reforma del derecho de autor

A 5 años de los allanamientos a las fotocopiadoras, es más necesaria que nunca la ley de acceso a materiales de estudio

Equipo de CC Uruguay, octubre 21st, 2018

Un día como hoy, 21 de octubre, pero hace 5 años, la policía irrumpió en las fotocopiadoras de la galería Montecarlo, donde los estudiantes de Derecho accedían a los materiales de estudio. El resultado: 32 personas detenidas y miles de estudiantes sin acceso a materiales de estudio.

Los allanamientos mostraron la necesidad de reformar la ley de derecho de autor para garantizar el derecho a la educación: legalizar los repartidos docentes, las copias para uso personal, la preservación de materiales en las bibliotecas y muchas otras cosas. Puede parecer ridículo, pero todas esas prácticas, que se realizan cotidianamente, son ilegales. Desde la FEUU hubo entonces una movilización por el derecho a la educación y se generó un proyecto de ley de acceso a materiales de estudio.

Este proyecto recibió el apoyo de la Udelar, de docentes, de bibliotecas y organizaciones que militamos por el acceso a la cultura. El proyecto buscaba simplemente adecuar la ley a la realidad, para que no volvieran a ocurrir detenciones arbitrarias y escasez de materiales. Además, establecía que todas las infracciones sin fines de lucro y sin intención de dañar al autor o autora de la obra, debían quedar fuera del ámbito penal (es decir, ¡de la posibilidad de multa o prisión!) y restringirse al ámbito civil.

En abril de 2016, el proyecto recibió media sanción en la Cámara de Senadores, un paso fundamental para avanzar en el derecho a la educación y a la cultura. Cientos de estudiantes llenaron las barras y festejaron que estaban más cerca de conquistar nuevos derechos. Acá se puede leer el texto del proyecto con media sanción.

Pero a partir de entonces la situación cambió. La Cámara Uruguaya del Libro, junto con Agadu, comenzaron una campaña de presión muy dura para evitar que se aprobara la ley. Esta campaña se basó en información falsa que buscaba crear miedo en los autores y artistas. La Cámara del Libro llegó a afirmar que, en caso de aprobarse la ley, se iba a destruir la industria editorial. Una afirmación ridícula: las excepciones al derecho de autor para educación y bibliotecas existen en casi todos los países, siendo Uruguay una triste excepción.

La presión de la Cámara del Libro y de Agadu dificultó el avance de la ley y generó negociaciones muy arduas en torno al proyecto. Así, ingresó un proyecto alternativo que eliminaba algunos artículos y desnaturalizaba la mayoría de los restantes. Por culpa de las presiones corporativas, el proyecto quedó estancado en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, a pesar de que su aprobación era de enorme importancia para toda la educación. El año pasado hicimos una puesta al día de la situación, que pueden leer acá.

Para tratar de destrabar la aprobación del proyecto, la ANEP, Udelar, el Consejo de Derechos de Autor y la Dirección de Educación del MEC realizaron a fines de 2017 una nueva propuesta de redacción, con el objetivo de que la educación pueda contar con salvaguardas para generar y utilizar materiales de estudio. Casi un año después de recibir esta nueva propuesta, la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes todavía no la aprobó ni la discutió seriamente. La demora parlamentaria en aprobar esta propuesta conspira contra el derecho a la educación.

Ya pasaron 5 años desde los espantosos allanamientos en los que terminaron detenidos estudiantes que trabajaban en las fotocopiadoras. Mientras tanto, estudiantes, docentes y bibliotecarias siguen accediendo y brindando los materiales en una absurda ilegalidad. Esperemos que antes que termine este período, el Parlamento apruebe la ley de acceso a materiales de estudio, para garantizar el derecho a la educación y a la cultura, y para asegurar que nunca más un estudiante, un docente o una bibliotecaria corran riesgos legales.

Imagen: El Observador.

No Comments »

¿Por qué pagamos el dominio público en Uruguay?

Equipo de CC Uruguay, octubre 3rd, 2018

La cultura es algo que aprendemos y hacemos los humanos en sociedad. Como tal, no es un derecho. Lo que es un derecho es participar libre y activamente de los beneficios que genera la construcción colectiva de la cultura. Y es necesario porque, en el capitalismo, la mercantilización y el fetichismo que la sostiene, es decir, el conjunto de creencias que la convierte en una mercancía “especial”, que da prestigio, que confiere a sus poseedores pertenencia y estatus, limita la participación de las personas en la cultura y, entre otras cosas, la hace depender de su capacidad de compra. Nadie pondría en duda que una fórmula matemática es patrimonio de la humanidad, pero la cosa se pone más difícil cuando se trata de obras que cotizan en el mercado de bienes simbólicos.

La ideología del “acceso”, la que postula que existen determinados “altos” valores culturales a los que todos deberíamos acceder, ha tenido diferentes contenidos en la historia del Estado en Uruguay, y fue casi siempre más democrática que el elitismo clasista y racista también presente en nuestras clases dominantes. La cultura podría pensarse como un bien común pero es muy difícil que se la compare con el agua o el suelo, que gozan de buena salud en cierto imaginario de izquierda. En Uruguay cuando un autor muere, los herederos pueden explotar sus obras durante 50 años, luego las obras pasan a dominio público. Sin embargo, junto con Argentina, tenemos el triste privilegio de haber privatizado el dominio público (lo que se llama “dominio público pagante”). Para ser bien esquemático, si alguien quiere estrenar una obra de Shakespeare en Uruguay, tiene que pagar.

La “Ley de derechos de autor”, promulgada en diciembre de 1937, crea el Consejo de Derecho de Autor (actualmente en el MEC), quien administra y custodia el dominio público. En tanto trabajadores, los autores no son amigos ni socios de los empresarios de la cultura y es entendible que defiendan el derecho de autor como resguardo ante usos y abusos de su trabajo.

Lo que no parece razonable es defender el dominio público pagante, con el argumento de que beneficia a la cultura, porque pese a que la ley en su formulación original hacía referencia a que lo recaudado por dominio público pagante se destinaría “preferentemente a Servicios de Arte y Cultura”, lo cierto es que alimenta dos fondos para sectores específicos de la cultura: el de teatro desde 1992, (a través de la Ley 16.297 que crea el Fondo Nacional de Teatro) y el de música desde 1994 (a través de la ley 16.624 que crea el Fondo Nacional de la Música). Esto sin considerar la necesidad, mucho más importante, de rechazar de plano cualquier intento de privatización de lo que nos pertenece a todos y todas.

Otro asunto a considerar es que AGADU es quien recauda el dinero del dominio público pagante, por lo que cobra una comisión por el trabajo administrativo que puede alcanzar hasta un 40%. Además de recaudar, AGADU integra el Consejo de Derechos de Autor, y las dos comisiones que gestionan los Fondos Nacionales de música y teatro. En las dos comisiones que gestionan los fondos, la ley establece la participación de AGADU. Sin embargo en el Consejo la decisión es política. No hay nada dramático ni ilegal en esto, pero tal vez es hora de debatir pública y abiertamente este estado de situación que hoy damos por hecho.

Hay muchas razones para discutirla. Unas tienen que ver con cuestiones ideológicas y de principios nada menores, respecto a los bienes comunes y al goce de lo producido colectivamente. Pero también hay razones bien concretas, el presupuesto nacional en cultura es una de ellas. De 2012 hasta hoy, por los datos que brinda la propia AGADU, lo que se paga al MEC por dominio público oscila entre los 3 millones de pesos y los 7 millones (cifra que solamente se alcanzó el año pasado). Una cifra que a juzgar por los créditos destinados a cultura en el Presupuesto Nacional es casi insignificante.

