acceso a la cultura

Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Equipo de CC Uruguay, diciembre 25th, 2017

El 13 de diciembre Serpaj presentó el informe 2017 sobre Derechos Humanos en el Uruguay. Este año, al igual que en el informe de 2015, Creative Commons Uruguay colaboró con un capítulo donde se hace una puesta al día del impacto del sistema de derecho de autor sobre los derechos humanos. El informe repasa casos recientes en los que se vieron afectados derechos humanos por el inadecuado régimen autoral vigente. También se hacen recomendaciones legislativas y de política pública para corregir estos graves problemas.

El informe 2017 de Serpaj se puede leer y descargar desde este enlace. Es de destacar que se publica bajo una licencia Creative Commons que permite acceder y compartirlo sin barreras. Los invitamos también a visitar el repositorio digital de Serpaj, que cuenta con una gran cantidad de documentos de interés de acceso libre.

A continuación compartimos con ustedes el texto de nuestra contribución.


Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Por Creative Commons Uruguay*

Ilustración: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

En el Informe Anual 2015 de Serpaj sobre Derechos Humanos en Uruguay, el equipo de Creative Commons Uruguay escribió un capítulo acerca del impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos. En ese texto destacamos, en primer lugar, la importancia de abordar la legislación de derecho de autor desde la perspectiva de derechos humanos, siguiendo el criterio de la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, que en 2014 estudió el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, y brindó recomendaciones a los Estados.1 Señalamos que la ley uruguaya 9.739 referida al derecho de autor, que data de 1937, se encuentra en conflicto con las prácticas culturales contemporáneas y afecta injustificadamente el derecho a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión. Esta afectación a los derechos humanos se hizo más evidente en los últimos años, principalmente a causa de la generalización del uso de las tecnologías digitales. Mientras que estas tecnologías permiten reproducir y distribuir información a bajo costo, facilitando el ejercicio de derechos, la ley criminaliza muchas de las principales prácticas tendientes a ejercerlos.

El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, en su obra Derecho Penal – Parte general,2 explicaba ya a principios de los 2000 los problemas que traía la falta de adecuación de las normas de propiedad intelectual a la realidad contemporánea. Debido a los cambios tecnológicos y culturales ocurridos en las últimas décadas, el texto de la ley de derecho de autor pasó a abarcar un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. Mientras que en la década de 1930 solo era posible reproducir las obras con recursos técnicos muy costosos, la tecnología permite hoy la copia de obras enteras, o de partes de ellas, prácticamente sin costo. La conducta de reproducir, penada en el texto legal, se encuentra generalizada y, en los hechos, resulta imposible criminalizar a todas las personas que hacen copias para uso personal. Sin embargo, la mayoría de la población incurre cotidianamente en delitos conforme al texto y cualquier persona podría ser criminalizada arbitrariamente. Dado que el ámbito de las conductas criminalizadas es de extensión inusitada y no estuvo previsto en el contexto originario del texto, el resultado es un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad. Zaffaroni concluye afirmando que un tipo penal no puede erigirse en instrumento para la criminalización indiscriminada y que la omisión de las instituciones políticas frente a cambios de contexto cultural o tecnológico que alteran la extensión punitiva de un texto legal constituye una renuncia a su función, que no es constitucionalmente admisible. En otras palabras, buena parte de la ley de derecho de autor, incluyendo algunas de sus disposiciones penales, son inconstitucionales.

El ejemplo más obvio de inconstitucionalidad en la ley uruguaya de derecho de autor se puede encontrar en el literal E del artículo 46, que establece:

El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).

El artículo 2 detalla qué se entiende por reproducir:

La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.

Con este tipo penal y esta definición de reproducción, prácticamente la totalidad de la población uruguaya comete delitos de manera cotidiana. El funcionamiento de Internet implica que, cuando una persona accede a un sitio web desde su computadora, se generan y almacenan copias temporales de los contenidos en el dispositivo local. Al no contar con la autorización por escrito de los titulares de derechos de autor de cada sitio web, todas las personas que navegan por Internet en Uruguay cometen el delito penal comprendido en el literal E del artículo 46.

Este no es el único ejemplo de inconstitucionalidad. Otro caso es el que se da respecto del préstamo de ejemplares de obras. De acuerdo al artículo 2 de la ley 9.739, el préstamo también es una facultad exclusiva de los titulares de derechos de autor. Por lo tanto, prestar libros, discos o cualquier otro tipo de obras, ya sea de manera pública en una biblioteca o de manera privada entre personas individuales, sin la autorización expresa del titular de derechos, también constituye un ilícito de acuerdo a esta ley.

Los graves problemas ya mencionados, así como muchos otros presentes en el texto de la ley, dejan a todas las personas, en tanto usuarias de obras intelectuales, en situación de precariedad legal e indefensión, estando sujetas a posibles usos arbitrarios de la ley en su contra. Asimismo, se ven vulnerados sensiblemente los derechos a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.

Casos recientes de vulneración de derechos

Un conjunto de casos ocurridos en los últimos años sirven para ilustrar una situación que, aunque por lo general no es percibida como apremiante, suele estallar en casos de abrupta arbitrariedad. A continuación pondremos el foco en algunos de estos casos.

El más notorio en los años recientes afectó el derecho a la educación, cuando en octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República dejaron sin materiales de estudio a miles de estudiantes de Derecho. Las fotocopias son desde hace décadas una de las principales vías de acceso a materiales de estudio. La necesidad de fotocopiar se ve incrementada por el alto costo de los libros,3 y la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas no alcanza para satisfacer la demanda.

Los allanamientos a las fotocopiadoras dejaron como saldo 32 personas detenidas, decenas de máquinas incautadas y más de 10 locales clausurados. Miles de estudiantes sufrieron dificultades importantes para acceder a los materiales de estudio durante meses. La situación posteriormente se estabilizó, como era previsible, con el desplazamiento de la demanda a otros centros de fotocopiado y a grupos de intercambio en Internet, entre otras formas de acceso informal que complementan las insuficientes vías de acceso legal.

En octubre de 2016 la causa culminó con 14 personas condenadas a 7 meses de prisión por la reproducción y distribución de fotocopias en los centros de fotocopiado.

