derechos de autor

El tratado de libre comercio Unión Europea-Mercosur dañará los comunes y los derechos de los usuarios

Equipo de CC Uruguay, septiembre 24th, 2017

Publicado originalmente el 20 de septiembre de 2017 en creativecommons.org.

Hoy Creative Commons publicó un análisis del borrador del capítulo de propiedad intelectual del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que abarca varios aspectos vinculados al derecho de autor. Examinamos cuestiones que irían en detrimento del dominio público y serían perjudiciales para la creatividad, el intercambio y para los derechos de los usuarios en la era digital.

La Unión Europea (UE) y el sub bloque regional de América Latina conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (el Mercosur) han estado negociando un tratado de libre comercio (TLC) desde el año 2000. El TLC UE-Mercosur es expansivo y abarca el comercio en bienes industriales y agrícolas, cambios potenciales en las reglas aplicables a pequeñas y medianas empresas así como a las compras públicas y a las provisiones sobre propiedad intelectual tales como las patentes y el derecho de autor. Las negociaciones para un TLC UE-Mercosur continúan en un momento en que varios de los países afectados -incluidos Argentina, Uruguay, Paraguay e incluso la Unión Europea- se encuentran en un proceso de revisión de sus propias leyes de derecho de autor.

Solo algunos capítulos de los borradores del TLC UE-Mercosur están disponibles para la revisión pública. En noviembre de 2016 la Unión Europea liberó un borrador del capítulo sobre propiedad intelectual, que es la versión más reciente disponible públicamente. Las organizaciones de la sociedad civil y el público son típicamente excluidas de participar en —o incluso observar — las reuniones de negociación.

Las negociaciones del TLC UE-Mercosur tienen lugar en un entorno donde un nivel creciente de políticas de derecho de autor están siendo creadas a través de acuerdos de comercio multilaterales. Hay varias negociaciones en marcha, incluyendo el Tratado Trans-Pacífico (TPP), y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Cada uno de estos acuerdos incluyen cláusulas que regulan la propiedad intelectual, y las recientes rondas de negociaciones de estos pactos comerciales muestran que cuando se pone el derecho de autor sobre la mesa, hay una presión significativa para incrementar drásticamente las posibilidades que tienen los titulares de derechos de solicitar medidas de persecución y ejecución forzada de sus derechos, junto con presiones para aumentar los plazos de duración del derecho de autor y exigir sanciones más severas por infracción. Mientras que las demandas de los titulares de derechos son completamente atendidas, hay muy poca consideración para los derechos del público. Se minimizan las limitaciones y excepciones al derecho de autor o directamente no se contemplan. En el texto vemos la mano invisible (y poderosa) de la Unión Europea, que desea exportar las cláusulas más beneficiosas para los titulares de derechos (tales como plazos de protección más largos y armonizados), pero solo quiere permitir lo mínimo posible cuando se trata de limitaciones y excepciones (admitiendo únicamente la copia temporal).

  • La extensión de los plazos de protección del derecho de autor es innecesaria e injustificada: el capítulo borrador sobre propiedad intelectual propone extender la duración del plazo de protección para aquellos países que todavía no adhieren al plazo de +70 post-mortem. Incrementar la duración de la protección del derecho de autor demora el ingreso de las obras al dominio público, donde pueden ser utilizadas por cualquiera para cualquier propósito. También exacerba problemas relacionados al largo plazo de protección, como el problema de las obras huérfanas.
  • Los derechos de los usuarios deben ser protegidos mediante la expansión de las limitaciones y las excepciones: la protección del derecho de autor y las medidas de penalización siempre deben regularse reconociendo y defendiendo los derechos de los usuarios en el ecosistema del derecho de autor. Pero el capítulo de propiedad intelectual no incluye salvaguardas similares a las incluidas en los últimos acuerdos comerciales y en los acuerdos internacionales de derecho de autor que promueven y protegen el balance en el derecho de autor.
  • La remuneración obligatoria frustra las intenciones de algunos usuarios de Creative Commons: el capítulo de propiedad intelectual incluye una cláusula que requeriría la remuneración obligatoria para los intérpretes y productores de obras musicales. Esa cláusula puede ser bien intencionada, pero interferiría con la operación de algunas licencias de Creative Commons al requerir un pago incluso cuando la intención del autor es compartir su obra con el mundo de manera gratuita.
  • Las medidas tecnológicas de protección no deben limitar el ejercicio de los derechos de los usuarios: el capítulo de propiedad intelectual incluye prohibiciones para aquellos que eludan medidas tecnológicas de protección para obtener acceso a una obra, así como una cláusula que prohibiría la creación y el intercambio de tecnologías que podrían permitir a un usuario eludir medidas tecnológicas de protección. El problema es que esta cláusula no tiene en cuenta situaciones donde los usuarios deberían poder utilizar una limitación o excepción, pero no pueden debido a las prohibiciones existentes para evadir una medida tecnológica.
  • Las órdenes judiciales preventivas contra infracciones “inminentes” dañan la libertad de expresión y la certeza jurídica: el capítulo de propiedad intelectual introduce la idea de que una orden judicial podría ser impuesta tanto a los infractores potenciales como a los intermediarios (incluyendo a los proveedores de servicios de Internet) por infracción “inminente” a los derechos de autor que aún no han ocurrido.
  • Las negociaciones de los acuerdos comerciales deben ser transparentes e involucrar al público: las negociaciones de acuerdos comerciales necesitan ser transparentes y participativas. No lo son. El secretismo demostrado en la negociación del TPP y otros TLC dejaron a las organizaciones de la sociedad civil como Creative Commons y al público en general en una desventaja extrema, ya que solo unos pocos sectores privilegiados invitados al círculo cerrado de las negociaciones tuvieron sus intereses plenamente considerados.

Pueden leer nuestro documento de análisis completo aquí.

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Materiales educativos sobre derecho de autor, dominio público y licencias Creative Commons

Equipo de CC Uruguay, mayo 22nd, 2017

Desde que Creative Commons Uruguay se conformó a comienzos de 2013, una de nuestras áreas prioritarias es la formación sobre derecho de autor, dominio público y licencias Creative Commons. Creemos que esta formación es muy necesaria, dado que es un tema de enorme importancia para el ejercicio de los derechos culturales en el siglo XXI y que sin embargo casi no se ve en los programas de estudio de nuestro sistema educativo. Lo que es peor, en los pocos casos en que el tema se aborda en las currículas, se lo hace desde una perspectiva sesgada: desde la visión tradicional de las industrias culturales, en detrimento de la perspectiva del interés público que incluye a los usuarios de la cultura.

En este post les compartimos los repositorios de materiales generados a lo largo de los cursos que hemos brindado y coorganizado desde 2013. Todos los materiales tienen licencias libres, por lo cual se pueden copiar, adaptar, traducir y reutilizar libremente. Los temas abordados incluyen el marco legal de derecho de autor en Uruguay, las licencias Creative Commons, los recursos educativos abiertos, el acceso abierto a la investigación científica, las políticas públicas de acceso a la cultura, la reforma del derecho de autor, el dominio público y la digitalización del patrimonio, entre otros.

