reforma del derecho de autor

Creative Commons Uruguay en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes

Equipo de CC Uruguay, noviembre 10th, 2017

El miércoles 8 de noviembre Creative Commons Uruguay fue a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. Brindamos nuestra opinión sobre el proyecto de ley de excepciones al derecho de autor. Este proyecto, que busca mejorar el acceso a la cultura y a los materiales de estudio, tuvo media sanción en el Senado en abril de 2016. Sin embargo, desde entonces ha sufrido ataques e intentos de bloqueo principalmente por parte de las sociedades de gestión de derechos de autor y de la Cámara Uruguaya del Libro. Luego de una negociación desigual y donde se excluyeron a múltiples organizaciones, Agadu y la Cámara del Libro consiguieron en mayo de 2016 que la FEUU acordara proponer con ellos un texto que recortaba los principales puntos de la norma con media sanción del Senado. No obstante, tanto el Ministerio de Educación y Cultura como la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y una decena de organizaciones que militamos por el acceso a la cultura en nuestro país apoyamos el proyecto con media sanción del Senado, cuestionamos el acuerdo Agadu – FEUU – CUL y sostuvimos que debe lograrse una ley de excepciones adaptada al siglo XXI.

Lo que nos motivó a solicitar la audiencia en la Comisión de Educación y Cultura es haber tomado conocimiento de la existencia de un “nuevo acuerdo” entre Agadu, FEUU y la Cámara del Libro, presentado y defendido por esas instituciones en la reunión de esa Comisión del 11 de octubre.

Ese “nuevo acuerdo” es, a nuestro entender, aún más regresivo que el “primer acuerdo” de mayo de 2016, dado que pretende introducir un artículo (el artículo 6°) que obliga a cualquier institución educativa, biblioteca, museo o archivo a solicitar una habilitación al Poder Ejecutivo antes de poder ejercer las excepciones previstas en la ley. Así, se estaría generando el antecedente de limitar el ejercicio de derechos culturales por vía administrativa. Además, se le brindaría al Poder Ejecutivo el poder discrecional de limitar o conceder excepciones a una ley, lo cual solo puede ser establecido por normas de rango legal. Por otra parte, se añadiría una capa burocrática inútil e innecesaria. Por último, se retrocedería a la necesidad de solicitar una autorización previa para hacer uso de las obras, invalidando e inutilizando las excepciones consagradas previamente en el articulado. No existen, además, antecedentes a nivel internacional de la aplicación de excepciones de esta manera.

En este enlace pueden encontrar una tabla comparativa del proyecto del Senado, el “primer acuerdo” y el “segundo acuerdo” entre Agadu, FEUU y la Cámara del Libro:

En este enlace pueden acceder a la versión taquigráfica de nuestra comparecencia del 8 de noviembre en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

En este enlace pueden leer el informe que entregamos a la comisión sobre los puntos más problemáticos del “nuevo acuerdo” entre Agadu, FEUU y la Cámara del Libro.

 

Imagen: Palacio Legislativo, en Wikimedia Commons.

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Se reglamentó la excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para el acceso al texto impreso

Equipo de CC Uruguay, octubre 19th, 2017

audiolibro

El 16 de octubre el Poder Ejecutivo firmó el decreto que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para el acceso al texto impreso. Esta reglamentación hace efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a esta reglamentación, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas van a poder comenzar a acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (BIDYA) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor. Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual; personas con discapacidades motrices que dificulten el acceso a los textos; personas con discapacidad intelectual leve, moderada o severa; personas con dislexia u otros trastornos que afectan la lectura; personas con discapacidades físicas que les impidan manipular el material de lectura, o que les generen dificultades para centrar la vista o mover los ojos en la medida necesaria para leer; y cualquier otra persona que, por otras razones, padezca de dificultades para el acceso al texto impreso. Por lo tanto, este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una enorme proporción de personas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirle el disfrute y el derecho de la lectura.

