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Un Día del Dominio Público sin nada para festejar en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, abril 1st, 2020

El Pez (1928), por Joaquín Torres García (1874-1949), se encuentra de nuevo en dominio público desde el 1 de enero de 2020, después de haber estado en dominio privado por algunos días en diciembre de 2019. Disponible en Wikimedia Commons.

Cada 1 de enero, al mismo tiempo que se celebra el año nuevo, también se festeja alrededor del mundo el Día del Dominio Público

El Convenio de Berna sobre derecho de autor, y las leyes de los países que adhieren a este tratado internacional, que son la gran mayoría, establecen que la expiración del derecho de autor se hace efectiva a partir del 1 de enero del año posterior a cuando vence el plazo, que en el tratado está fijado en un mínimo de 50 años después de la muerte de los autores.

Así, en el Día del Dominio Público caen las restricciones de derecho de autor sobre miles de obras de todo el mundo, y dichas obras pueden pasar a ser inmediatamente compartidas y reutilizadas sin necesidad de obtener autorización de los autores. Esta libertad para compartir y reutilizar el patrimonio cultural es fundamental para el ejercicio del derecho a la cultura y para favorecer la creatividad.

En Uruguay hemos festejado este día desde hace varios años, digitalizando muchas de las obras que ingresaron en dominio público y poniéndolas a disposición de forma libre en Internet. Así, por ejemplo, Creative Commons Uruguay, en conjunto con la Fundación Felisberto Hernández, puso a disposición hace algunos años las obras literarias completas de Felisberto Hernández (1902-1964) en una edición de dominio público. También fueron digitalizadas y puestas a disposición de toda la sociedad, en los últimos años, obras de autores como Susana Soca, Peloduro, Lauro Ayestarán, Justino Zavala Muniz, Petrona Viera y muchos otros.

Sin embargo, el 1 de enero de 2020 en Uruguay no hubo nada para festejar. Es que pocos días antes, el Parlamento aprobó una ley que extendió 20 años el plazo de derecho de autor, pasando desde 50 años después de la muerte de los autores, a 70 años postmortem. En otras palabras, la nueva ley establece que el ingreso de las obras en dominio público se demorará 20 años más que antes. Pero además, lo más grave es que la norma recientemente aprobada devolvió a dominio privado todas las obras que ya estaban en dominio público y que se encuentran comprendidas en el nuevo plazo. Para comprender la situación en su totalidad, hace falta tener en cuenta que en el año 2003 el Parlamento uruguayo ya había aprobado una extensión del plazo de derecho de autor, desde 40 hasta 50 años después de la muerte de los autores.

De manera que, por ejemplo, las obras de Petrona Viera (1895-1960) ingresaron en dominio público el 1 de enero de 2001, tras cumplirse el plazo de 40 años desde su muerte. Volvieron a dominio privado en 2003, con la ley 17616, e ingresaron en dominio público nuevamente el 1 de enero de 2011. Pero en diciembre de 2019 volvieron otra vez a dominio privado hasta el 1 de enero de 2031.

Hay casos todavía más graves. Con los nuevos plazos, las obras de Felisberto Hernández vuelven a estar en dominio privado hasta 2035. Sabido es que, antes de su entrada en dominio público en 2015, la publicación de nuevas ediciones de varias de sus obras estuvo dificultada debido a la negativa de una rama de sus herederos. El ingreso de sus obras en dominio público liberó la publicación de estas obras, pero ahora vuelve a surgir la duda de qué pasará con los textos de Felisberto Hernández.

Hay también casos casi absurdos, como el de Joaquín Torres García (1874-1949), cuyas obras ingresaron en dominio público el 1 de enero de 1990 y, con la nueva ley, promulgada el 23 de diciembre de 2019, estuvieron en dominio privado unos pocos días, hasta volver a entrar en dominio público el 1 de enero de 2020. O el de Paulina Luisi (1875-1950), cuyas obras entraron en dominio público el 1 de enero de 1991 y ahora volvieron a estar en dominio privado, hasta que se liberen nuevamente en 2021.

Fuente: Wikimedia Commons. Bajo licencia CC BY-SA.