Dominio público y digitalización del patrimonio cultural

En 2015 y 2016 brindamos un curso presencial sobre dominio público y digitalización del patrimonio cultural, en colaboración con la Universidad de la República.
Repositorio del curso

Cultura Libre y Creative Commons en Uruguay

En 2015 brindamos el curso presencial “Cultura Libre y Creative Commons en Uruguay”, orientado a voluntarios de nuestra organización, y cuyos contenidos aportan a la formación política en temas de acceso a la cultura y derecho de autor.
Repositorio del curso

Serie de cursos sobre educación abierta

En conjunto con la Universidad de la República, en 2014 brindamos una serie de cursos sobre Creative Commons, educación abierta, derecho de autor y acceso abierto a la investigación científica.
Repositorio del curso “Recursos educativos abiertos y Creative Commons”
Repositorio del curso “Acceso abierto y Creative Commons”
Repositorio del curso “Derechos de autor y licencias Creative Commons”

ABC del derecho de autor para bibliotecarios de América Latina

Durante 2014 realizamos el curso online abierto “ABC del Derecho de Autor para Bibliotecarios de América Latina” en conjunto con CC Colombia y CC El Salvador.
Repositorio del curso

Arte y cultura en circulación

En 2013 y 2014 colaboramos en la organización de dos ediciones del curso online abierto “Arte y cultura en circulación”, en conjunto con Ártica – Centro Cultural Online, Fundación Vía Libre, CC Argentina y CC Paraguay.
Repositorio del curso – Edición 2013 Crear y compartir en tiempos digitales
Repositorio del curso – Edición 2014 Políticas públicas y gestión de lo común

 

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Música libre y gestión colectiva: ¿Cómo pueden los artistas evitar descuentos indebidos en los recitales?

Equipo de CC Uruguay, agosto 4th, 2016

Música libre

Una de las preguntas más habituales que recibimos de parte de los músicos que publican sus obras con licencias Creative Commons es por qué razón se ven sometidos a descuentos en sus cachets, en concepto de “derecho de autor” o de “AGADU”, cada vez que brindan un recital en vivo. En particular, nos preguntan esto las bandas que interpretan temas de autoría propia y cuyos miembros no son socios de la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU).

En Uruguay la gestión colectiva de derecho de autor es facultativa, es decir que los autores pueden decidir ejercer sus derechos de autor a través de entidades dedicadas a la gestión, o pueden decidir ejercer sus derechos directamente, sin intermediarios.

En el caso de los recitales en vivo, el concepto por el cual los músicos suelen recibir los descuentos en sus cachets es el de “ejecución pública”. Este concepto se refiere a las regalías que los intérpretes deben pagar a los autores en el caso de que estos últimos no los hayan autorizado a interpretar las canciones de manera gratuita.

Sin embargo, cuando quien ejecuta un repertorio de canciones es el propio autor, el pago por “ejecución pública” se vuelve innecesario, sobre todo teniendo en cuenta que AGADU cobra un porcentaje administrativo por la gestión de dichos fondos, por lo cual el músico, al ir a cobrar como autor el dinero que previamente pagó en calidad de intérprete, termina sufriendo un descuento importante.

Este problema es de difícil solución en el caso de los músicos que son socios de AGADU, dado que sus estatutos obligan al autor a ceder totalmente a la entidad la potestad de administrar sus derechos de autor y les prohíben la administración directa. Sumado a esto, AGADU gestiona todas las obras como si tuvieran todos los derechos reservados, por lo cual no respeta la voluntad de aquellos autores que prefieren usar licencias más permisivas, como es el caso de las Creative Commons. En cualquier caso, son los propios socios de dicha entidad quienes, de manera organizada, podrían reclamar por el cambio de los estatutos.

No obstante lo anterior, es muy habitual que incluso quienes no son socios de AGADU, en los casos en que interpretan un repertorio compuesto en su totalidad por canciones de autoría propia, sufran también dicho descuento.

Con el fin de resolver esta cuestión es que el sello Vía Láctea Ediciones creó un modelo de carta para que los músicos no socios de AGADU, que interpreten un repertorio propio, entreguen a AGADU antes de cada recital. En dicho documento se informa además que las canciones interpretadas cuentan con licencias libres.

Por supuesto, lo ideal sería que los músicos no necesitaran molestarse en enviar esta nota a AGADU antes de cada recital. Pero hasta tanto los protocolos para efectuar los cobros no se adapten a la realidad de que cada vez más músicos deciden usar licencias libres y no ser socios de AGADU, esta carta demuestra ser la vía más efectiva para evitar los descuentos inapropiados.

Adjuntamos a continuación el modelo de carta utilizado por el sello Vía Láctea, dado que puede ser de utilidad para otros músicos que se encuentren en la misma situación.

Descargar el modelo de carta

 

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¿Cómo atribuir autoría en objetos 3D impresos?

Equipo de Creative Commons Uruguay, julio 20th, 2016

Traducción del post How should we attribute 3D printed objects? de Jane Park (CC By), por: Fernanda Torrejón.


 

¿Cómo deberíamos atribuir a los autores de diseños 3D licenciados bajo CC, una vez que ese diseño se ha usado para imprimir un objeto 3D?

3d atribucion 1

En el caso de este modelo, el nombre del diseñador está incrustado en la parte inferior del zapato.

El desafío de la atribución, o “fuente”, para objetos impresos en 3D, es bastante amplio en la comunidad de impresión 3D, una parte activa de la gran red CC. Tiene muchas capas y habla de las necesidades existentes tanto por parte de los autores como de los usuarios de los diseños 3D. Los creadores quieren obtener el crédito por su diseño, ya que se siente bien ser reconocido; además, como creador, quieres saber cómo se está empleando tu trabajo. Los usuarios, que suelen ser otros autores, quieren ser capaces de ver el origen del diseño detrás del objeto físico para poder manipularlo, ya sea reimprimiéndolo, modificando el diseño original, mezclándolo con otros diseños o haciéndole adiciones creativas significativas al mismo.

Michael Weinberg de Shapeways fue el primero en presentar el desafío de la atribución de la impresión 3D en la Cumbre Global de CC el pasado octubre y escribió este post respecto del asunto. Desde la perspectiva de CC, el desafío va más allá del cumplimiento de la condición de atribución de las licencias CC. En realidad, es debatible si la atribución es legalmente requerida en el objeto físico de un diseño 3D bajo licencia CC. Sin embargo, más allá de si la atribución es requerida o no en términos legales, CC está interesado en el desafío de la atribución, ya que dialoga con dos de nuestras tres nuevas áreas estratégicas: descubrimiento y colaboración. Estandarizar la atribución para objetos impresos en 3D y generar una infraestructura de información que la respalde (tales como un registro o base de datos), aumentaría el descubrimiento de diseños licenciados bajo CC más allá del objeto y aumentaría las conexiones y colaboraciones para usuarios que deseen adaptar los diseños licenciados bajo CC a diferentes contextos, ya sea por sí mismos o en diálogo directo con el creador original.

