los últimos años sirven para ilustrar una situación que, aunque por lo general no es percibida como apremiante, suele estallar en casos de abrupta arbitrariedad. A continuación pondremos el foco en algunos de estos casos.

El más notorio en los años recientes afectó el derecho a la educación, cuando en octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República dejaron sin materiales de estudio a miles de estudiantes de Derecho. Las fotocopias son desde hace décadas una de las principales vías de acceso a materiales de estudio. La necesidad de fotocopiar se ve incrementada por el alto costo de los libros,3 y la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas no alcanza para satisfacer la demanda.

Los allanamientos a las fotocopiadoras dejaron como saldo 32 personas detenidas, decenas de máquinas incautadas y más de 10 locales clausurados. Miles de estudiantes sufrieron dificultades importantes para acceder a los materiales de estudio durante meses. La situación posteriormente se estabilizó, como era previsible, con el desplazamiento de la demanda a otros centros de fotocopiado y a grupos de intercambio en Internet, entre otras formas de acceso informal que complementan las insuficientes vías de acceso legal.

En octubre de 2016 la causa culminó con 14 personas condenadas a 7 meses de prisión por la reproducción y distribución de fotocopias en los centros de fotocopiado.

A comienzos de 2015, otro caso puso de relieve la afectación de la ley de derecho de autor a la libertad de expresión. El 18 de febrero de ese año una jueza penal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco, en el departamento de Colonia. La incautación se ordenó ante una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay, un consorcio de representantes legales de empresas multinacionales de software. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en la desproporcionada medida judicial, que fue particularmente grave porque violó la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenazó seriamente la actividad normal del periódico. El sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión.4 Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial. Días más tarde se supo que el denunciante actuó sin la autorización de la empresa de software a la que alegaba representar, por lo cual la causa no derivó en condenas al medio de prensa. No obstante, cabe resaltar que la medida judicial a través de la cual se ordenó la incautación de equipos se apoyó en la ley de derecho de autor. Desde 2003, esta ley considera el software como una obra autoral, y prevé sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría e incautación de equipos ante el uso de programas sin licencia. Este ilícito penal tan ampliamente extendido5 derivó en la existencia de entidades privadas, que, bajo modelos de dudosa legalidad, alegan representar a las empresas titulares de derechos, y, bajo la amenaza de denuncia penal, buscan cobrar “multas” u otros tipos de penalidades para “regularizar” a los infractores. Si bien el caso del periódico El Eco fue el que más notoriedad pública cobró, otros medios de prensa también fueron asediados, así como profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, como arquitectos, diseñadores e imprentas.

A comienzos de 2017, otro caso notorio afectó la libertad de expresión. El 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, Estudio Peyos SA, intimó a la editorial uruguaya Índice y a la profesora Silvana Pera, autora del libro de Historia Uy-siglo XX, dirigido a estudiantes de sexto año de escuela, a retirar todos los ejemplares de circulación, bajo la advertencia de entablar acciones judiciales en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa”.6 Semanas después de la intimación, la editorial Índice publicó un comunicado informando que eliminó del libro “cualquier mención o referencia a Los Pitufos, ya sea en forma de texto o diseño”, para evitar las acciones judiciales.7

Los derechos que administra Estudio Peyos SA provienen del autor original de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, que falleció en 1992. La empresa realizó la intimación por el uso de una imagen de Los Pitufos en el libro educativo de Silvana Pera, quien usó el ejemplo de Los Pitufos para ilustrar el concepto de comunismo, presente en los programas de estudio de sexto año. La intimación se basó en la ley de derecho de autor, que en nuestro país carece de excepciones para ejercer el derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, una práctica habitual en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas para proteger la actividad educativa, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas”.8

Más allá de la polémica mediática acerca del libro, desde una perspectiva de derechos humanos debe señalarse con preocupación que una empresa privada haya ejercido una censura directa sobre una obra con la cual tenía diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen citada en el libro no competía de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes de Los Pitufos, y que lo que se exigió no fue una compensación sino el retiro de la circulación. La falta de ciertas excepciones básicas en la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, empleando, entre otros argumentos, el del uso no autorizado de imágenes o pequeños fragmentos de obras a modo de cita.

