Jorge Gemetto

Libro “Bibliotecas ocultas”: capítulo sobre Uruguay

Equipo de CC Uruguay, mayo 10th, 2018

Como anunciamos en un post anterior, esta semana se publicó el libro “Shadow Libraries. Access to Knowledge in Global Higher Education” (Bibliotecas ocultas. Acceso al conocimiento en la educación superior a nivel global). La publicación, coordinada por Joe Karaganis, se puede encontrar y descargar en la web de MIT Press. En esta entrada compartimos con ustedes la traducción al castellano del capítulo sobre Uruguay, que funciona como coda a los capítulos previos que relatan casos de otros países.


Coda: Uruguay

Por Jorge Gemetto y Mariana Fossatti

Terminamos con una escena familiar. En una mañana de octubre de 2013, los estudiantes de la Universidad de la República en Montevideo se encontraron con un importante operativo policial en marcha. En coordinación con Interpol, la Dirección de Crimen Organizado de la Policía allanaba quince locales de fotocopiado en el área que rodea la Facultad de Derecho y detenía a treinta y dos personas (El País 2013a). El momento fue provocativo. La Facultad de Derecho, la más grande de la universidad con más de catorce mil estudiantes matriculados (Udelar 2013), estaba en período de exámenes. Las noticias de los allanamientos se difundieron rápidamente. Las imágenes de las detenciones y de las fotocopiadoras incautadas fueron televisadas y el tema se convirtió en una tendencia en las redes sociales, donde se produjo una avalancha de críticas.

En Uruguay, como en los otros países estudiados en este libro, las fotocopias no autorizadas siguen siendo el principal medio de acceso a los materiales de estudio universitarios (Rodés y Pérez Casas 2013), estando generalizadas en toda la comunidad académica y siendo facilitadas por los docentes. Los centros de estudiantes de casi todas las facultades tienen servicios de fotocopiado, donde también se realizan compendios de materiales y se ofrecen archivos digitales para el uso de los estudiantes. A medida que los materiales de estudio pasan gradualmente a los formatos digitales, el entorno virtual de aprendizaje de la universidad se ha convertido en una plataforma de distribución y almacenamiento de materiales, prestando poca atención a las licencias de uso.(1)

Como en muchos otros países de América Latina, todas estas formas de acceso a los materiales —en papel y digital— son ilegales según la ley de derecho de autor uruguaya y están sujetas a castigos que van desde multas hasta penas de cárcel.(2) La legislación uruguaya no tiene excepciones para la copia en contextos educativos. La ley, en efecto, convierte en delincuentes a la mayoría de los estudiantes y profesores.

Un cuestionario de 2012 de Rodés y Pérez Casas en la Universidad de la República reveló una amplia gama de obstáculos para el acceso a materiales de estudio. Más del 66 por ciento de los estudiantes dijeron que usaron fotocopias de porciones de libros; el 58 por ciento reconoció haber copiado libros enteros. El 57 por ciento de los estudiantes indicaron que comprar libros representaba una porción significativa de sus presupuestos totales.(3) Las bibliotecas representaban una importante fuente de acceso para el 49 por ciento de los estudiantes. Las descargas no autorizadas les seguían de cerca con el 43 por ciento.

Como en todas partes, los estudiantes indicaron sistemáticamente su preferencia por los materiales impresos en lugar de los digitales, incluyendo a quienes descargaron materiales. Alrededor del 56 por ciento de los estudiantes de este último grupo imprimen los materiales que descargan. Dichos números son un reflejo de la (aún) baja tasa de adopción de lectores electrónicos y tabletas (Rodés y Pérez Casas 2013).

Tal vez de manera predecible, entonces, la comunidad académica reaccionó fuertemente a los arrestos y las clausuras de los locales de copiado. Poco después de los allanamientos, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) publicó una declaración en la que reclamaba por el “acceso libre y democrático” al corpus completo del conocimiento humano (Montevideo Portal 2013). Unos días más tarde, los estudiantes realizaron una manifestación frente a la Facultad de Derecho para protestar por los allanamientos (El Observador 2013). El Centro de Estudiantes de Derecho, a su vez, lanzó una campaña de recolección de firmas para exigir un mejor acceso a los materiales de estudio y la reforma de la ley de derecho de autor, incluyendo la creación de excepciones educativas y la despenalización de las infracciones sin fines de lucro. La campaña recolectó 10.000 firmas y culminó con la entrega de un anteproyecto de ley a Danilo Astori, entonces vicepresidente de Uruguay (El País 2013b).