A comienzos de 2015, otro caso puso de relieve la afectación de la ley de derecho de autor a la libertad de expresión. El 18 de febrero de ese año una jueza penal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco, en el departamento de Colonia. La incautación se ordenó ante una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay, un consorcio de representantes legales de empresas multinacionales de software. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en la desproporcionada medida judicial, que fue particularmente grave porque violó la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenazó seriamente la actividad normal del periódico. El sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión.4 Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial. Días más tarde se supo que el denunciante actuó sin la autorización de la empresa de software a la que alegaba representar, por lo cual la causa no derivó en condenas al medio de prensa. No obstante, cabe resaltar que la medida judicial a través de la cual se ordenó la incautación de equipos se apoyó en la ley de derecho de autor. Desde 2003, esta ley considera el software como una obra autoral, y prevé sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría e incautación de equipos ante el uso de programas sin licencia. Este ilícito penal tan ampliamente extendido5 derivó en la existencia de entidades privadas, que, bajo modelos de dudosa legalidad, alegan representar a las empresas titulares de derechos, y, bajo la amenaza de denuncia penal, buscan cobrar “multas” u otros tipos de penalidades para “regularizar” a los infractores. Si bien el caso del periódico El Eco fue el que más notoriedad pública cobró, otros medios de prensa también fueron asediados, así como profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, como arquitectos, diseñadores e imprentas.

A comienzos de 2017, otro caso notorio afectó la libertad de expresión. El 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, Estudio Peyos SA, intimó a la editorial uruguaya Índice y a la profesora Silvana Pera, autora del libro de Historia Uy-siglo XX, dirigido a estudiantes de sexto año de escuela, a retirar todos los ejemplares de circulación, bajo la advertencia de entablar acciones judiciales en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa”.6 Semanas después de la intimación, la editorial Índice publicó un comunicado informando que eliminó del libro “cualquier mención o referencia a Los Pitufos, ya sea en forma de texto o diseño”, para evitar las acciones judiciales.7

Los derechos que administra Estudio Peyos SA provienen del autor original de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, que falleció en 1992. La empresa realizó la intimación por el uso de una imagen de Los Pitufos en el libro educativo de Silvana Pera, quien usó el ejemplo de Los Pitufos para ilustrar el concepto de comunismo, presente en los programas de estudio de sexto año. La intimación se basó en la ley de derecho de autor, que en nuestro país carece de excepciones para ejercer el derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, una práctica habitual en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas para proteger la actividad educativa, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas”.8

Más allá de la polémica mediática acerca del libro, desde una perspectiva de derechos humanos debe señalarse con preocupación que una empresa privada haya ejercido una censura directa sobre una obra con la cual tenía diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen citada en el libro no competía de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes de Los Pitufos, y que lo que se exigió no fue una compensación sino el retiro de la circulación. La falta de ciertas excepciones básicas en la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, empleando, entre otros argumentos, el del uso no autorizado de imágenes o pequeños fragmentos de obras a modo de cita.

En los últimos años también han existido amenazas al derecho de acceso y participación en la vida cultural, relacionadas con el inadecuado sistema de derecho de autor. Han sido persistentes las intimaciones y denuncias de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) contra personas y colectivos sin fines de lucro que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural a través de la digitalización y puesta en línea de materiales que se encuentran fuera del mercado. Estas entidades apelan recurrentemente, de manera abusiva, a los mecanismos de notificación y baja de contenidos de las principales plataformas digitales, como YouTube o Facebook. Las grandes plataformas, pertenecientes a corporaciones sujetas a la legislación estadounidense, suelen dar inmediatamente de baja los contenidos sin valorar adecuadamente los descargos de los usuarios denunciados. Lo grave de este tipo de procedimientos es que se establece una suerte de justicia privada, donde las plataformas reemplazan al sistema judicial para la determinación y sanción de las infracciones al derecho de autor.

Por otra parte, Agadu realiza habitualmente cobros arbitrarios y desproporcionados por la realización de festivales y otras actividades sin fines de lucro en espacios públicos, y ha llegado a exigir el pago por ensayos de carnaval en la calle. Desde 2015, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) también ha comenzado a realizar cobros arbitrarios en espacios públicos y pequeños comercios por la supuesta utilización de obras audiovisuales. La prácticas mencionadas dan cuenta de la debilidad de los mecanismos estatales para fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, así como para corregir y sancionar los abusos que estas frecuentemente cometen.

Las situaciones de vulneración de derechos que hemos presentado no son atribuibles exclusivamente a una falta de actualización de la ley del año 1937. A modo de ejemplo, la redacción del artículo 2, que incluye dentro de las facultades exclusivas de los titulares de derechos tanto a las copias electrónicas temporales como al préstamo de ejemplares de obras, fue incorporada en una reforma del año 2003 a través de la ley 17.616. Esta reforma se realizó con el objetivo de ajustar la ley de nuestro país a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), uno de los acuerdos del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1995. Dicho acuerdo aborda la propiedad intelectual como un asunto vinculado al comercio, cuestión que ha traído a los países miembros de la OMC enormes desafíos para compatibilizarlo con las obligaciones del sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país lamentablemente estuvo lejos de realizar la adecuación de la ley de derecho de autor a ADPIC prestando atención a las obligaciones de derechos humanos. La reforma de la ley buscó satisfacer las demandas de las cámaras y entidades sectoriales de la industria cultural. El resultado fue que el texto aprobado en 2003 fue incluso más allá de los cambios exigidos por la OMC. Así, se acentuó el desbalance entre los derechos de los intermediarios y los derechos de los autores y usuarios. Mientras que se amplió el alcance y el plazo de las facultades otorgadas a las empresas titulares de derechos, no se creó ni se adaptó ninguna de las pocas excepciones consagradas en 1937, que quedaron desactualizadas y prácticamente inaplicables. Tampoco se pusieron límites a los contratos de cesión de derechos a través de los cuales en innumerables ocasiones los autores son privados de los beneficios de su trabajo por las empresas intermediarias.

Avances y retrocesos en el proyecto de ley de reforma del derecho de autor

Luego de los allanamientos de 2013 a las fotocopiadoras, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de ese año un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor, colocando en la opinión pública el debate en torno al derecho a estudiar. El proyecto inicial fue avalado por la firma de 10.000 estudiantes universitarios. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se denominó a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trataba de una propuesta que amparaba diversas prácticas necesarias para la educación y el acceso a la cultura.

Realizamos a continuación un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva cuatro años. El proyecto original proponía añadir nuevas excepciones al derecho de autor. En particular, la excepción de ilustración de enseñanza, diversas excepciones para las actividades de las bibliotecas,9 la excepción de copia para uso personal y la despenalización del literal E del artículo 46. La iniciativa no llegó a ser tratada por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El texto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogió los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadió la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción a este proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, actualizando la ley y corrigiendo algunos de los desbalances añadidos en 2003. Sin embargo, luego de la media sanción, sobrevino la reacción de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de Agadu, entidades intermediarias que buscaron imponer la idea de que el proyecto afectaba a la industria editorial y al sector cultural.

Toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto que recibió la media sanción del Senado incorporó el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, como el derecho de hacer parodias, fotografiar y filmar obras expuestas en espacios públicos, citar obras escritas, sonoras, audiovisuales, plásticas y fotográficas, entre otras disposiciones. Lejos de dañar el interés de los creadores, el proyecto apunta a consolidar el derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay respecto de otros países.

Sin embargo, las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema, entre ellas la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, instituciones y colectivos docentes, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien en un principio la CUL y Agadu habían afirmado oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron eliminar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. De aprobarse la propuesta acordada entre Agadu, FEUU y CUL, el Parlamento estaría legitimando muchas de las restricciones que en principio buscaba superar.

A modo de ejemplo, atendiendo a que, como ya dijimos, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar todo tipo de obras de manera legal. En cambio, el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL restringe el préstamo únicamente a bibliotecas de instituciones sin fines de lucro y a obras expresadas por escrito, excluyendo libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Así, mientras que hoy el préstamo es ilegal pero esta ilegalidad cae por la fuerza de la costumbre, en caso de aprobarse el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se estaría legitimando en 2017 una norma que prohíbe a las bibliotecas prestar todo tipo de materiales excepto textos.

En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de la Universidad de la República, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL, y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Otras organizaciones sociales se sumaron al reclamo a través de un documento conjunto10 donde respaldan el proyecto del Senado. También cientos de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura enviaron al parlamento una petición en apoyo al proyecto con media sanción del Senado.11

En octubre de 2017, tanto el proyecto con media sanción del Senado como el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

Excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso

Consideramos relevante incluir en este informe un importante avance para el ejercicio de los derechos culturales. Se trata del decreto 295/017,12 que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. Esta reglamentación, promulgada el 16 de octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, hace también efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a este decreto reglamentario, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas contarán con mejores posibilidades de acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (un proyecto conjunto de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor.

Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual, pero también a personas con otras dificultades para acceder a obras impresas (por discapacidades motrices o intelectuales, o por diferentes tipos de trastornos que afectan la lectura). Este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una gran proporción de personas adultas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirles el disfrute y el derecho de la lectura.

A partir del decreto reglamentario las obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Oportunidades para seguir avanzando

El Senado dio media sanción a una reforma que, en caso de aprobarse, consagraría excepciones y limitaciones al derecho de autor para contemplar adecuadamente los derechos culturales, especialmente el derecho a estudiar. Asimismo, el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar una ley que favorece el acceso a la cultura de las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Pero la discusión normativa debe ir acompañada de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos culturales.

En este sentido, Uruguay aprobó a principios de 2017 la Agenda Uruguay Digital 2020. Bajo el lema “Transformación con equidad”, la agenda incluye, entre otros objetivos, la “creación del Sistema Nacional de Repositorios para compartir y consultar todos los artículos científicos, tesis y libros de textos de producción nacional a nivel universitario”.13 La creación de un sistema de repositorios digitales implica destinar recursos públicos y orientar esfuerzos a garantizar el acceso abierto a la investigación científica nacional y a materiales educativos. Cabe esperar que este esfuerzo se complemente con el impulso a la digitalización del patrimonio cultural que albergan las bibliotecas, museos y archivos públicos, para ponerlo a disposición de la ciudadanía, respetando los derechos autorales, pero haciendo uso del dominio público y de las escasas excepciones contempladas por la ley en favor del acceso a la cultura, la educación y la ciencia.

El derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural, que es de rango constitucional en Uruguay en virtud de los tratados de derechos humanos de los que el país es firmante, implica una responsabilidad por parte del Estado. Nuestro país debe salir de la actual situación desequilibrada en cuanto a legislación en materia de derecho de autor para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos culturales. Estudiantes y docentes deben poder utilizar materiales de estudio sin verse expuestos a sanciones penales. Las bibliotecas e instituciones culturales deben poder cumplir su misión sin entrar en contradicción con la ley. Las personas que crean obras intelectuales deben poder hacerlo sin dejar de expresar sus ideas para cuidarse de posibles represalias legales. Así como lo ha hecho con la firma, ratificación y reglamentación del Tratado de Marrakech, Uruguay tiene la oportunidad de continuar avanzando con más excepciones al derecho de autor y con más políticas públicas que permitan a las personas ejercer sus derechos a la hora de aprender, informarse y crear. El Estado, en lugar de ser un agente de represión de las prácticas culturales de la población, debe transformarse en un garante de derechos a través de una legislación adecuada al siglo XXI, y en un facilitador de su ejercicio mediante el desarrollo de políticas públicas de acceso a la cultura.

* Creative Commons Uruguay es un colectivo sin fines de lucro que promueve la creatividad y el acceso democrático al conocimiento. Forma parte de la red internacional de Creative Commons, que ha desarrollado licencias de derecho de autor del mismo nombre.

1 Shaheed, Farida. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 24 de diciembre de 2014.

2 Zaffaroni, Eugenio Raúl et al. Derecho penal – Parte general. Buenos Aires, Ediar, 2002.

3 Rodés, Virginia y Pérez Casas, Alén. Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. Montevideo, Udelar, 2013.

5 Según un estudio de la Business Software Alliance, una cámara empresarial internacional del sector del software dedicada al ejercer presión en materia de propiedad intelectual, en 2015 el 68% del software instalado en Uruguay no contaba con licencia. Ver: Seizing opportunity through license compliance. BSA global software survey. Mayo de 2016. Disponible en: http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_US.pdf

6 Uypress. Pitufos comunistas con leyes capitalistas: piden retirar de circulación el libro. 24 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.uypress.net/auc.aspx?75360

7 Montevideo Portal. Tras acuerdo legal, quitaron referencia a Los Pitufos en libro escolar. 27 de julio de 2017. Disponible en: http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tras-acuerdo-legal-quitaron-referencia-a-Los-Pitufos-en-libro-escolar-uc350069

8 Xalabarder, Raquel. Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet. Revista pe.i., n. 29, Madrid, mayo-agosto 2008, pág. 22.