Según un artículo de Hernán Cabrera publicado recientemente, el presupuesto de cultura en Uruguay alcanza los 1.800 millones de pesos en 1999, y únicamente entre 2011 y 2014 se superó ese presupuesto histórico. Aún comparando las cifras de recaudación del dominio público con los fondos y premios que se destinan a las artes en Uruguay (los Fondos Concursables solamente son casi 20 millones de pesos), alcanza para plantear la necesidad de discutir la existencia de dos fondos nacionales destinados a dos manifestaciones artísticas específicas.

La oportunidad de discutir estos temas públicamente están servidas. En este momento el Poder Ejecutivo tiene en sus manos una propuesta de “Ley Nacional de Cultura y Derechos Culturales”, cuyotexto fue publicado en  la revista del CLAEH hace poco. La ley plantea la creación de un Fondo Nacional de Cultura, que agruparía y gestionaría todos los fondos para la cultura existentes, incluidos los de música y teatro. La ley propone otras cosas bien importantes como la creación de un Ministerio de Cultura y Derechos Culturales, pero la creación del Fondo Nacional es un primer paso imprescindible para comenzar a dar coherencia, transparencia y racionalidad a la gestión del presupuesto nacional destinado a la cultura. Además de abrir otros debates, también necesarios, sobre la implementación de este Fondo y los mecanismos de acceso de la ciudadanía.

Si bien hay muchas cosas a modificar en la “Ley de derechos de autor”, que se están debatiendo en este momento en el Parlamento, desde 1937 el dominio público pagante sigue en pie pese a los retoques de 2003 y a la situación actual. Lo que parece importante hacer hoy es poner en discusión la importancia, e incluso la legitimidad, de mantener en el orden jurídico, en la discusión ideológica y en la práctica, el dominio público pagante en Uruguay.

 

Alejandro Gortázar


Texto publicado originalmente en el Nº 23 de Hemisferio Izquierdo, dedicado a Bienes comunes, así como en el blog Sujetos.

No Comments »

Seminario “Mirar lejos: la educación virtual en el siglo XXI desde la perspectiva de los derechos de autor”

Equipo de CC Uruguay, septiembre 1st, 2018

El 5 y 6 de septiembre tendrá lugar el Seminario Nacional “Mirar Lejos: la educación virtual en el siglo XXI desde la perspectiva de los derechos de autor” en el Centro Cultural de España (Rincón 629, Montevideo).

El seminario es organizado por el Consejo de Derechos de Autor, la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El objetivo del seminario es intercambiar conocimiento sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en relación con la educación y las bibliotecas, para abordar los desafíos que se presentan en el entorno virtual y digital. Se trata de un aporte importante en el marco de las propuestas de leyes para facilitar el acceso a materiales de estudio que se encuentran actualmente en discusión en el Parlamento.

El evento contará con oradores extranjeros referentes en la materia, como Raquel Xalabarder, Juan José Marín y Rafael Ferraz, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También habrá expositores nacionales vinculados al tema del acceso a la cultura, la educación y el derecho de autor, entre quienes estará Mariana Fossatti, de Creative Commons Uruguay.

Pueden consultar el programa completo del seminario en este enlace.

Desde CC Uruguay consideramos que este seminario es una buena oportunidad para avanzar en el tratamiento de la ley de excepciones y limitaciones al derecho de autor en favor de la educación y las bibliotecas. Uruguay necesita adaptar de manera urgente su ley para que la educación del siglo XXI, el trabajo cotidiano de las bibliotecas y las prácticas habituales de acceso a la cultura estén amparados legalmente. El Parlamento debe escuchar a los sectores de la educación, a las bibliotecas y a los movimientos sociales por el acceso a la cultura, y dar aprobación definitiva a una ley que ya lleva 5 años de debate y es más necesaria que nunca.

No Comments »

Actualización sobre la reforma del copyright en Australia: mucho para celebrar y mucho a la espera

Equipo de CC Uruguay, febrero 6th, 2018

Traducimos al castellano este artículo escrito por Delia Brown y publicado en el sitio web de Creative Commons Australia bajo una licencia CC BY, sobre la reforma de la ley de derecho de autor en Australia. Los aportes del artículo pueden resultar valiosos en el marco de la discusión actual de la reforma del derecho de autor en Uruguay.


El 2017 fue el año en el que el copyright fue un regalo continuo en Australia, en la medida en que una pila de nuevas leyes y regulaciones fueron finalmente aprobadas, después de muchos años de activismo perseverante por parte del sector educativo de Australia.

Como todos sabemos, la reforma del copyright lleva mucho tiempo, y el proceso puede ser descorazonador y tóxico, pero armados con evidencia convincente, argumentos y tenacidad, es posible alcanzar grandes resultados. Es importante tener esto en mente en la Unión Europea y en otras jurisdicciones que actualmente se encuentran revisando sus leyes de copyright.

Abajo presentamos algunos de los cambios de 2017 y lo que la reforma del copyright tiene para nosotros en 2018.

La Ley de Enmienda del Copyright para el Acceso para Discapacitados y Otras Medidas (CADM) 2017

La Enmienda fue introducida en junio de 2017 y se convirtió en ley en diciembre de 2017. Aquí hay una copia de la ley. La nueva ley incluyó un número de reformas que el sector educativo buscó por años.

Copia para personas con discapacidad

La ley introdujo una nueva excepción de uso justo para el acceso al material bajo copyright por personas con discapacidad (Sección 113E) y una nueva definición de “persona con discapacidad” que permite tener en cuenta a un rango más amplio de discapacidades y de dificultades de aprendizaje. La nueva definición cubre a todas las personas con una discapacidad que ocasione dificultades para leer, ver, escuchar o comprender material bajo copyright.

La excepción de uso justo también permitirá, por ejemplo, agrandar textos y gráficos y hacer cambios en el formato. CADM (por sus siglas en inglés, Copyright Amendment Disability Access and Other Measures Act) también cumple con las disposiciones del Tratado de Marrakech, que aspira a facilitar la importación y la exportación de copias en formatos accesibles de obras publicadas, haciendo de Australia uno de los primeros de veinte países en implementar el Tratado de Marrakech para las personas discapacitadas visualmente.

Otra nueva excepción para los discapacitados se aplica a “las organizaciones que asisten a las personas con discapacidad” (Sección 113 F). Esta excepción permitirá a las instituciones educativas y a las organizaciones sin ánimo de lucro cuya función principal es proveer asistencia a las personas con discapacidad, contar con una excepción para facilitar el acceso a materiales bajo copyright por parte de personas con discapacidad. Esto significa que los profesores y las instituciones educativas podrán hacer versiones de materiales educativos en formatos adecuados para estudiantes con discapacidades.

Licencia estatutaria simplificada

La nueva disposición (Sección 113 P) fue producto de una colaboración entre el sector educativo (escuelas, universidades, institutos TAFE) y sociedades de gestión colectiva (la Agencia de Derecho de Autor y Pantallas) en un esfuerzo por coordinar y simplificar las licencias estatutarias educativas:

  • Hay un solo esquema de licenciamiento para reemplazar a las licencias actuales.
  • Ya no existe más un límite sobre la cantidad de una obra que puede ser copiada/comunicada. La única limitación es que la cantidad copiada/comunicada “no perjudique excesivamente los intereses legítimos del titular de derechos”.
  • Han sido removidas las reglas prescriptivas en las licencias estatutarias existentes, por ejemplo, las reglas en relación al marcado, a la copia de aniversario, a los límites sobre la cantidad de una obra que puede ponerse a disposición en línea, al resguardo de registros y encuestas, a los métodos para determinar remuneración, etc. Hay ahora flexibilidad para que las escuelas alcancen acuerdos con las sociedades de gestión colectiva sobre qué tipo de arreglos administrativos aplicarán. Si no se puede alcanzar ningún acuerdo, el Tribunal de Derecho de Autor tendrá poder para determinar en estos asuntos.

En este punto, la puesta en práctica de las nuevas disposiciones de las licencias simplificadas todavía tiene que ser trabajada por el sector educativo y las sociedades de gestión relevantes.

