dominio público

Derecho de autor en el tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea: pocas mejoras y muchos retrocesos

Equipo de CC Uruguay, abril 8th, 2018

Por Timothy Vollmer. Publicado originalmente en inglés el 6 de abril de 2018 en creativecommons.org, bajo licencia CC BY.

Un borrador recientemente filtrado del tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea muestra pequeñas mejoras en el capítulo sobre propiedad intelectual. Parece que la extensión innecesaria e injustificada de 20 años de duración del derecho de autor ahora se elimina del acuerdo, y las partes han introducido cierta flexibilidad para que los usuarios eviten las medidas tecnológicas de protección con el fin de ejercer sus derechos. Pero en su mayor parte, las negociaciones continúan favoreciendo un mayor endurecimiento de los derechos de autor a expensas de las protecciones para los derechos de los usuarios y los bienes comunes. Como explicamos a continuación, las medidas para proteger el dominio público continúan diluidas, la disposición que requiere una compensación obligatoria -independientemente de que los creadores la quieran o no- se mantiene y la sección de excepciones y limitaciones al derecho de autor se reduce a un mínimo.

El año pasado, en colaboración con varios capítulos de nuestra red global, Creative Commons publicó un análisis que abarca diversos temas relacionados con el derecho de autor presentados en un borrador del capítulo de propiedad intelectual del tratado de libre comercio Mercosur-UE.

La Unión Europea (UE) y el Mercosur han estado negociando este tratado de libre comercio (TLC) desde el año 2000. El tratado es expansivo y se ocupa de aspectos tan dispares como el comercio de bienes industriales y agrícolas, cambios potenciales a las reglas que rigen a las pequeñas y medianas empresas, compras gubernamentales y disposiciones de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor y las patentes. En nuestro análisis del año pasado, examinamos cuestiones que afectarían el dominio público, la creatividad y el intercambio de conocimiento, así como los derechos de los usuarios en la era digital.

Las negociaciones del TLC entre el Mercosur y la UE tienen lugar en un entorno en el que se está definiendo de manera creciente la regulación de derecho de autor a través de acuerdos comerciales multilaterales. En nuestro informe, los principales puntos que discutimos fueron los siguientes:

  • los plazos de derecho de autor no deben extenderse,
  • los derechos de los usuarios deben protegerse expandiendo las limitaciones y excepciones al derecho de autor,
  • la remuneración obligatoria interfiere con el licenciamiento Creative Commons,
  • las medidas tecnológicas de protección no deben limitar el ejercicio de los derechos de los usuarios.

También recordamos el principio de sentido común según el cual las negociaciones de tratados comerciales deben ser transparentes e involucrar a la ciudadanía, no secretas y decididas a puerta cerrada.

Desde nuestro análisis del año pasado, ha habido dos nuevos borradores filtrados del capítulo sobre propiedad intelectual. Uno fue publicado por Greenpeace en diciembre de 2017 en base a la 28ª ronda de negociaciones. Otro fue publicado la semana pasada por el sitio web bilaterals.org, basado en el texto consolidado tal como quedó al final de la 32ª ronda de negociaciones que finalizó el mes pasado.

Como Jorge Gemetto escribió en el blog de la Asociación Communia, el borrador del capítulo de propiedad intelectual filtrado por Greenpeace reveló un gran desacuerdo entre las partes.

“Se advierte fácilmente que, mientras el interés de la Unión Europea es el de aumentar los plazos y áreas de protección de la propiedad intelectual, así como imponer nuevas sanciones penales para las infracciones, los países del Mercosur buscan evitar estándares más altos de propiedad intelectual, incorporar excepciones y limitaciones obligatorias al derecho de autor, y favorecer la identificación y protección del dominio público.”

Como lo advierte Gemetto, existe un gran desbalance entre el poder de negociación de cada parte, y la UE claramente tiene la ventaja. Estando la UE ya alineada con el marco restrictivo de propiedad intelectual “TRIPS Plus“, busca exportar a otros lugares estas medidas de incremento de la protección y su aplicación.

Finalmente, llegamos al borrador del capítulo de propiedad intelectual filtrado recientemente que publicó bilaterals.org. Hay algunos cambios importantes desde la versión publicada por Greenpeace.

La mención del dominio público se diluirá y quedará sepultada

La filtración de Greenpeace de diciembre de 2017 encontró que las partes discutían si (y cómo) debía mencionarse el apoyo al dominio público en el Artículo 4 (Principios). La UE propuso el texto: “Las Partes reconocen la importancia de un dominio público robusto, rico y accesible”, mientras que los países del Mercosur abogaron por: “Las Partes tendrán debidamente en cuenta la necesidad de preservar un dominio público robusto, rico y accesible, y cooperarán entre sí para identificar los diferentes materiales que han ingresado en dominio público”.

La versión de la UE ganó. El texto consolidado compartido por bilaterals.org ahora dice: “Las Partes reconocen la importancia de un dominio público robusto, rico y accesible”. Además, una nota en el documento mueve el texto de la sección “Principios” a la sección “Cooperación”.

La remuneración obligatoria permanece

La borrador anterior, publicado por Greenpeace, mostraba que las partes discutían si habría una remuneración obligatoria (Artículo 9.6) para los intérpretes, ejecutantes y productores de música. La UE quería que el texto dijera: “Las Partes otorgarán un derecho para garantizar que el usuario pague una única remuneración equitativa a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, si un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de dicho fonograma, se utiliza para la transmisión por medios inalámbricos o para cualquier comunicación al público.” El Mercosur quería que este derecho fuera opcional, sugiriendo que el texto dijera: “Las Partes pueden otorgar…”.

La versión de la UE ganó. El texto consolidado ahora dice “otorgarán”. Este cambio muestra un esquema que se repite en las negociaciones: las disposiciones que tienen que ver con la aplicación de la propiedad intelectual y la protección de los titulares de derechos son obligatorias (“deberán”), mientras que las disposiciones que beneficiarían a los usuarios y al interés público son solo opcionales (“pueden”). Este tipo de disposición interferiría con el funcionamiento de algunas licencias Creative Commons, exigiendo un pago incluso cuando la intención del autor es compartir su trabajo creativo con el mundo de forma gratuita.

La extensión del plazo de derecho de autor fue puesta en suspenso

El borrador filtrado por Greenpeace reveló que las partes continuaban discutiendo sobre el plazo de derecho de autor (Artículo 9.7). La UE quería la vida de autor + 70 años, mientras que el Mercosur quería la vida + 50 años.

El texto consolidado ahora dice “transcurrirá durante la vida del autor y no menos de 50 años o por 70 años cuando así lo disponga la legislación nacional de las Partes…”.

La versión del Mercosur ganó porque el texto indica que se aplicarán los términos nacionales existentes. Esta es una mejora significativa en el sentido de que no obliga a aumentar el plazo a los países que tienen un plazo más corto. Ampliar aún más los plazos de derecho de autor no hace nada por promover la creación de nuevas obras, e incluso exacerba los desafíos relacionados con los plazos extensos, como el problema de las obras huérfanas.

Las excepciones y limitaciones fueron reducidas al mínimo

La filtración de Greenpeace mostró que las partes discutían sobre el alcance de la sección sobre limitaciones y excepciones (Artículo 9.9). El Mercosur quería incluir una lista no exhaustiva de usos aceptables para ser cubiertos bajo limitaciones y excepciones, incluyendo la crítica, la cobertura de noticias, la enseñanza y la investigación.

Sin embargo, el texto consolidado publicado por bilaterals.org no incluye la lista no exhaustiva. En su lugar, esencialmente vuelve a apoyarse en el texto de la regla de los tres pasos (“Cada Parte establecerá excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos solo en ciertos casos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de derechos”).

La protección del derecho de autor y las medidas de aplicación de dicha protección siempre deben equilibrarse con consideraciones de interés público; en otras palabras, los derechos de los autores siempre deben limitarse, reconociendo y defendiendo los derechos de los usuarios en el ecosistema del derecho de autor. El texto consolidado solo proporciona una mínima consideración para los derechos de los usuarios.