Las obras incluidas en la norma son aquellas que se pueden expresar en forma de texto, notación o ilustraciones conexas, así como obras en formato audio (audiolibros y formatos similares). A partir del decreto reglamentario, estas obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso de todas las personas, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Consideramos que esta reglamentación firmada por el Poder Ejecutivo es un gran paso adelante para favorecer el derecho de acceso a la cultura de la población. Ha sido concebida en base a criterios avanzados de derechos humanos, favoreciendo el acceso y la apertura. Es sin dudas una gran victoria de las organizaciones de personas con discapacidades, así como de la comunidad educativa y bibliotecaria, y de todas las organizaciones que de uno u otro modo militamos por el acceso democrático a la cultura.

No debemos olvidar que este logro es el producto de largos años de lucha de las organizaciones sociales, que, tanto a nivel nacional como internacional, se enfrentaron a la férrea resistencia de las editoriales y de los titulares de derecho de autor. De manera característica, muchos de estos actores corporativos se opusieron a la implementación del Tratado de Marrakech, colocando sus intereses comerciales por encima de los estándares más básicos de derechos humanos. Por esta razón, es aún más destacable el logro.

Para quienes deseen leerlo completo, el Decreto n.° 295/017 se encuentra disponible en el sitio web de Presidencia de la República.

 

Foto por ActuaLitté en Flickr bajo licencia CC BY-SA.

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La Udelar se pronuncia a favor de la reforma del derecho de autor con media sanción del Senado, y plantea objeciones a proyecto alternativo

Equipo de CC Uruguay, julio 12th, 2017

Fuente de la imagen: Wikipedia. CC BY-SA.

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó el martes 11 de julio un documento donde afirma su conformidad con el proyecto de reforma del derecho de autor que cuenta con media sanción del Senado. En cambio, plantea objeciones al proyecto alternativo a consideración de la Cámara de Representantes, negociado por Agadu, la Cámara Uruguaya del Libro y la FEUU.

La postura de la Udelar está en sintonía con lo que ya habían señalado instituciones docentes, bibliotecarias y de promoción del acceso al conocimiento.

Tras mencionar los antecedentes de ambos proyectos, el documento aprobado por la Udelar afirma:

“Luego de haber analizado ambos proyectos y los diversos documentos disponibles, no tenemos observaciones con respecto al proyecto inicial que tuvo media sanción en el Senado. Con respecto al nuevo proyecto que se encuentra a consideración en la Cámara de Representantes, consideramos necesario mejorar la redacción de algunos artículos, de manera de poder contemplar con claridad aspectos fundamentales de las innovaciones educativas y los formatos, metodologías y procesos de enseñanza y de aprendizaje del siglo XXI, así como las características propias de las diversas áreas desarrolladas en la Udelar.”

El documento analiza en detalle los aspectos claves que se verían afectados en caso de que se aprobara el proyecto de Agadu – FEUU – CUL en lugar del proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Entre los aspectos en peligro de sufrir recortes y retrocesos se encuentran:

  • La educación a distancia, semipresencial y virtual
  • Los procesos de innovación educativa y las estrategias de enseñanza basadas en tecnologías de la información y comunicación
  • Las prácticas educativas cotidianas de estudiantes, docentes y bibliotecarios/as de la Universidad
  • El funcionamiento de las bibliotecas de la Universidad, incluyendo el préstamo público de materiales no escritos, tales como videos, audios, materiales relativos a las artes visuales y la fotografía, y materiales no convencionales (partituras, tests psicológicos, etc).

La resolución de la Udelar, además, encomienda al Prorrector de Enseñanza Fernando Peláez que traslade los argumentos a la comisión de la Cámara de Representantes que se encuentra tratando el tema.

Semanas atrás ya se habían pronunciado en el mismo sentido la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, las bibliotecas de la Udelar, el Núcleo Interdisciplinario de Recursos Educativos Abiertos, el Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Udelar y Creative Commons Uruguay.

La posición de la Universidad de la República tiene una enorme relevancia en el tratamiento parlamentario del tema, dado que es un actor decisivo en cuanto a la producción y el acceso a materiales de estudio, así como en el desarrollo de metodologías y estrategias educativas.

