El 26 de mayo la Biblioteca Nacional de Uruguay (BN) anunció el cierre temporal de sus puertas al público. La medida es resultado de una crisis generalizada de la institución, que incluye, entre otras cosas, la falta de funcionarios en áreas críticas, problemas edilicios graves con riesgo para la seguridad de las personas y la presencia de plagas diversas que ponen en peligro el acervo y la salud humana.
La medida de cierre resultó inevitable dada la crisis de la institución y, como explicó su directora, Rocío Schiappapietra, puede ser una oportunidad para trazar una hoja de ruta que permita recuperar las condiciones para el funcionamiento de la BN.
En este marco, nos parece importante abordar algunas afirmaciones brindadas en diferentes entrevistas y eventos por la directora de la BN, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el presidente de la república, Yamandú Orsi, y el ex director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, para aportar al debate.
El depósito legal
En una entrevista radial reciente, Mahía, cuando se le preguntó acerca del deterioro creciente que sufre el acervo de la BN, respondió que es inevitable replantearse la obligación legal de que la Biblioteca guarde ejemplares de todas las publicaciones impresas en el país. En otras palabras, puso en cuestión el depósito legal, e incluso afirmó que esa es la tendencia en otros países. Esta definición nos parece preocupante, dado que en ningún país que cuide su acervo adecuadamente se ha tomado una medida semejante. El depósito legal es la única manera efectiva de preservar la memoria escrita del país. Incluso materiales que hoy pueden parecer superfluos, como la colección histórica del Gallito Luis que nombra el ministro en la entrevista, en el futuro permiten conocer la historia de una sociedad o ser transformados en invaluables bases de datos. A modo de ejemplo, desde la mirada de la ciencia de datos, tomar la decisión de tirar el histórico del Gallito Luis “porque no hay lugar para almacenarlo” equivale a destruir la mayor fuente de datos de comercio nacional existente en Uruguay. Como decía la historiadora Lucy Maynard Salmon, “la función principal del periódico no es dar noticias, ni siquiera reflejar exclusivamente la opinión pública –por importante que sea–, sino registrar todos los intereses, actividades y condiciones humanas contemporáneas y servir así al futuro”.
Lo que se debería estar discutiendo, como en otras partes del mundo, es la necesidad de incorporar el depósito legal digital o mixto, que consiste en que las imprentas y otros actores (como medios de prensa digital) tengan la obligación de depositar, además de los ejemplares impresos actualmente requeridos, una copia en formato digital de los materiales que producen. También implica el depósito y la posibilidad de cosechar por parte de la BN otros materiales creados originalmente en formato electrónico (como los libros digitales o los sitios web). Como vemos, el depósito legal digital no es una forma de ahorrar espacio o recursos. Es una nueva necesidad, que se ha impuesto como obligación desde hace décadas en países del Norte Global e inclusive en varios países de América Latina (como Chile, Colombia, México o Perú) y requiere el desarrollo de sistemas para gestionar los nuevos tipos de materiales y formatos.
Lo digital como complemento, no como sustituto
Quienes desde hace años venimos defendiendo el acceso a la cultura en la era digital, impulsando la digitalización de los acervos y luchando para quitar las barreras legales que hoy bloquean el desarrollo de proyectos de digitalización en las bibliotecas, sabemos también que apelar a las bondades de lo digital tiene un costado peligroso si se lo usa para prescindir de las responsabilidades intransferibles de preservar el patrimonio impreso.
La digitalización de los materiales y de los procesos en las bibliotecas no reemplaza de ninguna manera esas responsabilidades, sino que suma responsabilidades nuevas. Por lo tanto, el paso al paradigma digital no le ahorra recursos a una biblioteca. Todo lo contrario: las bibliotecas necesitan nuevos recursos para afrontar los nuevos desafíos.
En una biblioteca como la Nacional, lo digital no se opone al papel, sino que es siempre complementario. Permite, entre otras cosas, ampliar el acceso minimizando los riesgos mecánicos sobre los materiales, al disminuir la manipulación de los mismos. Pero los materiales físicos deben conservarse indefinidamente e independientemente de los cambios tecnológicos. Una parte considerable de la cultura escrita del país sigue circulando en papel y va a seguir haciéndolo, y es obligación de la BN preservarla para las generaciones futuras. Sin un acervo físico conservado en buen estado de manera duradera, no hay digitalización posible.