Una cierta flexibilidad para ejercer los derechos bajo los esquemas de medidas tecnológicas de protección

Por último, la versión publicada por Greenpeace reveló que la UE estaba proponiendo un nuevo texto en torno a las medidas tecnológicas de protección (TPM, por sus siglas en inglés) (Artículo X.15). En ese borrador anterior, no se incluía ningún texto que autorizara a eludir las medidas tecnológicas para que un usuario pueda ejercer sus derechos bajo una excepción o limitación.

Sin embargo, el texto consolidado ahora incluye el siguiente texto: “Las Partes (UE: cuando sea permisible de conformidad con su legislación nacional) deberán (UE: podrán) garantizar que los titulares de derechos pongan a disposición del beneficiario de una excepción o limitación los medios para beneficiarse de esa excepción o limitación, en la medida necesaria para beneficiarse de esa excepción o limitación”. Por lo tanto, parece que habrá al menos alguna consideración legal para proteger la capacidad de los usuarios de eludir las TPM para ejercer sus derechos bajo una excepción o limitación.

Conclusión

Si bien es positivo que al menos las partes están llegando a la conclusión de renunciar a la extensión innecesaria del plazo de derecho de autor, la mayoría de los cambios en el texto consolidado muestran un persistente endurecimiento de la protección del derecho de autor, que favorece a los titulares de derechos a expensas de los usuarios y de los bienes comunes.

Además, las negociaciones siguen siendo esencialmente secretas y cerradas, con escaso conocimiento público salvo estas útiles filtraciones, y con pocas oportunidades para que la ciudadanía exprese sus preocupaciones. Es preciso reformar las negociaciones para apoyar plenamente un proceso que sea transparente, inclusivo y responsable.

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Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea: un mal acuerdo para el dominio público

Equipo de CC Uruguay, enero 29th, 2018

Por Jorge Gemetto. Publicado originalmente en inglés en el blog de Communia.

Imagen: “Comercio y transporte mercantil” de Claes Jansz. Visscher II (1608). Grabado en dominio público. Fuente: Rijksmuseum.

Al contrario de lo que esperaban los bloques de países en negociación (y de lo que temían muchas organizaciones sociales), el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea no fue firmado durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se llevó a cabo a comienzos de diciembre de 2017 en Buenos Aires. De esta manera, se postergó nuevamente la firma del tratado comercial que se viene negociando desde hace más de 15 años, y que, luego de haber sido enfriado durante la época de los gobiernos izquierdistas en América del Sur, cobró nuevamente velocidad tras la llegada de gobiernos neoliberales a Brasil y Argentina.

Como muchos otros acuerdos multilaterales que se han negociado en los últimos años (TPP, TTIP, etc), el TLC Mercosur-Unión Europea abarca una gran cantidad de áreas (no todas estrictamente relacionadas con el comercio) que van desde el intercambio de bienes hasta los movimientos de capitales, medidas fitosanitarias, comercio electrónico y propiedad intelectual. El área de negociación relacionado con la propiedad intelectual es sumamente amplio, incluyendo patentes, marcas, indicaciones geográficas y derecho de autor, entre otros temas.

De ADPIC a ADPIC plus

En la mayoría de los temas vinculados con la propiedad intelectual, el TLC Mercosur-Unión Europea avanza más allá de las obligaciones internacionales impuestas en 1994 con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (ADPIC), en el marco de la OMC. ADPIC estableció un piso regulatorio mínimo sobre propiedad intelectual que obligó a una gran cantidad de países, incluyendo a los del Mercosur, a modificar sus leyes, estableciendo restricciones a la circulación del conocimiento y afectando negativamente al dominio público. En el ámbito del derecho de autor, ADPIC fijó el plazo mínimo de monopolio privado sobre las obras en la vida del autor más 50 años, implicando para países como Uruguay, que en aquel momento tenía un plazo de 40 años, un cambio profundo. También ADPIC forzó a los países a establecer sanciones penales para las infracciones a la propiedad intelectual a escala comercial, así como a utilizar para los programas de computación el mismo marco regulatorio que el aplicado a las obras literarias. Si bien algunas de estas medidas ya se encontraban en el Convenio de Berna y en otros tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ADPIC estipuló sanciones económicas para los países que no cumplieran las obligaciones, lo cual resultó en una rápida adaptación al nuevo marco regulatorio.

A comienzos del siglo XXI, la OMC entró en una fase de estancamiento en la que los países desarrollados vieron trabadas sus expectativas de nuevas regulaciones centradas en los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Así, la agenda de la propiedad intelectual vinculada al comercio migró desde la OMC hacia tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales. A través de estos instrumentos, acordados generalmente entre países desarrollados y países subdesarrollados a instancias de los primeros, se introdujeron nuevas obligaciones que aumentaron las restricciones de propiedad intelectual por encima de lo que ADPIC establecía. Estas nuevas obligaciones por encima de ADPIC se conocen como “ADPIC plus”. Las medidas ADPIC plus incluyen, en el ámbito del derecho de autor, el aumento del plazo de monopolio privado sobre las obras hasta la vida del autor más 70 años, así como sanciones a la elusión de medidas tecnológicas de protección, nuevos derechos de exclusividad para organismos de radiodifusión sobre las emisiones, y otras medidas que ponen barreras cada vez más altas al uso libre y al disfrute del dominio público.

Los nuevos borradores del TLC Mercosur-Unión Europea

El TLC Mercosur-Unión Europea, como el TPP, el TTIP y otros del mismo tipo, está siendo negociado con un nivel de secretismo inaceptable para la discusión democrática. Los borradores se han hecho públicos esporádicamente, pero no a través de un proceso transparente de negociación, ni con rendición de cuentas a la ciudadanía o participación verdadera de la sociedad civil organizada. A pesar de esto, de acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, se puede afirmar que las medidas relativas a la propiedad intelectual incluidas en el TLC Mercosur-Unión Europea calzan perfectamente en la definición de ADPIC plus. En septiembre de 2017, Creative Commons analizó un borrador de noviembre de 2016 del capítulo de propiedad intelectual. Este borrador incluía medidas altamente preocupantes, como la extensión de los plazos de derecho de autor, la ausencia de cláusulas de limitaciones y excepciones que protegieran los derechos de los usuarios, la remuneración obligatoria para intérpretes y productores de fonogramas, las sanciones legales a la elusión de medidas tecnológicas de protección y la introducción de órdenes judiciales preventivas contra “infracciones inminentes”, entre otras medidas ADPIC plus claramente dañinas para el dominio público y el acceso al conocimiento. El borrador de 2016 se puede leer, esencialmente, como un intento por parte de la Unión Europea para imponer elementos restrictivos de sus propias normas de derecho de autor a los países del Mercosur.

Hace pocas semanas, Greenpeace Holanda filtró un nuevo borrador del TLC Mercosur-Unión Europea, aparentemente de julio de 2017, en el cual se incluye el capítulo de propiedad intelectual. Este nuevo borrador muestra la enorme cantidad de áreas en las que existe falta de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En la sección dedicada al derecho de autor, el texto consolidado (es decir, aquellas áreas donde hay acuerdo de ambas partes) es solo una pequeña fracción. El resto consiste en propuestas y contrapropuestas de ambas partes. Se advierte fácilmente que, mientras el interés de la Unión Europea es el de aumentar los plazos y áreas de protección de la propiedad intelectual, así como imponer nuevas sanciones penales para las infracciones, los países del Mercosur buscan evitar estándares más altos de propiedad intelectual, incorporar excepciones y limitaciones obligatorias al derecho de autor, y favorecer la identificación y protección del dominio público.

Esta falta casi total de acuerdo es comprensible si tenemos en cuenta el balance internacional entre pagos y cobros por el uso de licencias de propiedad intelectual. Los datos del Banco Mundial al respecto son elocuentes al mostrar la enorme asimetría, como resultado de la cual los países subdesarrollados tienen un gigantesco déficit. El endurecimiento de la propiedad intelectual, por lo tanto, traería como efecto directo un incremento en los pagos por el uso de licencias desde los países subdesarrollados a los países desarrollados.