Al igual que en Argentina, donde la editorial pionera de libros económicos Eudeba comenzó a demandar a estudiantes en la década de 1990, los allanamientos marcaron el colapso de una generación anterior de estrategias de acceso. Las redadas fueron iniciadas por una denuncia de la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), que edita, distribuye y vende buena parte de los títulos que deben leer los estudiantes de la carrera de Derecho. La FCU es la heredera de la Oficina de Apuntes, fundada por estudiantes de Derecho de la Universidad de la República en la década de 1940 para hacer que los materiales educativos estuvieran más disponibles y fueran más asequibles. Oficialmente, la FCU mantiene sus objetivos originales e incluso hoy tiene vínculos formales con el Centro de Estudiantes de Derecho. Con el tiempo, sin embargo, la FCU se convirtió en una editorial comercial más convencional, ofreciendo descuentos a los estudiantes, pero ya sin abordar seriamente el problema de la asequibilidad. Al igual que en Argentina, los editores académicos dejaron de ser los principales defensores del acceso económico. Cada vez más, este problema quedó a cargo de los estudiantes.

La FCU goza de una posición privilegiada en la Facultad de Derecho porque los estudiantes son esencialmente un público cautivo. En este contexto, y al igual que la mayoría de las editoriales comerciales, produce pequeñas tiradas a precios elevados, deliberadamente por debajo de la matrícula estudiantil. La causa de esta distorsión fue ampliamente debatida en los meses posteriores a los allanamientos. La Cámara Uruguaya del Libro culpaba a las fotocopias de ser las causantes del modelo editorial de altos precios y tiradas pequeñas (180.com.uy 2013a). Los estudiantes, por su parte, culpaban a los altos precios de ser la causa de las fotocopias generalizadas (180.com.uy 2013b).(4)

En cualquier caso, las discusiones entre la Cámara Uruguaya del Libro y los estudiantes mostraban que el mercado legal, en su forma actual, no podía satisfacer las necesidades educativas. Una posición de compromiso había sido posible mientras no hubo una represión activa del mercado informal. Cuando la policía comenzó a allanar locales de fotocopias a instancias de la FCU, ese equilibrio se vio perturbado.

Pronto las diversas partes involucradas en la disputa recurrieron al Estado en busca de soluciones. El anteproyecto de ley presentado por el Centro de Estudiantes de Derecho fue una de estas demandas. Por su parte, la Cámara Uruguaya del Libro vio la oportunidad de exigir que se aumentaran las compras públicas para bibliotecas y la adquisición de licencias de libros electrónicos (Espectador 2013). Incluso otras partes en el debate propusieron la reinstauración de un sistema privado de recaudación destinado a compensar a los autores por las fotocopias. Esta estrategia ya se había probado a mediados de la década de 2000 a través de una sociedad llamada A.U.T.O.R., que tuvo dificultades para constituirse, en parte debido a la falta de transparencia con respecto a las regalías. Cesó sus operaciones en 2007, sin repartir ningún ingreso a los autores.

En la práctica, cada sector intentó sacar provecho de la crisis. En marzo de 2014, luego de un acuerdo con la FCU, la imprenta oficial del Estado (IMPO) lanzó una librería digital enfocada en materiales de estudio universitarios (El Observador 2014). El nuevo servicio bajó el precio de algunos materiales, pero se basó en herramientas de gestión de derechos digitales que monitoreaban el comportamiento de los usuarios e impedían copiar e imprimir los textos. Dentro de la universidad, las opiniones se dividieron en dos direcciones: una que se inclinaba por un acercamiento a las editoriales y la otra que apoyaba políticas de acceso abierto a materiales científicos y educativos. Los defensores del segundo enfoque tenían su propia estrategia basada en el apoyo a libros de texto de acceso abierto y en la creación de un repositorio institucional para materiales de acceso abierto llamado Colibrí (Conocimiento Libre Repositorio Institucional).

El debate suscitado a partir de los allanamientos de 2013 continúa desarrollándose en el sistema universitario, el sector editorial y el Estado. Las propuestas de soluciones han florecido, pero —como hemos visto en otros capítulos de este libro— el diseño de un sistema sostenible en el tiempo, legal e inclusivo sigue sin estar claro.