Celebramos la resolución oficial de la Universidad de la República. Esperamos que el Parlamento tome la debida consideración de los argumentos de la Udelar y de muchas otras instituciones y organizaciones sociales que opinan en la misma dirección.

Es impostergable sancionar definitivamente una reforma de la ley de derecho de autor adaptada a los usos y prácticas del siglo XXI. Para que en Uruguay deje de ser delito el acceso a la cultura y a los materiales de estudio, hay cada vez mayor consenso de que es preciso retomar el proyecto con media sanción de la Cámara de Senadores.

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Compartir no es delito: apoyemos a Diego Gómez

Equipo de CC Uruguay, junio 14th, 2017

Diego Gómez es un joven colombiano que en 2009 estudiaba la carrera de Biología en una universidad de provincia. Como cualquier estudiante en América Latina, tenía muchas dificultades para acceder a los materiales de estudio y a los trabajos científicos necesarios para educarse. Por esa razón, intercambiaba materiales en un grupo con otros estudiantes.

Esta historia como cualquier otra se transformó en una pesadilla cuando Diego fue procesado por infracción a la ley de derecho de autor. Su “crimen” fue compartir en Internet una tesis escrita por otra persona para ayudar a otros estudiantes a acceder al conocimiento. El castigo podría llegar a ocho años de cárcel.

Ocho años después el destino de Diego todavía es incierto. Un tribunal de primera instancia lo absolvió, pero la fiscalía y la querella apelaron la sentencia y la batalla legal continúa. Por esta razón, Fundación Karisma, Creative Commons y otras organizaciones aliadas lanzaron esta semana un llamado a donar para afrontar los gastos de la defensa legal de Diego. El dinero recaudado ayudará a cubrir los gastos administrativos y judiciales para defender a Diego, pero también servirá para lograr un precedente importante a nivel regional en el sentido de que compartir no es ni debe ser un delito.

Doná para defender a Diego: https://igg.me/at/bnzSnstZHUo

El caso de Diego es un episodio lamentable que muestra la importancia de reformar las leyes de derecho de autor en los países de América Latina para salvaguardar el derecho de acceder a la educación, a la ciencia y a la cultura.

Casos como el de Diego pueden ocurrir hoy en Uruguay. En nuestro país también existen castigos penales para aquellas personas que comparten cultura, aunque lo hagan sin fines de lucro y sin ánimo de causar un perjuicio al autor. Además, las actividades de préstamo público y de copias para preservación que realizan las bibliotecas son ilegales. La educación en línea y el uso de fotocopias en el aula también están penados por la ley.

Por todo esto, y para que no ocurran casos como el de Diego en Uruguay, es fundamental reclamar la aprobación definitiva de la reforma a la ley de derecho de autor que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. La aprobación de esta reforma debe realizarse sin recortes ni restricciones injustificadas que pongan en peligro las salvaguardas para estudiantes, docentes, bibliotecas y otras instituciones culturales y educativas.

Para apoyar la reforma a la ley de derecho de autor en Uruguay, firmá la carta ciudadana bajo la consigna Todos Ganamos Derechos: https://www.todosganamosderechos.org/

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Reforma del derecho de autor: puesta al día de las alternativas que se discuten en el Parlamento

Equipo de CC Uruguay, mayo 13th, 2017

Imagen: Karen Arnold. CC0.

Durante los últimos días hubo novedades sobre la reforma de la ley de derechos de autor. Tal como informaron La Diaria, El País y M24, entre otros medios, se reavivó la discusión parlamentaria sobre el tema. En este texto buscamos hacer una puesta al día de la situación, explicando nuestra posición sobre las alternativas más convenientes.

Reseña histórica

Para entender las novedades actuales, es necesario un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva más de tres años. En octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a las fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República, donde los estudiantes conseguían sus materiales de estudio, pusieron de manifiesto la profunda inadecuación de la ley 9.739 de derechos de autor, sancionada en el año 1937, respecto a las necesidades actuales de acceso a la cultura y a la educación. Esa ley, que brinda un monopolio casi total sobre las obras a los titulares de derechos, prácticamente no tiene excepciones para usos socialmente justos y valorables como las actividades de educación, el trabajo de las bibliotecas, el acceso a la ciencia y a la cultura. Para peor, fue endurecida en 2003 en respuesta a imposiciones de la Organización Mundial del Comercio.