3d atribucion 2

“Credit tag” de la plataforma Thingiverse

Indicar la licencia en un diseño es simple; plataformas como Thingiverse y Sketchfab han hecho que sea fácil subir y marcar tu diseño 3D con licencia CC, completándolo con los metadatos de la licencia incrustados en la página desde donde se descarga el diseño. Pero una vez que alguien envía ese archivo a la impresora, la información de la licencia se perdió, incluyendo la fuente de la creación – el autor, o cualquier forma de contactarlo. La impresión física no posee ninguna información respecto a la licencia, y aunque algunas plataformas han provisto algunas soluciones, como “Print Thing Tags” de Thingiverse, estas soluciones sólo tienen sentido para algunos objetos (ej: figurines), pero no para otros (ej: caravanas). Así que, ¿cómo se puede ver la fuente de un objeto impreso en 3D bajo derechos de autor, para poder darle crédito, imprimir tu propia versión o repetir el diseño original? ¿Cómo se puede cumplir con el requerimiento de atribución de las licencias CC, si es que en verdad es requerido legalmente?

3d atribucion 3

 

Imaginemos una forma standard de atribuir y ver la fuente de los objetos impresos por 3D

Dado el momento y el interés por el movimiento de impresión 3D, creemos que es mucho más probable que la estandarización se adopte ahora -este año-, más que en una fecha futura. Queremos estar seguros de que cualquier norma que se establezca sea descubrible (legible para máquinas), usable (amigable con el usuario), y generalmente adoptada (aprobada por la comunidad 3D). También queremos asegurarnos que la información detrás de cada atribución no se pierda, sino que se indexe en un registro o en una base de datos, para en un futuro cercano poder escanear un objeto 3D y no sólo obtener su fuente e información de licencia, sino también para ver sus derivados y cualquier modelo comercial asociado a él.

La esperanza es que cualquier standard para impresión en 3D pueda también adaptarse a distintos campos donde también hay objetos físicos asociados a sus atribuciones digitales (por ejemplo, libros), pero de momento, nos concentramos en las necesidades de la comunidad de impresión en 3D.

 

¿Por dónde empezamos?

Para empezar, hemos trazado las problemáticas básicas y preguntas legales que necesitamos considerar, para así poder empezar la investigación, ver más abajo.

La versión TL;DR (versión abreviada de la investigación): investigaremos y documentaremos los fundamentos básicos de la impresión 3D, incluyendo el averiguar qué tipos de contenido están en realidad sujetos a derechos de autor. Aprenderemos más sobre cómo las licencias CC son usadas en la comunidad 3D: ¿qué y cómo los usuarios están licenciando? ¿cómo están actualmente acreditando y agregando información acerca de la fuente? También exploraremos las implicancias políticas de alentar la atribución como norma social incluso cuando no es requerida porque no aplican los derechos de autor.

 

Preguntas de investigación en detalle

Aspectos básicos sobre cómo funciona la impresión 3D

  • Descomponer el/los proceso/s de impresión 3D más comunes, desde la concepción de la idea a la creación del objeto físico, incluyendo los tipos de archivos involucrados (ejemplo: archivos CAD), explicaciones técnicas sobre los procesos que ocurren en la impresora 3D, etc.
  • ¿Cuán frecuentemente las licencias CC son aplicadas a este dominio? ¿Cuán a menudo son cumplidas?
  • ¿Cuáles son las técnicas para dar crédito e identificar la fuente en la impresión 3D? ¿Reglas generales para Compartir-Igual?

Rol de los derechos de autor en impresión 3D

  • En el proceso de impresión 3D, ¿qué archivos digitales y objetos físicos se encuentran bajo derechos de autor y por qué? ¿Cuáles no?
  • ¿Cuáles son las limitaciones a los derechos de autor y su uso en estos casos, y cómo podría(n) ser aplicado(s)? (ej: leyes de propiedad)
  • Esquema de la jurisprudencia pertinente (Estados Unidos e internacional).
  • ¿Cuándo están los derechos de autor, en cualquiera de esos objetos, potencialmente implicados con el proceso de impresión 3D?
  • Aun cuando ocurra adaptación o copia, ¿cuáles excepciones o limitaciones se deben aplicar? (ej: uso justo, test de divisibilidad)
  • Esquema de jurisprudencia pertinente (Estados Unidos e internacional)

Implicaciones políticas a considerar al iniciar la investigación sobre derechos de autor en la impresión 3D

  • Aun si la atribución no es legalmente requerida, la standarización de la atribución, ¿promovería la expansión de los derechos de autor (o sería percibida a nivel público como una expansión)?
  • Si los derechos de autor no son aplicables, ¿cuál es, o debiera ser, el rol de CC en este espacio?

Michael Weinberg y Public Knowledge han generado una gran investigación base para estas preguntas. Sean bienvenidos los links de otras investigaciones existentes. Puede que también exista investigación académica a la que -irónicamente- no tenemos acceso, así que cualquier información será de ayuda.

 

Queremos tu input

Al mismo tiempo que estamos llevando a cabo la investigación legal, estaremos ayudando a organizar una reunión inicial con expertos 3D en derecho, diseño y tecnología, incluyendo plataformas que permiten el hosting y distribución de diseños 3D licenciados bajo CC. Compartiremos nuestro pensamiento inicial y esquemas para prototipos a partir de esta reunión, reuniremos el feedback de nuestra comunidad y luego lo replicaremos para desarrollar prototipos que puedan ser testeados en ciertas plataformas. La meta no es producir algo que sea técnicamente perfecto, sino algo que la comunidad adopte y acepte fácilmente.

Nos gustaría escuchar tu opinión sobre todo lo que explicamos en este post. ¿Qué nos falta en cuanto a preguntas políticas y legales? ¿Cuáles son algunas soluciones técnicas que las plataformas ya están usando que deberíamos considerar? ¿Quién debería estar involucrado que no estamos vinculando? Y finalmente, pero no menos importante, ¿cuáles son tus prácticas e ideas como usuario? Por favor, contáctanos directamente o a través de nuestra cc-community list. Estamos recién empezando.


Las imágenes de este artículo provienen del artículo BY-3D? Creative Commons Attribution and 3D Printing de Michael Weinberg y se encuentran licenciadas con CC BY SA.

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La reforma de la ley de “Derechos de Autor” – Por Cristina Dartayete

Equipo de CC Uruguay, abril 27th, 2016

Publicamos el siguiente artículo escrito por Cristina Dartayete. La Dra. Dartayete es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual desde 2011 hasta 2014 y directora técnica de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial entre 2005 y 2010.