La reforma propuesta por los estudiantes se orientó a expandir las excepciones educativas al derecho de autor lo suficiente como para legalizar la mayoría de las fotocopias educativas. Sin embargo, las perspectivas de dicha reforma se atenuaron en 2016, frente a la oposición de las editoriales. Los editores lograron eliminar del proyecto disposiciones clave, como la excepción de copia personal (que permite un número limitado de copias para uso personal) y la despenalización de las infracciones sin fines de lucro. El proyecto de ley diluido que sobrevivió a este proceso sigue estancado en el Parlamento.

Los esfuerzos del Estado (como la librería digital de IMPO) se centraron en conseguir términos más favorables para las licencias digitales contratadas a los editores. El modelo de IMPO prometía precios más bajos que los equivalentes en papel, pero, como en otros esfuerzos relativos a librerías y bibliotecas digitales, dependía del respaldo de las editoriales para obtener licencias asequibles y un fácil acceso. Sin embargo, la forma en que estos conceptos se traducen en precios y términos de uso concretos sigue sin resolverse y la historia sugiere que las editoriales eventualmente cobrarán tanto como crean que el mercado puede soportar. Las grandes editoriales multinacionales, por su parte, tienen sus propios canales de distribución en línea y no han aceptado realizar acuerdos con IMPO. Los estudiantes, en tanto, generalmente han rechazado las herramientas técnicas de control impuestas por las editoriales sobre la copia e impresión de los materiales digitales (El País 2014). Como hemos visto en Uruguay y en otros lugares, las preferencias de los estudiantes se inclinan fuertemente hacia el formato papel, por un lado, y hacia las copias digitales gratuitas, por el otro.

La tercera fuente de presión proviene del sector universitario, que está tratando de ampliar la producción de libros de texto abiertos y el uso de repositorios abiertos para la investigación. Como hemos visto, el principal desafío es que estas iniciativas internalicen los costos que la universidad siempre ha externalizado en las comunidades de estudiantes y en las editoriales. Estos esfuerzos dejan abierta la cuestión de cómo financiará la universidad estos proyectos a largo plazo y si un ecosistema de libros de texto abiertos, en particular, puede crecer y competir eficazmente con el sector comercial en ausencia de esas garantías financieras.

Como ya se ha visto en otras partes de este libro, el principal obstáculo para el cambio es la complejidad y la resiliencia del statu quo. Para los estudiantes, las combinaciones ad hoc de compras, préstamos y copias de materiales son las más efectivas en la mayoría de las materias. Para los investigadores, estas combinaciones brindan acceso a la mayor parte de los trabajos académicos que necesitan. Para las editoriales, la copia informal erosiona el mercado comercial, pero también reduce la presión para soluciones no comerciales, como los modelos abiertos y las disposiciones de derecho de autor más flexibles. Para las universidades, el ecosistema mixto les ahorra asumir nuevos gastos, responsabilidades y obligaciones hacia sus estudiantes. Este es un momento donde las fuerzas están extrañamente equilibradas, con estrategias comerciales, modelos abiertos y vías no autorizadas de copiado que evolucionan y que ejercen, cada uno, distintas formas de presión. No hay ninguna razón para suponer que este equilibrio sea estable, pero, como ocurre con la mayoría de los sistemas complejos, los efectos de cualquier cambio significativo son difíciles de predecir. En la práctica, el conservadurismo organizacional y la inacción tienden a ganar. En Montevideo, el costo político de una crisis real por el acceso a los materiales de estudio fue demasiado alto. Las redes de locales de fotocopias reabrieron poco después de las redadas y los estudiantes volvieron a sus formas habituales de acceso. En Delhi, las editoriales y las universidades están librando una pelea acerca de si la universidad incorporará alguna parte de las copias que todos saben que se realizarán de todos modos. En cualquier caso, la creciente abundancia de investigaciones y materiales educativos, así como la diversidad de formas de copiarlos y distribuirlos, favorecen a los estudiantes. Depende de todas las partes hacer que su acceso sea más fácil y legal.

Notas

1. En el caso de la Universidad de la República, el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se introdujo en 2008 y utiliza el software Moodle.

2. La ley de derecho de autor uruguaya (9.739) data de 1937 y ha sido modificada varias veces. La más importante de estas modificaciones se produjo en 2003 con la aprobación de la Ley 17.616, que llevó a Uruguay a cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC dice poco sobre la aplicación y el tipo de sanciones, la ley respondió a la ansiedad de los titulares de derechos de autor acerca del aumento de la piratería de CD y DVD, agregando restricciones y aumentando las penas a un máximo de tres años de penitenciaría para las infracciones con fines comerciales. El texto de la ley está disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937 (accedido el 9 de mayo de 2018).

