ley de derecho de autor

Un Día del Dominio Público sin nada para festejar en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, abril 1st, 2020

El Pez (1928), por Joaquín Torres García (1874-1949), se encuentra de nuevo en dominio público desde el 1 de enero de 2020, después de haber estado en dominio privado por algunos días en diciembre de 2019. Disponible en Wikimedia Commons.

Cada 1 de enero, al mismo tiempo que se celebra el año nuevo, también se festeja alrededor del mundo el Día del Dominio Público

El Convenio de Berna sobre derecho de autor, y las leyes de los países que adhieren a este tratado internacional, que son la gran mayoría, establecen que la expiración del derecho de autor se hace efectiva a partir del 1 de enero del año posterior a cuando vence el plazo, que en el tratado está fijado en un mínimo de 50 años después de la muerte de los autores.

Así, en el Día del Dominio Público caen las restricciones de derecho de autor sobre miles de obras de todo el mundo, y dichas obras pueden pasar a ser inmediatamente compartidas y reutilizadas sin necesidad de obtener autorización de los autores. Esta libertad para compartir y reutilizar el patrimonio cultural es fundamental para el ejercicio del derecho a la cultura y para favorecer la creatividad.

En Uruguay hemos festejado este día desde hace varios años, digitalizando muchas de las obras que ingresaron en dominio público y poniéndolas a disposición de forma libre en Internet. Así, por ejemplo, Creative Commons Uruguay, en conjunto con la Fundación Felisberto Hernández, puso a disposición hace algunos años las obras literarias completas de Felisberto Hernández (1902-1964) en una edición de dominio público. También fueron digitalizadas y puestas a disposición de toda la sociedad, en los últimos años, obras de autores como Susana Soca, Peloduro, Lauro Ayestarán, Justino Zavala Muniz, Petrona Viera y muchos otros.

Sin embargo, el 1 de enero de 2020 en Uruguay no hubo nada para festejar. Es que pocos días antes, el Parlamento aprobó una ley que extendió 20 años el plazo de derecho de autor, pasando desde 50 años después de la muerte de los autores, a 70 años postmortem. En otras palabras, la nueva ley establece que el ingreso de las obras en dominio público se demorará 20 años más que antes. Pero además, lo más grave es que la norma recientemente aprobada devolvió a dominio privado todas las obras que ya estaban en dominio público y que se encuentran comprendidas en el nuevo plazo. Para comprender la situación en su totalidad, hace falta tener en cuenta que en el año 2003 el Parlamento uruguayo ya había aprobado una extensión del plazo de derecho de autor, desde 40 hasta 50 años después de la muerte de los autores.

De manera que, por ejemplo, las obras de Petrona Viera (1895-1960) ingresaron en dominio público el 1 de enero de 2001, tras cumplirse el plazo de 40 años desde su muerte. Volvieron a dominio privado en 2003, con la ley 17616, e ingresaron en dominio público nuevamente el 1 de enero de 2011. Pero en diciembre de 2019 volvieron otra vez a dominio privado hasta el 1 de enero de 2031.

Hay casos todavía más graves. Con los nuevos plazos, las obras de Felisberto Hernández vuelven a estar en dominio privado hasta 2035. Sabido es que, antes de su entrada en dominio público en 2015, la publicación de nuevas ediciones de varias de sus obras estuvo dificultada debido a la negativa de una rama de sus herederos. El ingreso de sus obras en dominio público liberó la publicación de estas obras, pero ahora vuelve a surgir la duda de qué pasará con los textos de Felisberto Hernández.

Hay también casos casi absurdos, como el de Joaquín Torres García (1874-1949), cuyas obras ingresaron en dominio público el 1 de enero de 1990 y, con la nueva ley, promulgada el 23 de diciembre de 2019, estuvieron en dominio privado unos pocos días, hasta volver a entrar en dominio público el 1 de enero de 2020. O el de Paulina Luisi (1875-1950), cuyas obras entraron en dominio público el 1 de enero de 1991 y ahora volvieron a estar en dominio privado, hasta que se liberen nuevamente en 2021.