La reforma de la ley de “Derechos de Autor”

La protección de los “derechos de autor” se encuentra comprendida jurídicamente dentro de una categoría más amplia de derechos que son los derechos de propiedad intelectual. Estos derechos van a ser consagrados legislativamente a partir de la consolidación del régimen capitalista a nivel mundial y comprenden a los derechos de propiedad industrial que surgen precisamente con la revolución industrial: las marcas y las patentes, y los derechos de autor, protección surgida a partir de la movilización de algunos autores franceses como Víctor Hugo. Luego estos derechos van a ser consagrados universalmente –a fines del siglo XIX– en dos tratados hoy administrados por las Naciones Unidas: el Convenio de París para la propiedad industrial y el Convenio de Berna para los derechos de autor. Por tratarse de bienes inmateriales, no rivales (que pueden ser usados por varias personas a la vez), su protección ha consistido en la concesión de monopolios por parte de los Estados.

A medida que el comercio de estos bienes intangibles aumentó en valor, los estados centrales lo llevaron al viejo GATT, hoy OMC y consagraron en 1994 un Tratado que los recoge, el ADPIC o TRIPS, con una diferencia medular frente a los anteriores tratados: es vinculante para los países signatarios, lo que obligó a cambiar las legislaciones nacionales para adecuarse a él, so pena de imponérsele sanciones a aquellos países que no cumplieran. Este Tratado –si bien consagra altos estándares de protección– también prevé excepciones a los efectos de que los Estados –de acuerdo a sus necesidades económicas y culturales– puedan adoptarlas en salvaguarda de los intereses de los más necesitados o vulnerables. Estas excepciones tienen como objeto lograr un equilibrio entre los derechos monopólicos de los titulares y la posibilidad de acceso de los usuarios de los bienes (ej. acceso a los medicamentos, acceso al conocimiento y la cultura, acceso a los alimentos).

Uruguay modificó sus leyes de marcas y patentes en 1998 y 1999 respectivamente, tomando todas las excepciones que el Tratado le permitía. Por ejemplo, en materia de patentes, previó: excepciones, todas las formas de las licencias obligatorias para ser utilizadas en los casos de necesidad pública y las importaciones paralelas. En materia de semillas (nueva forma de protección del derecho de propiedad intelectual, los cultivares) se previó la excepción del agricultor. Sin embargo, en el año 2003 cuando se adecuó la ley de derechos de autor, no se tomaron en cuenta aquellas excepciones que los Tratados preveían para ser usadas por los Estados. Asimismo, esta modificación consagró la cesión automática de derechos de los autores de videojuegos y programas de ordenador a los empresarios, obviamente en detrimento del derecho de los autores. La ley así se convirtió de una ley de derechos de autor de cuño continental donde el beneficiario de la ley era el autor, en una ley de copyright, donde los beneficiarios son los empresarios: editores, empresas fonográficas, industria del entertainment, comercializadores de software, etc.

La reforma planteada por la FEUU viene precisamente a llenar ese vacío legal, autorizada internacionalmente por todos los tratados suscritos por el país y absolutamente necesaria para empezar a equilibrar la balanza entre monopolio y derecho al acceso al conocimiento y la cultura. El proyecto de reforma oportunamente llevado adelante por el Consejo de Derechos de Autor, con el asesoramiento del experto chileno Luis Villarroel, sin lugar a dudas, debería también ser tomado en cuenta a los efectos de empezar a subsanar los desequilibrios generados a partir de la ley del año 2003.

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Música Libre Uruguay – Entrevista en Radio Sarandí

Equipo de CC Uruguay, enero 10th, 2016

El 8 de enero Gustavo Insúa entrevistó a Salvador García, miembro del equipo de Creative Commons Uruguay, y a Raúl Garrido, de Estampita Records, en el programa “Al pan pan” de Radio Sarandí. La entrevista giró en torno al proyecto Música Libre Uruguay, lanzado hace algunas semanas, que incluye un catálogo de música uruguaya con licencias Creative Commons que se puede escuchar y compartir de manera libre y gratuita. Salvador y Raúl respondieron preguntas sobre el licenciamiento libre, la producción musical independiente y la necesidad de que las viejas instituciones se adapten a las nuevas formas de producir y escuchar música.

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Informe: Impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, diciembre 18th, 2015

Compartimos con ustedes el reporte “Impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos en Uruguay”, elaborado por el equipo de CC Uruguay para el informe “Derechos Humanos en el Uruguay” que elabora todos los años SERPAJ. Agradecemos la invitación que nos hizo SERPAJ para desarrollar aspectos importantes del derecho humano a tomar parte en la vida cultural, los cuales se ven obstruidos por la inapropiada restrictividad de la ley uruguaya de derecho de autor. Pueden leer el informe a continuación o descargarlo en su versión pdf.

 


 

Impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos en Uruguay

En Uruguay, la investigación y la práctica relacionadas con la propiedad intelectual en general, y con el derecho de autor en particular, han estado históricamente enfocadas desde una perspectiva sectorial y empresarial. La redacción y la aplicación de la ley de derecho de autor, y de otras leyes relacionadas, han estado guiadas tradicionalmente por los intereses de las sociedades de gestión de derechos, así como por cámaras empresariales vinculadas al sector editorial, discográfico, audiovisual y, más recientemente, informático.

La ley de derecho de autor otorga un monopolio temporal sobre las obras intelectuales a sus autores, quienes, a su vez, por lo común ceden los derechos a actores empresariales o institucionales. Bajo el ámbito de esta ley se encuentran desde las canciones de moda hasta los trabajos académicos, desde las obras de arte a los programas de computación, desde los textos literarios hasta los materiales educativos. Toda producción del dominio de la inteligencia, tal como se indica explícitamente en nuestra legislación, está regida por el derecho de autor.

Dada la extrema amplitud de la legislación de derecho de autor, la cual regula no solo las relaciones entre los autores y las empresas cesionarias, sino también una parte importante de las condiciones de acceso de la población a la cultura y al conocimiento, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de incluir en la redacción y en la aplicación de esta ley principios relacionados con el interés público. En concreto, analizar la ley de derecho de autor uruguaya desde una perspectiva de derechos humanos tiene la potencial ventaja de sacar a la luz un pilar históricamente negado u olvidado: el de los usuarios de la cultura, los lectores, los espectadores, los estudiantes, los autores independientes, las bibliotecas y otras instituciones culturales relacionadas con el acceso al patrimonio cultural. En otras palabras, el marco internacional de derechos humanos brinda un apoyo teórico y práctico de gran solidez para equilibrar el debate sobre una legislación históricamente guiada por los intereses de una pequeña elite, poniendo sobre la mesa la función social del derecho de autor.