En los últimos años también han existido amenazas al derecho de acceso y participación en la vida cultural, relacionadas con el inadecuado sistema de derecho de autor. Han sido persistentes las intimaciones y denuncias de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) contra personas y colectivos sin fines de lucro que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural a través de la digitalización y puesta en línea de materiales que se encuentran fuera del mercado. Estas entidades apelan recurrentemente, de manera abusiva, a los mecanismos de notificación y baja de contenidos de las principales plataformas digitales, como YouTube o Facebook. Las grandes plataformas, pertenecientes a corporaciones sujetas a la legislación estadounidense, suelen dar inmediatamente de baja los contenidos sin valorar adecuadamente los descargos de los usuarios denunciados. Lo grave de este tipo de procedimientos es que se establece una suerte de justicia privada, donde las plataformas reemplazan al sistema judicial para la determinación y sanción de las infracciones al derecho de autor.

Por otra parte, Agadu realiza habitualmente cobros arbitrarios y desproporcionados por la realización de festivales y otras actividades sin fines de lucro en espacios públicos, y ha llegado a exigir el pago por ensayos de carnaval en la calle. Desde 2015, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) también ha comenzado a realizar cobros arbitrarios en espacios públicos y pequeños comercios por la supuesta utilización de obras audiovisuales. La prácticas mencionadas dan cuenta de la debilidad de los mecanismos estatales para fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, así como para corregir y sancionar los abusos que estas frecuentemente cometen.

Las situaciones de vulneración de derechos que hemos presentado no son atribuibles exclusivamente a una falta de actualización de la ley del año 1937. A modo de ejemplo, la redacción del artículo 2, que incluye dentro de las facultades exclusivas de los titulares de derechos tanto a las copias electrónicas temporales como al préstamo de ejemplares de obras, fue incorporada en una reforma del año 2003 a través de la ley 17.616. Esta reforma se realizó con el objetivo de ajustar la ley de nuestro país a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), uno de los acuerdos del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1995. Dicho acuerdo aborda la propiedad intelectual como un asunto vinculado al comercio, cuestión que ha traído a los países miembros de la OMC enormes desafíos para compatibilizarlo con las obligaciones del sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país lamentablemente estuvo lejos de realizar la adecuación de la ley de derecho de autor a ADPIC prestando atención a las obligaciones de derechos humanos. La reforma de la ley buscó satisfacer las demandas de las cámaras y entidades sectoriales de la industria cultural. El resultado fue que el texto aprobado en 2003 fue incluso más allá de los cambios exigidos por la OMC. Así, se acentuó el desbalance entre los derechos de los intermediarios y los derechos de los autores y usuarios. Mientras que se amplió el alcance y el plazo de las facultades otorgadas a las empresas titulares de derechos, no se creó ni se adaptó ninguna de las pocas excepciones consagradas en 1937, que quedaron desactualizadas y prácticamente inaplicables. Tampoco se pusieron límites a los contratos de cesión de derechos a través de los cuales en innumerables ocasiones los autores son privados de los beneficios de su trabajo por las empresas intermediarias.

Avances y retrocesos en el proyecto de ley de reforma del derecho de autor

Luego de los allanamientos de 2013 a las fotocopiadoras, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de ese año un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor, colocando en la opinión pública el debate en torno al derecho a estudiar. El proyecto inicial fue avalado por la firma de 10.000 estudiantes universitarios. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se denominó a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trataba de una propuesta que amparaba diversas prácticas necesarias para la educación y el acceso a la cultura.

Realizamos a continuación un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva cuatro años. El proyecto original proponía añadir nuevas excepciones al derecho de autor. En particular, la excepción de ilustración de enseñanza, diversas excepciones para las actividades de las bibliotecas,9 la excepción de copia para uso personal y la despenalización del literal E del artículo 46. La iniciativa no llegó a ser tratada por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El texto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogió los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadió la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción a este proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, actualizando la ley y corrigiendo algunos de los desbalances añadidos en 2003. Sin embargo, luego de la media sanción, sobrevino la reacción de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de Agadu, entidades intermediarias que buscaron imponer la idea de que el proyecto afectaba a la industria editorial y al sector cultural.

Toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto que recibió la media sanción del Senado incorporó el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, como el derecho de hacer parodias, fotografiar y filmar obras expuestas en espacios públicos, citar obras escritas, sonoras, audiovisuales, plásticas y fotográficas, entre otras disposiciones. Lejos de dañar el interés de los creadores, el proyecto apunta a consolidar el derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay respecto de otros países.