Barreras legales para la digitalización
La cuestión de la digitalización de materiales y procesos nos lleva a otro tema crucial: la legislación uruguaya es una barrera para avanzar en la transformación digital. Desde hace más de una década, las bibliotecas, las instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil vienen señalando que la ley de derecho de autor mantiene en la ilegalidad muchas prácticas que son necesarias para el funcionamiento de las bibliotecas en el siglo XXI. Por ejemplo, la digitalización para la preservación de ejemplares, la posibilidad de hacer copias de fragmentos breves a pedido de las personas usuarias, el préstamo digital controlado, o la posibilidad de digitalizar para brindar acceso a obras huérfanas o no disponibles en el mercado.
La falta de salvaguardas para las bibliotecas ha vuelto inviables una gran cantidad de proyectos de digitalización del patrimonio cultural en nuestro país, incluso en los casos en que existen fondos disponibles para llevar a cabo la tarea. Mientras a nivel internacional existen grandes proyectos de digitalización y puesta a disposición del público de acervos, en Uruguay ese tipo de proyectos generalmente nacen muertos no solo por temas presupuestales sino porque son legalmente inviables.
Si se piensa en la digitalización como clave para salir de la crisis actual, es necesario que exista un marco legal que impulse, o al menos no bloquee, la digitalización de los acervos. El proyecto de ley de excepciones al derecho de autor para bibliotecas y educación llegó a contar con media sanción en 2016 y luego en 2024, pero en ambos casos no consiguió aprobación definitiva por la presión de empresas editoriales y otras corporaciones que poseen los derechos y que ven la labor de las bibliotecas como una competencia más que como lo que realmente es: un medio esencial para la promoción de la lectura y para garantizar el derecho fundamental de acceso al conocimiento.
La aprobación de las excepciones al derecho de autor para bibliotecas y archivos debe complementarse con otras dos reformas indispensables: la inclusión de un régimen de depósito digital o mixto, de la que ya hemos hablado, y la derogación del dominio público pagante (DPP). Esta última figura legal impone un pago por la explotación de obras en dominio público, lo que conlleva riesgos para cualquier proyecto de digitalización de patrimonio documental en dominio público. Si bien hasta el momento este pago nunca se ha exigido para la digitalización y puesta a disposición no comercial en Internet de obras en dominio público, el hecho de que la ley lo prevea implica un peligro para la sostenibilidad de la oferta de servicios digitales por parte de las bibliotecas y archivos públicos de Uruguay.
En definitiva, resulta fundamental que en este período parlamentario finalmente se aprueben las excepciones al derecho de autor para las bibliotecas y archivos, se proponga la inclusión de un depósito digital o mixto y se elimine el dominio público pagante. Se trata de herramientas necesarias para la transformación digital de la BN y del resto de nuestras bibliotecas.
Espacios infinitos
El acervo de la BN es de alrededor de un millón de ejemplares. Se trata de un número importante, pero de ningún modo inmanejable, como ha dado a entender el ministro al decir que “no hay espacios infinitos” o el presidente de la república con una metáfora como “imagínense un ser vivo que come, come, come, un día llega al límite».
No hace falta comparar a la BN con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que alberga alrededor de 180 millones de objetos, ni con la Biblioteca Nacional de España, donde hay alrededor de 35.550.000 ejemplares. Mucho más cerca nuestro, la Biblioteca Nacional de Chile cuenta con más de 2.300.000 ejemplares; la Biblioteca Nacional de Colombia cuenta con más de 3.500.000 ejemplares y la Biblioteca Nacional de Argentina reúne alrededor de 2 millones de libros y varios millones de ejemplares de publicaciones periódicas, mapas, cartas y otros materiales.
Para mantener colecciones de gran tamaño no hacen falta espacios infinitos. Sí es ineludible que existan planes de expansión, algo que está en la naturaleza de una institución que preserva cultura y conocimiento para la posteridad, y que se hace más urgente si tenemos en cuenta que el edificio actual de la BN fue diseñado en la década de 1930. Al mismo tiempo, hacen falta buenas condiciones edilicias, equipamiento y acondicionamiento adecuado, personal suficiente y presupuesto acorde.
La BN, según su sindicato, cuenta hoy con menos de 50 empleados y el 40 % está en vías de jubilarse. Para hacerse una idea de lo que esto implica, en 2013 el entonces director de la BN, Carlos Liscano, informaba que en aquel momento había alrededor de 130 empleados y trabajaban diariamente en la biblioteca unas 150 personas. El informe de 2013 advertía ya en aquel momento que la BN se encontraba en crisis y que la dotación de personal con la que contaba no era suficiente para cubrir todas las áreas. Se notaba, especialmente, la falta de personal de mantenimiento.
Otro dato para dimensionar la crisis gravísima de personal de la BN es que la Biblioteca Nacional de Argentina, incluso después del salvaje ajuste y los despidos recientes del gobierno de Javier Milei, cuenta en la actualidad con casi 800 empleados.