Fuente: Wikimedia Commons. Bajo licencia CC BY-SA.

Ante esta nueva situación, que compromete el acceso en Uruguay a la obra de cientos de autores nacionales y miles de autores de todo el mundo, ¿qué sucederá con los proyectos de digitalización y puesta a disposición del patrimonio histórico y cultural?, ¿deben dar de baja todas las obras en dominio público puestas a disposición en los últimos 20 años? Aquellos archivos e instituciones culturales que no cuenten con horas de funcionarios para revisar y dar de baja todos los contenidos que volvieron recientemente al dominio privado, ¿corren el riesgo de ser demandados por realizar tareas de difusión cultural que les son propias?

El problema principal no es simplemente este aumento puntual del plazo de derecho de autor, sino que este aumento se suma a otros previos, cuyo resultado en los hechos es la privatización por tiempo indefinido de miles de obras del siglo XX que forman parte de la herencia cultural de la sociedad uruguaya. Este tipo de extensiones sucesivas no ha ocurrido solo en Uruguay, sino también en otros países, como Estados Unidos, donde a una ley de extensión del plazo de derecho de autor de 1998 se la conoció como la ley “Mickey Mouse”, dado que ocurrió justo cuando los derechos del dibujo animado original estaban a punto de caducar. El patrón que se repite a nivel internacional es que cada vez que están por expirar los derechos de propiedad intelectual sobre obras importantes del siglo XX, el plazo se vuelve a extender.

Es necesario repetir una vez más que el derecho de acceso y participación en la cultura forma parte de los tratados internacionales de derechos humanos. Este derecho a la cultura debería estar por encima de los intereses privados de empresas que aún obtienen beneficios de unas pocas obras icónicas del siglo XX. El derecho de autor debe tener una caducidad efectiva para que la sociedad pueda acceder plenamente a su herencia cultural común.

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Uso de licencias CC en obras que contengan la imagen de personas

Equipo de Creative Commons Uruguay, marzo 3rd, 2020

Fuente Pxhere CC0 Public Domain

En este post analizamos un tema que genera muchas dudas: se trata del uso de las licencias Creative Commons en fotografías o filmaciones que incluyan el retrato de personas. Esperamos que sea de utilidad para mejorar las prácticas de licenciamiento y el uso adecuado de las licencias CC.

Las licencias CC aclaran expresamente que sus términos no cubren los derechos relacionados con la «privacidad ni otros derechos personales similares.» Las libertades que se otorgan mediante el uso de licencias CC no incluyen la potestad de publicar la imagen propia de terceros sin su autorización. Dicho de otra forma, el hecho de que la fotografía sea una obra propia no nos da el derecho de publicarla sin el consentimiento del retratado.

En general, debemos ser cuidadosos al momento de publicar este tipo de imágenes, ya sea con licencias libres o con todos los derechos reservados. A su vez, este problema podrá amplificarse si la obra fotográfica o audiovisual se publica con una licencia libre, porque aumenta la posibilidad de circulación y reutilización en otros contextos y, por lo tanto, su visibilidad.

Regla general

Desde el punto de vista de la protección de datos personales (Ley 18.331), la imagen de una persona es un dato personal. El fotógrafo debe recabar el consentimiento previo e informado de las personas fotografiadas o filmadas. Ese consentimiento debe realizarse por escrito (sin mayores formalidades) e incluir al menos la siguiente información:

  • con qué fin se filma o fotografía a la persona;
  • por qué medios se distribuirá la imagen;
  • si se distribuirá con una licencia libre, explicitar con cuál licencia y explicar cuáles son sus efectos

Polémica

Son múltiples los aspectos polémicos relativos al tratamiento de la imagen propia como dato personal, dado que este régimen jurídico se solapa con otros.