Sin embargo, las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema, entre ellas la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, instituciones y colectivos docentes, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien en un principio la CUL y Agadu habían afirmado oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron eliminar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. De aprobarse la propuesta acordada entre Agadu, FEUU y CUL, el Parlamento estaría legitimando muchas de las restricciones que en principio buscaba superar.

A modo de ejemplo, atendiendo a que, como ya dijimos, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar todo tipo de obras de manera legal. En cambio, el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL restringe el préstamo únicamente a bibliotecas de instituciones sin fines de lucro y a obras expresadas por escrito, excluyendo libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Así, mientras que hoy el préstamo es ilegal pero esta ilegalidad cae por la fuerza de la costumbre, en caso de aprobarse el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se estaría legitimando en 2017 una norma que prohíbe a las bibliotecas prestar todo tipo de materiales excepto textos.

En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de la Universidad de la República, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL, y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Otras organizaciones sociales se sumaron al reclamo a través de un documento conjunto10 donde respaldan el proyecto del Senado. También cientos de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura enviaron al parlamento una petición en apoyo al proyecto con media sanción del Senado.11

En octubre de 2017, tanto el proyecto con media sanción del Senado como el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

Excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso

Consideramos relevante incluir en este informe un importante avance para el ejercicio de los derechos culturales. Se trata del decreto 295/017,12 que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. Esta reglamentación, promulgada el 16 de octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, hace también efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a este decreto reglamentario, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas contarán con mejores posibilidades de acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (un proyecto conjunto de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor.

Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual, pero también a personas con otras dificultades para acceder a obras impresas (por discapacidades motrices o intelectuales, o por diferentes tipos de trastornos que afectan la lectura). Este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una gran proporción de personas adultas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirles el disfrute y el derecho de la lectura.

A partir del decreto reglamentario las obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Oportunidades para seguir avanzando

El Senado dio media sanción a una reforma que, en caso de aprobarse, consagraría excepciones y limitaciones al derecho de autor para contemplar adecuadamente los derechos culturales, especialmente el derecho a estudiar. Asimismo, el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar una ley que favorece el acceso a la cultura de las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Pero la discusión normativa debe ir acompañada de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos culturales.

En este sentido, Uruguay aprobó a principios de 2017 la Agenda Uruguay Digital 2020. Bajo el lema “Transformación con equidad”, la agenda incluye, entre otros objetivos, la “creación del Sistema Nacional de Repositorios para compartir y consultar todos los artículos científicos, tesis y libros de textos de producción nacional a nivel universitario”.13 La creación de un sistema de repositorios digitales implica destinar recursos públicos y orientar esfuerzos a garantizar el acceso abierto a la investigación científica nacional y a materiales educativos. Cabe esperar que este esfuerzo se complemente con el impulso a la digitalización del patrimonio cultural que albergan las bibliotecas, museos y archivos públicos, para ponerlo a disposición de la ciudadanía, respetando los derechos autorales, pero haciendo uso del dominio público y de las escasas excepciones contempladas por la ley en favor del acceso a la cultura, la educación y la ciencia.

El derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural, que es de rango constitucional en Uruguay en virtud de los tratados de derechos humanos de los que el país es firmante, implica una responsabilidad por parte del Estado. Nuestro país debe salir de la actual situación desequilibrada en cuanto a legislación en materia de derecho de autor para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos culturales. Estudiantes y docentes deben poder utilizar materiales de estudio sin verse expuestos a sanciones penales. Las bibliotecas e instituciones culturales deben poder cumplir su misión sin entrar en contradicción con la ley. Las personas que crean obras intelectuales deben poder hacerlo sin dejar de expresar sus ideas para cuidarse de posibles represalias legales. Así como lo ha hecho con la firma, ratificación y reglamentación del Tratado de Marrakech, Uruguay tiene la oportunidad de continuar avanzando con más excepciones al derecho de autor y con más políticas públicas que permitan a las personas ejercer sus derechos a la hora de aprender, informarse y crear. El Estado, en lugar de ser un agente de represión de las prácticas culturales de la población, debe transformarse en un garante de derechos a través de una legislación adecuada al siglo XXI, y en un facilitador de su ejercicio mediante el desarrollo de políticas públicas de acceso a la cultura.