La excepción de copia de examen

La reforma de la ley corrigió una anomalía de larga data de la ley de copyright australiana, que permitía a las instituciones educativas incluir cierto tipo de obras bajo copyright en los exámenes en papel o físicos pero no permitía incluir el mismo contenido en exámenes tomados en línea.

Las instituciones educativas ahora pueden utilizar cualquier tipo de material bajo copyright en los exámenes (incluyendo transmisiones de radiodifusión, grabaciones en vivo y films), y pueden utilizar estos materiales en exámenes en línea.

Copia de preservación

La reforma actualiza y coordina las excepciones que permiten a las bibliotecas y archivos hacer copias de material bajo copyright con fines de preservación (Sección 3 de la nueva parte).

Las bibliotecas y los archivos ya no necesitan esperar hasta que el material haya sido dañado o haya sufrido deterioro antes de hacer las copias de preservación y se les permite hacer múltiples copias de preservación y poner a disposición las copias electrónicas de preservación para el público, sin que esto se considere un uso infractor.

Obras inéditas o sin publicar

La reforma también corrige otra anomalía de larga data. Anteriormente, había reglas diferentes para el material publicado y sin publicar y los materiales inéditos o sin publicar podían permanecer bajo copyright por toda la eternidad. La reforma introduce un nuevo plazo estándar de protección de los materiales bajo copyright: por “la vida del autor más 70 años”, sin importar si es una obra publicada o sin publicar. El plazo estándar será efectivo para las obras creadas antes del 1 de enero de 2019 que sigan inéditas para esa fecha.

Allí donde el creador del material bajo copyright no pueda ser identificado, el término estándar de protección será “la fecha de realización más 70 años”. Sin embargo, si el material se hace público dentro de los 50 años de su realización, el copyright subsiste a partir de la fecha en que el material fue hecho público más 70 años.

Nuevas excepciones para las Medidas Tecnológicas de Protección (TPM)

En diciembre de 2017, el gobierno habilitó nuevas excepciones para las medidas tecnológicas de protección a través de la regulación. A partir del 22 de diciembre de 2017, las instituciones educativas tienen permitido saltearse una medida tecnológica de protección por cualquiera de los siguientes motivos:

  • porque se apoyan en la licencia estatuaria simplificada en la sección 113P de la ley reformada;
  • porque se apoyan en las nuevas dos excepciones de copia para discapacidades en las secciones 113E y 113F de la ley reformada;
  • porque se apoyan en la sección 200AB(3) – excepción de uso flexible que les permite a las instituciones educativas copiar material para la instrucción educativa en circunstancias limitadas.

Esta reforma era muy esperada, ya que las organizaciones educativas y de personas con discapacidad no tenían las respectivas excepciones para saltear las medidas tecnológicas de protección que les permitieran hacer uso de las excepciones nuevas y las existentes. Por ejemplo, los maestros, profesores y escuelas ahora pueden hacer lo siguiente sin miedo a las infracciones:

  • copiar pequeños extractos de películas para usarlos mientras enseñan (por ejemplo, incluir un pequeño extracto de una película de Gallipoli en la presentación de un maestro sobre la Primera Guerra Mundial);
  • proveer a los estudiantes con discapacidad contenidos en formatos accesibles, tales como una versión subtitulada de un DVD para un estudiante con discapacidad auditiva.

El proceso para promulgar estas nuevas excepciones está un poco complicado por razones administrativas.

Por desgracia una reforma propuesta para añadir excepciones sobre medidas tecnológicas de protección para estudiantes e investigadores fue dejada de lado en la versión final de las regulaciones y puesta a consideración sobre si está justificada o no.

2018: Más reforma del copyright en el horizonte

Mientras que las reformas de 2017 arreglaron muchos de los problemas del copyright en el sector educativo, no han arreglado todos los problemas que enfrenta el sector educativo en Australia. Los temas remanentes en la reforma de la ley que más se destacan en el sector educativo son:

  • la introducción de una excepción flexible de uso justo tal como recomendó la comisión de reforma de la ley de Australia (ALRC, por sus siglas en inglés) y apoyada por la comisión de productividad (PC, en inglés);
  • la expansión de las disposiciones de puerto seguro (“safe harbour”) para incluir a la educación y a las bibliotecas;
  • enmendar la ley de copyright para asegurar que un contrato no pueda ignorar las excepciones al copyright;
  • un esquema para obras huérfanas;
  • mejorar la gobernanza de las sociedades de gestión colectiva.

Excepción flexible de uso justo, contratos y obras huérfanas

Las comisiones de reforma de la ley y la de productividad recientemente reconocieron que la ley de copyright está poniendo obstáculos a las escuelas australianas que utilizan tecnologías digitales e innovadoras en el aula. Por ejemplo:

  • hay diferentes reglas de copyright dependiendo de si un profesor está escribiendo en un pizarrón o en una pizarra interactiva, o si está proyectando una obra de arte o un texto sobre una pantalla o una pizarra interactiva;
  • las escuelas australianas están pagando para utilizar contenidos disponibles en Internet de manera gratuita, tales como mapas de turismo gratuitos, documentos de datos sobre salud en línea y páginas web de sitios corporativos. Las escuelas de otros países utilizan este contenido sin pagar nada.

Aunque las reformas recientes han simplificado la manera en que los profesores pueden utilizar las tecnologías digitales, no resuelven estas cuestiones fundamentales. Tanto la comisión de reforma como la de productividad recomendaron al gobierno que promulgue una excepción de uso justo para garantizar que el copyright sea lo suficientemente flexible como para cumplir con las necesidades de la educación australiana de una forma tal que no dañe el mercado de los titulares de derechos.

Entendemos que el gobierno tiene la intención de publicar un documento de discusión a mediados de febrero de 2018 que incluirá:

  • una consulta sobre cuál es la mejor forma de agregar más flexibilidad a la ley de copyright. No van a consultar sobre si deberían o no habilitar una excepción flexible, sino qué tipo de modelo es apropiado;
  • una consulta sobre qué tipo de esquema de obras huérfanas debería ser adoptado;
  • una consulta sobre si promulgar la recomendación de la Comisión de Productividad para enmendar la ley de copyright para prevenir que los contratos ignoren las excepciones al copyright.

Puertos seguros (safe harbours)

El 6 de diciembre de 2017, el gobierno introdujo el proyecto de ley 2017 de enmienda del copyright para proveedores de servicios. La propuesta expande la excepción de puertos seguros (safe harbours) para incluir a las escuelas y a otras instituciones educativas. Aquí se puede acceder a una copia de la propuesta y aquí al memorándum que la explica. No hay ninguna limitación que restrinja los puertos seguros a “propósitos educativos”, lo que significa que las instituciones educativas podrán apoyarse en las disposiciones de los puertos seguros incluso cuando se involucren en actividades colaborativas con la industria. Esto es significativo: el gobierno aceptó las preocupaciones de las escuelas de que una disposición de puerto seguro que solo se aplicara a “propósitos educativos” podría mostrarse como el otorgamiento del beneficio de puerto seguro, pero estaría limitando las formas en que las escuelas podrían involucrarse con la comunidad más amplia.

El proyecto será considerado por el Comité de Ambiente y Comunicaciones que deberá producir un reporte para el 19 de marzo de 2018 y que probablemente sea debatido durante el otoño de 2018 en el parlamento. También habrá consultas sobre nuevas regulaciones para acompañar el esquema actualizado de puerto seguro. Esperamos que estas consultas estén disponibles para el debate público a comienzos de 2018.

Sobre si otros proveedores de servicios como motores de búsqueda y plataformas de redes sociales deben ser incluidas en las disposiciones de puertos seguros, el gobierno planea hacer más consultas en 2018 antes de tomar una decisión.