En ese sentido, encontramos que el artículo 21 de la Ley 9.739, de derechos de autor, establece el régimen de las imágenes que contengan el retrato de personas desde dos ángulos: (1) el del derecho de autor (como obras) y (2) el del derecho personalísimo a la imagen propia (como derecho humano). De acuerdo a lo establecido por el artículo 21, el retrato puede circular si media el consentimiento expreso de la persona retratada (o herederos), siendo ese consentimiento revocable. Hasta ahí, este régimen coincide con lo dispuesto con la ley de protección de datos personales. Pero ese mismo artículo, en su inciso final, plantea excepciones relacionadas con el interés público:

«Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y, en general, culturales o con hechos o acontecimientos de interés público, o que se hubieren realizado en público»

Ejemplos claros del funcionamiento de esta excepción son las fotografías que registran personas en multitudes o en actos públicos, o el uso de la imagen de figuras públicas (políticos, deportistas, artistas, etc.) en prensa para ilustrar noticias.

La polémica se plantea porque no existe una interpretación oficial sobre la vigencia o no de estas excepciones, dado que la ley de protección de datos personales es posterior al referido artículo 21 de la Ley 9.739. De todas maneras, utilizando un criterio de razonabilidad básica, existen suficientes argumentos como para entender que estas excepciones DEBEN estar vigentes, principalmente para salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Casos de especial atención

Algunos consejos a tomar en cuenta antes de publicar obras fotográficas o audiovisuales con una licencia CC son los siguientes:

  • La regla general es el consentimiento previo e informado.
  • Retrato de menores de edad: el consentimiento válido lo dan los padres.
  • Retrato de personas en actos públicos o de interés general: basándonos en el análisis de fallos judiciales, se recomienda evitar primeros planos o el destaque de una persona en la multitud y tender a tomar paneos generales, para evitar que sea necesario el consentimiento de los retratados.
  • Uso del retrato de personas en materiales educativos: basándonos en el análisis de fallos judiciales, se recomienda recabar el consentimiento para la inclusión del retrato de personas (incluso de figuras públicas) si media fin de lucro.

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Comunicado de REDLACDA sobre el aumento de los plazos de protección del derecho de autor en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, enero 7th, 2020

* Reproducimos el comunicado publicado por REDLACDA, en el que la red internacional manifiesta preocupación por el impacto que tendrá el aumento del plazo de derecho de autor en Uruguay sobre el acceso a la información y a la cultura.

La Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA) es un grupo conformado por profesionales de la información de distintos países de la región. Hacemos parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones – IFLA (por sus siglas en inglés), a traves del Copyright and other Legal Matters (CLM) Advisory Committee, y velamos porque haya respeto por el derecho de autor en equilibrio con el derecho de acceso a la información para tener leyes justas e incluyentes, tanto para creadores e intermediarios como para usuarios y lectores, es decir: para todas las personas.

Lamentamos profundamente el aumento de los plazos de protección del derecho de autor en Uruguay el pasado 18 de Diciembre del año en curso, que afectan gravemente al dominio público. Este tipo de legislaciones concluye de forma preocupante en la privatización de los bienes comunes, beneficiando a un pequeño grupo de la sociedad, que en el mayor de los casos no compone a los creadores directos, sino a sus herederos, y en detrimento de los bienes que además de beneficiar a los ciudadanos uruguayos, incluiría a las personas de todo el mundo. Entendemos que el dominio público es la norma y no una excepción[1] y hay que cuidarlo: es el insumo con el que las bibliotecas, archivos y museos permiten que nuevos creadores tengan acceso a referentes culturales para enriquecer nuevas creaciones sin necesidad de trámites o burocracias adicionales. Esta decisión retrasará la capacidad de creación de contenidos locales, afectando nuestra identidad como latinoamericanos y nuestra capacidad para competir con industrias culturales mucho más grandes de otras latitudes.