* Creative Commons Uruguay es un colectivo sin fines de lucro que promueve la creatividad y el acceso democrático al conocimiento. Forma parte de la red internacional de Creative Commons, que ha desarrollado licencias de derecho de autor del mismo nombre.

1 Shaheed, Farida. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 24 de diciembre de 2014.

2 Zaffaroni, Eugenio Raúl et al. Derecho penal – Parte general. Buenos Aires, Ediar, 2002.

3 Rodés, Virginia y Pérez Casas, Alén. Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. Montevideo, Udelar, 2013.

5 Según un estudio de la Business Software Alliance, una cámara empresarial internacional del sector del software dedicada al ejercer presión en materia de propiedad intelectual, en 2015 el 68% del software instalado en Uruguay no contaba con licencia. Ver: Seizing opportunity through license compliance. BSA global software survey. Mayo de 2016. Disponible en: http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_US.pdf

6 Uypress. Pitufos comunistas con leyes capitalistas: piden retirar de circulación el libro. 24 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.uypress.net/auc.aspx?75360

7 Montevideo Portal. Tras acuerdo legal, quitaron referencia a Los Pitufos en libro escolar. 27 de julio de 2017. Disponible en: http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tras-acuerdo-legal-quitaron-referencia-a-Los-Pitufos-en-libro-escolar-uc350069

8 Xalabarder, Raquel. Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet. Revista pe.i., n. 29, Madrid, mayo-agosto 2008, pág. 22.

9 Uruguay es uno de los 21 países que aún no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas. Para más información, ver Crews, Kenneth. Copyright exceptions & limitations: libraries and archives. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_presentations.pdf

11 Petición disponible en: https://www.todosganamosderechos.org/

12 Decreto reglamentario disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/295-2017

13 Jackson, Matías. Nueva Agenda Digital Uruguay 2016-2020. 23 de enero de 2017. Disponible en: https://www.mjackson.uy/nueva-agenda-digital-uruguay-2016-2020/

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Se reglamentó la excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para el acceso al texto impreso

Equipo de CC Uruguay, octubre 19th, 2017

audiolibro

El 16 de octubre el Poder Ejecutivo firmó el decreto que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para el acceso al texto impreso. Esta reglamentación hace efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a esta reglamentación, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas van a poder comenzar a acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (BIDYA) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor. Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual; personas con discapacidades motrices que dificulten el acceso a los textos; personas con discapacidad intelectual leve, moderada o severa; personas con dislexia u otros trastornos que afectan la lectura; personas con discapacidades físicas que les impidan manipular el material de lectura, o que les generen dificultades para centrar la vista o mover los ojos en la medida necesaria para leer; y cualquier otra persona que, por otras razones, padezca de dificultades para el acceso al texto impreso. Por lo tanto, este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una enorme proporción de personas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirle el disfrute y el derecho de la lectura.

Las obras incluidas en la norma son aquellas que se pueden expresar en forma de texto, notación o ilustraciones conexas, así como obras en formato audio (audiolibros y formatos similares). A partir del decreto reglamentario, estas obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso de todas las personas, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Consideramos que esta reglamentación firmada por el Poder Ejecutivo es un gran paso adelante para favorecer el derecho de acceso a la cultura de la población. Ha sido concebida en base a criterios avanzados de derechos humanos, favoreciendo el acceso y la apertura. Es sin dudas una gran victoria de las organizaciones de personas con discapacidades, así como de la comunidad educativa y bibliotecaria, y de todas las organizaciones que de uno u otro modo militamos por el acceso democrático a la cultura.

No debemos olvidar que este logro es el producto de largos años de lucha de las organizaciones sociales, que, tanto a nivel nacional como internacional, se enfrentaron a la férrea resistencia de las editoriales y de los titulares de derecho de autor. De manera característica, muchos de estos actores corporativos se opusieron a la implementación del Tratado de Marrakech, colocando sus intereses comerciales por encima de los estándares más básicos de derechos humanos. Por esta razón, es aún más destacable el logro.

Para quienes deseen leerlo completo, el Decreto n.° 295/017 se encuentra disponible en el sitio web de Presidencia de la República.

 

Foto por ActuaLitté en Flickr bajo licencia CC BY-SA.