3. El cuestionario fue respondido por 771 estudiantes de la Universidad de la República. Los datos se presentan en Rodés et al. 2012 como parte de una investigación comparativa más amplia sobre las prácticas y actitudes de los estudiantes en torno a los libros, la digitalización y los materiales de acceso abierto.

4. En el transcurso de este debate, la entonces presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, Alicia Guglielmo, trató de replantear la cuestión en términos económicos, argumentando que las fotocopias amenazaban 1.200 empleos en el sector editorial (180.com.uy 2013a). Pero esta afirmación chocó con cierto escepticismo. Las fotocopias habían sido omnipresentes en la comunidad universitaria durante décadas, sin evidencias claras de crecimiento o declive durante el período. De acuerdo con los representantes de las editoriales, la piratería de libros en otros sectores es baja (DICREA 2009:37), lo que sugiere un problema limitado principalmente a los materiales de estudio.

Referencias

180.com.uy. 2013a. “Las fotocopias hacen inviable el trabajo editorial.” 22 de octubre. http://www.180.com.uy/articulo/36340 (accedido el 2 de marzo de 2017).

180.com.uy. 2013b. “Entre derechos y bibliotecas llenas de fotocopias.” 23 de octubre. http://www.180.com.uy/articulo/36345_Entre-derechos-y-bibliotecas-hechas-de-fotocopias (accedido el 2 de marzo de 2017).

DICREA. 2009. “Conglomerado Editorial. Plan de refuerzo de la competitividad.” http://www.cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/5535/1/conglomerado_editorial_plan_refuerzo_de_la_competitividad.pdf (accedido el 2 de marzo de 2017).

El Observador. 2013. “Estudiantes protestaron contra ilegalidad de fotocopias: ‘La solución es socializar, no privatizar.’” 24 de octubre. http://www.elobservador.com.uy/noticia/263511/estudiantes-protestaron-contra-ilegalidad-de-fotocopias-la-solucion-es-socializar-no-privatizar/ (accedido el 2 de marzo de 2017).

El Observador. 2014. “El lunes se estrena el primer servicio de libros digitales para estudiantes en Uruguay.” 5 de marzo. http://www.elobservador.com.uy/noticia/273224/el-lunes-se-estrena-el-primer-servicio-de-libros-digitales-para-estudiantes-en-uruguay/ (accedido el 2 de marzo de 2017).

El País. 2013a. “Allanan locales y estudiantes no saben qué hacer.” Octubre. https://web.archive.org/web/20170708062617/http://www.elpais.com.uy/informacion/allanan-locales-fotocopias-estudiantes-no.html (versión archivada por Internet Archive el 8 de julio de 2017, accedida el 9 de mayo de 2018).

El País. 2013b. “Estudiantes juntaron 10 mil firmas a favor de su campaña por fotocopias.” Noviembre. https://web.archive.org/web/20170708012939/http://www.elpais.com.uy/informacion/estudiantes-juntaron-firmas-favor-campana.html (versión archivada por Internet Archive el 8 de julio de 2017, accedida el 9 de mayo de 2018).

El País. 2014. “Fotocopias ilegales de libros no cesaron y habrá más denuncias.” 30 de noviembre. https://web.archive.org/web/20170609082855/http://www.elpais.com.uy:80/informacion/fotocopias-ilegales-libros-no-cesaron.html (versión archivada por Internet Archive el 9 de junio de 2017, accedida el 9 de mayo de 2018).

Espectador. 2013. “Cámara Uruguaya del Libro: ‘no se puede seguir estudiando en fotocopias (…) le está haciendo mucho daño a la sociedad.’” 28 de octubre. http://www.espectador.com/cultura/277054/camara-uruguaya-del-libro-no-se-puede-seguir-estudiando-en-fotocopias-le-esta-haciendo-mucho-dano-a-la-sociedad (accedido el 2 de marzo de 2017).

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Rodés, V., and A. Pérez Casas. 2013. “Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República.” Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje, Departamento de Apoyo Técnico Académico, Comisión Sectorial de Enseñanza (Udelar), Informe Técnico. http://www.creativecommons.uy/wp-content/uploads/2018/05/Rodes-y-Perez-2013-Percepciones-actitudes-y-pr%C3%A1cticas-respecto-a-los-libros-de-texto-y-al-uso-de-libros-digitales-en-formatos-abiertos-por-parte-de-estudiantes-de-la-Universidad-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf (accedido el 9 de mayo de 2018).

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