En marzo de 2015, la Relatora Especial sobre los derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos donde estudia el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, tal como se consagra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.1 En dicho informe la relatora de derechos culturales pone de relieve la necesidad de garantizar la compatibilidad de la legislación de derecho de autor con los derechos humanos. Señala un número importante de problemas en la legislación internacional actual y realiza recomendaciones para que los regímenes de derecho de autor no interfieran con el derecho a la ciencia y a la cultura.

Para el presente informe sobre la situación en Uruguay adoptaremos el enfoque de la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU. Adoptar una perspectiva de derechos humanos para estudiar la legislación de derecho de autor uruguaya implica tomar en consideración, entre otros aspectos, el derecho a la educación, el derecho a la ciencia y a la cultura, y la libertad de expresión. Un derecho especialmente relevante en esta discusión es el derecho a la cultura, que implica tanto el derecho de todas las personas a acceder, disfrutar y participar en la vida cultural, como el derecho de los autores a ser reconocidos por sus obras y a gozar de una vida digna. La perspectiva de derechos humanos se basa en la búsqueda teórica y práctica de un equilibrio justo entre los distintos derechos contemplados, toda vez que existieren tensiones entre ellos. Así, ni el derecho a la autoría ni el derecho al acceso a la cultura son derechos absolutos ante los cuales cesa toda otra consideración, sino que es necesario abordarlos a la luz de sus interacciones, de los contextos locales y de los recursos disponibles.

El derecho a la educación

En el contexto uruguayo, uno de los problemas más preocupantes generados por la ley de derecho de autor se relaciona con el derecho a la educación. A fines de 2013 este problema cobró especial visibilidad, cuando un operativo policial de grandes proporciones contra el fotocopiado de materiales de estudio dio como resultado el arresto de 32 personas y el cierre de los locales de fotocopias cercanos a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El operativo, realizado en época de exámenes, provocó dificultades serias para el acceso de los estudiantes a los textos obligatorios de las materias.

Según un estudio llevado a cabo en 2013 en la Universidad de la República, el 40% de los estudiantes universitarios encuestados declararon que no pueden acceder a textos obligatorios, mientras que el 57% dijo que la compra de libros de texto universitarios le insumía una parte significativa de su presupuesto.2

El acceso a la educación superior es parte del derecho a la educación establecido en el marco internacional de derechos humanos. Pero el acceso a la educación no implica únicamente la posibilidad de matricularse en las instituciones de enseñanza, sino también el acceso a los materiales educativos que le permiten al estudiante desarrollarse como individuo. Más aún, el acceso a los materiales de estudio es un factor que incide de manera relevante en el ingreso y la permanencia en el sistema educativo, siendo los estudiantes de menores recursos los más afectados por el gasto en materiales educativos con derechos de autor.3

A diferencia de otros países, la legislación uruguaya no prevé excepciones al derecho de autor para la utilización de obras con fines educativos. Las excepciones y limitaciones al derecho de autor son herramientas legales de gran importancia para atender derechos humanos. Uruguay cuenta con una lista breve y desactualizada de limitaciones y excepciones, redactada en 1937 y no revisada integralmente desde entonces. Mientras en el ámbito internacional Uruguay ha apoyado el debate para que los países adopten de manera mandatoria limitaciones y excepciones en beneficio de la educación y las bibliotecas, a nivel local ha habido una notoria ausencia de legislación en este asunto.

Las reproducciones de fragmentos de libros y la compilación de textos de estudio, incluso cuando estos se realizan sin fines de lucro y dentro del ámbito institucional educativo, son actualmente delitos penales en nuestro país. Lo que en otros países se reconoce como un derecho de los ciudadanos, en Uruguay es objeto de sanciones penales. En cuanto al préstamo bibliotecario, si bien es una práctica ampliamente aceptada, tampoco está amparada por la ley de derecho de autor. Si bien no se conocen casos en Uruguay donde se haya perseguido el préstamo bibliotecario, ese riesgo existe y en países como España se ha concretado, obligando a las bibliotecas a pagar un canon por préstamo público.

En particular, en lo referido a las bibliotecas, la gran mayoría de sus actividades no es legal en Uruguay. No solo el préstamo público, sino también las copias para preservación, el fotocopiado de fragmentos de textos, el préstamo interbibliotecario y la reproducción digital de obras para colocar en las computadoras de la institución, entre otras prácticas, constituyen infracciones a la ley de derecho de autor.

El derecho a la cultura

Las bibliotecas son instituciones clave para la concreción no solo del derecho a la educación, sino también del derecho a la cultura, dado que además de brindar acceso a materiales de estudio, también facilitan textos científicos, técnicos y literarios, entre otros. El derecho a la cultura no se limita a aquellas manifestaciones culturales destinadas a fines utilitarios, sino que también incluye el disfrute del arte culto y de la cultura popular, como manifestaciones que aportan al desarrollo de la personalidad individual y a la inserción comunitaria. El rol de las bibliotecas para el acceso a la cultura es especialmente relevante en el interior de Uruguay, donde el mercado de productos culturales es escaso e insatisfactorio. Junto con las bibliotecas, en la última década los centros MEC también han tenido un rol relevante en el acceso a la cultura en el interior del país, realizando tareas de alfabetización digital y brindando conexión a Internet.

Una medida positiva para el acceso igualitario a la cultura ha sido la ratificación por parte de Uruguay en 2014 del Tratado de Marrakech. Este tratado internacional establece una excepción al derecho de autor mandatoria para los países firmantes, con el objetivo de facilitar el acceso a las obras a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Si bien la ratificación del Tratado de Marrakech es un paso importante, deberá acompañarse de una reglamentación adecuada y de acciones concretas por parte del Estado uruguayo para que las personas con discapacidades puedan acceder efectivamente a los textos impresos sin restricciones. Esto puede lograrse con el apoyo de tecnologías digitales y de plataformas online.4

A la luz de las posibilidades que brindan los nuevos medios digitales para la concreción del derecho a la cultura, una de las necesidades importantes para el futuro de la regulación de derecho de autor es la aceptación progresiva del intercambio y del acceso a la cultura sin fines de lucro en Internet. Un problema crítico que plantea la actual ley de derecho de autor en relación al derecho a la cultura es la penalización de la copia y del intercambio de obras sin fines de lucro. Tanto el intercambio de archivos entre pares como la digitalización de obras de interés patrimonial son ilegales. Incluso la copia para uso personal, es decir, aquella copia que se hace por única vez para cambiar de soporte un texto, una canción o un video, ya sea con el objetivo de trasladarla a otro dispositivo o simplemente como respaldo, es ilícita.