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Nerdatón 2017

Equipo de CC Uruguay, agosto 7th, 2017

Por segundo año consecutivo invitamos a todas y todos a la Nerdatón: un experimento colectivo para adentrarnos toda una noche en la recuperación de nuestro patrimonio literario y artístico, a través de la digitalización y socialización del conocimiento y la cultura.

Lo hacemos con mecanismos y equipamiento Do It Yourself, hecho por nosotros mismos, con la finalidad de que la sociedad vuelva a disfrutar de las obras que forman parte de su acervo cultural e histórico.

Además, habrá juegos y actividades para aprender de manera divertida los procesos tecnológicos vinculados con la socialización de la cultura.

La Nerdatón empieza el viernes 18 de agosto a las 20 hs y dura hasta las 6 de la mañana del sábado. (¡Pero atención! La entrada es hasta las 22 hs)

La actividad se realiza en el Centro Cultural de España (Rincón 629, Montevideo). La entrada es libre y gratuita. Trayendo sus propias computadoras, tablets o celulares, podrán disfrutar de las actividades de manera más cómoda.

Si quieren saber más sobre cómo es una Nerdatón, pueden leer sobre la experiencia del año pasado:

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Actualización: compartimos algunas fotos de la nerdatón.

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Reforma del derecho de autor: puesta al día de las alternativas que se discuten en el Parlamento

Equipo de CC Uruguay, mayo 13th, 2017

Imagen: Karen Arnold. CC0.

Durante los últimos días hubo novedades sobre la reforma de la ley de derechos de autor. Tal como informaron La Diaria, El País y M24, entre otros medios, se reavivó la discusión parlamentaria sobre el tema. En este texto buscamos hacer una puesta al día de la situación, explicando nuestra posición sobre las alternativas más convenientes.

Reseña histórica

Para entender las novedades actuales, es necesario un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva más de tres años. En octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a las fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República, donde los estudiantes conseguían sus materiales de estudio, pusieron de manifiesto la profunda inadecuación de la ley 9.739 de derechos de autor, sancionada en el año 1937, respecto a las necesidades actuales de acceso a la cultura y a la educación. Esa ley, que brinda un monopolio casi total sobre las obras a los titulares de derechos, prácticamente no tiene excepciones para usos socialmente justos y valorables como las actividades de educación, el trabajo de las bibliotecas, el acceso a la ciencia y a la cultura. Para peor, fue endurecida en 2003 en respuesta a imposiciones de la Organización Mundial del Comercio.

El rechazo social que trajo la aplicación de esta ley anacrónica creó conciencia sobre la necesidad de reformarla, incluyendo en nuestra legislación las excepciones y disposiciones básicas para amparar los derechos a la educación y a la cultura, consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos.

En 2013 el Centro de Estudiantes de Derecho presentó un proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, contemplando algunas de estas excepciones, que no llegó a ser tratado por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El proyecto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogía los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadía la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción al proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia ampliar los derechos culturales de la ciudadanía. Sin embargo, luego de la media sanción, surgió una reacción furibunda y desproporcionada de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), que afirmaban falazmente que el proyecto va contra los derechos de los editores y autores. Como sabe cualquier persona interesada en el tema, toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto aprobado en el Senado también incorpora el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, dado que ampara la posibilidad de hacer parodias, citas o fotografías de obras en espacios públicos, entre otras disposiciones. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, sensato y que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay, respecto de otros países, en este tema. Por poner solo un ejemplo, Uruguay es hoy uno de los escasísimos países que no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas.

Las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema y que solicitaron estar presentes, entre las que había instituciones y colectivos docentes, de bibliotecas, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien originalmente la CUL y Agadu afirmaban oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron borrar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. El problema de esto es que, de aprobarse la propuesta del acuerdo Agadu – FEUU – CUL, el Parlamento estaría legitimando involuntariamente muchas de las restricciones injustas y anacrónicas que en principio buscaba superar y que, si bien son entendibles en una ley de hace 80 años, son inaceptables en una norma contemporánea.