Tomando en cuenta la historia de las negociaciones de este tipo de TLC, es muy probable que la mayoría de los desacuerdos existentes en el borrador de julio de 2017 terminen saldándose a favor del texto propuesto por la Unión Europea. Dado que los países del Mercosur tienen su interés fundamental en el comercio de productos agropecuarios, se ven obligados a sacrificar sus intereses en otras áreas. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en el TLC firmado entre la Unión Europea y Ecuador en noviembre de 2016. Antes de que las negociaciones comenzaran, Ecuador se encontraba discutiendo un nuevo marco de derecho de autor, que preveía reducir el plazo de 70 a 50 años después de la muerte del autor. Sin embargo, el TLC con la Unión Europea incluyó la obligación de que el plazo se fijara en no menos de 70 años después de la muerte del autor, lo cual forzó al gobierno de Ecuador a adoptar ese plazo. El ejemplo del TLC entre Ecuador y la Unión Europea muestra un patrón que se repite en otros TLC entre países desarrollados y subdesarrollados. Las duras medidas de propiedad intelectual son generalmente aceptadas por los países subdesarrollados, dado que generalmente son entendidas como el precio a pagar para obtener ventajas en otros aspectos comerciales.

Debe tenerse en cuenta que, dada la orientación económica de los gobiernos de izquierda del Mercosur en la última década —antes del nuevo auge del neoliberalismo—, hasta el momento ningún país del Mercosur adoptó ADPIC plus a través de tratados de libre comercio. Por esta razón, a diferencia de otros países en los que ADPIC plus ya se encuentra vigente, en los países del Mercosur cualquier avance en la dirección de ADPIC plus representa una grave pérdida para el dominio público. Así, por ejemplo, Uruguay se vería obligado a extender 20 años el plazo de derecho de autor, mientras que Argentina tendría que adoptar sanciones contra la elusión de medidas tecnológicas de protección.

Diferentes perspectivas pero una lucha compartida

A esta altura, es necesario notar que los activistas del dominio público pueden tener distintas perspectivas de acuerdo a la región en la que trabajan. Desde la perspectiva de los partidarios del dominio público de la Unión Europea, este acuerdo puede ser visto como una oportunidad para la inclusión de medidas en favor del dominio público en un acuerdo comercial ADPIC plus estándar. Desde esta perspectiva europea, el texto propuesto por el Mercosur acerca de la importancia de preservar un dominio público robusto y de la necesidad de colaborar para la identificación de materiales que hayan entrado en dominio público (ver el artículo 4.4 del capítulo de propiedad intelectual) representaría una mejora sustancial de la normativa actual de derecho de autor de la Unión Europea (aunque, dado que es una propuesta del Mercosur, es poco probable que prevalezca). Sin embargo, desde la perspectiva de los partidarios del dominio público del Mercosur, cualquier avance en la dirección de ADPIC plus (incluso si fuera un poco más benigno que en otros TLC) representaría un gigantesco daño.

Quizás esta diferencia puede ser resuelta si consideramos esta lucha no como una suma de luchas en cada país o región, sino como una lucha global en defensa del dominio público. Como argumenta Luis Gil Abinader en un artículo reciente muy interesante, la incorporación de ADPIC plus (ya sea en su versión dura o en su versión más benigna) en países que hasta el momento no lo tienen, no solo afecta el acceso a la cultura en esos países individuales, sino que también provoca la pérdida de poder de negociación en el comercio internacional de todo el resto de países que no tienen ADPIC plus, aislando y presionando a estos países a adoptar finalmente ADPIC plus a través de tratados bilaterales o multilaterales, o incluso en el futuro a través de la propia OMC. Como resultado de esto, una nueva ola de barreras al dominio público se consolidaría a nivel global. Por lo tanto, existe también un interés táctico para los partidarios del dominio público de todos los países en continuar oponiéndose fuertemente a ADPIC plus; no es una batalla perdida, y no debería verse de esa manera.

Por supuesto, si el TLC Mercosur-Unión Europea se firmara y entrara en vigencia, sería deseable que terminara resultando lo menos dañino posible para el dominio público, aunque extiendera los plazos y el alcance de la privatización del conocimiento, y estableciera nuevas sanciones penales. Si se incluyeran algunas excepciones obligatorias al derecho de autor, los activistas del dominio público de los países del Mercosur y de la Unión Europea las aprovecharíamos. Pero es necesario recordar que nunca es un buen trato intercambiar medidas ADPIC plus altamente dañinas para el acceso a la cultura por otras cláusulas menos abarcativas que beneficiarían al dominio público en menor proporción.

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Cinco organizaciones increíbles que trabajan para proteger y expandir el dominio público

Equipo de CC Uruguay, enero 16th, 2018

Este post fue escrito por Timothy Vollmer para Creative Commons, y traducido y adaptado por Evelin Heidel en el blog Taller de Digitalización, en ambos casos bajo licencia CC BY.

“Grand Prize Winner” del concurso “GIF It Up” 2017 – Creada por Kristen Carter and Jeff Gill de Los Ángeles, California, utilizando el material original (en dominio público) de la Bibliothèque municipale de Lyon. Este gif está disponible con una licencia CC BY-SA.

Creative Commons está participando de la Semana del Copyright, una serie de acciones y discusiones para apoyar principios claves que deberían guiar las políticas de derecho de autor. Todos los días de esta semana, varios grupos estamos tomando diferentes elementos de la ley y abordando lo que está en juego y lo que necesitamos hacer para asegurarnos que el derecho de autor promueva la creatividad y la innovación.

El tópico de hoy para la Semana del Copyright es “El dominio público y la creatividad: las políticas de derechos de autor deberían alentar la creatividad, no obstaculizarla. Los plazos excesivos del derecho de autor inhiben nuestra habilidad para comentar, criticar y re-trabajar nuestra cultura común”.

Las licencias de Creative Commons ayudan a los autores a mantener y administrar sus derechos en los témrinos en los que los autores elijan. Nuestras herramientas del dominio público, por otra parte, les permiten a los autores que quieren dedicar sus obras al dominio público global, hacerlo utilizando la Dedicación al Dominio Público CC0. También facilitan el etiquetado y el descubrimiento de obras que ya están libres de restricciones conocidas de derecho de autor, utilizando la Marca del Dominio Público.

A Creative Commons le importa profundamente el dominio público y no estamos solos en esta preocupación. Hay muchas organizaciones y proyectos increíblemente impactantes, importantes y simplemente interesantes ahí afuera trabajando para destacar, proteger y expandir el dominio público. ¡Aquí hay algunas de nuestras favoritas!

Wikipedia

No solamente Wikipedia provee el punto de partido para cualquiera que quiera aprender sobre qué es el dominio público, también es un recurso educativo excelente para los editores de Wikipedia (y cualquier otra persona) para profundizar en la teoría, la historia y las reglas nacionales específicas alrededor del derecho de autor y el dominio público. Wikimedia Commons (el repositorio multimedia que hospeda las imágenes, los sonidos y los videos que se ven en los artículos de Wikipedia) contienen miles de obras en dominio público, útilmente revisadas y etiquetadas por editores. La Fundación Wikimedia también ha sido bastante activa en llevar adelante una política en defensa del dominio público.

Internet Archive

Cualquiera conoce Internet Archive debido a la poderosa Wayback Machine (la máquina del tiempo), la extendida herramienta de archivado de la web que ha salvado alrededor de 310 billones (!) de páginas web hasta ahora, accesibles para cualquiera. Peor quizás no sepas que Internet Archive es una biblioteca digital masiva, el hogar de 11 milones de libros y textos, 4 millones de grabaciones de audio (incluyendo 160.000 conciertos en vivo), 3 millones de videos (incluyendo un millón de programas de noticias televisivas), 1 millón de imágenes y 100.000 programas de software. El archivo contiene aproximadamente decenas o centenas de miles de archivos multimedia en el dominio público y cualquier usuario se puede crear una cuenta y subir sus propias obras creativas y ponerlas en el dominio público mundial utilizando la CC0.