Este aumento de plazos en la protección afecta la salvaguarda del interés público en la difusión de la cultura y el conocimiento y afectan nuestra capacidad de producir memoria para nuestras futuras generaciones, condenando al olvido nuestro patrimonio porque esta medida resulta desproporcionada. ¿Qué sucede con quienes no pueden acceder porque no pueden pagar? Nos preocupa la falta de empatía y sensibilidad entre sectores con quienes padecen las desigualdades de nuestras sociedades modernas.

El aumento de los plazos de protección al derecho de autor afectando el dominio público encarece nuestra capacidad de acceso a la información, haciendo que sólo puedan acceder aquellos que pueden pagar por ella. ¿Y qué sucederá con las medidas de preservación digital de aquellos objetos que se encontraban en dominio público y hoy se ven sometidos al dominio privado? Tememos gravemente por la posibilidad de que hayan obras que desaparezcan para siempre al ser retiradas del dominio público y no contarse con copias de preservación. No debe olvidarse que existen numerosísimas obras de todo tipo que se encuentran dentro de los plazos de protección y que no son publicadas porque no presentan interés comercial para ninguna editorial. Esas obras están ocultas, como si estuvieran secuestradas.

Por favor, no nos malinterpreten: nuestras instituciones se nutren de las obras que el derecho de autor protege y lo valoramos. Sin embargo, esta medida va en contra de un justo equilibrio entre la protección y el interés público, recordando con pesar, que Argentina y Uruguay cuentan con dominio público pagante. Prolongar los plazos de proteccion no incentiva la creación de nuevo conocimiento, sólo retrasa su entrada al dominio público.

Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA)

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El Parlamento, a punto de privatizar 20 años de patrimonio cultural

Equipo de CC Uruguay, diciembre 18th, 2019

Hoy 18 de diciembre el Parlamento se dispone a aprobar en ambas cámaras la extensión del plazo de propiedad intelectual sobre las obras autorales a 70 años después de la muerte de los autores.

La Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay publicó una declaración la semana pasada, advirtiendo que un plazo de derecho de autor de 70 años post mortem sería un abuso, y reclamó que se le dé aprobación definitiva al proyecto de ley de excepciones al derecho de autor para educación y bibliotecas que cuenta con media sanción.

El Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje y el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos de la Udelar alertaron sobre los efectos perjudiciales que el aumento del plazo a 70 años causaría sobre la educación, y reclamaron una ley equilibrada.

El colectivo Derecho a la Cultura realizó una declaración donde explicó que la extensión del copyright afectaría gravemente el acceso al patrimonio cultural.

Desde Creative Commons Uruguay, a través de nuestro proyecto autores.uy, mostramos que el aumento del plazo de derecho de autor causaría el borrado masivo de obras de Internet, impidiendo el acceso digital que proveen portales nacionales sin fines de lucro.

El Consejo de Derechos de Autor del MEC presentó el 4 de setiembre un informe ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, desaconsejando el aumento del plazo a 70 años y señalando que el reclamo de los intérpretes de obras musicales ya está contemplado en la ley vigente.

A pesar de la opinión de las instituciones educativas, de las bibliotecas, de las organizaciones de la sociedad civil y del propio MEC, el Parlamento se dispone a aprobar el aumento del plazo del copyright a 70 años post mortem.

Desde el ámbito de la educación, de las instituciones culturales y de las organizaciones de la sociedad civil que promovemos el acceso a la cultura, hemos alertado una y otra vez que este proyecto de ley pone el interés privado de un puñado de empresas del entretenimiento y de herederos por encima del derecho de toda la ciudadanía de acceder a la cultura. Implicará la privatización lisa y llana de 20 años de patrimonio cultural que hoy se encuentra en dominio público y es de libre acceso. Se privilegiará el lucro privado por sobre la preservación y el acceso a bienes comunes culturales de toda la sociedad.

