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Derecho de autor en el tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea: pocas mejoras y muchos retrocesos

Equipo de CC Uruguay, abril 8th, 2018

Por Timothy Vollmer. Publicado originalmente en inglés el 6 de abril de 2018 en creativecommons.org, bajo licencia CC BY.

Un borrador recientemente filtrado del tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea muestra pequeñas mejoras en el capítulo sobre propiedad intelectual. Parece que la extensión innecesaria e injustificada de 20 años de duración del derecho de autor ahora se elimina del acuerdo, y las partes han introducido cierta flexibilidad para que los usuarios eviten las medidas tecnológicas de protección con el fin de ejercer sus derechos. Pero en su mayor parte, las negociaciones continúan favoreciendo un mayor endurecimiento de los derechos de autor a expensas de las protecciones para los derechos de los usuarios y los bienes comunes. Como explicamos a continuación, las medidas para proteger el dominio público continúan diluidas, la disposición que requiere una compensación obligatoria -independientemente de que los creadores la quieran o no- se mantiene y la sección de excepciones y limitaciones al derecho de autor se reduce a un mínimo.

El año pasado, en colaboración con varios capítulos de nuestra red global, Creative Commons publicó un análisis que abarca diversos temas relacionados con el derecho de autor presentados en un borrador del capítulo de propiedad intelectual del tratado de libre comercio Mercosur-UE.

La Unión Europea (UE) y el Mercosur han estado negociando este tratado de libre comercio (TLC) desde el año 2000. El tratado es expansivo y se ocupa de aspectos tan dispares como el comercio de bienes industriales y agrícolas, cambios potenciales a las reglas que rigen a las pequeñas y medianas empresas, compras gubernamentales y disposiciones de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor y las patentes. En nuestro análisis del año pasado, examinamos cuestiones que afectarían el dominio público, la creatividad y el intercambio de conocimiento, así como los derechos de los usuarios en la era digital.

Las negociaciones del TLC entre el Mercosur y la UE tienen lugar en un entorno en el que se está definiendo de manera creciente la regulación de derecho de autor a través de acuerdos comerciales multilaterales. En nuestro informe, los principales puntos que discutimos fueron los siguientes:

  • los plazos de derecho de autor no deben extenderse,
  • los derechos de los usuarios deben protegerse expandiendo las limitaciones y excepciones al derecho de autor,
  • la remuneración obligatoria interfiere con el licenciamiento Creative Commons,
  • las medidas tecnológicas de protección no deben limitar el ejercicio de los derechos de los usuarios.

También recordamos el principio de sentido común según el cual las negociaciones de tratados comerciales deben ser transparentes e involucrar a la ciudadanía, no secretas y decididas a puerta cerrada.

Desde nuestro análisis del año pasado, ha habido dos nuevos borradores filtrados del capítulo sobre propiedad intelectual. Uno fue publicado por Greenpeace en diciembre de 2017 en base a la 28ª ronda de negociaciones. Otro fue publicado la semana pasada por el sitio web bilaterals.org, basado en el texto consolidado tal como quedó al final de la 32ª ronda de negociaciones que finalizó el mes pasado.

Como Jorge Gemetto escribió en el blog de la Asociación Communia, el borrador del capítulo de propiedad intelectual filtrado por Greenpeace reveló un gran desacuerdo entre las partes.

“Se advierte fácilmente que, mientras el interés de la Unión Europea es el de aumentar los plazos y áreas de protección de la propiedad intelectual, así como imponer nuevas sanciones penales para las infracciones, los países del Mercosur buscan evitar estándares más altos de propiedad intelectual, incorporar excepciones y limitaciones obligatorias al derecho de autor, y favorecer la identificación y protección del dominio público.”

Como lo advierte Gemetto, existe un gran desbalance entre el poder de negociación de cada parte, y la UE claramente tiene la ventaja. Estando la UE ya alineada con el marco restrictivo de propiedad intelectual “TRIPS Plus“, busca exportar a otros lugares estas medidas de incremento de la protección y su aplicación.

Finalmente, llegamos al borrador del capítulo de propiedad intelectual filtrado recientemente que publicó bilaterals.org. Hay algunos cambios importantes desde la versión publicada por Greenpeace.

La mención del dominio público se diluirá y quedará sepultada

La filtración de Greenpeace de diciembre de 2017 encontró que las partes discutían si (y cómo) debía mencionarse el apoyo al dominio público en el Artículo 4 (Principios). La UE propuso el texto: “Las Partes reconocen la importancia de un dominio público robusto, rico y accesible”, mientras que los países del Mercosur abogaron por: “Las Partes tendrán debidamente en cuenta la necesidad de preservar un dominio público robusto, rico y accesible, y cooperarán entre sí para identificar los diferentes materiales que han ingresado en dominio público”.