El rechazo social que trajo la aplicación de esta ley anacrónica creó conciencia sobre la necesidad de reformarla, incluyendo en nuestra legislación las excepciones y disposiciones básicas para amparar los derechos a la educación y a la cultura, consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos.

En 2013 el Centro de Estudiantes de Derecho presentó un proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, contemplando algunas de estas excepciones, que no llegó a ser tratado por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El proyecto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogía los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadía la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción al proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia ampliar los derechos culturales de la ciudadanía. Sin embargo, luego de la media sanción, surgió una reacción furibunda y desproporcionada de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), que afirmaban falazmente que el proyecto va contra los derechos de los editores y autores. Como sabe cualquier persona interesada en el tema, toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto aprobado en el Senado también incorpora el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, dado que ampara la posibilidad de hacer parodias, citas o fotografías de obras en espacios públicos, entre otras disposiciones. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, sensato y que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay, respecto de otros países, en este tema. Por poner solo un ejemplo, Uruguay es hoy uno de los escasísimos países que no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas.

Las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema y que solicitaron estar presentes, entre las que había instituciones y colectivos docentes, de bibliotecas, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien originalmente la CUL y Agadu afirmaban oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron borrar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. El problema de esto es que, de aprobarse la propuesta del acuerdo Agadu – FEUU – CUL, el Parlamento estaría legitimando involuntariamente muchas de las restricciones injustas y anacrónicas que en principio buscaba superar y que, si bien son entendibles en una ley de hace 80 años, son inaceptables en una norma contemporánea.

A modo de ejemplo, aunque parezca absurdo, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país. Atendiendo este problema, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar obras, como lo hacen siempre, pero ahora de manera legal. En cambio, el acuerdo Agadu – FEUU – CUL restringe el préstamo únicamente a obras expresadas por escrito, dejando afuera libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Si bien toda persona puede entender que las disposiciones anacrónicas fijadas en leyes antiguas caen por desuso, ¿cómo se puede justificar que una ley de 2017 prohíba a las bibliotecas prestar, sin ningún fin de lucro, todo tipo de materiales excepto textos?

Nuestra posición

Desde Creative Commons Uruguay solicitamos asistir a las comisiones de educación y cultura del Senado y de la Cámara de Representantes, donde dimos nuestra opinión favorable sobre el proyecto de ley que terminó recibiendo media sanción en la Cámara Alta, y fuimos más allá, planteando la necesidad de profundizar el capítulo de limitaciones y excepciones, incluyendo una cláusula de uso justo, que brinda un grado mayor de amparo legal para las prácticas cotidianas de acceso a la cultura que no afectan la normal explotación de las obras.

Luego de la media sanción en el Senado, nos sumamos a una campaña ciudadana impulsada desde la plataforma todosganamosderechos.org, desde la cual se juntaron cientos de firmas de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura que apoyan el proyecto emanado del Senado.

También nos sumamos a un conjunto de diez organizaciones sociales que firmaron un documento conjunto donde respaldan el proyecto del Senado.

Una vez que Agadu, FEUU y CUL presentaron el acuerdo surgido de aquella negociación desbalanceada, hicimos un análisis minucioso comparando el proyecto aprobado por el Senado con el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, y definimos a tal acuerdo como un acuerdo insuficiente. En dicho análisis hay una explicación, artículo por artículo, de por qué dicha propuesta retrocede en derechos con respecto al proyecto del Senado. Planteamos que el acuerdo Agadu – FEUU – CUL deja por el camino importantes contenidos que recibieron anteriormente el apoyo de todo el sistema político, desnaturalizando las excepciones educativas y para bibliotecas, afectando la libertad de panorama, y eliminando de plano la despenalización para usos sin fines de lucro y la copia para uso exclusivamente personal, entre otros aspectos.