Por eso, llamamos a los legisladores y legisladoras a rechazar el proyecto de ley que extiende el plazo de propiedad intelectual a 70 años post mortem, y a aprobar antes de que termine el período parlamentario el proyecto de ley de excepciones al derecho de autor para el acceso a materiales de estudio y bibliotecas.

#NoALos70

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Por una ley de acceso a materiales de estudio y contra la extensión del plazo de propiedad intelectual

Equipo de CC Uruguay, octubre 21st, 2019

Hace exactamente 6 años, un 21 de octubre de 2013, la policía uruguaya ingresó a las casas de fotocopias cercanas a la Universidad de la República, secuestró máquinas y se llevó detenidas a 32 personas, incluyendo estudiantes que trabajaban como personal empleado en las fotocopiadoras.

Los allanamientos a las fotocopiadoras, ocurridos en período de exámenes, produjeron un caos en el acceso a materiales de estudio que se extendió durante varios meses, hasta que empezaron a aparecer nuevamente vías informales para acceder a los materiales.

Las y los estudiantes de Uruguay se organizaron para exigir que las prácticas habituales de acceso a la cultura dejen de ser delito. Juntaron 10 mil firmas en favor de una reforma al derecho de autor, con excepciones para proteger a la educación y a las bibliotecas.

El proyecto ingresó al Parlamento primero en 2013 y luego nuevamente en 2015. Obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, pero más tarde su debate se interrumpió en la Cámara de Representantes debido a las presiones de la Cámara del Libro y de Agadu.

De no aprobarse antes de febrero de 2020, el proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio perderá estado parlamentario. Esto implicaría un fracaso del sistema político para dar respuesta a una necesidad básica de las y los estudiantes: el acceso a los materiales.

La aprobación de la ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio es también un reclamo histórico de las bibliotecarias de Uruguay. Con la ley actual, las copias de preservación, las copias de fragmentos de textos para usuarias y usuarios ¡e incluso el préstamo público! son ilegales.

Por todo lo anterior, pedimos a nuestros representantes que defiendan el interés público y aprueben la ley de acceso a materiales de estudio antes de febrero. Si vos también querés pedirles, sumate a las más de 400 personas que firmaron la carta ciudadana.

También les decimos a los legisladores que la prioridad hoy es proteger la educación y el acceso a la cultura, que llevan 6 años esperando. La propuesta de extender el plazo de derecho de autor a 70 años implica un lamentable retroceso en el debate.

El proyecto de ley que extiende el plazo de derecho de autor a 70 años, presentado por Pablo Mieres, pone en peligro el acceso a miles de obras que hoy se encuentran en dominio público. Obligaría a eliminar de Internet una gran parte del acervo cultural común de Uruguay.

Las obras de Felisberto Hernández, Petrona Viera, Juan José Morosoli, Susana Soca, Lauro Ayestarán y otros miles de autores nacionales e internacionales dejarían de estar disponibles y serían privatizadas.

Para defender el derecho de acceso a la cultura de toda la ciudadanía, es preciso unirse entre todas las personas vinculadas a la cultura y a la educación, y decirle no al aumento de plazos de derecho de autor que quieren imponer las corporaciones de la cultura y del entretenimiento.

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La reforma necesaria a la ley de derecho de autor

Equipo de CC Uruguay, octubre 21st, 2014

En junio de este año, representantes de todos los partidos políticos firmaron el ingreso al Parlamento de un proyecto de ley de reforma del derecho de autor. El proyecto fue enviado al Parlamento por el Centro de Estudiantes de Derecho a fines de 2013, luego del conocido episodio en el cual la Dirección de Crimen Organizado de la Policía, en conjunto con Interpol, allanaron los locales de fotocopiado donde los estudiantes de la UdelaR conseguían sus materiales de estudio. El cierre de los negocios, derivado de una denuncia de la editorial Fundación de Cultura Universitaria por infracción a la ley de derecho de autor, provocó dificultades serias para el acceso a los materiales. Por tal razón, en aquel momento los estudiantes iniciaron una campaña en la que alcanzaron las 10 mil firmas para una reforma del derecho de autor que garantizara el derecho a estudiar.