A modo de ejemplo, aunque parezca absurdo, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país. Atendiendo este problema, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar obras, como lo hacen siempre, pero ahora de manera legal. En cambio, el acuerdo Agadu – FEUU – CUL restringe el préstamo únicamente a obras expresadas por escrito, dejando afuera libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Si bien toda persona puede entender que las disposiciones anacrónicas fijadas en leyes antiguas caen por desuso, ¿cómo se puede justificar que una ley de 2017 prohíba a las bibliotecas prestar, sin ningún fin de lucro, todo tipo de materiales excepto textos?

Nuestra posición

Desde Creative Commons Uruguay solicitamos asistir a las comisiones de educación y cultura del Senado y de la Cámara de Representantes, donde dimos nuestra opinión favorable sobre el proyecto de ley que terminó recibiendo media sanción en la Cámara Alta, y fuimos más allá, planteando la necesidad de profundizar el capítulo de limitaciones y excepciones, incluyendo una cláusula de uso justo, que brinda un grado mayor de amparo legal para las prácticas cotidianas de acceso a la cultura que no afectan la normal explotación de las obras.

Luego de la media sanción en el Senado, nos sumamos a una campaña ciudadana impulsada desde la plataforma todosganamosderechos.org, desde la cual se juntaron cientos de firmas de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura que apoyan el proyecto emanado del Senado.

También nos sumamos a un conjunto de diez organizaciones sociales que firmaron un documento conjunto donde respaldan el proyecto del Senado.

Una vez que Agadu, FEUU y CUL presentaron el acuerdo surgido de aquella negociación desbalanceada, hicimos un análisis minucioso comparando el proyecto aprobado por el Senado con el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, y definimos a tal acuerdo como un acuerdo insuficiente. En dicho análisis hay una explicación, artículo por artículo, de por qué dicha propuesta retrocede en derechos con respecto al proyecto del Senado. Planteamos que el acuerdo Agadu – FEUU – CUL deja por el camino importantes contenidos que recibieron anteriormente el apoyo de todo el sistema político, desnaturalizando las excepciones educativas y para bibliotecas, afectando la libertad de panorama, y eliminando de plano la despenalización para usos sin fines de lucro y la copia para uso exclusivamente personal, entre otros aspectos.

Perspectiva a futuro

A pesar de los inconvenientes que saltan a la vista en el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, algunas bancadas de la Cámara de Representantes argumentaron el año pasado que era preferible aprobar dicho acuerdo dado que, a pesar de las falencias, era el resultado de una negociación representativa. Sin embargo, a lo largo de los meses, cada vez más reclamos empezaron a alzarse en contra de esa visión, dejando en claro que una verdadera representatividad incluye a muchas más voces. En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de instituciones universitarias, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del mismo Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo Agadu – FEUU – CUL y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Entre otros argumentos, se escuchó el llamado a que exista una normativa efectiva de limitaciones y excepciones, que no se discrimine entre estudiantes de instituciones públicas y privadas, y que no se pongan límites injustificados al derecho a estudiar y a las bibliotecas.

Como contamos al comienzo del artículo, en los últimos días varios medios de prensa informaron que la bancada del Frente Amplio retrasó su decisión sobre este tema, justamente a partir de los reclamos sociales para que la ley que finalmente se apruebe contenga una visión plural y lo más cercana posible al espíritu original del proyecto surgido en 2013 y aprobado en Senadores.

Desde Creative Commons Uruguay apoyamos estos reclamos y esperamos ser recibidos nuevamente por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para plantear nuestra posición. Confiamos en que el Parlamento escuche a las organizaciones sociales dejadas de lado en el Acuerdo Agadu – FEUU – CUL y que priorice los argumentos sensatos de la ciudadanía sobre las meras presiones corporativas de las cámaras empresariales. Así es que se podrá llegar a una ley justa, equilibrada y progresista que regule la cultura atendiendo a los derechos de todas y todos.

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Hacia la implementación del Tratado de Marrakech en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, abril 17th, 2017

*Artículo publicado originalmente en creativecommons.org

El “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso” constituye un hito en la relación entre los derechos de autor y los DD.HH., siendo el primer tratado internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) consagrado con el objetivo exclusivo de proteger los derechos de acceso a la cultura y el conocimiento.

Dicho Tratado fue aprobado en el ámbito de la OMPI en el año 2013 y entró en vigor el 30 de setiembre de 2016. Desde su aprobación y ratificación, varios Estados parte se encuentran trabajando para lograr su efectiva implementación a nivel nacional.