Mejoras en la gobernanza de las sociedades de gestión colectiva

Luego de la recomendación de la Comisión de Productividad para realizar una revisión abarcadora de la gobernanza de las sociedades de gestión colectiva, incluyendo el Código de Conducta de las Sociedades de Gestión Colectiva, el Departamento de Comunicaciones comenzó una revisión del Código de Conducta para examinar hasta qué punto el Código promueve resultados justos y eficientes tanto para los miembros como para los licenciatarios de las sociedades de gestión colectiva en Australia. En particular esta revisión evaluará:

  • si el Código cumple con su lógica y sus objetivos, incluyendo promover la confianza y la participación en el sistema y mitigar cualquier potencial problema de poder de mercado en relación con las sociedades de gestión colectiva;
  • hasta qué punto el Código promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza, incluyendo un examen sobre si el Código contiene suficientes mecanismos de monitoreo, evaluación y resolución de disputas, y hasta qué punto el Código representa las mejores prácticas en comparación con otros códigos y líneas rectoras tanto locales como internacionales;
  • también será revisado cualquier otro punto que sea significativo y relevante para el alcance de la evaluación luego de que se haga una consulta con las partes interesadas.

Ver aquí para el Documento de Discusión y el Código de Conducta de las Sociedades de Gestión Colectiva, etc.

El sector educativo ha estado preocupado durante muchos años por la falta de transparencia y control de las sociedades de gestión colectiva. Aquí se puede encontrar una copia de la presentación que realizaron los grupos asesores (escuelas y TAFEs) para la evaluación.

Se espera que el borrador del informe sea publicado a comienzos del 2018.

Hacia el futuro

Esperamos que nuestras recientes reformas en la ley de derecho de autor de Australia ayuden a otras reformas del derecho de autor actuales o futuras alrededor del mundo. Todos podemos aprender de y construir a partir del trabajo de los demás.

No Comments »

Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Equipo de CC Uruguay, diciembre 25th, 2017

El 13 de diciembre Serpaj presentó el informe 2017 sobre Derechos Humanos en el Uruguay. Este año, al igual que en el informe de 2015, Creative Commons Uruguay colaboró con un capítulo donde se hace una puesta al día del impacto del sistema de derecho de autor sobre los derechos humanos. El informe repasa casos recientes en los que se vieron afectados derechos humanos por el inadecuado régimen autoral vigente. También se hacen recomendaciones legislativas y de política pública para corregir estos graves problemas.

El informe 2017 de Serpaj se puede leer y descargar desde este enlace. Es de destacar que se publica bajo una licencia Creative Commons que permite acceder y compartirlo sin barreras. Los invitamos también a visitar el repositorio digital de Serpaj, que cuenta con una gran cantidad de documentos de interés de acceso libre.

A continuación compartimos con ustedes el texto de nuestra contribución.


Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Por Creative Commons Uruguay*

Ilustración: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

En el Informe Anual 2015 de Serpaj sobre Derechos Humanos en Uruguay, el equipo de Creative Commons Uruguay escribió un capítulo acerca del impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos. En ese texto destacamos, en primer lugar, la importancia de abordar la legislación de derecho de autor desde la perspectiva de derechos humanos, siguiendo el criterio de la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, que en 2014 estudió el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, y brindó recomendaciones a los Estados.1 Señalamos que la ley uruguaya 9.739 referida al derecho de autor, que data de 1937, se encuentra en conflicto con las prácticas culturales contemporáneas y afecta injustificadamente el derecho a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión. Esta afectación a los derechos humanos se hizo más evidente en los últimos años, principalmente a causa de la generalización del uso de las tecnologías digitales. Mientras que estas tecnologías permiten reproducir y distribuir información a bajo costo, facilitando el ejercicio de derechos, la ley criminaliza muchas de las principales prácticas tendientes a ejercerlos.

El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, en su obra Derecho Penal – Parte general,2 explicaba ya a principios de los 2000 los problemas que traía la falta de adecuación de las normas de propiedad intelectual a la realidad contemporánea. Debido a los cambios tecnológicos y culturales ocurridos en las últimas décadas, el texto de la ley de derecho de autor pasó a abarcar un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. Mientras que en la década de 1930 solo era posible reproducir las obras con recursos técnicos muy costosos, la tecnología permite hoy la copia de obras enteras, o de partes de ellas, prácticamente sin costo. La conducta de reproducir, penada en el texto legal, se encuentra generalizada y, en los hechos, resulta imposible criminalizar a todas las personas que hacen copias para uso personal. Sin embargo, la mayoría de la población incurre cotidianamente en delitos conforme al texto y cualquier persona podría ser criminalizada arbitrariamente. Dado que el ámbito de las conductas criminalizadas es de extensión inusitada y no estuvo previsto en el contexto originario del texto, el resultado es un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad. Zaffaroni concluye afirmando que un tipo penal no puede erigirse en instrumento para la criminalización indiscriminada y que la omisión de las instituciones políticas frente a cambios de contexto cultural o tecnológico que alteran la extensión punitiva de un texto legal constituye una renuncia a su función, que no es constitucionalmente admisible. En otras palabras, buena parte de la ley de derecho de autor, incluyendo algunas de sus disposiciones penales, son inconstitucionales.

El ejemplo más obvio de inconstitucionalidad en la ley uruguaya de derecho de autor se puede encontrar en el literal E del artículo 46, que establece:

El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).

El artículo 2 detalla qué se entiende por reproducir:

La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.

Con este tipo penal y esta definición de reproducción, prácticamente la totalidad de la población uruguaya comete delitos de manera cotidiana. El funcionamiento de Internet implica que, cuando una persona accede a un sitio web desde su computadora, se generan y almacenan copias temporales de los contenidos en el dispositivo local. Al no contar con la autorización por escrito de los titulares de derechos de autor de cada sitio web, todas las personas que navegan por Internet en Uruguay cometen el delito penal comprendido en el literal E del artículo 46.

Este no es el único ejemplo de inconstitucionalidad. Otro caso es el que se da respecto del préstamo de ejemplares de obras. De acuerdo al artículo 2 de la ley 9.739, el préstamo también es una facultad exclusiva de los titulares de derechos de autor. Por lo tanto, prestar libros, discos o cualquier otro tipo de obras, ya sea de manera pública en una biblioteca o de manera privada entre personas individuales, sin la autorización expresa del titular de derechos, también constituye un ilícito de acuerdo a esta ley.

Los graves problemas ya mencionados, así como muchos otros presentes en el texto de la ley, dejan a todas las personas, en tanto usuarias de obras intelectuales, en situación de precariedad legal e indefensión, estando sujetas a posibles usos arbitrarios de la ley en su contra. Asimismo, se ven vulnerados sensiblemente los derechos a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.

Casos recientes de vulneración de derechos

Un conjunto de casos ocurridos en los últimos años sirven para ilustrar una situación que, aunque por lo general no es percibida como apremiante, suele estallar en casos de abrupta arbitrariedad. A continuación pondremos el foco en algunos de estos casos.

El más notorio en los años recientes afectó el derecho a la educación, cuando en octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República dejaron sin materiales de estudio a miles de estudiantes de Derecho. Las fotocopias son desde hace décadas una de las principales vías de acceso a materiales de estudio. La necesidad de fotocopiar se ve incrementada por el alto costo de los libros,3 y la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas no alcanza para satisfacer la demanda.

Los allanamientos a las fotocopiadoras dejaron como saldo 32 personas detenidas, decenas de máquinas incautadas y más de 10 locales clausurados. Miles de estudiantes sufrieron dificultades importantes para acceder a los materiales de estudio durante meses. La situación posteriormente se estabilizó, como era previsible, con el desplazamiento de la demanda a otros centros de fotocopiado y a grupos de intercambio en Internet, entre otras formas de acceso informal que complementan las insuficientes vías de acceso legal.

En octubre de 2016 la causa culminó con 14 personas condenadas a 7 meses de prisión por la reproducción y distribución de fotocopias en los centros de fotocopiado.