Perspectiva a futuro

A pesar de los inconvenientes que saltan a la vista en el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, algunas bancadas de la Cámara de Representantes argumentaron el año pasado que era preferible aprobar dicho acuerdo dado que, a pesar de las falencias, era el resultado de una negociación representativa. Sin embargo, a lo largo de los meses, cada vez más reclamos empezaron a alzarse en contra de esa visión, dejando en claro que una verdadera representatividad incluye a muchas más voces. En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de instituciones universitarias, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del mismo Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo Agadu – FEUU – CUL y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Entre otros argumentos, se escuchó el llamado a que exista una normativa efectiva de limitaciones y excepciones, que no se discrimine entre estudiantes de instituciones públicas y privadas, y que no se pongan límites injustificados al derecho a estudiar y a las bibliotecas.

Como contamos al comienzo del artículo, en los últimos días varios medios de prensa informaron que la bancada del Frente Amplio retrasó su decisión sobre este tema, justamente a partir de los reclamos sociales para que la ley que finalmente se apruebe contenga una visión plural y lo más cercana posible al espíritu original del proyecto surgido en 2013 y aprobado en Senadores.

Desde Creative Commons Uruguay apoyamos estos reclamos y esperamos ser recibidos nuevamente por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para plantear nuestra posición. Confiamos en que el Parlamento escuche a las organizaciones sociales dejadas de lado en el Acuerdo Agadu – FEUU – CUL y que priorice los argumentos sensatos de la ciudadanía sobre las meras presiones corporativas de las cámaras empresariales. Así es que se podrá llegar a una ley justa, equilibrada y progresista que regule la cultura atendiendo a los derechos de todas y todos.

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Pitufos, copyright y censura

Equipo de CC Uruguay, marzo 4th, 2017

* Por Jorge Gemetto y Rodrigo Barbano, integrantes de Creative Commons Uruguay. Publicado originalmente en La Diaria en la edición del 27 de febrero de 2017.

En los últimos días tuvo lugar una curiosa polémica alrededor de un libro de historia utilizado en algunas escuelas privadas uruguayas. En dicho libro, se menciona a Los Pitufos para ejemplificar un posible modo de funcionamiento de una sociedad comunista, y se acompaña el comentario con una imagen de los famosos personajes.

Desde Creative Commons Uruguay, organización en la que militamos, nada tenemos para aportar sobre la pertinencia de la estrategia didáctica utilizada para explicar un sistema social y económico particular, ni sobre las connotaciones de la comparación entre el comunismo y Los Pitufos. Lo que sí nos ocupa es el impacto de la legislación de derecho de autor sobre los derechos humanos, en particular sobre el acceso a la cultura, a la educación y la libertad de expresión. Y en tal sentido, recientemente se produjo un incidente que nos llena de preocupación.

Según informaron medios locales e internacionales, el 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, denominada Estudio Peyos SA, intimó a la editorial Índice y a la escritora Silvana Pera, autora del libro Uy-siglo XX, a retirar todos los ejemplares en circulación, bajo la advertencia de recurrir a la Justicia en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa”. Cabe señalar que los derechos que hoy administra esta compañía provienen originalmente del autor de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, quien falleció hace 25 años.

La empresa que realizó la intimación por una cita visual de una imagen de Los Pitufos en un libro educativo basa su reclamo en las disposiciones de la Ley 9.739 de derecho de autor uruguaya, una ley del año 1937 extremadamente restrictiva, cada vez más desfasada en el tiempo y que a lo largo de 80 años no incorporó excepciones básicas para garantizar derechos humanos fundamentales. Entre otras cosas, la Ley 9.739 carece de una excepción obvia para garantizar la libertad de expresión y para proteger la creación de materiales educativos. Nos referimos al derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, tan común en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas en el marco de la educación, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas”. (1)

Por eso, en este caso es extremadamente importante distinguir dos cuestiones muy diferentes. Por un lado está la discusión pública sobre si el libro Uy-siglo XX es apropiado o no para la enseñanza escolar, lo cual entraña valoraciones filosóficas que, como ya dijimos, no buscamos abordar en este artículo. Pero incluso si la sociedad uruguaya llegara a la conclusión de que ese libro no es conveniente para ser utilizado en las escuelas, lo que debemos ver con mucha preocupación es que una empresa privada pretenda ejercer una censura directa sobre un libro con el cual tiene diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen no compite de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes ni perjudica a los titulares del copyright, y que lo que se exige no es una compensación sino el retiro de la circulación.