La implementación del Tratado de Marrakech

Dos aspectos clave a tomar en cuenta para la implementación de Marrakech en las legislaciones nacionales son:

1) Marrakech constituye un mínimo de protección. Las cláusulas mandatorias del tratado incluyen la obligación de establecer como mínimo las siguientes excepciones o limitaciones relacionadas con el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso:

  • Excepción o limitación para la producción de obras en formatos accesibles.
  • Excepción o limitación para la distribución y comunicación al público de obras en formatos accesibles.
  • Excepción o limitación para la exportación (transferencia internacional) de obras en formatos accesibles.
  • Excepción o limitación para la importación (introducción al país) de obras en formatos accesibles.
  • Excepción a las Medidas Tecnológicas de control de Acceso (DRM)

Si bien en el cuerpo del Tratado se sugieren modelos de implementación para estas excepciones, estos modelos no son vinculantes. Las Partes Contratantes podrán incluir limitaciones y excepciones distintas a las previstas o con un mayor alcance, en la medida que se cumpla con la regla de los tres pasos presente en todos los acuerdos de DA y conexos.

2) La clave del éxito de Marrakech depende de la creación de redes internacionales con procesos ágiles de producción e intercambio de ejemplares accesibles, procurando evitar la duplicación de esfuerzos.

La mayor innovación del Marrakech es, sin lugar a dudas, la instauración de un régimen internacional de transferencia internacional de ejemplares en formato accesible, facilitando el intercambio y fortaleciendo la eficiencia de aquellas entidades habilitadas a realizar la producción y distribución de este tipo de obras. Estas instituciones deben contar con un marco normativo claro y compatible con el de las entidades de otros países. Un país miembro podrá establecer como requisito suficiente para la exportación que el país haya ratificado Marrakech o que su legislación lo permita, pero también podrá disponer otro tipo de restricciones. Esto último podría dificultar enormemente el análisis de la legalidad de la transferencia, operando de barrera en el intercambio. La redacción óptima de esta excepción será siempre la más simple y menos restrictiva.

El régimen de cooperación internacional encaminado a facilitar el intercambio transfronterizo previsto en Marrakech establece a la OMPI como punto de acceso a la información, por lo que la OMPI se encuentra actualmente trabajando en la creación de una base de entidades autorizadas a nivel mundial, un catálogo mundial de obras y mecanismos de análisis de la compatibilidad entre legislaciones (a través del Proyecto ABC). Entendemos que, la implementación óptima del tratado a nivel nacional, deberá efectuarse indefectiblemente en coordinación con la OMPI.

Implementación de Marrakech en Uruguay

Los días 23 y 24 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Montevideo el “Seminario Nacional: El derecho a la accesibilidad. La excepción a los derechos de autor en la Ley de Derechos de Autor del Uruguay y la implementación del Tratado de Marrakech de la OMPI” coorganizado por el Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay (CDA – MEC) y la OMPI.

En dicha ocasión, fue presentado y discutido el proyecto de Decreto reglamentario del Tratado elaborado por el CDA-MEC. A su vez, las diferentes instituciones del gobierno, academia y sociedad civil que se encuentran trabajando en proyectos de bibliotecas digitales accesibles, presentaron sus experiencias e inquietudes.

Destacamos algunos aspectos de la propuesta de Decreto Reglamentario presentado por el CDA – MEC de Uruguay:

  • Se implementa el Tratado mediante la instauración de excepciones, excluyendo el uso de licencias obligatorias o limitaciones con remuneración compensatoria. Este requisito de remuneración compensatoria sería un gran obstáculo o carga poco razonable, ya que los proyectos de bibliotecas digitales accesibles de países como Uruguay cuentan con pocos recursos e infraestructura. Por otra parte, no existiría nada que compensar cuando la oferta comercial de obras en este tipo de formatos es prácticamente inexistente.
  • Se propone la creación del “Registro de Obras e Instituciones Autorizadas comprendidas en la excepción de derecho de autor a favor de personas ciegas o con otras discapacidades para la lectura”, el registro será de carácter obligatorio e implicará la creación de un catálogo nacional de obras y de una nómina de instituciones autorizadas. Dicho Registro estará a cargo de la Biblioteca Nacional del Uruguay que además cumplirá con las funciones de control, coordinación y colaboración con las las instituciones autorizadas, así como la facilitación y estímulo del intercambio interinstitucional y transfronterizo.
  • El Proyecto de Decreto declara como “instituciones autorizadas” para proporcionar y producir ejemplares en formatos accesibles a las instituciones de enseñanza públicas y/o privadas, las Bibliotecas públicas o privadas y a dos asociaciones: la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Fundación Braille del Uruguay. De esta forma se facilita la existencia de proyectos de producción y distribución de ejemplares en formatos accesibles en estas instituciones. Se prevé que, para otro tipo de instituciones sin fines de lucro, exista un trámite de acreditación, autorización e inscripción en el registro.
  • Se habilita directamente a los beneficiarios del tratado (personas ciegas o con problemas de acceso al texto escrito) y a las personas que actúen en su nombre a producir e importar ejemplares en formato accesible, no solamente a las instituciones autorizadas.
  • El Proyecto de Decreto NO obliga a efectuar un análisis de mercado previo a la producción o distribución de cada ejemplar, con el fin de determinar la posibilidad de obtención comercial en condiciones razonables. Simplificando, de esta forma, el trabajo de las bibliotecas, instituciones educativas y fundaciones.
  • El Proyecto de Decreto plantea una redacción simple, clara y sin mayores restricciones para el caso de intercambio transfronterizo de obras: toda institución autorizada que se encuentre registrada podrá distribuir, comunicar o poner a disposición de las personas beneficiarias o para una institución autorizada establecida en otro país Parte Contratante del Tratado de Marrakech o de un país cuya legislación lo admita, las obras en formato accesible de su catálogo.
  • Por último, se establece la legalidad de la elusión de medidas de protección tecnológica en el marco de las actividades relacionadas con estas excepciones. Por lo que, por ejemplo, desencriptar o desactivar la protección tecnológica de un archivo que contenga una obra, para producir un ejemplar accesible, no sería sancionable por el delito penal previsto en el artículo 46 de la ley de derecho de autor de Uruguay.

Consideramos que la reglamentación propuesta por el Consejo de Derechos de Autor del Uruguay es un buen modelo a seguir, esperamos sea aprobada a la brevedad por el Poder Ejecutivo.

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El nuevo repositorio de acceso abierto de la Fundación Ceibal

Equipo de CC Uruguay, marzo 2nd, 2017

En las últimas semanas la Fundación Ceibal lanzó su repositorio digital con el objetivo de poner a libre disposición de la ciudadanía publicaciones y recursos científicos relativos a la educación, el aprendizaje y la mediación de las tecnologías. En el comunicado de lanzamiento dicen: “Entendiendo que el conocimiento científico es un bien público, su acceso y divulgación no deben estar restringidos por barreras económicas, legales o tecnológicas. Atentos a esto, Fundación Ceibal trabajó junto a un equipo de expertos en la creación de un repositorio digital.”

El nuevo repositorio basa su política de acceso abierto en el uso de las licencias Creative Commons. Todos los papers publicados hasta el momento cuentan con una licencia CC Atribución (CC BY), que garantiza amplias libertades a los usuarios para acceder, compartir y reutilizar los materiales científicos y educativos. Si bien el repositorio se lanza con algunas decenas de trabajos, se espera que en un futuro se agreguen muchos materiales más.

Desde CC Uruguay tuvimos el gusto de colaborar en las etapas preliminares del proyecto. Hace algunos meses fuimos invitados a realizar una formación a los funcionarios encargados del proyecto sobre derechos de autor y licencias libres para el acceso abierto, y a brindarles asesoramiento sobre las políticas de acceso abierto del repositorio.

El caso del conocimiento y la cultura financiados con fondos públicos es paradigmático de la manera en que la ciudadanía contribuye en la creación de un conocimiento que, una vez producido, no siempre se pone a disposición de todas las personas. Los repositorios institucionales de acceso abierto son una herramienta de política pública para que la sociedad acceda a un conocimiento del cual es copartícipe, tanto a través de su financiación como a través de su involucramiento en la cultura, la ciencia y la educación.

Por todo esto, felicitamos la iniciativa de la Fundación Ceibal. Esperamos que el repositorio siga creciendo y que las políticas de acceso abierto, recursos educativos abiertos y licencias libres en la cultura se sigan expandiendo en otros proyectos del sistema educativo y científico.

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