A comienzos de 2015, otro caso puso de relieve la afectación de la ley de derecho de autor a la libertad de expresión. El 18 de febrero de ese año una jueza penal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco, en el departamento de Colonia. La incautación se ordenó ante una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay, un consorcio de representantes legales de empresas multinacionales de software. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en la desproporcionada medida judicial, que fue particularmente grave porque violó la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenazó seriamente la actividad normal del periódico. El sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión.4 Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial. Días más tarde se supo que el denunciante actuó sin la autorización de la empresa de software a la que alegaba representar, por lo cual la causa no derivó en condenas al medio de prensa. No obstante, cabe resaltar que la medida judicial a través de la cual se ordenó la incautación de equipos se apoyó en la ley de derecho de autor. Desde 2003, esta ley considera el software como una obra autoral, y prevé sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría e incautación de equipos ante el uso de programas sin licencia. Este ilícito penal tan ampliamente extendido5 derivó en la existencia de entidades privadas, que, bajo modelos de dudosa legalidad, alegan representar a las empresas titulares de derechos, y, bajo la amenaza de denuncia penal, buscan cobrar “multas” u otros tipos de penalidades para “regularizar” a los infractores. Si bien el caso del periódico El Eco fue el que más notoriedad pública cobró, otros medios de prensa también fueron asediados, así como profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, como arquitectos, diseñadores e imprentas.

A comienzos de 2017, otro caso notorio afectó la libertad de expresión. El 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, Estudio Peyos SA, intimó a la editorial uruguaya Índice y a la profesora Silvana Pera, autora del libro de Historia Uy-siglo XX, dirigido a estudiantes de sexto año de escuela, a retirar todos los ejemplares de circulación, bajo la advertencia de entablar acciones judiciales en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa”.6 Semanas después de la intimación, la editorial Índice publicó un comunicado informando que eliminó del libro “cualquier mención o referencia a Los Pitufos, ya sea en forma de texto o diseño”, para evitar las acciones judiciales.7

Los derechos que administra Estudio Peyos SA provienen del autor original de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, que falleció en 1992. La empresa realizó la intimación por el uso de una imagen de Los Pitufos en el libro educativo de Silvana Pera, quien usó el ejemplo de Los Pitufos para ilustrar el concepto de comunismo, presente en los programas de estudio de sexto año. La intimación se basó en la ley de derecho de autor, que en nuestro país carece de excepciones para ejercer el derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, una práctica habitual en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas para proteger la actividad educativa, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas”.8

Más allá de la polémica mediática acerca del libro, desde una perspectiva de derechos humanos debe señalarse con preocupación que una empresa privada haya ejercido una censura directa sobre una obra con la cual tenía diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen citada en el libro no competía de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes de Los Pitufos, y que lo que se exigió no fue una compensación sino el retiro de la circulación. La falta de ciertas excepciones básicas en la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, empleando, entre otros argumentos, el del uso no autorizado de imágenes o pequeños fragmentos de obras a modo de cita.

En los últimos años también han existido amenazas al derecho de acceso y participación en la vida cultural, relacionadas con el inadecuado sistema de derecho de autor. Han sido persistentes las intimaciones y denuncias de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) contra personas y colectivos sin fines de lucro que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural a través de la digitalización y puesta en línea de materiales que se encuentran fuera del mercado. Estas entidades apelan recurrentemente, de manera abusiva, a los mecanismos de notificación y baja de contenidos de las principales plataformas digitales, como YouTube o Facebook. Las grandes plataformas, pertenecientes a corporaciones sujetas a la legislación estadounidense, suelen dar inmediatamente de baja los contenidos sin valorar adecuadamente los descargos de los usuarios denunciados. Lo grave de este tipo de procedimientos es que se establece una suerte de justicia privada, donde las plataformas reemplazan al sistema judicial para la determinación y sanción de las infracciones al derecho de autor.

Por otra parte, Agadu realiza habitualmente cobros arbitrarios y desproporcionados por la realización de festivales y otras actividades sin fines de lucro en espacios públicos, y ha llegado a exigir el pago por ensayos de carnaval en la calle. Desde 2015, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) también ha comenzado a realizar cobros arbitrarios en espacios públicos y pequeños comercios por la supuesta utilización de obras audiovisuales. La prácticas mencionadas dan cuenta de la debilidad de los mecanismos estatales para fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, así como para corregir y sancionar los abusos que estas frecuentemente cometen.

Las situaciones de vulneración de derechos que hemos presentado no son atribuibles exclusivamente a una falta de actualización de la ley del año 1937. A modo de ejemplo, la redacción del artículo 2, que incluye dentro de las facultades exclusivas de los titulares de derechos tanto a las copias electrónicas temporales como al préstamo de ejemplares de obras, fue incorporada en una reforma del año 2003 a través de la ley 17.616. Esta reforma se realizó con el objetivo de ajustar la ley de nuestro país a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), uno de los acuerdos del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1995. Dicho acuerdo aborda la propiedad intelectual como un asunto vinculado al comercio, cuestión que ha traído a los países miembros de la OMC enormes desafíos para compatibilizarlo con las obligaciones del sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país lamentablemente estuvo lejos de realizar la adecuación de la ley de derecho de autor a ADPIC prestando atención a las obligaciones de derechos humanos. La reforma de la ley buscó satisfacer las demandas de las cámaras y entidades sectoriales de la industria cultural. El resultado fue que el texto aprobado en 2003 fue incluso más allá de los cambios exigidos por la OMC. Así, se acentuó el desbalance entre los derechos de los intermediarios y los derechos de los autores y usuarios. Mientras que se amplió el alcance y el plazo de las facultades otorgadas a las empresas titulares de derechos, no se creó ni se adaptó ninguna de las pocas excepciones consagradas en 1937, que quedaron desactualizadas y prácticamente inaplicables. Tampoco se pusieron límites a los contratos de cesión de derechos a través de los cuales en innumerables ocasiones los autores son privados de los beneficios de su trabajo por las empresas intermediarias.

Avances y retrocesos en el proyecto de ley de reforma del derecho de autor

Luego de los allanamientos de 2013 a las fotocopiadoras, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de ese año un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor, colocando en la opinión pública el debate en torno al derecho a estudiar. El proyecto inicial fue avalado por la firma de 10.000 estudiantes universitarios. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se denominó a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trataba de una propuesta que amparaba diversas prácticas necesarias para la educación y el acceso a la cultura.

Realizamos a continuación un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva cuatro años. El proyecto original proponía añadir nuevas excepciones al derecho de autor. En particular, la excepción de ilustración de enseñanza, diversas excepciones para las actividades de las bibliotecas,9 la excepción de copia para uso personal y la despenalización del literal E del artículo 46. La iniciativa no llegó a ser tratada por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El texto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogió los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadió la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción a este proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, actualizando la ley y corrigiendo algunos de los desbalances añadidos en 2003. Sin embargo, luego de la media sanción, sobrevino la reacción de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de Agadu, entidades intermediarias que buscaron imponer la idea de que el proyecto afectaba a la industria editorial y al sector cultural.

Toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto que recibió la media sanción del Senado incorporó el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, como el derecho de hacer parodias, fotografiar y filmar obras expuestas en espacios públicos, citar obras escritas, sonoras, audiovisuales, plásticas y fotográficas, entre otras disposiciones. Lejos de dañar el interés de los creadores, el proyecto apunta a consolidar el derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay respecto de otros países.

Sin embargo, las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema, entre ellas la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, instituciones y colectivos docentes, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien en un principio la CUL y Agadu habían afirmado oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron eliminar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. De aprobarse la propuesta acordada entre Agadu, FEUU y CUL, el Parlamento estaría legitimando muchas de las restricciones que en principio buscaba superar.