El problema es que la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, usando como excusa el uso insignificante de imágenes o fragmentos de obras a modo de cita. La legislación actual, además, pone barreras desproporcionadas para la creación y el acceso a materiales educativos, como viene quedando palmariamente claro desde el episodio de los allanamientos a fotocopiadoras universitarias en octubre de 2013.

Es por muchos de estos motivos que el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de 2013 un proyecto de ley avalado por 10.000 firmas para reformar la ley de derecho de autor, contemplando el derecho a estudiar. Posteriormente, la Cámara de Senadores dio media sanción, en abril de 2016, al proyecto de ley, que contó también con el aval y los aportes del Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura. Este proyecto de ley con media sanción parlamentaria incluye específicamente el derecho a la cita, (2) entre otras excepciones que son necesarias para estudiar, dictar clase, investigar y crear materiales educativos. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se ha denominado burdamente a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trata de una propuesta que contempla diversas prácticas habituales que son necesarias para la educación y el acceso a la cultura. De aprobarse este proyecto de ley, no dañará en absoluto el interés de los creadores, sino que, por el contrario, dará mayor respaldo al derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias como el ocurrido en este caso.

Es importante contar en Uruguay con excepciones al derecho de autor que amparen el derecho a la educación y a la libertad de expresión, y que nos protejan de la censura privada por razones ideológicas. Como sociedad, no gozaremos de garantías para ejercer estos derechos fundamentales hasta tanto el Parlamento no dé aprobación definitiva al proyecto de ley de reforma del derecho de autor.

 

(1) Raquel Xalabarder, “Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet”, pág. 22. Revista pe.i., n. 29 (mayo-agosto 2008), pp.13-110, Madrid, ISSN 1576-3366. Disponible en: http://bit.ly/2l8zKlD

(2) En el artículo 2° dispone: “[…] será lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico”.

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Por qué necesitamos copiar. Puesta al día sobre la reforma de la ley de derecho de autor

Equipo de CC Uruguay, noviembre 15th, 2016

Afiche del panel sobre reforma del derecho de autor

Jueves 17 de noviembre a las 19 hs en Espacio Serratosa (25 de Mayo 745). Entrada libre y gratuita.

En las últimas semanas, 14 personas fueron condenadas por realizar copias de materiales de estudio. De acuerdo a la actual ley de derecho de autor, todas las personas que copiamos, con o sin fines de lucro, cometemos delitos penales.

En respuesta a esta situación, en abril de 2016 el Senado dio media sanción a una ley que incorpora limitaciones y excepciones al derecho de autor para facilitar el acceso a la cultura y a materiales de estudio.

En 2015 realizamos un panel sobre los cambios necesarios a la ley derecho de autor, con la presencia de referentes del Estado, la academia, organizaciones sociales y estudiantiles. Un año después, en el marco de la Semana de la Música Libre 2016, volvemos a convocar a estos actores sociales para evaluar el estado actual de la reforma y las perspectivas de su aprobación definitiva. Hablaremos sobre el derecho a estudiar, el rol de las bibliotecas, el acceso a la cultura en Internet y los derechos de los usuarios de la cultura, entre otros temas.

Invitados:

  • Cristina Dartayete (coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual desde 2011 hasta 2014 y directora técnica de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial entre 2005 y 2010)
  • Mariana Fossatti (miembro de Creative Commons Uruguay)
  • Rosario Nogués (miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay)
  • Virginia Rodés (coordinadora del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de la República)
  • José Antonio Villamil (miembro del Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura)
  • Florencia Ualde (Centro de Estudiantes de Derecho)
  • Romina Napiloti (bancada de diputados del Frente Amplio)

Pueden encontrar más información sobre el panel en el sitio web de Música Libre Uruguay y en el evento de la actividad en Facebook.