Asociación Communia

La Asociación Internacional Communia para el Dominio Público es un colectivo de organizaciones y activistas trabajando para fortalecer y enriquecer el dominio público (Creative Commons es miembro fundador). El enfoque actual de la asociación es análisis de políticas públicas y trabajo legislativo en el contexto de la propuesta de la ComisióN Europea para una Directiva sobre el derecho de autor en el mercado único digital. La asociación actual fue creada luego de la finalización de la red de investigación epónima, financiada por la Comisión Europea del 2007 al 2011. Una iniciativa importante de este proyecto fue el Manifiesto del Dominio Público, firmado por más de 1500 organizaciones e individuos, así como la publicación de un extenso estudio sobre el dominio público, que mostró los principales resultados del grupo de investigación.

La Reseña del Dominio Público

La Reseña del Dominio Público es una revista online que muestra las obras que han ingresado al dominio público, “ese vasto común de material fuera del derecho de autor que cualquiera es libre de disfrutar, compartir y construir a partir de, sin ninguna restricción”. Fue lanzado por la organización Open Knowledge en el 2011. El sitio incluye decenas de largos ensayos que “buscan ofrecer una mirada introspectiva y una reflexión sobre las obras del dominio público y las historias frecuentemente ignoradas que las rodean”. El sitio web también incluye colecciones accesibles de material en el dominio público, y también publica una “clase de” anual cerca del año nuevo para destacar las obras de autores que entrarán al dominio público al golpe de la medianoche del primero de enero.

El Centro para el Estudio del Dominio Público

El Centro para el Estudio del Dominio Público es un grupo de investigación iniciado en la Facultad de Derecho de Duke en 2002. Sus objetivos son “promover la investigación y el estudio académico sobre las contribuciones del dominio público para la expresión, la cultura, la ciencia y la innovación; promover el debate sobre el equilibrio necesario en nuestro sistema de propiedad intelectual y traducir la investigación académica en soluciones de política pública”. El centro fue co-fundado por James Boyle, un renombrado autor y académico estudioso del derecho de autor, que también fue un miembro fundador de Creative Commons. En 2008 Boyle escribió un trabajo muy influyente, “El dominio público: encerrando los comunes intelectuales”. El centro conduce investigaciones legales y culturales, y también ha publicado varios libros de cómico sobre temas de derecho de autor, incluyendo Obligado por la ley y ¡Robo! Una historia de la música.

Gracias al trabajo incansable de estas organizaciones, los comunes continúan reforzándose y creciendo, mejorando el acceso a nuestras obras comunes culturales y creativas en el dominio público.

Addenda en castellano

Hay muchas organizaciones que por suerte trabajan para expandir el dominio público también en nuestro idioma, el español. Además de algunas de las iniciativas ya mencionadas (que son globales, como Internet Archive y Wikipedia), también les hemos hablado de autores.uy, dominiopublico.org.ar y de los recién incorporadores Autores de Ecuador y Autores de El Salvador. Aunque en algunos casos se trata de proyectos incipientes, allí por lo menos podemos averiguar qué autores ingresaron al dominio público (o cuáles lo harán pronto, como este año lo hicieron Atilio Chiáppori y César Duayén -Emma de la Barra- en Argentina).

También cabe mencionar otras iniciativas como el Proyecto Gutenberg, una biblioteca de libros electrónicos fundada allá por la década de los ’70 por Michael Hart y que cuenta con una enorme cantidad de libros electrónicos en castellano que se encuentran en el dominio público.

En el campo de las dificultades que aún tenemos para hacer crecer el dominio público, cabe recordar el sesgo de género inherente dentro del dominio público: en efecto, las obras de las mujeres tardan más en llegar al dominio público, porque viven más años y porque empezaron a publicar mucho más tarde que sus pares varones.

Y como siempre, no es menor volver a insistir en el hecho de que en algunos países aún no contamos con dominio público pleno. Tal es el caso de Uruguay y Argentina, donde la extraña figura del “dominio público pagante” nos impide acceder todo lo libremente que acceden en otros países a estas obras, generando graves perjuicios para la cultura e impidiéndonos festejar el ingreso de las obras al dominio público en toda regla.

Aprovechemos esta semana del derecho de autor para recordarle a los legisladores y tomadores de decisiones que las obras en dominio público no deberían pagar un impuesto oneroso que perjudica el disfrute de las obras y la creación a partir del acervo cultural común.

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Feliz Día del Dominio Público 2018

Equipo de CC Uruguay, enero 1st, 2018

Como todos los años, este 1 de enero se festeja internacionalmente el Día del Dominio Público, para celebrar que caen las restricciones de copyright de las obras de los autores y autoras fallecidos hace 50 años (o 70 años en otros países). Esto quiere decir que a partir de hoy podemos acceder, copiar, digitalizar, adaptar, modificar y distribuir las obras de todos los autores que murieron en 1967, tanto de Uruguay como de otros países, sin necesidad de pedir permiso. La incorporación de nuevas obras al dominio público es algo digno de celebrar porque enriquece nuestro patrimonio cultural común, permitiéndonos disfrutar de la cultura libremente. La cultura se mantiene viva y se fortalece cuando se la comparte.

Entre los autores y autoras de Uruguay que entran en dominio público este año podemos mencionar al escritor Horacio Arredondo, la escritora, periodista y crítica Josefina Lerena Acevedo de Blixen, el poeta Enrique Casaravilla Lemos, y los artistas plásticos Ricardo Aguerre y Andrés Feldman. Un caso especial es el de la escritora chilena Marta Brunet, que vivió sus últimos años en Uruguay, donde la editorial Arca publicó el año de su muerte la colección de relatos Soledad de la sangre. La lista completa de autores de Uruguay que ingresan en dominio público se puede consultar en autores.uy.

También ingresan este año en dominio público autores y autoras de otros países, entre quienes se encuentran Violeta Parra, Ernesto “Che” Guevara, John Coltrane, Carson McCullers, René Magritte, Dorothy Parker, Robert Oppenheimer, Anthony Mann, Zinaida Serebriakova, Edward Hopper y Tudor Arghezi. En Wikipedia pueden encontrar una lista más vasta.

Más allá de los festejos, este día también sirve para recordarnos la importancia de defender al dominio público de los intentos de privatizarlo. En los últimos tiempos Uruguay se encuentra envuelto en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, que privatizaría 20 años de dominio público, en detrimento del bien común y para beneficiar únicamente a las corporaciones del entretenimiento. También es bueno recordar que Uruguay es uno de los pocos países del mundo que todavía padece el dominio público pagante, un mecanismo por el cual el uso del dominio público puede estar sujeto a una tarifa, lo cual dificulta la circulación, la preservación y el acceso al patrimonio cultural.

Para finalizar, los invitamos a disfrutar del dominio público leyendo las obras de Josefina Lerena y de Horacio Arredondo que se encuentran disponibles en autores.uy. Durante todo el 2018 vamos a trabajar en la digitalización de nuevas obras para que el patrimonio cultural esté disponible de manera libre y gratuita en Internet.

Y como regalo de año nuevo, les presentamos el nuevo sitio web dominiopublico.uy, un nuevo proyecto conjunto de CC Uruguay y Wikimedia Uruguay creado con el objetivo de promover el cuidado y la defensa del dominio público. A través de este sitio web difundiremos materiales educativos y todo tipo de información sobre el tema.

 

*Imagen: Tríptico cervantino (xilografía), por Andrés Feldman. Obra en dominio público del acervo del Museo Nacional de Artes Visuales.

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Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Equipo de CC Uruguay, diciembre 25th, 2017

El 13 de diciembre Serpaj presentó el informe 2017 sobre Derechos Humanos en el Uruguay. Este año, al igual que en el informe de 2015, Creative Commons Uruguay colaboró con un capítulo donde se hace una puesta al día del impacto del sistema de derecho de autor sobre los derechos humanos. El informe repasa casos recientes en los que se vieron afectados derechos humanos por el inadecuado régimen autoral vigente. También se hacen recomendaciones legislativas y de política pública para corregir estos graves problemas.