A modo de ejemplo, atendiendo a que, como ya dijimos, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar todo tipo de obras de manera legal. En cambio, el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL restringe el préstamo únicamente a bibliotecas de instituciones sin fines de lucro y a obras expresadas por escrito, excluyendo libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Así, mientras que hoy el préstamo es ilegal pero esta ilegalidad cae por la fuerza de la costumbre, en caso de aprobarse el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se estaría legitimando en 2017 una norma que prohíbe a las bibliotecas prestar todo tipo de materiales excepto textos.

En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de la Universidad de la República, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL, y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Otras organizaciones sociales se sumaron al reclamo a través de un documento conjunto10 donde respaldan el proyecto del Senado. También cientos de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura enviaron al parlamento una petición en apoyo al proyecto con media sanción del Senado.11

En octubre de 2017, tanto el proyecto con media sanción del Senado como el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

Excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso

Consideramos relevante incluir en este informe un importante avance para el ejercicio de los derechos culturales. Se trata del decreto 295/017,12 que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. Esta reglamentación, promulgada el 16 de octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, hace también efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a este decreto reglamentario, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas contarán con mejores posibilidades de acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (un proyecto conjunto de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor.

Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual, pero también a personas con otras dificultades para acceder a obras impresas (por discapacidades motrices o intelectuales, o por diferentes tipos de trastornos que afectan la lectura). Este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una gran proporción de personas adultas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirles el disfrute y el derecho de la lectura.

A partir del decreto reglamentario las obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Oportunidades para seguir avanzando

El Senado dio media sanción a una reforma que, en caso de aprobarse, consagraría excepciones y limitaciones al derecho de autor para contemplar adecuadamente los derechos culturales, especialmente el derecho a estudiar. Asimismo, el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar una ley que favorece el acceso a la cultura de las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Pero la discusión normativa debe ir acompañada de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos culturales.

En este sentido, Uruguay aprobó a principios de 2017 la Agenda Uruguay Digital 2020. Bajo el lema “Transformación con equidad”, la agenda incluye, entre otros objetivos, la “creación del Sistema Nacional de Repositorios para compartir y consultar todos los artículos científicos, tesis y libros de textos de producción nacional a nivel universitario”.13 La creación de un sistema de repositorios digitales implica destinar recursos públicos y orientar esfuerzos a garantizar el acceso abierto a la investigación científica nacional y a materiales educativos. Cabe esperar que este esfuerzo se complemente con el impulso a la digitalización del patrimonio cultural que albergan las bibliotecas, museos y archivos públicos, para ponerlo a disposición de la ciudadanía, respetando los derechos autorales, pero haciendo uso del dominio público y de las escasas excepciones contempladas por la ley en favor del acceso a la cultura, la educación y la ciencia.

El derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural, que es de rango constitucional en Uruguay en virtud de los tratados de derechos humanos de los que el país es firmante, implica una responsabilidad por parte del Estado. Nuestro país debe salir de la actual situación desequilibrada en cuanto a legislación en materia de derecho de autor para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos culturales. Estudiantes y docentes deben poder utilizar materiales de estudio sin verse expuestos a sanciones penales. Las bibliotecas e instituciones culturales deben poder cumplir su misión sin entrar en contradicción con la ley. Las personas que crean obras intelectuales deben poder hacerlo sin dejar de expresar sus ideas para cuidarse de posibles represalias legales. Así como lo ha hecho con la firma, ratificación y reglamentación del Tratado de Marrakech, Uruguay tiene la oportunidad de continuar avanzando con más excepciones al derecho de autor y con más políticas públicas que permitan a las personas ejercer sus derechos a la hora de aprender, informarse y crear. El Estado, en lugar de ser un agente de represión de las prácticas culturales de la población, debe transformarse en un garante de derechos a través de una legislación adecuada al siglo XXI, y en un facilitador de su ejercicio mediante el desarrollo de políticas públicas de acceso a la cultura.

* Creative Commons Uruguay es un colectivo sin fines de lucro que promueve la creatividad y el acceso democrático al conocimiento. Forma parte de la red internacional de Creative Commons, que ha desarrollado licencias de derecho de autor del mismo nombre.

1 Shaheed, Farida. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 24 de diciembre de 2014.

2 Zaffaroni, Eugenio Raúl et al. Derecho penal – Parte general. Buenos Aires, Ediar, 2002.

3 Rodés, Virginia y Pérez Casas, Alén. Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. Montevideo, Udelar, 2013.

5 Según un estudio de la Business Software Alliance, una cámara empresarial internacional del sector del software dedicada al ejercer presión en materia de propiedad intelectual, en 2015 el 68% del software instalado en Uruguay no contaba con licencia. Ver: Seizing opportunity through license compliance. BSA global software survey. Mayo de 2016. Disponible en: http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_US.pdf

6 Uypress. Pitufos comunistas con leyes capitalistas: piden retirar de circulación el libro. 24 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.uypress.net/auc.aspx?75360

7 Montevideo Portal. Tras acuerdo legal, quitaron referencia a Los Pitufos en libro escolar. 27 de julio de 2017. Disponible en: http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tras-acuerdo-legal-quitaron-referencia-a-Los-Pitufos-en-libro-escolar-uc350069

8 Xalabarder, Raquel. Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet. Revista pe.i., n. 29, Madrid, mayo-agosto 2008, pág. 22.

9 Uruguay es uno de los 21 países que aún no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas. Para más información, ver Crews, Kenneth. Copyright exceptions & limitations: libraries and archives. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_presentations.pdf

11 Petición disponible en: https://www.todosganamosderechos.org/

12 Decreto reglamentario disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/295-2017

13 Jackson, Matías. Nueva Agenda Digital Uruguay 2016-2020. 23 de enero de 2017. Disponible en: https://www.mjackson.uy/nueva-agenda-digital-uruguay-2016-2020/

No Comments »

Creative Commons Uruguay en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes

Equipo de CC Uruguay, noviembre 10th, 2017

El miércoles 8 de noviembre Creative Commons Uruguay fue a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. Brindamos nuestra opinión sobre el proyecto de ley de excepciones al derecho de autor. Este proyecto, que busca mejorar el acceso a la cultura y a los materiales de estudio, tuvo media sanción en el Senado en abril de 2016. Sin embargo, desde entonces ha sufrido ataques e intentos de bloqueo principalmente por parte de las sociedades de gestión de derechos de autor y de la Cámara Uruguaya del Libro. Luego de una negociación desigual y donde se excluyeron a múltiples organizaciones, Agadu y la Cámara del Libro consiguieron en mayo de 2016 que la FEUU acordara proponer con ellos un texto que recortaba los principales puntos de la norma con media sanción del Senado. No obstante, tanto el Ministerio de Educación y Cultura como la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y una decena de organizaciones que militamos por el acceso a la cultura en nuestro país apoyamos el proyecto con media sanción del Senado, cuestionamos el acuerdo Agadu – FEUU – CUL y sostuvimos que debe lograrse una ley de excepciones adaptada al siglo XXI.

Lo que nos motivó a solicitar la audiencia en la Comisión de Educación y Cultura es haber tomado conocimiento de la existencia de un “nuevo acuerdo” entre Agadu, FEUU y la Cámara del Libro, presentado y defendido por esas instituciones en la reunión de esa Comisión del 11 de octubre.

Ese “nuevo acuerdo” es, a nuestro entender, aún más regresivo que el “primer acuerdo” de mayo de 2016, dado que pretende introducir un artículo (el artículo 6°) que obliga a cualquier institución educativa, biblioteca, museo o archivo a solicitar una habilitación al Poder Ejecutivo antes de poder ejercer las excepciones previstas en la ley. Así, se estaría generando el antecedente de limitar el ejercicio de derechos culturales por vía administrativa. Además, se le brindaría al Poder Ejecutivo el poder discrecional de limitar o conceder excepciones a una ley, lo cual solo puede ser establecido por normas de rango legal. Por otra parte, se añadiría una capa burocrática inútil e innecesaria. Por último, se retrocedería a la necesidad de solicitar una autorización previa para hacer uso de las obras, invalidando e inutilizando las excepciones consagradas previamente en el articulado. No existen, además, antecedentes a nivel internacional de la aplicación de excepciones de esta manera.