Ante esta nueva situación, que compromete el acceso en Uruguay a la obra de cientos de autores nacionales y miles de autores de todo el mundo, ¿qué sucederá con los proyectos de digitalización y puesta a disposición del patrimonio histórico y cultural?, ¿deben dar de baja todas las obras en dominio público puestas a disposición en los últimos 20 años? Aquellos archivos e instituciones culturales que no cuenten con horas de funcionarios para revisar y dar de baja todos los contenidos que volvieron recientemente al dominio privado, ¿corren el riesgo de ser demandados por realizar tareas de difusión cultural que les son propias?

El problema principal no es simplemente este aumento puntual del plazo de derecho de autor, sino que este aumento se suma a otros previos, cuyo resultado en los hechos es la privatización por tiempo indefinido de miles de obras del siglo XX que forman parte de la herencia cultural de la sociedad uruguaya. Este tipo de extensiones sucesivas no ha ocurrido solo en Uruguay, sino también en otros países, como Estados Unidos, donde a una ley de extensión del plazo de derecho de autor de 1998 se la conoció como la ley “Mickey Mouse”, dado que ocurrió justo cuando los derechos del dibujo animado original estaban a punto de caducar. El patrón que se repite a nivel internacional es que cada vez que están por expirar los derechos de propiedad intelectual sobre obras importantes del siglo XX, el plazo se vuelve a extender.

Es necesario repetir una vez más que el derecho de acceso y participación en la cultura forma parte de los tratados internacionales de derechos humanos. Este derecho a la cultura debería estar por encima de los intereses privados de empresas que aún obtienen beneficios de unas pocas obras icónicas del siglo XX. El derecho de autor debe tener una caducidad efectiva para que la sociedad pueda acceder plenamente a su herencia cultural común.

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Comunicado de REDLACDA sobre el aumento de los plazos de protección del derecho de autor en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, enero 7th, 2020

* Reproducimos el comunicado publicado por REDLACDA, en el que la red internacional manifiesta preocupación por el impacto que tendrá el aumento del plazo de derecho de autor en Uruguay sobre el acceso a la información y a la cultura.

La Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA) es un grupo conformado por profesionales de la información de distintos países de la región. Hacemos parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones – IFLA (por sus siglas en inglés), a traves del Copyright and other Legal Matters (CLM) Advisory Committee, y velamos porque haya respeto por el derecho de autor en equilibrio con el derecho de acceso a la información para tener leyes justas e incluyentes, tanto para creadores e intermediarios como para usuarios y lectores, es decir: para todas las personas.

Lamentamos profundamente el aumento de los plazos de protección del derecho de autor en Uruguay el pasado 18 de Diciembre del año en curso, que afectan gravemente al dominio público. Este tipo de legislaciones concluye de forma preocupante en la privatización de los bienes comunes, beneficiando a un pequeño grupo de la sociedad, que en el mayor de los casos no compone a los creadores directos, sino a sus herederos, y en detrimento de los bienes que además de beneficiar a los ciudadanos uruguayos, incluiría a las personas de todo el mundo. Entendemos que el dominio público es la norma y no una excepción[1] y hay que cuidarlo: es el insumo con el que las bibliotecas, archivos y museos permiten que nuevos creadores tengan acceso a referentes culturales para enriquecer nuevas creaciones sin necesidad de trámites o burocracias adicionales. Esta decisión retrasará la capacidad de creación de contenidos locales, afectando nuestra identidad como latinoamericanos y nuestra capacidad para competir con industrias culturales mucho más grandes de otras latitudes.

Este aumento de plazos en la protección afecta la salvaguarda del interés público en la difusión de la cultura y el conocimiento y afectan nuestra capacidad de producir memoria para nuestras futuras generaciones, condenando al olvido nuestro patrimonio porque esta medida resulta desproporcionada. ¿Qué sucede con quienes no pueden acceder porque no pueden pagar? Nos preocupa la falta de empatía y sensibilidad entre sectores con quienes padecen las desigualdades de nuestras sociedades modernas.