El proyecto de ley que hoy se encuentra en la Comisión de Educación y Cultura de Diputados establece excepciones y limitaciones al derecho de autor, con el objetivo de facilitar el acceso a textos y otros materiales educativos. En concreto, las excepciones y limitaciones abarcan tres áreas: ilustración de enseñanza, copias para uso personal, y excepciones para algunas tareas que se realizan en bibliotecas, archivos, museos e instituciones culturales.

Si estas reformas son necesarias es porque bajo la ley actual muchas prácticas cotidianas se encuentran estrictamente prohibidas y configuran un delito penal. La ley de derecho de autor uruguaya, sancionada en 1937 y posteriormente endurecida en 2003, es tan restrictiva que, por ejemplo, establece como delito hacer copias de páginas de libros en el ámbito hogareño, descargar archivos pdf de Internet, sacar fotos a monumentos y fachadas, o utilizar imágenes y textos en las clases.

El nuevo proyecto a estudio del Parlamento disminuye algunos de estos problemas, al establecer una excepción al derecho de autor para la reproducción parcial de obras cuando se realice con fines educativos y sin intenciones de lucro. Además, incluye excepciones destinadas a mejorar la situación legal de los bibliotecarios, quienes bajo la ley actual se ven obligados a cometer delitos todos los días cuando realizan sus tareas de difusión y preservación. Entre estas excepciones para bibliotecas, se contempla la posibilidad de reproducir obras no disponibles en el mercado para incorporarlas en el acervo o para su preservación. También se legaliza la copia de fragmentos de obras para los usuarios de las bibliotecas y la reproducción electrónica para la consulta en las computadoras de la institución. Asimismo, se autoriza a las bibliotecas la traducción de obras no disponibles en nuestro idioma, siempre que se haga para fines de investigación o estudio.

Por otra parte, el proyecto instaura parcialmente la libertad de panorama, es decir la posibilidad de sacar fotos a monumentos y obras arquitectónicas en la vía pública. Actualmente esta práctica tan natural para cualquier persona se encuentra prohibida, dado que se la considera como reproducción no autorizada de obras autorales.

Otra cuestión importante que aborda el proyecto es la legalización de la copia para uso personal. En caso de aprobarse el texto, las personas serían libres de hacer copias por sus propios medios. Esto ampararía prácticas cotidianas como las copias de seguridad o el cambio de formato de una obra a soportes más actuales (por ejemplo, un álbum musical desde un vinilo o CD a una memoria digital).

Por último, el texto a estudio del parlamento elimina las sanciones penales para las infracciones al derecho de autor que se realicen sin fines de lucro. Esto es relevante dado que según la ley actual la gran mayoría de la población podría ser objeto de multas o incluso de encarcelamiento por acciones triviales. Parece sensato, entonces, dejar en el ámbito civil los reclamos de los eventuales perjudicados.

Los cambios que hoy se discuten en el Parlamento son modestos en relación a las restricciones abundantes que la ley actual impone al derecho de acceso a las obras culturales y educativas. En caso de aprobarse la nueva ley, Uruguay no estaría innovando en la materia, sino que estaría apenas poniéndose a la par de otros países. El texto del proyecto está basado en leyes vigentes en otras partes del mundo y se encuentra dentro del marco de los tratados internacionales firmados por Uruguay.

Como ya se ha dicho, el proyecto actual de reforma del derecho de autor implica un avance en materia de derechos culturales y debería ser aprobado en esta legislatura. No obstante, se queda corto en muchos aspectos que requieren una revisión más integral, y que deberían ser debatidos de forma amplia en el próximo período parlamentario.