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Por qué es fundamental la aprobación definitiva de la ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio

Equipo de CC Uruguay, octubre 24th, 2016

Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

En estos días, 14 personas fueron condenadas por realizar copias de materiales educativos, como resultado del famoso caso de los operativos policiales de 2013 contra las fotocopiadoras. Es importante tener muy claro que de acuerdo a la ley 9.739 de derecho de autor, todas las copias, con o sin fines de lucro, son delitos penales. Por lo tanto, todas las personas que realizamos copias para estudiar o para acceder a la cultura podemos ser procesadas.

Por eso, es fundamental que la Cámara de Diputados le dé sanción definitiva al proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio que ya tiene media sanción del Senado. Este proyecto, tal como fue aprobado en el Senado, incorpora excepciones racionales para bibliotecas y educación, y quita de la órbita penal a las infracciones sin fines de lucro. Las corporaciones editoriales buscan frenar o recortar este proyecto de ley tan importante para el derecho a la educación y a la cultura. En cambio, nosotros junto a otras organizaciones sociales pedimos a los legisladores y legisladoras que den una pronta aprobación a la ley, antes de que los procesados por copiar empiecen a ser estudiantes, bibliotecarios y usuarios de Internet.

Artículo en inglés, en el blog de Creative Commons Internacional: https://creativecommons.org/2016/10/28/uruguay-14-people-convicted-making-copies-educational-resources/

Imagen: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

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Editatona sobre mujeres en la arquitectura y el patrimonio urbano

Equipo de CC Uruguay, septiembre 27th, 2016

Afiche editatón Arquitectura 2016

La editatona de Wikipedia “Mujeres en la Arquitectura y el Patrimonio Urbano” se realizará el 1 de octubre de 2016, de 13 a 18 hs, en el Centro Cultural de España en Montevideo (Rincón 629), en el marco del Día del Patrimonio en Uruguay.

Esta actividad se enmarca en un evento internacional dedicado a las mujeres en la arquitectura que tendrá lugar en diversos países, promovido por la Universidad Politécnica de Valencia, el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, Wikimedia España, Amical Wikimedia, Wikimedia Argentina, la Universidad de Buenos Aires y Wikimujeres, entre otros. En Uruguay promueven la actividad el Centro Cultural de España en Montevideo, el blog Mirá Mamá, el colectivo Ghierra IntendenteWikimedia Uruguay y Creative Commons Uruguay.

El objetivo es mejorar la cobertura en Wikipedia de biografías de mujeres, así como temas de género vinculados con la arquitectura y el patrimonio urbano. Se crearán artículos sobre arquitectas, escultoras, paisajistas, muralistas y otras mujeres relevantes en el desarrollo urbano de Uruguay y de otros países. Asimismo, también se trabajará en artículos enciclopédicos relacionados con arquitectura y espacios urbanos desde una perspectiva de género.

Además, en el día del patrimonio, hablaremos de la importancia de que el Parlamento apruebe definitivamente la reforma de la ley de derecho de autor, la cual incluirá una disposición sobre libertad de panorama. La libertad de panorama es una excepción que permitirá hacer reproducciones de fachadas y monumentos de nuestras ciudades y publicarlas de manera libre. Hoy en día, estas reproducciones que todas y todos realizamos cotidianamente cuando sacamos fotos o grabamos videos, pueden ser consideradas ilícitas, dado que son reproducciones de obras restringidas por la ley de derecho de autor. La libertad de panorama es esencial para poder gozar de nuestro derecho a disfrutar y compartir el patrimonio, sin la amenaza de posibles sanciones civiles y penales.

La actividad es libre y gratuita. Completando este formulario nos ayudás a preparar la logística del día del evento.