Lo más preocupante, sin embargo, es que tales ilícitos no acarrean solamente el riesgo de afrontar responsabilidad civil, sino también un castigo penal que, para el caso de las infracciones sin fines de lucro y sin intención de perjudicar al titular del derecho, llega a una multa de 1500 unidades reajustables o prisión equivalente. En pocas palabras, la infracción al derecho de autor es el delito que cometemos todos. Comportamientos habituales y socialmente aceptados constituyen conductas tipificadas como delitos penales. Esta situación pone en riesgo las garantías básicas de los ciudadanos, dado que los delitos que cometen todas las personas son especialmente aptos para la aplicación discrecional del poder represivo del Estado. En Uruguay abundan ejemplos de tal aplicación selectiva de la ley. En algunos casos notorios, como el de las fotocopias, ha habido un fuerte interés del sector editorial por brindarle a la opinión pública un ejemplo aleccionador. En otros casos, la denuncia penal o la amenaza de denuncia se han utilizado como formas de acoso o intimidación, e incluso se han llegado a usar como modelo de negocio para captar clientes en el sector informático y en el de la televisión por cable.

La duración del derecho de autor y el régimen de dominio público también tienen implicancias sobre el acceso al patrimonio cultural. En la actualidad, el derecho de autor tiene en Uruguay un plazo que abarca la vida del autor y 50 años posteriores a su muerte. En 2013, a petición de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura incluyó dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas el artículo 218, que pretendía extender el plazo de derecho de autor a 70 años post-mortem. El aumento del plazo en 20 años habría devuelto al dominio privado una enorme cantidad de obras que ya se encontraban en dominio público, con el correspondiente impacto sobre el acceso al patrimonio cultural.5 El artículo 218 generó amplio rechazo en el ambiente cultural, tras lo cual el MEC retiró la propuesta legislativa y convocó a un debate ciudadano sobre derecho de autor y acceso a la cultura. Este proceso, concretado en noviembre de 2013 en las conferencias ciudadanas Sumar, brindó espacio a actores diversos, incluyendo, además de la presencia de las sociedades de gestión de derechos de autor y las cámaras empresariales, las perspectivas de derechos humanos y del interés público. De este debate surgieron, a modo de síntesis, interesantes recomendaciones legislativas y de política pública. El resultado del proceso fue recopilado en un libro sobre la temática.6

En cuanto al dominio público, es decir, el conjunto de obras cuyo derecho de autor ha expirado, Uruguay es uno de los pocos países que tiene un sistema de dominio público pagante. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del mundo, donde las obras en dominio público son de uso libre, en Uruguay su utilización, si bien no requiere permisos, está sujeta al pago de una tarifa fijada por el Consejo de Derechos de Autor, un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Esta tarifa ha sido establecida, por lo general, en valores equivalentes a los aplicados para las obras en el dominio privado. El dominio público pagante implica una barrera económica importante para el uso del patrimonio cultural. En los hechos, es una pesada carga que dificulta principalmente las interpretaciones y ejecuciones musicales, así como la puesta en escena de obras teatrales. Si bien hasta el momento esta tarifa no se ha aplicado sobre el uso de obras en dominio público en Internet, el riesgo de que esto ocurra está presente, lo cual actúa como un factor disuasorio para cualquier iniciativa que busque disponibilizar el patrimonio cultural en línea.

La libertad de expresión

Así como la legislación de derecho de autor de Uruguay plantea tensiones evidentes con el derecho a la educación y el derecho a la cultura, la libertad de expresión también se ve excesivamente afectada por la normativa vigente. La libertad de expresión no se limita a las opiniones políticas sino que abarca todo tipo de ideas, incluyendo la expresión artística y las ideas sobre cualquier asunto de interés personal o comunitario.

La ley de derecho de autor uruguaya, sin embargo, no cuenta con un elemento clave para la libertad de expresión, como lo es una excepción para la parodia. Numerosos países admiten la reutilización de obras intelectuales o de fragmentos de ellas con fines paródicos. Esta excepción al derecho de autor tiene una larga tradición, basada en que la sátira y la parodia son procedimientos ampliamente reconocidos para la expresión de ideas de todo tipo. En Uruguay, quien desea utilizar una obra para parodiarla, debe pedir permiso al autor de dicha obra o arriesgarse a una sanción penal. Esta obligación es especialmente inadecuada, en la medida que la expresión paródica tiene verdadero sentido si se la protege contra la voluntad del autor parodiado.

Pero la reutilización de obras y materiales culturales como vehículo para la libertad de expresión no acaba en la parodia. En las últimas dos décadas el procedimiento del pastiche y la cultura del remix han tenido un auge muy marcado gracias al abaratamiento de los dispositivos digitales y la masificación de Internet. Estas prácticas son parte de la forma de vida de las generaciones más jóvenes. Los memes, la fan fiction y los mashups, entre muchas otras variedades de remezcla creativa, son expresiones contemporáneas de la creatividad humana, y en tal sentido son tan merecedoras de protección como cualquier otra expresión. La ley de derecho de autor podría reflejar esta realidad ya sea mediante excepciones y limitaciones que contemplen el derecho al remix, o a través de una cláusula de usos justos que abarque, entre otras cuestiones, la libertad de expresión.

Proyecto de ley

Los allanamientos de 2013 a los locales de fotocopias generaron una fuerte reacción en la comunidad universitaria. En particular, la Federación de Estudiantes Universitarios emitió una declaración condenando el procedimiento judicial y reclamando el acceso libre a materiales de estudio. El Centro de Estudiantes de Derecho, por su parte, lanzó una campaña de firmas con el objetivo de modificar la ley de derecho de autor para facilitar el acceso a los materiales. La campaña alcanzó en poco tiempo diez mil firmas, tras lo cual se le entregó un anteproyecto de ley al entonces vicepresidente Danilo Astori. El anteproyecto se convirtió en proyecto a mediados de 2014 con la firma de diputados de todos los partidos con representación parlamentaria, recibiendo también el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil. No obstante, restando pocos meses para la finalización del período parlamentario, el proyecto no logró salir de la Comisión de Educación y Cultura para ser tratado en la cámara, siendo archivado al final del período parlamentario.

En julio de 2015, dicho proyecto fue presentado nuevamente, esta vez en la Cámara de Senadores, con la firma de un nutrido grupo de senadores del Frente Amplio. Es de esperar que en esta oportunidad el proyecto corra mejor suerte.

El proyecto a estudio del parlamento reúne algunas de las demandas de la comunidad universitaria para facilitar el acceso a materiales de estudio. Habilita copias parciales de obras en los establecimientos educativos, se legalizan las copias para uso personal y se reconocen algunas prácticas propias de la función de las bibliotecas, como las copias para preservación, las copias de fragmentos de obras para los usuarios, las reproducciones electrónicas para la consulta en computadoras de la institución y la traducción de obras indisponibles en castellano. Por último, se eliminan las sanciones penales para las infracciones sin fines de lucro, permaneciendo la vía de reclamo civil.