En este enlace pueden encontrar una tabla comparativa del proyecto del Senado, el “primer acuerdo” y el “segundo acuerdo” entre Agadu, FEUU y la Cámara del Libro:

En este enlace pueden acceder a la versión taquigráfica de nuestra comparecencia del 8 de noviembre en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

En este enlace pueden leer el informe que entregamos a la comisión sobre los puntos más problemáticos del “nuevo acuerdo” entre Agadu, FEUU y la Cámara del Libro.

 

Imagen: Palacio Legislativo, en Wikimedia Commons.

No Comments »

Se reglamentó la excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para el acceso al texto impreso

Equipo de CC Uruguay, octubre 19th, 2017

audiolibro

El 16 de octubre el Poder Ejecutivo firmó el decreto que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para el acceso al texto impreso. Esta reglamentación hace efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a esta reglamentación, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas van a poder comenzar a acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (BIDYA) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor. Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual; personas con discapacidades motrices que dificulten el acceso a los textos; personas con discapacidad intelectual leve, moderada o severa; personas con dislexia u otros trastornos que afectan la lectura; personas con discapacidades físicas que les impidan manipular el material de lectura, o que les generen dificultades para centrar la vista o mover los ojos en la medida necesaria para leer; y cualquier otra persona que, por otras razones, padezca de dificultades para el acceso al texto impreso. Por lo tanto, este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una enorme proporción de personas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirle el disfrute y el derecho de la lectura.

Las obras incluidas en la norma son aquellas que se pueden expresar en forma de texto, notación o ilustraciones conexas, así como obras en formato audio (audiolibros y formatos similares). A partir del decreto reglamentario, estas obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso de todas las personas, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Consideramos que esta reglamentación firmada por el Poder Ejecutivo es un gran paso adelante para favorecer el derecho de acceso a la cultura de la población. Ha sido concebida en base a criterios avanzados de derechos humanos, favoreciendo el acceso y la apertura. Es sin dudas una gran victoria de las organizaciones de personas con discapacidades, así como de la comunidad educativa y bibliotecaria, y de todas las organizaciones que de uno u otro modo militamos por el acceso democrático a la cultura.

No debemos olvidar que este logro es el producto de largos años de lucha de las organizaciones sociales, que, tanto a nivel nacional como internacional, se enfrentaron a la férrea resistencia de las editoriales y de los titulares de derecho de autor. De manera característica, muchos de estos actores corporativos se opusieron a la implementación del Tratado de Marrakech, colocando sus intereses comerciales por encima de los estándares más básicos de derechos humanos. Por esta razón, es aún más destacable el logro.

Para quienes deseen leerlo completo, el Decreto n.° 295/017 se encuentra disponible en el sitio web de Presidencia de la República.

 

Foto por ActuaLitté en Flickr bajo licencia CC BY-SA.

No Comments »

La Udelar se pronuncia a favor de la reforma del derecho de autor con media sanción del Senado, y plantea objeciones a proyecto alternativo

Equipo de CC Uruguay, julio 12th, 2017

Fuente de la imagen: Wikipedia. CC BY-SA.

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó el martes 11 de julio un documento donde afirma su conformidad con el proyecto de reforma del derecho de autor que cuenta con media sanción del Senado. En cambio, plantea objeciones al proyecto alternativo a consideración de la Cámara de Representantes, negociado por Agadu, la Cámara Uruguaya del Libro y la FEUU.

La postura de la Udelar está en sintonía con lo que ya habían señalado instituciones docentes, bibliotecarias y de promoción del acceso al conocimiento.

Tras mencionar los antecedentes de ambos proyectos, el documento aprobado por la Udelar afirma:

“Luego de haber analizado ambos proyectos y los diversos documentos disponibles, no tenemos observaciones con respecto al proyecto inicial que tuvo media sanción en el Senado. Con respecto al nuevo proyecto que se encuentra a consideración en la Cámara de Representantes, consideramos necesario mejorar la redacción de algunos artículos, de manera de poder contemplar con claridad aspectos fundamentales de las innovaciones educativas y los formatos, metodologías y procesos de enseñanza y de aprendizaje del siglo XXI, así como las características propias de las diversas áreas desarrolladas en la Udelar.”

El documento analiza en detalle los aspectos claves que se verían afectados en caso de que se aprobara el proyecto de Agadu – FEUU – CUL en lugar del proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Entre los aspectos en peligro de sufrir recortes y retrocesos se encuentran:

  • La educación a distancia, semipresencial y virtual
  • Los procesos de innovación educativa y las estrategias de enseñanza basadas en tecnologías de la información y comunicación
  • Las prácticas educativas cotidianas de estudiantes, docentes y bibliotecarios/as de la Universidad
  • El funcionamiento de las bibliotecas de la Universidad, incluyendo el préstamo público de materiales no escritos, tales como videos, audios, materiales relativos a las artes visuales y la fotografía, y materiales no convencionales (partituras, tests psicológicos, etc).

La resolución de la Udelar, además, encomienda al Prorrector de Enseñanza Fernando Peláez que traslade los argumentos a la comisión de la Cámara de Representantes que se encuentra tratando el tema.

Semanas atrás ya se habían pronunciado en el mismo sentido la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, las bibliotecas de la Udelar, el Núcleo Interdisciplinario de Recursos Educativos Abiertos, el Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Udelar y Creative Commons Uruguay.

La posición de la Universidad de la República tiene una enorme relevancia en el tratamiento parlamentario del tema, dado que es un actor decisivo en cuanto a la producción y el acceso a materiales de estudio, así como en el desarrollo de metodologías y estrategias educativas.

Celebramos la resolución oficial de la Universidad de la República. Esperamos que el Parlamento tome la debida consideración de los argumentos de la Udelar y de muchas otras instituciones y organizaciones sociales que opinan en la misma dirección.

Es impostergable sancionar definitivamente una reforma de la ley de derecho de autor adaptada a los usos y prácticas del siglo XXI. Para que en Uruguay deje de ser delito el acceso a la cultura y a los materiales de estudio, hay cada vez mayor consenso de que es preciso retomar el proyecto con media sanción de la Cámara de Senadores.

No Comments »

Compartir no es delito: apoyemos a Diego Gómez

Equipo de CC Uruguay, junio 14th, 2017

Diego Gómez es un joven colombiano que en 2009 estudiaba la carrera de Biología en una universidad de provincia. Como cualquier estudiante en América Latina, tenía muchas dificultades para acceder a los materiales de estudio y a los trabajos científicos necesarios para educarse. Por esa razón, intercambiaba materiales en un grupo con otros estudiantes.

Esta historia como cualquier otra se transformó en una pesadilla cuando Diego fue procesado por infracción a la ley de derecho de autor. Su “crimen” fue compartir en Internet una tesis escrita por otra persona para ayudar a otros estudiantes a acceder al conocimiento. El castigo podría llegar a ocho años de cárcel.

Ocho años después el destino de Diego todavía es incierto. Un tribunal de primera instancia lo absolvió, pero la fiscalía y la querella apelaron la sentencia y la batalla legal continúa. Por esta razón, Fundación Karisma, Creative Commons y otras organizaciones aliadas lanzaron esta semana un llamado a donar para afrontar los gastos de la defensa legal de Diego. El dinero recaudado ayudará a cubrir los gastos administrativos y judiciales para defender a Diego, pero también servirá para lograr un precedente importante a nivel regional en el sentido de que compartir no es ni debe ser un delito.