9 Uruguay es uno de los 21 países que aún no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas. Para más información, ver Crews, Kenneth. Copyright exceptions & limitations: libraries and archives. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_presentations.pdf

11 Petición disponible en: https://www.todosganamosderechos.org/

12 Decreto reglamentario disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/295-2017

13 Jackson, Matías. Nueva Agenda Digital Uruguay 2016-2020. 23 de enero de 2017. Disponible en: https://www.mjackson.uy/nueva-agenda-digital-uruguay-2016-2020/

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Se reglamentó la excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para el acceso al texto impreso

Equipo de CC Uruguay, octubre 19th, 2017

audiolibro

El 16 de octubre el Poder Ejecutivo firmó el decreto que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para el acceso al texto impreso. Esta reglamentación hace efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a esta reglamentación, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas van a poder comenzar a acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (BIDYA) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor. Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual; personas con discapacidades motrices que dificulten el acceso a los textos; personas con discapacidad intelectual leve, moderada o severa; personas con dislexia u otros trastornos que afectan la lectura; personas con discapacidades físicas que les impidan manipular el material de lectura, o que les generen dificultades para centrar la vista o mover los ojos en la medida necesaria para leer; y cualquier otra persona que, por otras razones, padezca de dificultades para el acceso al texto impreso. Por lo tanto, este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una enorme proporción de personas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirle el disfrute y el derecho de la lectura.

Las obras incluidas en la norma son aquellas que se pueden expresar en forma de texto, notación o ilustraciones conexas, así como obras en formato audio (audiolibros y formatos similares). A partir del decreto reglamentario, estas obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso de todas las personas, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Consideramos que esta reglamentación firmada por el Poder Ejecutivo es un gran paso adelante para favorecer el derecho de acceso a la cultura de la población. Ha sido concebida en base a criterios avanzados de derechos humanos, favoreciendo el acceso y la apertura. Es sin dudas una gran victoria de las organizaciones de personas con discapacidades, así como de la comunidad educativa y bibliotecaria, y de todas las organizaciones que de uno u otro modo militamos por el acceso democrático a la cultura.

No debemos olvidar que este logro es el producto de largos años de lucha de las organizaciones sociales, que, tanto a nivel nacional como internacional, se enfrentaron a la férrea resistencia de las editoriales y de los titulares de derecho de autor. De manera característica, muchos de estos actores corporativos se opusieron a la implementación del Tratado de Marrakech, colocando sus intereses comerciales por encima de los estándares más básicos de derechos humanos. Por esta razón, es aún más destacable el logro.

Para quienes deseen leerlo completo, el Decreto n.° 295/017 se encuentra disponible en el sitio web de Presidencia de la República.

 

Foto por ActuaLitté en Flickr bajo licencia CC BY-SA.

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Nerdatón 2017

Equipo de CC Uruguay, agosto 7th, 2017

Por segundo año consecutivo invitamos a todas y todos a la Nerdatón: un experimento colectivo para adentrarnos toda una noche en la recuperación de nuestro patrimonio literario y artístico, a través de la digitalización y socialización del conocimiento y la cultura.

Lo hacemos con mecanismos y equipamiento Do It Yourself, hecho por nosotros mismos, con la finalidad de que la sociedad vuelva a disfrutar de las obras que forman parte de su acervo cultural e histórico.

Además, habrá juegos y actividades para aprender de manera divertida los procesos tecnológicos vinculados con la socialización de la cultura.

La Nerdatón empieza el viernes 18 de agosto a las 20 hs y dura hasta las 6 de la mañana del sábado. (¡Pero atención! La entrada es hasta las 22 hs)

La actividad se realiza en el Centro Cultural de España (Rincón 629, Montevideo). La entrada es libre y gratuita. Trayendo sus propias computadoras, tablets o celulares, podrán disfrutar de las actividades de manera más cómoda.

Si quieren saber más sobre cómo es una Nerdatón, pueden leer sobre la experiencia del año pasado:

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Actualización: compartimos algunas fotos de la nerdatón.

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Reforma del derecho de autor: puesta al día de las alternativas que se discuten en el Parlamento

Equipo de CC Uruguay, mayo 13th, 2017

Imagen: Karen Arnold. CC0.

Durante los últimos días hubo novedades sobre la reforma de la ley de derechos de autor. Tal como informaron La Diaria, El País y M24, entre otros medios, se reavivó la discusión parlamentaria sobre el tema. En este texto buscamos hacer una puesta al día de la situación, explicando nuestra posición sobre las alternativas más convenientes.

Reseña histórica

Para entender las novedades actuales, es necesario un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva más de tres años. En octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a las fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República, donde los estudiantes conseguían sus materiales de estudio, pusieron de manifiesto la profunda inadecuación de la ley 9.739 de derechos de autor, sancionada en el año 1937, respecto a las necesidades actuales de acceso a la cultura y a la educación. Esa ley, que brinda un monopolio casi total sobre las obras a los titulares de derechos, prácticamente no tiene excepciones para usos socialmente justos y valorables como las actividades de educación, el trabajo de las bibliotecas, el acceso a la ciencia y a la cultura. Para peor, fue endurecida en 2003 en respuesta a imposiciones de la Organización Mundial del Comercio.

El rechazo social que trajo la aplicación de esta ley anacrónica creó conciencia sobre la necesidad de reformarla, incluyendo en nuestra legislación las excepciones y disposiciones básicas para amparar los derechos a la educación y a la cultura, consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos.

En 2013 el Centro de Estudiantes de Derecho presentó un proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, contemplando algunas de estas excepciones, que no llegó a ser tratado por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El proyecto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogía los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadía la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción al proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia ampliar los derechos culturales de la ciudadanía. Sin embargo, luego de la media sanción, surgió una reacción furibunda y desproporcionada de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), que afirmaban falazmente que el proyecto va contra los derechos de los editores y autores. Como sabe cualquier persona interesada en el tema, toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto aprobado en el Senado también incorpora el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, dado que ampara la posibilidad de hacer parodias, citas o fotografías de obras en espacios públicos, entre otras disposiciones. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, sensato y que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay, respecto de otros países, en este tema. Por poner solo un ejemplo, Uruguay es hoy uno de los escasísimos países que no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas.

Las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema y que solicitaron estar presentes, entre las que había instituciones y colectivos docentes, de bibliotecas, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien originalmente la CUL y Agadu afirmaban oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron borrar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. El problema de esto es que, de aprobarse la propuesta del acuerdo Agadu – FEUU – CUL, el Parlamento estaría legitimando involuntariamente muchas de las restricciones injustas y anacrónicas que en principio buscaba superar y que, si bien son entendibles en una ley de hace 80 años, son inaceptables en una norma contemporánea.