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La construcción política del dominio público

Equipo de CC Uruguay, agosto 22nd, 2016

Publicado en La Diaria el jueves 18 de agosto de 2016

En 2003, James Boyle publicó El segundo movimiento de cercamiento y la construcción del dominio público, uno de los ensayos más influyentes sobre los efectos perjudiciales de la privatización del conocimiento. En ese texto, Boyle usa la comparación con el cercamiento de las tierras comunales en Europa y en el resto del mundo desde el siglo XV para dar cuenta de la ampliación inédita de la propiedad intelectual en las últimas décadas y, como contracara, del expolio de los bienes comunes inmateriales.

El ensayo de Boyle es, de alguna manera, un llamado a la consolidación de un movimiento social en torno al concepto de dominio público. Según el autor, es necesario construir la idea de “dominio público”, ya que este concepto, junto con el de “bienes comunes”, permite unificar luchas en torno a temas tan diferentes como el acceso a la cultura, el software libre, el uso de protocolos de comunicaciones, el acceso a los medicamentos, la resistencia al patentamiento de las semillas y del código genético, entre otros.

Uno de los problemas comprendidos dentro de las luchas por el dominio público es, sin dudas, el acceso a los materiales de estudio. Este problema comenzó a debatirse fuertemente en Uruguay en octubre de 2013, cuando decenas de personas fueron detenidas por fotocopiar materiales educativos, quedando miles de estudiantes sin vías razonables de acceso a dichos materiales. Desde ese momento quedó claro que el cercamiento casi absoluto establecido en la Ley 9.739 de derecho de autor era una barrera para satisfacer un derecho humano como lo es el derecho a la educación.

Hoy, a casi tres años de los allanamientos a las fotocopiadoras, como resultado de la movilización de los estudiantes y de organizaciones sociales tenemos un proyecto de ley con media sanción en el Senado. Este proyecto de ley viene a dar respuesta a una pequeña parte de los innumerables cercamientos que la Ley 9.739 impone. Lo que se busca con el proyecto es colocar fuera del cerco algunas prácticas que garantizan derechos básicos, tales como usar materiales de enseñanza en las clases, reproducir fragmentos de obras con fines educativos, realizar copias para uso estrictamente personal, ofrecer el préstamo público en bibliotecas, efectuar copias para la preservación de materiales antiguos, brindar acceso a obras cuyos autores son inhallables, o ejercer la libertad de expresión realizando una parodia de una obra.

En tal sentido, el proyecto de ley aprobado en el Senado debe ser comprendido como un proyecto en defensa del dominio público. Si lo viéramos tan sólo como un conjunto de parches a reclamos parciales o sectoriales, ya sea de un centro de estudiantes o de una asociación profesional, caeríamos en el peligro de fragmentar luchas que deben estar unificadas. En parte, uno de los méritos que llevó a la media sanción del proyecto en el Senado fue la articulación eficaz entre estudiantes, docentes, bibliotecarios, archivistas, militantes del software libre, colectivos feministas y organizaciones que militan por el acceso a la cultura y a la información. La unidad detrás de un proyecto de ley que beneficiaba a todo el conjunto marcó el camino de los avances.

Y, en buena medida, los golpes que ha sufrido el proyecto desde su aprobación en el Senado se pueden explicar por la posición incómoda en la que quedó la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay cuando fue convocada a negociar en solitario contra el frente completo de instituciones que abogan por mayores cercamientos al conocimiento: las cámaras empresariales de las industrias culturales y las sociedades de gestión de derecho de autor.

En las próximas semanas la Cámara de Representantes deberá aprobar el proyecto de ley que viene del Senado, ya sea tal como fue remitido o con las modificaciones que crea pertinentes. Mientras tanto, la enseñanza que este proceso ya nos deja es que, tal como planteaba Boyle hace más de diez años, es siempre preferible la unidad del campo social en torno a consignas amplias contra la privatización del conocimiento (“derecho a estudiar”, “acceso a la cultura”, “dominio público”) que la atomización y la fragmentación de las luchas.

Jorge Gemetto, integrante de Creative Commons Uruguay

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