El informe 2017 de Serpaj se puede leer y descargar desde este enlace. Es de destacar que se publica bajo una licencia Creative Commons que permite acceder y compartirlo sin barreras. Los invitamos también a visitar el repositorio digital de Serpaj, que cuenta con una gran cantidad de documentos de interés de acceso libre.

A continuación compartimos con ustedes el texto de nuestra contribución.


Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Por Creative Commons Uruguay*

Ilustración: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

En el Informe Anual 2015 de Serpaj sobre Derechos Humanos en Uruguay, el equipo de Creative Commons Uruguay escribió un capítulo acerca del impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos. En ese texto destacamos, en primer lugar, la importancia de abordar la legislación de derecho de autor desde la perspectiva de derechos humanos, siguiendo el criterio de la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, que en 2014 estudió el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, y brindó recomendaciones a los Estados.1 Señalamos que la ley uruguaya 9.739 referida al derecho de autor, que data de 1937, se encuentra en conflicto con las prácticas culturales contemporáneas y afecta injustificadamente el derecho a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión. Esta afectación a los derechos humanos se hizo más evidente en los últimos años, principalmente a causa de la generalización del uso de las tecnologías digitales. Mientras que estas tecnologías permiten reproducir y distribuir información a bajo costo, facilitando el ejercicio de derechos, la ley criminaliza muchas de las principales prácticas tendientes a ejercerlos.

El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, en su obra Derecho Penal – Parte general,2 explicaba ya a principios de los 2000 los problemas que traía la falta de adecuación de las normas de propiedad intelectual a la realidad contemporánea. Debido a los cambios tecnológicos y culturales ocurridos en las últimas décadas, el texto de la ley de derecho de autor pasó a abarcar un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. Mientras que en la década de 1930 solo era posible reproducir las obras con recursos técnicos muy costosos, la tecnología permite hoy la copia de obras enteras, o de partes de ellas, prácticamente sin costo. La conducta de reproducir, penada en el texto legal, se encuentra generalizada y, en los hechos, resulta imposible criminalizar a todas las personas que hacen copias para uso personal. Sin embargo, la mayoría de la población incurre cotidianamente en delitos conforme al texto y cualquier persona podría ser criminalizada arbitrariamente. Dado que el ámbito de las conductas criminalizadas es de extensión inusitada y no estuvo previsto en el contexto originario del texto, el resultado es un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad. Zaffaroni concluye afirmando que un tipo penal no puede erigirse en instrumento para la criminalización indiscriminada y que la omisión de las instituciones políticas frente a cambios de contexto cultural o tecnológico que alteran la extensión punitiva de un texto legal constituye una renuncia a su función, que no es constitucionalmente admisible. En otras palabras, buena parte de la ley de derecho de autor, incluyendo algunas de sus disposiciones penales, son inconstitucionales.

El ejemplo más obvio de inconstitucionalidad en la ley uruguaya de derecho de autor se puede encontrar en el literal E del artículo 46, que establece:

El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).

El artículo 2 detalla qué se entiende por reproducir:

La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.

Con este tipo penal y esta definición de reproducción, prácticamente la totalidad de la población uruguaya comete delitos de manera cotidiana. El funcionamiento de Internet implica que, cuando una persona accede a un sitio web desde su computadora, se generan y almacenan copias temporales de los contenidos en el dispositivo local. Al no contar con la autorización por escrito de los titulares de derechos de autor de cada sitio web, todas las personas que navegan por Internet en Uruguay cometen el delito penal comprendido en el literal E del artículo 46.

Este no es el único ejemplo de inconstitucionalidad. Otro caso es el que se da respecto del préstamo de ejemplares de obras. De acuerdo al artículo 2 de la ley 9.739, el préstamo también es una facultad exclusiva de los titulares de derechos de autor. Por lo tanto, prestar libros, discos o cualquier otro tipo de obras, ya sea de manera pública en una biblioteca o de manera privada entre personas individuales, sin la autorización expresa del titular de derechos, también constituye un ilícito de acuerdo a esta ley.

Los graves problemas ya mencionados, así como muchos otros presentes en el texto de la ley, dejan a todas las personas, en tanto usuarias de obras intelectuales, en situación de precariedad legal e indefensión, estando sujetas a posibles usos arbitrarios de la ley en su contra. Asimismo, se ven vulnerados sensiblemente los derechos a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.

Casos recientes de vulneración de derechos

Un conjunto de casos ocurridos en los últimos años sirven para ilustrar una situación que, aunque por lo general no es percibida como apremiante, suele estallar en casos de abrupta arbitrariedad. A continuación pondremos el foco en algunos de estos casos.

El más notorio en los años recientes afectó el derecho a la educación, cuando en octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República dejaron sin materiales de estudio a miles de estudiantes de Derecho. Las fotocopias son desde hace décadas una de las principales vías de acceso a materiales de estudio. La necesidad de fotocopiar se ve incrementada por el alto costo de los libros,3 y la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas no alcanza para satisfacer la demanda.

Los allanamientos a las fotocopiadoras dejaron como saldo 32 personas detenidas, decenas de máquinas incautadas y más de 10 locales clausurados. Miles de estudiantes sufrieron dificultades importantes para acceder a los materiales de estudio durante meses. La situación posteriormente se estabilizó, como era previsible, con el desplazamiento de la demanda a otros centros de fotocopiado y a grupos de intercambio en Internet, entre otras formas de acceso informal que complementan las insuficientes vías de acceso legal.

En octubre de 2016 la causa culminó con 14 personas condenadas a 7 meses de prisión por la reproducción y distribución de fotocopias en los centros de fotocopiado.

A comienzos de 2015, otro caso puso de relieve la afectación de la ley de derecho de autor a la libertad de expresión. El 18 de febrero de ese año una jueza penal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco, en el departamento de Colonia. La incautación se ordenó ante una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay, un consorcio de representantes legales de empresas multinacionales de software. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en la desproporcionada medida judicial, que fue particularmente grave porque violó la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenazó seriamente la actividad normal del periódico. El sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión.4 Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial. Días más tarde se supo que el denunciante actuó sin la autorización de la empresa de software a la que alegaba representar, por lo cual la causa no derivó en condenas al medio de prensa. No obstante, cabe resaltar que la medida judicial a través de la cual se ordenó la incautación de equipos se apoyó en la ley de derecho de autor. Desde 2003, esta ley considera el software como una obra autoral, y prevé sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría e incautación de equipos ante el uso de programas sin licencia. Este ilícito penal tan ampliamente extendido5 derivó en la existencia de entidades privadas, que, bajo modelos de dudosa legalidad, alegan representar a las empresas titulares de derechos, y, bajo la amenaza de denuncia penal, buscan cobrar “multas” u otros tipos de penalidades para “regularizar” a los infractores. Si bien el caso del periódico El Eco fue el que más notoriedad pública cobró, otros medios de prensa también fueron asediados, así como profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, como arquitectos, diseñadores e imprentas.

A comienzos de 2017, otro caso notorio afectó la libertad de expresión. El 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, Estudio Peyos SA, intimó a la editorial uruguaya Índice y a la profesora Silvana Pera, autora del libro de Historia Uy-siglo XX, dirigido a estudiantes de sexto año de escuela, a retirar todos los ejemplares de circulación, bajo la advertencia de entablar acciones judiciales en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa”.6 Semanas después de la intimación, la editorial Índice publicó un comunicado informando que eliminó del libro “cualquier mención o referencia a Los Pitufos, ya sea en forma de texto o diseño”, para evitar las acciones judiciales.7

Los derechos que administra Estudio Peyos SA provienen del autor original de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, que falleció en 1992. La empresa realizó la intimación por el uso de una imagen de Los Pitufos en el libro educativo de Silvana Pera, quien usó el ejemplo de Los Pitufos para ilustrar el concepto de comunismo, presente en los programas de estudio de sexto año. La intimación se basó en la ley de derecho de autor, que en nuestro país carece de excepciones para ejercer el derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, una práctica habitual en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas para proteger la actividad educativa, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas”.8

Más allá de la polémica mediática acerca del libro, desde una perspectiva de derechos humanos debe señalarse con preocupación que una empresa privada haya ejercido una censura directa sobre una obra con la cual tenía diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen citada en el libro no competía de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes de Los Pitufos, y que lo que se exigió no fue una compensación sino el retiro de la circulación. La falta de ciertas excepciones básicas en la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, empleando, entre otros argumentos, el del uso no autorizado de imágenes o pequeños fragmentos de obras a modo de cita.