A modo de ejemplo, aunque parezca absurdo, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país. Atendiendo este problema, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar obras, como lo hacen siempre, pero ahora de manera legal. En cambio, el acuerdo Agadu – FEUU – CUL restringe el préstamo únicamente a obras expresadas por escrito, dejando afuera libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Si bien toda persona puede entender que las disposiciones anacrónicas fijadas en leyes antiguas caen por desuso, ¿cómo se puede justificar que una ley de 2017 prohíba a las bibliotecas prestar, sin ningún fin de lucro, todo tipo de materiales excepto textos?

Nuestra posición

Desde Creative Commons Uruguay solicitamos asistir a las comisiones de educación y cultura del Senado y de la Cámara de Representantes, donde dimos nuestra opinión favorable sobre el proyecto de ley que terminó recibiendo media sanción en la Cámara Alta, y fuimos más allá, planteando la necesidad de profundizar el capítulo de limitaciones y excepciones, incluyendo una cláusula de uso justo, que brinda un grado mayor de amparo legal para las prácticas cotidianas de acceso a la cultura que no afectan la normal explotación de las obras.

Luego de la media sanción en el Senado, nos sumamos a una campaña ciudadana impulsada desde la plataforma todosganamosderechos.org, desde la cual se juntaron cientos de firmas de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura que apoyan el proyecto emanado del Senado.

También nos sumamos a un conjunto de diez organizaciones sociales que firmaron un documento conjunto donde respaldan el proyecto del Senado.

Una vez que Agadu, FEUU y CUL presentaron el acuerdo surgido de aquella negociación desbalanceada, hicimos un análisis minucioso comparando el proyecto aprobado por el Senado con el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, y definimos a tal acuerdo como un acuerdo insuficiente. En dicho análisis hay una explicación, artículo por artículo, de por qué dicha propuesta retrocede en derechos con respecto al proyecto del Senado. Planteamos que el acuerdo Agadu – FEUU – CUL deja por el camino importantes contenidos que recibieron anteriormente el apoyo de todo el sistema político, desnaturalizando las excepciones educativas y para bibliotecas, afectando la libertad de panorama, y eliminando de plano la despenalización para usos sin fines de lucro y la copia para uso exclusivamente personal, entre otros aspectos.

Perspectiva a futuro

A pesar de los inconvenientes que saltan a la vista en el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, algunas bancadas de la Cámara de Representantes argumentaron el año pasado que era preferible aprobar dicho acuerdo dado que, a pesar de las falencias, era el resultado de una negociación representativa. Sin embargo, a lo largo de los meses, cada vez más reclamos empezaron a alzarse en contra de esa visión, dejando en claro que una verdadera representatividad incluye a muchas más voces. En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de instituciones universitarias, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del mismo Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo Agadu – FEUU – CUL y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Entre otros argumentos, se escuchó el llamado a que exista una normativa efectiva de limitaciones y excepciones, que no se discrimine entre estudiantes de instituciones públicas y privadas, y que no se pongan límites injustificados al derecho a estudiar y a las bibliotecas.

Como contamos al comienzo del artículo, en los últimos días varios medios de prensa informaron que la bancada del Frente Amplio retrasó su decisión sobre este tema, justamente a partir de los reclamos sociales para que la ley que finalmente se apruebe contenga una visión plural y lo más cercana posible al espíritu original del proyecto surgido en 2013 y aprobado en Senadores.

Desde Creative Commons Uruguay apoyamos estos reclamos y esperamos ser recibidos nuevamente por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para plantear nuestra posición. Confiamos en que el Parlamento escuche a las organizaciones sociales dejadas de lado en el Acuerdo Agadu – FEUU – CUL y que priorice los argumentos sensatos de la ciudadanía sobre las meras presiones corporativas de las cámaras empresariales. Así es que se podrá llegar a una ley justa, equilibrada y progresista que regule la cultura atendiendo a los derechos de todas y todos.

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Hacia la implementación del Tratado de Marrakech en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, abril 17th, 2017

*Artículo publicado originalmente en creativecommons.org

El “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso” constituye un hito en la relación entre los derechos de autor y los DD.HH., siendo el primer tratado internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) consagrado con el objetivo exclusivo de proteger los derechos de acceso a la cultura y el conocimiento.

Dicho Tratado fue aprobado en el ámbito de la OMPI en el año 2013 y entró en vigor el 30 de setiembre de 2016. Desde su aprobación y ratificación, varios Estados parte se encuentran trabajando para lograr su efectiva implementación a nivel nacional.

La implementación del Tratado de Marrakech

Dos aspectos clave a tomar en cuenta para la implementación de Marrakech en las legislaciones nacionales son:

1) Marrakech constituye un mínimo de protección. Las cláusulas mandatorias del tratado incluyen la obligación de establecer como mínimo las siguientes excepciones o limitaciones relacionadas con el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso:

  • Excepción o limitación para la producción de obras en formatos accesibles.
  • Excepción o limitación para la distribución y comunicación al público de obras en formatos accesibles.
  • Excepción o limitación para la exportación (transferencia internacional) de obras en formatos accesibles.
  • Excepción o limitación para la importación (introducción al país) de obras en formatos accesibles.
  • Excepción a las Medidas Tecnológicas de control de Acceso (DRM)

Si bien en el cuerpo del Tratado se sugieren modelos de implementación para estas excepciones, estos modelos no son vinculantes. Las Partes Contratantes podrán incluir limitaciones y excepciones distintas a las previstas o con un mayor alcance, en la medida que se cumpla con la regla de los tres pasos presente en todos los acuerdos de DA y conexos.

2) La clave del éxito de Marrakech depende de la creación de redes internacionales con procesos ágiles de producción e intercambio de ejemplares accesibles, procurando evitar la duplicación de esfuerzos.

La mayor innovación del Marrakech es, sin lugar a dudas, la instauración de un régimen internacional de transferencia internacional de ejemplares en formato accesible, facilitando el intercambio y fortaleciendo la eficiencia de aquellas entidades habilitadas a realizar la producción y distribución de este tipo de obras. Estas instituciones deben contar con un marco normativo claro y compatible con el de las entidades de otros países. Un país miembro podrá establecer como requisito suficiente para la exportación que el país haya ratificado Marrakech o que su legislación lo permita, pero también podrá disponer otro tipo de restricciones. Esto último podría dificultar enormemente el análisis de la legalidad de la transferencia, operando de barrera en el intercambio. La redacción óptima de esta excepción será siempre la más simple y menos restrictiva.