Doná para defender a Diego: https://igg.me/at/bnzSnstZHUo

El caso de Diego es un episodio lamentable que muestra la importancia de reformar las leyes de derecho de autor en los países de América Latina para salvaguardar el derecho de acceder a la educación, a la ciencia y a la cultura.

Casos como el de Diego pueden ocurrir hoy en Uruguay. En nuestro país también existen castigos penales para aquellas personas que comparten cultura, aunque lo hagan sin fines de lucro y sin ánimo de causar un perjuicio al autor. Además, las actividades de préstamo público y de copias para preservación que realizan las bibliotecas son ilegales. La educación en línea y el uso de fotocopias en el aula también están penados por la ley.

Por todo esto, y para que no ocurran casos como el de Diego en Uruguay, es fundamental reclamar la aprobación definitiva de la reforma a la ley de derecho de autor que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. La aprobación de esta reforma debe realizarse sin recortes ni restricciones injustificadas que pongan en peligro las salvaguardas para estudiantes, docentes, bibliotecas y otras instituciones culturales y educativas.

Para apoyar la reforma a la ley de derecho de autor en Uruguay, firmá la carta ciudadana bajo la consigna Todos Ganamos Derechos: https://www.todosganamosderechos.org/

1 Comment »

Reforma del derecho de autor: puesta al día de las alternativas que se discuten en el Parlamento

Equipo de CC Uruguay, mayo 13th, 2017

Imagen: Karen Arnold. CC0.

Durante los últimos días hubo novedades sobre la reforma de la ley de derechos de autor. Tal como informaron La Diaria, El País y M24, entre otros medios, se reavivó la discusión parlamentaria sobre el tema. En este texto buscamos hacer una puesta al día de la situación, explicando nuestra posición sobre las alternativas más convenientes.

Reseña histórica

Para entender las novedades actuales, es necesario un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva más de tres años. En octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a las fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República, donde los estudiantes conseguían sus materiales de estudio, pusieron de manifiesto la profunda inadecuación de la ley 9.739 de derechos de autor, sancionada en el año 1937, respecto a las necesidades actuales de acceso a la cultura y a la educación. Esa ley, que brinda un monopolio casi total sobre las obras a los titulares de derechos, prácticamente no tiene excepciones para usos socialmente justos y valorables como las actividades de educación, el trabajo de las bibliotecas, el acceso a la ciencia y a la cultura. Para peor, fue endurecida en 2003 en respuesta a imposiciones de la Organización Mundial del Comercio.

El rechazo social que trajo la aplicación de esta ley anacrónica creó conciencia sobre la necesidad de reformarla, incluyendo en nuestra legislación las excepciones y disposiciones básicas para amparar los derechos a la educación y a la cultura, consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos.

En 2013 el Centro de Estudiantes de Derecho presentó un proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, contemplando algunas de estas excepciones, que no llegó a ser tratado por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El proyecto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogía los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadía la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción al proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia ampliar los derechos culturales de la ciudadanía. Sin embargo, luego de la media sanción, surgió una reacción furibunda y desproporcionada de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), que afirmaban falazmente que el proyecto va contra los derechos de los editores y autores. Como sabe cualquier persona interesada en el tema, toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto aprobado en el Senado también incorpora el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, dado que ampara la posibilidad de hacer parodias, citas o fotografías de obras en espacios públicos, entre otras disposiciones. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, sensato y que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay, respecto de otros países, en este tema. Por poner solo un ejemplo, Uruguay es hoy uno de los escasísimos países que no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas.

Las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema y que solicitaron estar presentes, entre las que había instituciones y colectivos docentes, de bibliotecas, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien originalmente la CUL y Agadu afirmaban oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron borrar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. El problema de esto es que, de aprobarse la propuesta del acuerdo Agadu – FEUU – CUL, el Parlamento estaría legitimando involuntariamente muchas de las restricciones injustas y anacrónicas que en principio buscaba superar y que, si bien son entendibles en una ley de hace 80 años, son inaceptables en una norma contemporánea.

A modo de ejemplo, aunque parezca absurdo, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país. Atendiendo este problema, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar obras, como lo hacen siempre, pero ahora de manera legal. En cambio, el acuerdo Agadu – FEUU – CUL restringe el préstamo únicamente a obras expresadas por escrito, dejando afuera libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Si bien toda persona puede entender que las disposiciones anacrónicas fijadas en leyes antiguas caen por desuso, ¿cómo se puede justificar que una ley de 2017 prohíba a las bibliotecas prestar, sin ningún fin de lucro, todo tipo de materiales excepto textos?

Nuestra posición

Desde Creative Commons Uruguay solicitamos asistir a las comisiones de educación y cultura del Senado y de la Cámara de Representantes, donde dimos nuestra opinión favorable sobre el proyecto de ley que terminó recibiendo media sanción en la Cámara Alta, y fuimos más allá, planteando la necesidad de profundizar el capítulo de limitaciones y excepciones, incluyendo una cláusula de uso justo, que brinda un grado mayor de amparo legal para las prácticas cotidianas de acceso a la cultura que no afectan la normal explotación de las obras.

Luego de la media sanción en el Senado, nos sumamos a una campaña ciudadana impulsada desde la plataforma todosganamosderechos.org, desde la cual se juntaron cientos de firmas de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura que apoyan el proyecto emanado del Senado.

También nos sumamos a un conjunto de diez organizaciones sociales que firmaron un documento conjunto donde respaldan el proyecto del Senado.

Una vez que Agadu, FEUU y CUL presentaron el acuerdo surgido de aquella negociación desbalanceada, hicimos un análisis minucioso comparando el proyecto aprobado por el Senado con el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, y definimos a tal acuerdo como un acuerdo insuficiente. En dicho análisis hay una explicación, artículo por artículo, de por qué dicha propuesta retrocede en derechos con respecto al proyecto del Senado. Planteamos que el acuerdo Agadu – FEUU – CUL deja por el camino importantes contenidos que recibieron anteriormente el apoyo de todo el sistema político, desnaturalizando las excepciones educativas y para bibliotecas, afectando la libertad de panorama, y eliminando de plano la despenalización para usos sin fines de lucro y la copia para uso exclusivamente personal, entre otros aspectos.

Perspectiva a futuro

A pesar de los inconvenientes que saltan a la vista en el acuerdo Agadu – FEUU – CUL, algunas bancadas de la Cámara de Representantes argumentaron el año pasado que era preferible aprobar dicho acuerdo dado que, a pesar de las falencias, era el resultado de una negociación representativa. Sin embargo, a lo largo de los meses, cada vez más reclamos empezaron a alzarse en contra de esa visión, dejando en claro que una verdadera representatividad incluye a muchas más voces. En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de instituciones universitarias, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del mismo Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo Agadu – FEUU – CUL y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Entre otros argumentos, se escuchó el llamado a que exista una normativa efectiva de limitaciones y excepciones, que no se discrimine entre estudiantes de instituciones públicas y privadas, y que no se pongan límites injustificados al derecho a estudiar y a las bibliotecas.

Como contamos al comienzo del artículo, en los últimos días varios medios de prensa informaron que la bancada del Frente Amplio retrasó su decisión sobre este tema, justamente a partir de los reclamos sociales para que la ley que finalmente se apruebe contenga una visión plural y lo más cercana posible al espíritu original del proyecto surgido en 2013 y aprobado en Senadores.

Desde Creative Commons Uruguay apoyamos estos reclamos y esperamos ser recibidos nuevamente por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para plantear nuestra posición. Confiamos en que el Parlamento escuche a las organizaciones sociales dejadas de lado en el Acuerdo Agadu – FEUU – CUL y que priorice los argumentos sensatos de la ciudadanía sobre las meras presiones corporativas de las cámaras empresariales. Así es que se podrá llegar a una ley justa, equilibrada y progresista que regule la cultura atendiendo a los derechos de todas y todos.

4 Comments »


next page