En los últimos años también han existido amenazas al derecho de acceso y participación en la vida cultural, relacionadas con el inadecuado sistema de derecho de autor. Han sido persistentes las intimaciones y denuncias de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) contra personas y colectivos sin fines de lucro que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural a través de la digitalización y puesta en línea de materiales que se encuentran fuera del mercado. Estas entidades apelan recurrentemente, de manera abusiva, a los mecanismos de notificación y baja de contenidos de las principales plataformas digitales, como YouTube o Facebook. Las grandes plataformas, pertenecientes a corporaciones sujetas a la legislación estadounidense, suelen dar inmediatamente de baja los contenidos sin valorar adecuadamente los descargos de los usuarios denunciados. Lo grave de este tipo de procedimientos es que se establece una suerte de justicia privada, donde las plataformas reemplazan al sistema judicial para la determinación y sanción de las infracciones al derecho de autor.

Por otra parte, Agadu realiza habitualmente cobros arbitrarios y desproporcionados por la realización de festivales y otras actividades sin fines de lucro en espacios públicos, y ha llegado a exigir el pago por ensayos de carnaval en la calle. Desde 2015, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) también ha comenzado a realizar cobros arbitrarios en espacios públicos y pequeños comercios por la supuesta utilización de obras audiovisuales. La prácticas mencionadas dan cuenta de la debilidad de los mecanismos estatales para fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, así como para corregir y sancionar los abusos que estas frecuentemente cometen.

Las situaciones de vulneración de derechos que hemos presentado no son atribuibles exclusivamente a una falta de actualización de la ley del año 1937. A modo de ejemplo, la redacción del artículo 2, que incluye dentro de las facultades exclusivas de los titulares de derechos tanto a las copias electrónicas temporales como al préstamo de ejemplares de obras, fue incorporada en una reforma del año 2003 a través de la ley 17.616. Esta reforma se realizó con el objetivo de ajustar la ley de nuestro país a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), uno de los acuerdos del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1995. Dicho acuerdo aborda la propiedad intelectual como un asunto vinculado al comercio, cuestión que ha traído a los países miembros de la OMC enormes desafíos para compatibilizarlo con las obligaciones del sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país lamentablemente estuvo lejos de realizar la adecuación de la ley de derecho de autor a ADPIC prestando atención a las obligaciones de derechos humanos. La reforma de la ley buscó satisfacer las demandas de las cámaras y entidades sectoriales de la industria cultural. El resultado fue que el texto aprobado en 2003 fue incluso más allá de los cambios exigidos por la OMC. Así, se acentuó el desbalance entre los derechos de los intermediarios y los derechos de los autores y usuarios. Mientras que se amplió el alcance y el plazo de las facultades otorgadas a las empresas titulares de derechos, no se creó ni se adaptó ninguna de las pocas excepciones consagradas en 1937, que quedaron desactualizadas y prácticamente inaplicables. Tampoco se pusieron límites a los contratos de cesión de derechos a través de los cuales en innumerables ocasiones los autores son privados de los beneficios de su trabajo por las empresas intermediarias.

Avances y retrocesos en el proyecto de ley de reforma del derecho de autor

Luego de los allanamientos de 2013 a las fotocopiadoras, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de ese año un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor, colocando en la opinión pública el debate en torno al derecho a estudiar. El proyecto inicial fue avalado por la firma de 10.000 estudiantes universitarios. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se denominó a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trataba de una propuesta que amparaba diversas prácticas necesarias para la educación y el acceso a la cultura.

Realizamos a continuación un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva cuatro años. El proyecto original proponía añadir nuevas excepciones al derecho de autor. En particular, la excepción de ilustración de enseñanza, diversas excepciones para las actividades de las bibliotecas,9 la excepción de copia para uso personal y la despenalización del literal E del artículo 46. La iniciativa no llegó a ser tratada por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El texto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogió los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadió la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción a este proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, actualizando la ley y corrigiendo algunos de los desbalances añadidos en 2003. Sin embargo, luego de la media sanción, sobrevino la reacción de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de Agadu, entidades intermediarias que buscaron imponer la idea de que el proyecto afectaba a la industria editorial y al sector cultural.

Toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto que recibió la media sanción del Senado incorporó el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, como el derecho de hacer parodias, fotografiar y filmar obras expuestas en espacios públicos, citar obras escritas, sonoras, audiovisuales, plásticas y fotográficas, entre otras disposiciones. Lejos de dañar el interés de los creadores, el proyecto apunta a consolidar el derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay respecto de otros países.

Sin embargo, las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema, entre ellas la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, instituciones y colectivos docentes, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien en un principio la CUL y Agadu habían afirmado oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron eliminar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. De aprobarse la propuesta acordada entre Agadu, FEUU y CUL, el Parlamento estaría legitimando muchas de las restricciones que en principio buscaba superar.

A modo de ejemplo, atendiendo a que, como ya dijimos, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar todo tipo de obras de manera legal. En cambio, el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL restringe el préstamo únicamente a bibliotecas de instituciones sin fines de lucro y a obras expresadas por escrito, excluyendo libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Así, mientras que hoy el préstamo es ilegal pero esta ilegalidad cae por la fuerza de la costumbre, en caso de aprobarse el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se estaría legitimando en 2017 una norma que prohíbe a las bibliotecas prestar todo tipo de materiales excepto textos.

En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de la Universidad de la República, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL, y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Otras organizaciones sociales se sumaron al reclamo a través de un documento conjunto10 donde respaldan el proyecto del Senado. También cientos de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura enviaron al parlamento una petición en apoyo al proyecto con media sanción del Senado.11

En octubre de 2017, tanto el proyecto con media sanción del Senado como el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

Excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso

Consideramos relevante incluir en este informe un importante avance para el ejercicio de los derechos culturales. Se trata del decreto 295/017,12 que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. Esta reglamentación, promulgada el 16 de octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, hace también efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a este decreto reglamentario, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas contarán con mejores posibilidades de acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (un proyecto conjunto de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor.

Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual, pero también a personas con otras dificultades para acceder a obras impresas (por discapacidades motrices o intelectuales, o por diferentes tipos de trastornos que afectan la lectura). Este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una gran proporción de personas adultas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirles el disfrute y el derecho de la lectura.

A partir del decreto reglamentario las obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Oportunidades para seguir avanzando

El Senado dio media sanción a una reforma que, en caso de aprobarse, consagraría excepciones y limitaciones al derecho de autor para contemplar adecuadamente los derechos culturales, especialmente el derecho a estudiar. Asimismo, el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar una ley que favorece el acceso a la cultura de las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Pero la discusión normativa debe ir acompañada de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos culturales.

En este sentido, Uruguay aprobó a principios de 2017 la Agenda Uruguay Digital 2020. Bajo el lema “Transformación con equidad”, la agenda incluye, entre otros objetivos, la “creación del Sistema Nacional de Repositorios para compartir y consultar todos los artículos científicos, tesis y libros de textos de producción nacional a nivel universitario”.13 La creación de un sistema de repositorios digitales implica destinar recursos públicos y orientar esfuerzos a garantizar el acceso abierto a la investigación científica nacional y a materiales educativos. Cabe esperar que este esfuerzo se complemente con el impulso a la digitalización del patrimonio cultural que albergan las bibliotecas, museos y archivos públicos, para ponerlo a disposición de la ciudadanía, respetando los derechos autorales, pero haciendo uso del dominio público y de las escasas excepciones contempladas por la ley en favor del acceso a la cultura, la educación y la ciencia.

El derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural, que es de rango constitucional en Uruguay en virtud de los tratados de derechos humanos de los que el país es firmante, implica una responsabilidad por parte del Estado. Nuestro país debe salir de la actual situación desequilibrada en cuanto a legislación en materia de derecho de autor para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos culturales. Estudiantes y docentes deben poder utilizar materiales de estudio sin verse expuestos a sanciones penales. Las bibliotecas e instituciones culturales deben poder cumplir su misión sin entrar en contradicción con la ley. Las personas que crean obras intelectuales deben poder hacerlo sin dejar de expresar sus ideas para cuidarse de posibles represalias legales. Así como lo ha hecho con la firma, ratificación y reglamentación del Tratado de Marrakech, Uruguay tiene la oportunidad de continuar avanzando con más excepciones al derecho de autor y con más políticas públicas que permitan a las personas ejercer sus derechos a la hora de aprender, informarse y crear. El Estado, en lugar de ser un agente de represión de las prácticas culturales de la población, debe transformarse en un garante de derechos a través de una legislación adecuada al siglo XXI, y en un facilitador de su ejercicio mediante el desarrollo de políticas públicas de acceso a la cultura.

* Creative Commons Uruguay es un colectivo sin fines de lucro que promueve la creatividad y el acceso democrático al conocimiento. Forma parte de la red internacional de Creative Commons, que ha desarrollado licencias de derecho de autor del mismo nombre.

1 Shaheed, Farida. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 24 de diciembre de 2014.

2 Zaffaroni, Eugenio Raúl et al. Derecho penal – Parte general. Buenos Aires, Ediar, 2002.

3 Rodés, Virginia y Pérez Casas, Alén. Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. Montevideo, Udelar, 2013.

5 Según un estudio de la Business Software Alliance, una cámara empresarial internacional del sector del software dedicada al ejercer presión en materia de propiedad intelectual, en 2015 el 68% del software instalado en Uruguay no contaba con licencia. Ver: Seizing opportunity through license compliance. BSA global software survey. Mayo de 2016. Disponible en: http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_US.pdf

6 Uypress. Pitufos comunistas con leyes capitalistas: piden retirar de circulación el libro. 24 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.uypress.net/auc.aspx?75360

7 Montevideo Portal. Tras acuerdo legal, quitaron referencia a Los Pitufos en libro escolar. 27 de julio de 2017. Disponible en: http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tras-acuerdo-legal-quitaron-referencia-a-Los-Pitufos-en-libro-escolar-uc350069

8 Xalabarder, Raquel. Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet. Revista pe.i., n. 29, Madrid, mayo-agosto 2008, pág. 22.

9 Uruguay es uno de los 21 países que aún no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas. Para más información, ver Crews, Kenneth. Copyright exceptions & limitations: libraries and archives. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_presentations.pdf

11 Petición disponible en: https://www.todosganamosderechos.org/

12 Decreto reglamentario disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/295-2017

13 Jackson, Matías. Nueva Agenda Digital Uruguay 2016-2020. 23 de enero de 2017. Disponible en: https://www.mjackson.uy/nueva-agenda-digital-uruguay-2016-2020/

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17/10 – Autores.uy: Presentación de la digitalización del patrimonio literario en bibliotecas

Equipo de CC Uruguay, octubre 2nd, 2017

El 17 de octubre tendrá lugar la presentación de resultados del proyecto “Autores.uy: Digitalización del patrimonio literario en bibliotecas públicas” premiado en los Fondos Concursables para la Cultura. El proyecto incluyó la digitalización y puesta a disposición en Internet de 180 obras de alto valor patrimonial, en conjunto con 5 bibliotecas públicas y una biblioteca comunitaria de Montevideo, Canelones y Maldonado. Las bibliotecas que participaron fueron la Biblioteca del Poder Legislativo, el Área de Información y Bibliotecas de la Intendencia de Canelones (en coordinación con las bibliotecas de Soca, Las Piedras, Suárez y Canelones), la Biblioteca Municipal José Artigas de Maldonado, la biblioteca del Museo Zorrilla, la Biblioteca Comunitaria Paco Espínola y la Biblioteca Francisco Schinca.

El evento contará con un panel en el que hablarán Rodrigo Barbano (coordinador del proyecto), Alejandro Gortázar (Doctor en Letras e investigador del proyecto), Mónica Paz (Directora de Servicios Bibliotecológicos de la Biblioteca del Poder Legislativo) y Silvia Pérez Díaz (Presidenta del Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura).

Se presentarán las obras digitalizadas que se pusieron a disposición de la ciudadanía en Internet y se realizará una demostración de las tecnologías abiertas utilizadas para la digitalización de los libros. Además, se presentará la nueva versión del portal autores.uy, que incluye importantes novedades como la lectura de obras en línea y la adaptación del sitio a dispositivos móviles. Autores.uy actualmente se ha establecido como la principal base de datos de autores de Uruguay, brindando acceso libre a la información sobre autores y autoras de Uruguay, y poniendo a disposición de la sociedad más de 2.000 obras en dominio público. De esta manera, esta iniciativa de Creative Commons Uruguay se constituye como una herramienta fundamental para el libre acceso a la cultura uruguaya.

El evento será el martes 17 de octubre a las 19 hs en el Centro Cultural de España (Rincón 629, Ciudad Vieja).

Actualización: compartimos con ustedes algunas fotos del evento.

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Digitalización del dominio público junto a la Biblioteca Comunitaria Paco Espínola

Equipo de CC Uruguay, septiembre 25th, 2017

El viernes 22 de septiembre, en el marco del proyecto de digitalización en bibliotecas de autores.uy, estuvimos en la Biblioteca Comunitaria Paco Espínola haciendo un taller sobre digitalización de obras en dominio público y presentando las 30 obras digitalizadas junto a la biblioteca. Pueden leer más en el blog de autores.uy:

Resultados de la digitalización junto a la Biblioteca Comunitaria Paco Espínola

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Nerdatón reloaded

Equipo de CC Uruguay, agosto 22nd, 2017

Llegó agosto, queríamos hacer una segunda Nerdatón, esta vez no teníamos la excusa del inicio de las Olimpíadas como el año pasado pero teníamos las mismas ganas.

Entonces pedimos el espacio al Centro Cultural de España y nos juntamos para digitalizar, completar la “formación nerd”, jugar a juegos de mesa diseñados por nosotros, y difundir las obras y los conocimientos generados en nuestro país.

Diseñamos dos juegos: uno de ellos es un juego de memoria en el que las tapas de los discos del catálogo de música libre deben encontrar su par. Otro juego es el “Libre Mente“, que consiste en una carrera donde dos o cuatro jugadores se enfrentan respondiendo preguntas sobre licencias Creative Commons, cultura libre, propiedad intelectual y reforma de la ley de derecho de autor. Muy pronto vamos a poner a disposición los juegos para que cualquier persona pueda bajarlos, imprimirlos y jugarlos.

Estos juegos formaron parte del entretenimiento de la noche. Mientras algunas personas digitalizaban, otras ingresaban autores y obras a la base de datos autores.uy, o mejoraban las fichas de bandas y discos en el catálogo de música libre uruguaya, entreteniéndose y aprendiendo a partir de la práctica de liberar conocimiento.

También jugamos al clásico bingo, con un bolillero tradicional que llamaba la atención y todos queríamos manejar! Como todo bingo, genera expectativa más allá de los premios, la emoción de ganar algo y de divertirse un rato. Entre los premios del bingo estuvo el libro “Made with Creative Commons” y el recientemente publicado libro en dominio público de poesías de Bertolt Brecht.

No faltó el momento creativo de la noche. Una participante de la Nerdatón trajo una obra en un formato que no entraba en el escáner de libros DIY y hubo que apelar a los implementos que teníamos a mano en el CCE para crear un digitalizador.