El régimen de cooperación internacional encaminado a facilitar el intercambio transfronterizo previsto en Marrakech establece a la OMPI como punto de acceso a la información, por lo que la OMPI se encuentra actualmente trabajando en la creación de una base de entidades autorizadas a nivel mundial, un catálogo mundial de obras y mecanismos de análisis de la compatibilidad entre legislaciones (a través del Proyecto ABC). Entendemos que, la implementación óptima del tratado a nivel nacional, deberá efectuarse indefectiblemente en coordinación con la OMPI.

Implementación de Marrakech en Uruguay

Los días 23 y 24 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Montevideo el “Seminario Nacional: El derecho a la accesibilidad. La excepción a los derechos de autor en la Ley de Derechos de Autor del Uruguay y la implementación del Tratado de Marrakech de la OMPI” coorganizado por el Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay (CDA – MEC) y la OMPI.

En dicha ocasión, fue presentado y discutido el proyecto de Decreto reglamentario del Tratado elaborado por el CDA-MEC. A su vez, las diferentes instituciones del gobierno, academia y sociedad civil que se encuentran trabajando en proyectos de bibliotecas digitales accesibles, presentaron sus experiencias e inquietudes.

Destacamos algunos aspectos de la propuesta de Decreto Reglamentario presentado por el CDA – MEC de Uruguay:

  • Se implementa el Tratado mediante la instauración de excepciones, excluyendo el uso de licencias obligatorias o limitaciones con remuneración compensatoria. Este requisito de remuneración compensatoria sería un gran obstáculo o carga poco razonable, ya que los proyectos de bibliotecas digitales accesibles de países como Uruguay cuentan con pocos recursos e infraestructura. Por otra parte, no existiría nada que compensar cuando la oferta comercial de obras en este tipo de formatos es prácticamente inexistente.
  • Se propone la creación del “Registro de Obras e Instituciones Autorizadas comprendidas en la excepción de derecho de autor a favor de personas ciegas o con otras discapacidades para la lectura”, el registro será de carácter obligatorio e implicará la creación de un catálogo nacional de obras y de una nómina de instituciones autorizadas. Dicho Registro estará a cargo de la Biblioteca Nacional del Uruguay que además cumplirá con las funciones de control, coordinación y colaboración con las las instituciones autorizadas, así como la facilitación y estímulo del intercambio interinstitucional y transfronterizo.
  • El Proyecto de Decreto declara como “instituciones autorizadas” para proporcionar y producir ejemplares en formatos accesibles a las instituciones de enseñanza públicas y/o privadas, las Bibliotecas públicas o privadas y a dos asociaciones: la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Fundación Braille del Uruguay. De esta forma se facilita la existencia de proyectos de producción y distribución de ejemplares en formatos accesibles en estas instituciones. Se prevé que, para otro tipo de instituciones sin fines de lucro, exista un trámite de acreditación, autorización e inscripción en el registro.
  • Se habilita directamente a los beneficiarios del tratado (personas ciegas o con problemas de acceso al texto escrito) y a las personas que actúen en su nombre a producir e importar ejemplares en formato accesible, no solamente a las instituciones autorizadas.
  • El Proyecto de Decreto NO obliga a efectuar un análisis de mercado previo a la producción o distribución de cada ejemplar, con el fin de determinar la posibilidad de obtención comercial en condiciones razonables. Simplificando, de esta forma, el trabajo de las bibliotecas, instituciones educativas y fundaciones.
  • El Proyecto de Decreto plantea una redacción simple, clara y sin mayores restricciones para el caso de intercambio transfronterizo de obras: toda institución autorizada que se encuentre registrada podrá distribuir, comunicar o poner a disposición de las personas beneficiarias o para una institución autorizada establecida en otro país Parte Contratante del Tratado de Marrakech o de un país cuya legislación lo admita, las obras en formato accesible de su catálogo.
  • Por último, se establece la legalidad de la elusión de medidas de protección tecnológica en el marco de las actividades relacionadas con estas excepciones. Por lo que, por ejemplo, desencriptar o desactivar la protección tecnológica de un archivo que contenga una obra, para producir un ejemplar accesible, no sería sancionable por el delito penal previsto en el artículo 46 de la ley de derecho de autor de Uruguay.

Consideramos que la reglamentación propuesta por el Consejo de Derechos de Autor del Uruguay es un buen modelo a seguir, esperamos sea aprobada a la brevedad por el Poder Ejecutivo.

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El nuevo repositorio de acceso abierto de la Fundación Ceibal

Equipo de CC Uruguay, marzo 2nd, 2017

En las últimas semanas la Fundación Ceibal lanzó su repositorio digital con el objetivo de poner a libre disposición de la ciudadanía publicaciones y recursos científicos relativos a la educación, el aprendizaje y la mediación de las tecnologías. En el comunicado de lanzamiento dicen: “Entendiendo que el conocimiento científico es un bien público, su acceso y divulgación no deben estar restringidos por barreras económicas, legales o tecnológicas. Atentos a esto, Fundación Ceibal trabajó junto a un equipo de expertos en la creación de un repositorio digital.”

El nuevo repositorio basa su política de acceso abierto en el uso de las licencias Creative Commons. Todos los papers publicados hasta el momento cuentan con una licencia CC Atribución (CC BY), que garantiza amplias libertades a los usuarios para acceder, compartir y reutilizar los materiales científicos y educativos. Si bien el repositorio se lanza con algunas decenas de trabajos, se espera que en un futuro se agreguen muchos materiales más.

Desde CC Uruguay tuvimos el gusto de colaborar en las etapas preliminares del proyecto. Hace algunos meses fuimos invitados a realizar una formación a los funcionarios encargados del proyecto sobre derechos de autor y licencias libres para el acceso abierto, y a brindarles asesoramiento sobre las políticas de acceso abierto del repositorio.

El caso del conocimiento y la cultura financiados con fondos públicos es paradigmático de la manera en que la ciudadanía contribuye en la creación de un conocimiento que, una vez producido, no siempre se pone a disposición de todas las personas. Los repositorios institucionales de acceso abierto son una herramienta de política pública para que la sociedad acceda a un conocimiento del cual es copartícipe, tanto a través de su financiación como a través de su involucramiento en la cultura, la ciencia y la educación.