¿Una biblioteca vacía?
Otro aspecto preocupante de las declaraciones del ministro es su relativización de la gravedad del cierre de la institución bajo el argumento de que el público general que usaba la biblioteca cada día eran 15 o 20 personas: “La pregunta es para todos los que se horrorizaron con el cierre para el público general. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a usarla? Cada vez que yo planteo esta pregunta en conversaciones, la mayoría de la gente me responde que no ha pasado en décadas o ni siquiera una sola vez”.
Lejos de minimizar el problema, lo que habría que preguntarse es cómo una institución tan importante llegó a una situación de abandono y olvido tan calamitosa. De otra manera, involuntariamente se puede dar a entender que el rol de la Biblioteca Nacional está caduco, cuando en realidad es más importante que nunca. Para los casi 8000 usuarios al año que se acercan al mostrador de la BN con necesidades de información, entre investigadores y público en general, contar con una biblioteca abierta sigue siendo importante, y la paulatina recuperación de visitas después de la pandemia así lo demuestra. Algunas de estas personas son visitantes asiduos que reafirman que el acceso virtual no sustituye el disfrute del espacio físico.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la actual administración de la BN es convertirse en un espacio no solo apto sino también amigable y útil, tanto para el público especializado (historiadores o investigadores) como para el público en general. Estando ubicada en el centro de la ciudad y en las inmediaciones de varias facultades y centros educativos de todos los niveles (escuelas, liceos, UTU), tiene el potencial de recibir a cientos de personas por día. Hace falta una Biblioteca Nacional abierta a la comunidad, que invite a entrar no solo para investigar sino también para estudiar, para trabajar e incluso para entretenerse. De cualquier forma, no debe perderse de vista que la BN no es una biblioteca más: su cometido principal es recopilar toda la producción documental del país, asumir el liderazgo en la formulación de políticas de preservación y acceso a la información y gestionar el sistema nacional de bibliotecas públicas.
Hacia una Biblioteca Nacional Digital
La actual directora de la Biblioteca Nacional ha expresado que las cuestiones edilicias, de personal, y la falta de inversión en acceso y usabilidad de sus colecciones han sido los factores que han desencadenado una crisis interna en la BN, pero resalta especialmente que la BN enfrenta una “crisis de sentido” asociada con la “desconexión con la ciudadanía”. Quienes llevamos muchos años trabajando en temas de derechos digitales, acceso abierto al conocimiento y datos abiertos no podemos más que coincidir con este diagnóstico y alegrarnos, ya que, por fin, un equipo directivo ha comprendido la necesidad de redefinir el papel de la BN en el siglo XXI, en lugar de resignarse a la idea de que la institución siga anclada en lógicas del siglo pasado.
Actualmente, las bibliotecas nacionales de la gran mayoría de los países del mundo son las responsables del impulso de políticas de digitalización y gestión de acervos digitales nacionales a gran escala, que permiten ampliar el acceso de todas las personas a la información cultural y científica. Por ejemplo, en Chile la BN cuenta con una amplia variedad de servicios, portales con cientos de colecciones y opciones de acceso digital respaldados por equipos estables de especialistas y tecnología de alto nivel, como Memoria Chilena (2003), Chile para Niños (2005) y Biblioteca Nacional Digital (2013). También lidera la implementación de la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales lanzada por el Ministerio de Cultura en 2024, con el objetivo de “establecer y articular medidas para la preservación, aumento, puesta en valor y difusión de los patrimonios digitales, considerando el patrimonio nativo digital y la digitalización de material análogo, asegurando la coordinación y la colaboración entre las distintas actorías vinculadas con los patrimonios digitales”. Nuestra BN, a pesar de contar con algunos proyectos de digitalización, se encuentra muy lejos de esta realidad en cuanto a posibilidades técnicas y de articulación a escala.
De esta forma, el cierre temporal de la BN es un llamado de atención que no debe entenderse como un acto cuya única intención es criticar a la administración anterior, tal como parece interpretar el director saliente. Se trata de un acto necesario de alerta y resistencia, dada la falta de herramientas de incidencia y de peso político del sector bibliotecario en la escena política nacional.
Finalmente, resulta llamativo que en ninguna de las entrevistas y declaraciones sobre el cierre de la BN se aborde el tema presupuestal ni se adelanten posibles soluciones, por lo que ante la inminente discusión de la Ley de Presupuesto para el período 2025-2029, nos interesa resaltar la urgente necesidad de contar con un presupuesto acorde con la jerarquía de la institución.
* Imagen destacada: Pasillos de la Biblioteca, por Carlucha Pérez en Wikimedia Commons, bajo licencia CC BY-SA.