 

En media hora teníamos un aparato improvisado pero plenamente funcional que nos sirvió para digitalizar la obra y que nos muestra que no es imprescindible realizar grandes inversiones ni comprar aparatos sofisticados si lo que queremos es digitalizar. Con creatividad y algunos implementos, todos podemos hacerlo.

Como siempre, compartimos algunos números de la actividad (no pueden faltar): 2 juegos nuevos licenciados con licencias Creative Commons, 3 libros digitalizados, 3 libros subidos a Internet Archive con sus fichas creadas en autores.uy, 100 autores nuevos ingresados a la base de datos, más de 20 fichas completadas de cantautores de música libre, un diseño de escáner DIY, y, lo más importante, 4 personas nuevas que se interesaron en sumarse como voluntarias.

Muchas personas que pasaban nos preguntaban qué significa “Nerdatón” y nosotros respondíamos que es un momento para sentirnos un poco nerds y una oportunidad de difundir las licencias Creative Commons, desarrollando nuestras habilidades en favor del acceso a la cultura libre de forma divertida.

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Presentación y liberación del libro “Poesías” de Bertolt Brecht

Equipo de CC Uruguay, agosto 3rd, 2017

El viernes 4 de agosto a las 18 hs en la Casa Bertolt Brecht (Andes 1274 esquina San José, Montevideo) tendrá lugar la presentación del libro “Poesías” de Bertolt Brecht. El libro es publicado en una edición física en papel y, en un hecho de gran importancia para la democratización de la cultura, cuenta desde el momento del lanzamiento con una edición digital de acceso libre. La obra tiene selección y traducción de José María Valverde, prólogo de Alejandro Gortázar y una nota preliminar de Creative Commons Uruguay. Se publica con el apoyo de la Casa Bertolt Brecht y de El Galpón.

El libro cuenta con una trayectoria muy especial. Es una selección y traducción de poemas de Brecht realizada por el español José María Valverde en 1973, que nunca llegó a ser publicada en vida de Valverde dado que los herederos de Brecht le negaron los derechos. Valverde le regaló el texto mecanografiado a un amigo que vive en Uruguay, quien muchos años después, consciente de su valor, inició un proceso de consultas con distintos actores para evaluar si existía la posibilidad de publicarlo.

CC Uruguay fue una de las organizaciones colaboradoras en la publicación de este libro. En el marco de nuestra misión de democratizar el acceso a la cultura, realizamos una investigación para determinar si el texto estaba en dominio público y si se podía publicar sin restricciones en Uruguay.

La ley de derecho de autor que rige en Uruguay, aprobada en 1937, establece importantes restricciones a la circulación y el acceso a las obras culturales. Carece de excepciones para la educación, las bibliotecas, las obras huérfanas, la libertad de panorama, el derecho a la cita y a la parodia, entre muchas otras excepciones que serían necesarias para un correcto equilibrio entre el derecho del autor y el derecho ciudadano de acceso a la cultura. Por esa razón, un gran número de organizaciones y cientos de personas apoyan el proyecto de reforma del derecho de autor que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. No obstante, una de las pocas excepciones que contiene la ley es la que se activa en este caso y es la que afortunadamente hace posible publicar esta valiosa obra.

Las conclusiones de nuestra investigación fueron que la obra de Brecht ingresó al dominio público el 1 de enero de 2007, al cumplirse cincuenta años de su fallecimiento, que ocurrió en 1956 (artículo 14, inciso 1 y artículo 17, inciso 3 de la ley 9.739). Por su parte, la obra inédita de Valverde también se encuentra en dominio público desde el 1 de enero de 2007, dado que la ley 9.739 prevé que si una obra «no fuere publicada, representada, ejecutada o exhibida dentro de los diez años a contar de la fecha del fallecimiento del autor, caerá en el dominio público». (art. 14, inc. 5). Esta cláusula se cumple también, ya que Valverde falleció en el año 1996 y sus herederos eran mayores de edad al momento del fallecimiento (art. 14, inc. 6 y art. 17, inc. 3).

Dado que tanto la obra original como su traducción se encuentran en dominio público, es posible publicar y difundir libremente esta valiosa selección haciéndola accesible al público. El Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura confirmó nuestra interpretación a través de una respuesta a una consulta enviada por nosotros.

Irónicamente, las restricciones de copyright existentes en España y Alemania le impidieron a Valverde publicar su manuscrito en 1973, y la fortuna y la casualidad devinieron en que esta obra vea la luz hoy, más de cuarenta años después, en el otro lado del mundo, gracias a una inusual cláusula incorporada por los legisladores uruguayos en 1937 y que casi con seguridad no se había aplicado nunca hasta este momento.

Para no entorpecer la libre difusión de la obra que se encuentra en dominio público, el diseño de la portada, el prólogo de Alejandro Gortázar y la nota preliminar de CC Uruguay fueron dedicados al dominio público bajo los términos de la herramienta Creative Commons Zero.

Los invitamos a descargar, leer online y compartir la versión digital del libro. También los invitamos a comprar la versión física en la librería de Banda Oriental en Avda. 18 de Julio 1618 (hall del Teatro El Galpón) o en la Casa Bertolt Brecht, en Andes 1274.

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Materiales educativos sobre derecho de autor, dominio público y licencias Creative Commons

Equipo de CC Uruguay, mayo 22nd, 2017

Desde que Creative Commons Uruguay se conformó a comienzos de 2013, una de nuestras áreas prioritarias es la formación sobre derecho de autor, dominio público y licencias Creative Commons. Creemos que esta formación es muy necesaria, dado que es un tema de enorme importancia para el ejercicio de los derechos culturales en el siglo XXI y que sin embargo casi no se ve en los programas de estudio de nuestro sistema educativo. Lo que es peor, en los pocos casos en que el tema se aborda en las currículas, se lo hace desde una perspectiva sesgada: desde la visión tradicional de las industrias culturales, en detrimento de la perspectiva del interés público que incluye a los usuarios de la cultura.

En este post les compartimos los repositorios de materiales generados a lo largo de los cursos que hemos brindado y coorganizado desde 2013. Todos los materiales tienen licencias libres, por lo cual se pueden copiar, adaptar, traducir y reutilizar libremente. Los temas abordados incluyen el marco legal de derecho de autor en Uruguay, las licencias Creative Commons, los recursos educativos abiertos, el acceso abierto a la investigación científica, las políticas públicas de acceso a la cultura, la reforma del derecho de autor, el dominio público y la digitalización del patrimonio, entre otros.

Dominio público y digitalización del patrimonio cultural

En 2015 y 2016 brindamos un curso presencial sobre dominio público y digitalización del patrimonio cultural, en colaboración con la Universidad de la República.
Repositorio del curso

Cultura Libre y Creative Commons en Uruguay

En 2015 brindamos el curso presencial “Cultura Libre y Creative Commons en Uruguay”, orientado a voluntarios de nuestra organización, y cuyos contenidos aportan a la formación política en temas de acceso a la cultura y derecho de autor.
Repositorio del curso

Serie de cursos sobre educación abierta

En conjunto con la Universidad de la República, en 2014 brindamos una serie de cursos sobre Creative Commons, educación abierta, derecho de autor y acceso abierto a la investigación científica.
Repositorio del curso “Recursos educativos abiertos y Creative Commons”
Repositorio del curso “Acceso abierto y Creative Commons”
Repositorio del curso “Derechos de autor y licencias Creative Commons”

ABC del derecho de autor para bibliotecarios de América Latina

Durante 2014 realizamos el curso online abierto “ABC del Derecho de Autor para Bibliotecarios de América Latina” en conjunto con CC Colombia y CC El Salvador.
Repositorio del curso

Arte y cultura en circulación

En 2013 y 2014 colaboramos en la organización de dos ediciones del curso online abierto “Arte y cultura en circulación”, en conjunto con Ártica – Centro Cultural Online, Fundación Vía Libre, CC Argentina y CC Paraguay.
Repositorio del curso – Edición 2013 Crear y compartir en tiempos digitales
Repositorio del curso – Edición 2014 Políticas públicas y gestión de lo común

 

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