Por todo esto, felicitamos la iniciativa de la Fundación Ceibal. Esperamos que el repositorio siga creciendo y que las políticas de acceso abierto, recursos educativos abiertos y licencias libres en la cultura se sigan expandiendo en otros proyectos del sistema educativo y científico.

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Por qué es fundamental la aprobación definitiva de la ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio

Equipo de CC Uruguay, octubre 24th, 2016

Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

En estos días, 14 personas fueron condenadas por realizar copias de materiales educativos, como resultado del famoso caso de los operativos policiales de 2013 contra las fotocopiadoras. Es importante tener muy claro que de acuerdo a la ley 9.739 de derecho de autor, todas las copias, con o sin fines de lucro, son delitos penales. Por lo tanto, todas las personas que realizamos copias para estudiar o para acceder a la cultura podemos ser procesadas.

Por eso, es fundamental que la Cámara de Diputados le dé sanción definitiva al proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio que ya tiene media sanción del Senado. Este proyecto, tal como fue aprobado en el Senado, incorpora excepciones racionales para bibliotecas y educación, y quita de la órbita penal a las infracciones sin fines de lucro. Las corporaciones editoriales buscan frenar o recortar este proyecto de ley tan importante para el derecho a la educación y a la cultura. En cambio, nosotros junto a otras organizaciones sociales pedimos a los legisladores y legisladoras que den una pronta aprobación a la ley, antes de que los procesados por copiar empiecen a ser estudiantes, bibliotecarios y usuarios de Internet.

Artículo en inglés, en el blog de Creative Commons Internacional: https://creativecommons.org/2016/10/28/uruguay-14-people-convicted-making-copies-educational-resources/

Imagen: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

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Entra en vigor el Tratado de Marrakech: una victoria por el acceso a la cultura.

Equipo de CC Uruguay, septiembre 30th, 2016

Marrakech

Imagen: OMPI. Licencia CC BY.

A mediados de 2013, en la conferencia diplomática en Marrakech organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se consiguió un logro importante: la firma del “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”. Este acontecimiento desencadenó una serie de acciones políticas y militantes que llevó a que en 2014 nuestro país ratificara el Tratado a través de la Ley 19.262. Luego de ser ratificado por 20 países, finalmente hoy 30 de setiembre de 2016 entra en vigencia.

El principal objetivo del Tratado de Marrakech es crear limitaciones y excepciones a las leyes de derecho de autor en cada uno de los países ratificantes en favor del acceso a las obras por parte de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

El Tratado exige a los países miembros que introduzcan en sus leyes de derecho de autor un conjunto estándar de limitaciones y excepciones para permitir la reproducción, la distribución y la puesta a disposición de obras publicadas, en formatos accesibles, sin ser necesaria la autorización de los titulares de derechos de autor. Asimismo, los países deberán permitir el intercambio transfronterizo de dichas obras por parte de las organizaciones que están al servicio de las personas beneficiarias.

La definición amplia de la población beneficiaria incluye a las personas con discapacidad visual, ya sea total o parcial, así como a todas aquellas personas que padecen dificultades para leer, tienen una discapacidad física que les impide sostener y manipular un libro, o poseen cualquier otra dificultad para acceder al texto impreso.

El objetivo del Tratado se cumplirá mediante la adaptación de las obras a formatos accesibles para este grupo de personas. La creación de ejemplares accesibles estará a cargo de entidades autorizadas para realizar esas acciones, y también podrá realizarla el propio beneficiario, o alguien que actúe en su nombre. Asimismo, se incluye en el Tratado el intercambio transfronterizo de las obras ya adaptadas con el fin de que otras comunidades hagan uso de las mismas sin duplicar esfuerzos.

Las entidades autorizadas a generar los ejemplares accesibles podrán realizar, entre otras cosas, la reproducción, transcripción, manejo, archivo, importación y distribución del material. Estas entidades podrán ser organismos gubernamentales o no gubernamentales, incluyendo a bibliotecas e instituciones educativas.

En Uruguay, la iniciativa pionera para la implementación del Tratado de Marrakech es el proyecto Biblioteca Digital y Accesible (BIDYA), surgido de una alianza entre la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU) y la Universidad de la República (Udelar). El proyecto busca favorecer el acceso en formatos accesibles a los textos de estudio por parte de personas con discapacidad visual. La Biblioteca permitirá la creación de un sistema de digitalización de libros y su puesta a disposición en línea a través de un repositorio de libros y otros materiales en formatos accesibles. La misma será implementada por el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles de la Udelar (Núcleo REA), del que Creative Commons Uruguay es parte. BIDYA fue una de las tres propuestas aprobadas entre más de 500 de toda la región, que se presentaron a la subvención del Programa FRIDA-IDRC.

La implementación del Tratado de Marrakech contribuirá a acortar la brecha histórica que el colectivo de personas con dificultades de lectura ha venido luchando por revertir, con el fin de acceder a la cultura impresa que se ha publicado a nivel mundial, y abrirá posibilidades reales para la formación cultural y académica de miles de personas. Saludamos que Uruguay esté presente entre los países que ratificaron el Tratado e instamos a las bibliotecas, instituciones educativas y organizaciones sociales a seguir trabajando junto con los colectivos involucrados para conseguir implementar con éxito este importante Tratado.

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Uruguay: promueven el conocimiento libre con productos culturales – Nota en teleSUR

Equipo de CC Uruguay, julio 20th, 2016

El domingo 17 de julio tuvimos la Fiesta Creative Commons UY. Fue un momento para compartir ideas y proyectos de cultura libre, escuchando música y conociendo gente. Durante la fiesta, fuimos entrevistados por un equipo de teleSUR. Hoy la cadena latinoamericana de noticias difundió la nota en su canal de TV y publicó el video en su sitio web. La nota cuenta los principales proyectos de CC Uruguay y las razones por las cuales cada vez más gente se vuelca al uso de las licencias Creative Commons en nuestro país. Agradecemos al corresponsal Mauricio de los Santos y a todo el equipo de teleSUR que cubrió el evento.

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Que la información sea un derecho y no un delito

Equipo de CC Uruguay, junio 27th, 2016

Foto: Agustina Grande (Voluntaria en CC Uruguay)

Foto: Agustina Grande  (Voluntaria en CC Uruguay)

 

El pasado miércoles 22 de junio se realizó un debate sobre el lugar de la información en la nueva agenda de derecho. La misma se desarrolló en el marco de la semana de acción global de solidaridad que apunta a reclamar por la situación actual de privación de libertad de Julian Assange.