El proyecto de ley es una iniciativa promisoria, que da cuenta de varios de los problemas mencionados en este artículo. Sin embargo, al estar centrada únicamente en la problemática educativa, deja de lado algunos de los aspectos señalados en este informe respecto al derecho a la cultura y a la libertad de expresión. El préstamo bibliotecario, la derogación del dominio público pagante, el reconocimiento de las prácticas de intercambio de materiales culturales sin fines de lucro en Internet, el derecho a la parodia, el derecho a realizar remixes y reversiones, y una cláusula general de usos justos, son algunas de las nociones que podrían enriquecer el proyecto de ley, para lograr avances significativos en materia de derechos humanos.

Políticas públicas

De manera complementaria a la reforma de la ley de derecho de autor, es necesaria una actitud proactiva del Estado uruguayo en la implementación de políticas públicas para promover el libre acceso a las investigaciones, las bases de datos, las obras culturales y los materiales educativos financiados con fondos públicos, en particular mediante la adopción de licencias Creative Commons. Hasta el momento las iniciativas de este tipo realizadas por organismos públicos en nuestro país son pocas e incipientes, pero guardan un potencial democratizador muy importante. Desde una perspectiva de derechos humanos, es fundamental que el Estado adopte una política integral de libre acceso a las creaciones intelectuales financiadas por el conjunto de la sociedad.

Comentarios finales

La legislación de derecho de autor en Uruguay no solo plantea dificultades importantes para una concreción más plena del derecho a la educación, el derecho a la cultura y la libertad de expresión, sino que también ha fallado históricamente en brindar medios de vida a los autores. En Uruguay, apenas un puñado de músicos y prácticamente ningún autor de otra disciplina pueden vivir de las regalías por derecho de autor. Más aún, estas regalías están distribuidas de manera extraordinariamente desigual entre el universo total de autores, concentrándose desproporcionadamente en unas pocas estrellas, en detrimento de los autores menos famosos. En otras palabras, la ley de derecho de autor no está resultando efectiva para recompensar a los creadores y, sin embargo, está poniendo barreras excesivas para el ejercicio de otros derechos humanos. Es necesario por tanto avanzar hacia una reformulación de esta ley. Esta reformulación debe cumplir un objetivo doble: por un lado, debe incluir una perspectiva de derechos humanos que la lleve a tomar en cuenta el acceso a la cultura, el derecho a la educación y la libertad de expresión, y por otro lado, debe proteger de manera más efectiva a los autores en su relación con los intermediarios de la cultura.

Como ya dijimos, la perspectiva de derechos humanos no afirma la existencia de derechos absolutos, sino que, ante las posibles tensiones entre derechos, busca equilibrar las necesidades e intereses legítimos que están en juego. Por tanto, una reforma del derecho de autor con perspectiva de derechos humanos no apunta, de ninguna manera, a negar el derecho a la autoría. Más bien, apunta a flexibilizar la norma, adaptarla a las nuevas prácticas culturales y establecer excepciones razonables para cubrir necesidades sociales. Apunta a alcanzar una ley menos restrictiva y menos represiva, que no criminalice las prácticas cotidianas de acceso a la cultura, que sea una herramienta válida y respetada para promover el desarrollo de las artes y las ciencias, que empodere a los autores comprendidos en sentido amplio, así como a las instituciones culturales, a los estudiantes y a los usuarios de la cultura en general.

 

* Informe elaborado por el equipo de Creative Commons Uruguay

1 Shaheed (2014). Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Farida Shaheed. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Consejo de Derechos Humanos, ONU. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/249/54/PDF/G1424954.pdf?OpenElement

2 Rodés y Pérez Casas (2013). Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. ProEVA, CSE, Udelar.

3 Rodés et al. (2014). Propuesta de investigación. Acceso al conocimiento en Educación Superior: Ecosistemas de contenidos y bibliotecas ocultas. CSIC, Udelar.

4 Gemetto (2014). Implementación del Tratado de Marrakech: oportunidades y desafíos. Revista Pillku. Disponible en: http://www.pillku.com/article/implementacion-del-tratado-de-marrakech-oportunida/

5 Sobre el impacto concreto que habría tenido esta medida, ver Creative Commons Uruguay (2015). El daño que no fue: análisis de los efectos perjudiciales del aumento de plazos de derecho de autor, en base a datos preliminares sobre dominio público en Uruguay. Disponible en: http://www.creativecommons.uy/el-dano-que-no-fue-analisis-de-los-efectos-perjudiciales-del-aumento-de-plazos-de-derecho-de-autor-en-base-a-datos-preliminares-sobre-dominio-publico-en-uruguay/

6 Bicentenario Uruguay, MEC (2015). Sumar en derecho de autor y acceso a la cultura. Disponible en http://www.sumar.gub.uy/libro-sumar-2013/

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Panel sobre reforma del derecho de autor

Equipo de CC Uruguay, noviembre 12th, 2015

En el marco de la Semana de la Música Libre, el 10 de noviembre desde Creative Commons Uruguay organizamos un panel sobre la reforma del derecho de autor en Uruguay.

El panel reunió a organizaciones sociales con el fin de darle impulso al proyecto de ley que actualmente se encuentra a estudio del Parlamento. Dicho proyecto incorpora excepciones y limitaciones al derecho de autor para facilitar el acceso a la educación y a la cultura.

Los panelistas fueron Florencia Ualde, del Centro de Estudiantes de Derecho, organización que impulsó el presente proyecto de ley; Patricia Díaz, abogada de Creative Commons Uruguay; Carina Patron, miembro de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay; Cristina Dartayete, coordinadora de la Red de Propiedad hasta 2014; y Julio Battistoni, diputado por el Frente Amplio. La moderadora fue Mariana Fossatti, de Creative Commons Uruguay. A continuación compartimos los videos de las presentaciones. Read More…

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Contra la privatización del patrimonio fotográfico en Argentina

Equipo de CC Uruguay, octubre 2nd, 2015

Estas fotos van a desaparecer

Las organizaciones abajo firmantes hacemos saber nuestra preocupación por el proyecto de ley que aumenta en Argentina el plazo de derecho de autor de las fotografías.

En Argentina actualmente las fotografías entran en dominio público 20 años después de publicadas. El proyecto de ley presentado por los diputados nacionales Liliana Mazure, Gloria Bidegain, Susana Canela, Gastón Harispe, Héctor Recalde y Eduardo Seminara, busca extender el plazo de derecho de autor de las fotografías hasta los 70 años posteriores a la muerte del autor.

Comprendemos y nos parece loable la intención de proteger a los trabajadores de la cultura. La falta de protección que sufren estos trabajadores en su quehacer cotidiano es un problema largamente conocido que necesita ser abordado de manera multidimensional, para asegurar contratos justos, ingresos acordes y seguridad social, en línea con los derechos conquistados por los trabajadores de otros sectores.

Sin embargo, esto no es lo que el proyecto de ley actual propone. Por el contrario, la ampliación del plazo de monopolio sobre las fotografías desatiende los problemas centrales de la profesión, no redunda en beneficios para los fotógrafos y, de manera añadida, lesiona el interés general de acceder a la cultura y a la memoria histórica.