El aumento de los plazos de protección al derecho de autor afectando el dominio público encarece nuestra capacidad de acceso a la información, haciendo que sólo puedan acceder aquellos que pueden pagar por ella. ¿Y qué sucederá con las medidas de preservación digital de aquellos objetos que se encontraban en dominio público y hoy se ven sometidos al dominio privado? Tememos gravemente por la posibilidad de que hayan obras que desaparezcan para siempre al ser retiradas del dominio público y no contarse con copias de preservación. No debe olvidarse que existen numerosísimas obras de todo tipo que se encuentran dentro de los plazos de protección y que no son publicadas porque no presentan interés comercial para ninguna editorial. Esas obras están ocultas, como si estuvieran secuestradas.

Por favor, no nos malinterpreten: nuestras instituciones se nutren de las obras que el derecho de autor protege y lo valoramos. Sin embargo, esta medida va en contra de un justo equilibrio entre la protección y el interés público, recordando con pesar, que Argentina y Uruguay cuentan con dominio público pagante. Prolongar los plazos de proteccion no incentiva la creación de nuevo conocimiento, sólo retrasa su entrada al dominio público.

Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA)

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El Parlamento uruguayo aprobó la extensión del plazo de derecho de autor a 70 años post mortem

Equipo de CC Uruguay, diciembre 20th, 2019

Las obras humorísticas de Peloduro, así como las obras completas, literarias y musicales, de Felisberto Hernández y los cuadros de Petrona Viera, entre tantísimas otras obras de autores y autoras de Uruguay, vuelven al dominio privado.

Ambas cámaras del Parlamento convirtieron en ley el miércoles 18 de diciembre, en un trámite express, prácticamente sin ningún debate, la extensión del plazo de derecho de autor a 70 años post mortem. También se extienden los derechos de propiedad intelectual de intérpretes, productores de fonogramas (discográficas) y organismos de radiodifusión (empresas de radio y TV) a 70 años desde la grabación de los fonogramas o emisiones. La ley aprobada incluye además una disposición que devuelve retroactivamente a dominio privado las obras, interpretaciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión que ingresaron en dominio público en los últimos 20 años.

Es un día en el que se han afectado los derechos culturales de toda la ciudadanía uruguaya, así como el patrimonio cultural de nuestro país. Los beneficiados fueron principalmente las discográficas multinacionales, que presionaron para no perder los derechos sobre las grabaciones de la década de 1960. Agadu y Sudei, sociedades de recaudación de derechos de propiedad intelectual, también aplaudieron la privatización de dos décadas de cultura. En cambio, las bibliotecas, archivos y museos, las instituciones educativas, los repositorios en línea y la sociedad en general se enfrentarán a nuevas barreras para difundir materiales culturales, acceder a ellos y compartirlos. Los artistas también se verán perjudicados debido a que se privatizó un acervo de obras en dominio público sobre el que habitualmente se realizan adaptaciones (muy comunes en el teatro y el cine), así como otros tipos de reutilizaciones y obras derivadas.

El Parlamento no estuvo a la altura de lo que Uruguay necesita en materia de derechos culturales. La educación, las bibliotecas, archivos y museos aún no cuentan con excepciones y limitaciones para preservar el patrimonio cultural de la sociedad y para poder promover, sin amenazas legales, el acceso a la cultura y a los materiales de estudio. Después de 6 años de discusión en dos períodos parlamentarios, los legisladores fueron incapaces de votar la ley de excepciones por el derecho a estudiar, pero en el día de hoy, en unas pocas horas, votaron una ley que privatiza todas las obras de autores y autoras fallecidos entre 1949 y 1968, y todos los fonogramas y emisiones de radio y TV grabados en esos años.

De cara al futuro seguiremos militando, junto al movimiento social y junto a las instituciones culturales y educativas, para lograr la aprobación de la ley de excepciones y limitaciones al derecho de autor. También seguiremos promoviendo políticas públicas de licenciamiento abierto, así como el uso de las licencias Creative Commons en las distintas comunidades de creadores y creadoras. El objetivo es contribuir al derecho de acceso y participación en la vida cultural, promoviendo los bienes comunes culturales y luchando por una legislación de propiedad intelectual más justa y equilibrada.

*Ilustración: Portada de la Revista «Peloduro». n°73. Año IV. 4 de junio de 1947. Remix por Paula Domínguez Font.

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