La reunión, organizada por Proderechos y Creative Commons Uruguay y realizada en Casa Tomada, fue moderada por Victoria Carranza, integrante de Proderechos y contó con las participaciones de Gabriel Delacoste (politólogo), Mariana Fossatti (socióloga, integrante de Creative Commons Uruguay) y Fabrizio Scrollini (abogado, integrante de DATA Uruguay).

En base a los ejes de la vigilancia comercial y estatal, el acceso a la información y la reforma de la ley de derechos de autor, los panelistas plantearon temas como el grado de privacidad que la ciudadanía está dispuesta a ceder ante los nuevos medios de vigilancia pública y privada; los estados limitando el derecho a la privacidad con la justificación de brindar mayor seguridad; la regulación de la libertad de expresión; la protección de la intimidad en internet; el derecho de acceso a la información de los ciudadanos; el conocimiento como propiedad privada y la consideración de acciones cotidianas tales como fotocopiar o descargar información de internet como un delito. A las exposiciones de los panelistas se sumaron distintas interrogantes del público.

“First they came for Assange” (Primero vinieron por Assange) es un evento coordinado en varias ciudades en solidaridad con Julian Assange, programador y ciberactivista australiano, creador del sitio WikiLeaks, quien el 19 de junio cumplió cuatro años en privación de libertad, sin cargos serios en su contra. En ese marco, se planteó la persecución política como un problema social que afecta a la democracia.

La actividad en Casa Tomada comenzó con la proyección de una entrevista realizada a Assange el pasado 19 de junio, para el diario español eldiario.es, acerca de su situación actual.

Luego, Gabriel Delacoste propuso una mirada política sobre la propiedad intelectual, la cual va más allá de la reproducción de textos, poniendo como ejemplo el acceso a los medicamentos y el poder de mercado que tienen las industrias farmacéuticas. Abordó el papel central que tiene el conocimiento y las barreras legales a su uso dentro del capitalismo. Esta centralidad económica del manejo de información deriva en una centralidad política, como se puso de manifiesto en el caso de Edward Snowden. Delacoste mencionó casos de empresas con gran poder económico, las cuales son capaces de acceder a más información y de restringir el acceso a las que no tienen ese poder. El crecimiento de las empresas tecnológicas genera tensiones internas entre los grandes poderes del capitalismo, en particular con las industrias del entretenimiento, pero estas tensiones suelen ser resueltas mediante censura y restricciones, sin tener en cuenta los intereses de la ciudadanía.

El siguiente expositor, Fabrizio Scrollini, destacó que la tecnología es política, y utilizó como ejemplo los sistemas de trenes, que tienen la posibilidad de incluir o excluir a poblaciones enteras. De este modo, se puede observar a la estructura tecnológica desde el punto de vista de determinar a quiénes favorece y a quiénes no. Por otra parte, señaló el problema de la vigilancia gubernamental, y destacó el caso de El Guardián, una tecnología utilizada por el gobierno uruguayo para monitorear potenciales delincuentes pero que no cuenta con reglas claras y límites establecidos para ser utilizado con responsabilidad. A su vez, afirmó que la compra de este tipo de tecnologías debería ser discutida a nivel social y que se debería pensar en mecanismos transparentes para que los actores aseguren los derechos de todos e informen claramente qué hacen con nuestros datos personales. Y para cerrar, planteó que la discusión sobre un marco legal que asegure nuestros derechos básicos en entornos mediados por tecnologías, aún “está muy verde”.

Mariana Fossatti partió de la idea de que la información es un derecho y que todos deberíamos tener este acceso garantizado. Lo mismo pasa con el derecho a la intimidad. Estos derechos se encuentran establecidos a través de declaraciones y pactos de derechos humanos, pero al momento de discutir los derechos en el mundo digital, muchos actores poderosos buscan redefinirlos, dejando en el camino algunos derechos fundamentales. Estableció como ejemplo los casos de Snowden y Assange, a quienes se acusa de actos ilegales a pesar de la intuición popular de que lo que hicieron está bien. WikiLeaks, el sitio web creado por Assange, realiza una práctica totalmente legítima reconocida dentro del periodismo -la protección de la fuente de información-, pero esta práctica ha sido asociada por el gobierno de Estados Unidos con el “robo” de información. Snowden, por su parte, denunció un abuso de su gobierno, y fue acusado de espía. También está el caso de Aaron Swartz, programador estadounidense, militante por el acceso al conocimiento que se suicidó debido a la persecución legal sufrida. Y el de Alexandra Elbakyan, programadora y científica de Kazajistán, que es perseguida por la poderosa editorial Elsevier por poner a disposición gratuitamente textos científicos. Sin embargo, Fossatti resaltó que, más allá de estos casos resonantes, es toda la ciudadanía la que queda fuera de la ley cuando son criminalizadas prácticas cotidianas tales como bajar un PDF o sacar una fotocopia. En Uruguay, la ley de derechos de autor es la que regula el acceso al conocimiento y la cultura, estableciendo que cualquier copia o reproducción de una obra está prohibida. La reforma a esta ley que actualmente discute el Parlamento, busca derogar este delito penal y agregar una serie de excepciones para facilitar el acceso a la cultura y a los materiales de estudio. Distintos actores, como la Cámara del Libro y AGADU, forzaron a la FEUU a firmar un acuerdo que pretende recortar la reforma, creando un marco legal confuso y restrictivo. Sin embargo, la discusión aún se encuentra en el Poder Legislativo. Desde Creative Commons Uruguay se está intentando llegar a una ley que sea lo más adecuada posible para las prácticas educativas y el acceso a la cultura en el siglo XXI. A su vez, existe una declaración firmada por varias organizaciones en apoyo al proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado, y también una carta ciudadana que se encuentra en todosganamosderechos.org, firmada por autores, profesionales, estudiantes y ciudadanos.

Luego de que los panelistas desarrollaron estos distintos puntos conectados y atravesados por leyes contradictorias, y respondieron algunas preguntas del público participante, se dio el cierre del encuentro con la proyección de un video de Slavoj Zizek, filósofo y sociólogo esloveno, quien en apoyo a Assange, propone no olvidar su nombre y, a su vez, llama a una revolución para lograr la protección de nuestra privacidad. Zizek culmina diciendo: “Julian vive en nosotros, todos somos culpables si no hacemos algo”.

 

Mercedes Cabrera (voluntaria en Creative Commons Uruguay)

 

Álbum con fotos de la actividad:

Que la información sea un derecho y no un delito

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