Es bien conocido que en la mayoría de los casos los titulares de las obras fotográficas no son los autores, sino los editores y los medios de comunicación a quienes ellos las ceden. Al extender el plazo del monopolio sobre las obras fotográficas, los principales beneficiarios serán, por tanto, las empresas titulares de los derechos. De este modo, el proyecto no guarda relación con el objetivo de garantizar un nivel de vida digno a los creadores.

Las fotografías, más que otros materiales culturales, guardan un especial interés público, dado que dan cuenta de los procesos históricos y culturales de una sociedad. Representan las costumbres de épocas pasadas, fijan en la memoria colectiva sucesos históricos y retratan a sus personajes principales. La indisponibilidad de las imágenes del pasado dificulta el ejercicio de la memoria histórica afectando el interés común de la sociedad.

De aprobarse el proyecto de ley, miles de imágenes de Argentina deberán ser eliminadas de Internet y de otros lugares donde estén a disposición del público, dado que la extensión del plazo operará retroactivamente. En caso de no retirar las fotografías, las instituciones y personas que las pongan a disposición podrían enfrentar procesos civiles y penales.

Entre las entidades afectadas por el proyecto de ley se encuentran los museos, archivos y bibliotecas públicas y populares, que cada vez más frecuentemente digitalizan sus acervos y los ponen a disposición de la ciudadanía en Internet. Proyectos como la biblioteca digital Trapalanda, de la Biblioteca Nacional, y los esfuerzos de digitalización y puesta a disposición del Archivo General de la Nación de Argentina van a verse severamente afectados por la medida, debiendo retirar grandes cantidades de fotografías del acceso abierto y público en Internet.

Otra de las iniciativas que más sufrirá será Wikipedia, la enciclopedia comunitaria y sin fines de lucro a través de la cual todos actualmente accedemos al conocimiento de manera libre y gratuita. Miles de fotografías de Argentina que ilustran artículos enciclopédicos de enorme importancia deberán ser eliminadas, afectando principalmente a los usuarios que día a día utilizan Wikipedia para acceder al conocimiento y aprender.

Por último, la demora en la entrada en dominio público de las obras fotográficas plantea dificultades para la preservación de las mismas. Para preservar fotografías es necesario poder realizar copias y distribuirlas de modo eficaz, lo cual bajo este proyecto de ley será imposible a menos que se cuente con la autorización expresa del autor. Más que con ningún otro formato de obra, las fotografías tienden especialmente a convertirse en obras huérfanas, es decir, que se vuelve imposible localizar a sus autores. A la luz de esta dificultad habitual, la extensión del plazo de derecho de autor desde 20 años post-publicación a 70 años post-mortem impondrá sobre los esfuerzos de preservación una enorme barrera.

En definitiva, el proyecto actual afectará el acceso a la cultura y la preservación de la memoria histórica, dificultará el trabajo de las instituciones culturales y, en lugar de beneficiar a los fotógrafos, favorecerá a las empresas intermediarias, desatendiendo las soluciones reales que los trabajadores culturales necesitan.

Las organizaciones firmantes les pedimos a los legisladores de Argentina que retiren el proyecto de ley y que abran un debate público tendiente a mejorar las condiciones generales para la circulación de los bienes culturales en Argentina.

Firmantes:

Acceso Libre – Venezuela
ACI-Participa – Honduras
Ártica – Centro Cultural Online – Uruguay
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones – Internacional
Asociación por los Derechos Civiles – Argentina
Avellaneda Libre – Argentina
BaixaCultura – Brasil
Casa13 – Argentina
CasaFractal – Colombia
Colectivo de Fotografía Las Niñas – Chile
Colectivo Espika – Uruguay
Creative Commons Argentina
Creative Commons Colombia
Creative Commons Uruguay
Circuito Cultural Cono Sur, NODO Cba. (CCCS)
Derecho a la Cultura – Uruguay
Derechos Digitales – Chile
El eje: creatividades colaborativas – Colombia
Electronic Frontier Foundation – Internacional
FOSS Lawyers Institute – Ecuador
FotoLivre – Brasil
Fundación Imagen – Bolivia
Fundación Karisma – Colombia
Gráfica Libre – Internacional
HackLab Cochabamba – Bolivia
Hiperderecho – Perú
IPANDETEC – Panamá
Kino Graph Cine club – Colombia
Kinorama Producciones – Colombia
LibreBase Córdoba – Argentina
Medionegro – Argentina
MiSoL Misiones – Argentina
Periódico El Turbión – Colombia
Proyecto mARTadero – Bolivia
Public Knowledge – EUA
Red ECO – Chile
Red Panal – Argentina
Ruwashayku, Comunicación y Cultura – Perú
SADO Colectivo Fotográfico – Argentina
SuenaLibre – Chile
Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital – México
TEDIC – Paraguay
TeléfonoRoto – Colombia
Telartes – Bolivia
Vía Láctea Ediciones – Uruguay
Wikimedia Italia
Wikimedia Uruguay
Zuma Ecosistemas Culturales – Colombia

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Para saber más:

http://www.vialibre.org.ar/2015/09/28/preocupacion-por-proyecto-de-extension-de-propiedad-intelectual-para-fotografias/

http://www.wikimedia.org.ar/2015/09/29/wikipedia-se-puede-quedar-sin-fotos-de-la-historia-argentina/

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Historia de la regulación del derecho de autor en Uruguay: una visión crítica

Jorge Gemetto, septiembre 7th, 2015

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Fuente de la imagen: Wikipedia. CC BY SA.

 

Las primeras regulaciones sobre monopolios de impresión vigentes en el territorio uruguayo se remontan al período de la dominación española. Como en otras partes del mundo, el origen de estos monopolios en España y en sus colonias se encuentra en las disposiciones de censura con las cuales se buscaba controlar las publicaciones que circulaban. Estaba prohibida la impresión y la venta de libros y otras obras impresas sin contar con una licencia de la Corona. Así, el monopolio de impresión no era otra cosa que una merced real otorgada en forma de una licencia de impresión de libros. Las infracciones eran sancionadas con la quema de los ejemplares en la plaza pública, además de la imposición de una multa.

No obstante, por mucho tiempo estas regulaciones fueron abstractas en nuestro territorio, dado que la primera imprenta de la Banda Oriental operó recién en 1807 traída por los ingleses durante el breve período de la segunda invasión. Tres años más tarde, en 1810, llegó una nueva imprenta con la que comenzó a imprimirse la Gazeta de Montevideo.

En 1821, durante el breve período de la dominación portuguesa, entró en vigencia el decreto sobre la libertad de imprenta, el cual difería de las normativas españolas en que toda persona podía imprimir, publicar, comprar y vender cualquier libro o escrito sin censura previa. Los artículos 2 y 3 del decreto se referían explícitamente a los monopolios de impresión. Read More…

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