Entre los aspectos centrales a discutir, es necesario resaltar que si el verdadero objetivo de la ley es proteger a los autores, lo principal es establecer normas que regulen los contratos de edición y distribución, impidiendo las cláusulas casi siempre abusivas de cesión de derechos de los autores en favor de editoriales, discográficas y productoras audiovisuales. Hoy en día, casi nunca los titulares de los derechos son los autores, quienes se ven obligados a ceder todo en favor de dichas empresas.

Otra buena medida en favor de los autores es garantizar el derecho a utilizar obras con el propósito de realizar parodias y sátiras. Más aun, es importante amparar el derecho a la reutilización parcial de obras para la creación de nuevas obras enteramente originales, que es la base de prácticas autorales ya bien establecidas como el collage, el sampleo, el remix o el mashup.

También es necesario incluir en la ley excepciones para que sea legal reproducir obras que no están disponibles en el mercado o cuyos titulares de derechos son inhallables.

El intercambio de cultura entre particulares sin fines de lucro debe ser reconocido como una parte esencial del derecho de acceso a la cultura. Todas las infracciones al derecho de autor deben pasar al ámbito civil y deberían acotarse para incluir solo aquellas que buscan el lucro y que generan un daño real a los titulares de derechos.

Las obras financiadas con fondos públicos deben estar en dominio público, dado que ya fueron pagadas por los ciudadanos con sus impuestos. Y el dominio público debe dejar de ser pagante, dado que el pago por el uso del patrimonio cultural implica una barrera muy fuerte para el uso del mismo por parte de la ciudadanía.

Las entidades de gestión colectiva deberían ser reguladas y fiscalizadas para garantizar los derechos de sus socios y para bajar los excesivos costos de administración.

Pero sobre todo, es necesario rediscutir la ley de derecho de autor en su conjunto. Sería deseable una nueva ley que, desde su mismo diseño, pase a tener en cuenta la diversidad de intereses y derechos culturales en juego, para alcanzar en definitiva el bien común. La ley del futuro debe dejar de ser pensada como una ley sectorial para las industrias culturales, y pasar a ser una ley que regule la economía de la cultura y el conocimiento en beneficio de toda la ciudadanía. La ley actual tiene casi 80 años y no está pensada para la realidad del siglo XXI, con todas las nuevas posibilidades que brinda Internet para el enriquecimiento cultural. Peor aun, la reforma de 2003 añadió problemas, al estar hecha a la medida de los intereses de las corporaciones multinacionales. Resulta insensato que en un momento histórico en el que se están alcanzando los medios técnicos para garantizar el derecho humano de acceso a la cultura, se impongan barreras jurídicas que impiden la concretización de ese derecho.

Lo que necesitamos ahora, por lo tanto, es un debate amplio para llegar a una regulación integral adaptada a nuestro siglo. A fines del año pasado quedó clara esta necesidad en las conclusiones de las conferencias ciudadanas Sumar sobre derechos de autor y acceso a la cultura, organizadas por el MEC. Un cambio integral no es algo utópico, sino que ya se está dando en otras partes del mundo. En Ecuador, por ejemplo, el actual gobierno anunció que derogará la ley de propiedad intelectual y publicó el borrador de una nueva ley de economía social del conocimiento. Dicho borrador se encuentra abierto para recibir aportes, sugerencias y comentarios de los ciudadanos, tanto en foros y audiencias públicas como a través de Internet. El principio fundamental del proyecto ecuatoriano es que el conocimiento es un bien de uso común y libre. A partir de ese principio, se busca un equilibrio que garantice los derechos culturales de la población. Algo similar necesitamos aquí en Uruguay para avanzar hacia una verdadera democratización de la cultura y el conocimiento. En un país que se ha puesto a la vanguardia de Latinoamérica a la hora de reconocer derechos sociales, ya es momento de poner en la agenda la libertad para acceder y compartir el patrimonio cultural.

 

* Este artículo, escrito por el equipo de Creative Commons Uruguay, fue publicado originalmente en el Semanario Voces Nº 450 del 9 de octubre de 2014.

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