La versión de la UE ganó. El texto consolidado compartido por bilaterals.org ahora dice: “Las Partes reconocen la importancia de un dominio público robusto, rico y accesible”. Además, una nota en el documento mueve el texto de la sección “Principios” a la sección “Cooperación”.

La remuneración obligatoria permanece

La borrador anterior, publicado por Greenpeace, mostraba que las partes discutían si habría una remuneración obligatoria (Artículo 9.6) para los intérpretes, ejecutantes y productores de música. La UE quería que el texto dijera: “Las Partes otorgarán un derecho para garantizar que el usuario pague una única remuneración equitativa a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, si un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de dicho fonograma, se utiliza para la transmisión por medios inalámbricos o para cualquier comunicación al público.” El Mercosur quería que este derecho fuera opcional, sugiriendo que el texto dijera: “Las Partes pueden otorgar…”.

La versión de la UE ganó. El texto consolidado ahora dice “otorgarán”. Este cambio muestra un esquema que se repite en las negociaciones: las disposiciones que tienen que ver con la aplicación de la propiedad intelectual y la protección de los titulares de derechos son obligatorias (“deberán”), mientras que las disposiciones que beneficiarían a los usuarios y al interés público son solo opcionales (“pueden”). Este tipo de disposición interferiría con el funcionamiento de algunas licencias Creative Commons, exigiendo un pago incluso cuando la intención del autor es compartir su trabajo creativo con el mundo de forma gratuita.

La extensión del plazo de derecho de autor fue puesta en suspenso

El borrador filtrado por Greenpeace reveló que las partes continuaban discutiendo sobre el plazo de derecho de autor (Artículo 9.7). La UE quería la vida de autor + 70 años, mientras que el Mercosur quería la vida + 50 años.

El texto consolidado ahora dice “transcurrirá durante la vida del autor y no menos de 50 años o por 70 años cuando así lo disponga la legislación nacional de las Partes…”.

La versión del Mercosur ganó porque el texto indica que se aplicarán los términos nacionales existentes. Esta es una mejora significativa en el sentido de que no obliga a aumentar el plazo a los países que tienen un plazo más corto. Ampliar aún más los plazos de derecho de autor no hace nada por promover la creación de nuevas obras, e incluso exacerba los desafíos relacionados con los plazos extensos, como el problema de las obras huérfanas.

Las excepciones y limitaciones fueron reducidas al mínimo

La filtración de Greenpeace mostró que las partes discutían sobre el alcance de la sección sobre limitaciones y excepciones (Artículo 9.9). El Mercosur quería incluir una lista no exhaustiva de usos aceptables para ser cubiertos bajo limitaciones y excepciones, incluyendo la crítica, la cobertura de noticias, la enseñanza y la investigación.

Sin embargo, el texto consolidado publicado por bilaterals.org no incluye la lista no exhaustiva. En su lugar, esencialmente vuelve a apoyarse en el texto de la regla de los tres pasos (“Cada Parte establecerá excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos solo en ciertos casos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de derechos”).

La protección del derecho de autor y las medidas de aplicación de dicha protección siempre deben equilibrarse con consideraciones de interés público; en otras palabras, los derechos de los autores siempre deben limitarse, reconociendo y defendiendo los derechos de los usuarios en el ecosistema del derecho de autor. El texto consolidado solo proporciona una mínima consideración para los derechos de los usuarios.

Una cierta flexibilidad para ejercer los derechos bajo los esquemas de medidas tecnológicas de protección

Por último, la versión publicada por Greenpeace reveló que la UE estaba proponiendo un nuevo texto en torno a las medidas tecnológicas de protección (TPM, por sus siglas en inglés) (Artículo X.15). En ese borrador anterior, no se incluía ningún texto que autorizara a eludir las medidas tecnológicas para que un usuario pueda ejercer sus derechos bajo una excepción o limitación.

Sin embargo, el texto consolidado ahora incluye el siguiente texto: “Las Partes (UE: cuando sea permisible de conformidad con su legislación nacional) deberán (UE: podrán) garantizar que los titulares de derechos pongan a disposición del beneficiario de una excepción o limitación los medios para beneficiarse de esa excepción o limitación, en la medida necesaria para beneficiarse de esa excepción o limitación”. Por lo tanto, parece que habrá al menos alguna consideración legal para proteger la capacidad de los usuarios de eludir las TPM para ejercer sus derechos bajo una excepción o limitación.

Conclusión

Si bien es positivo que al menos las partes están llegando a la conclusión de renunciar a la extensión innecesaria del plazo de derecho de autor, la mayoría de los cambios en el texto consolidado muestran un persistente endurecimiento de la protección del derecho de autor, que favorece a los titulares de derechos a expensas de los usuarios y de los bienes comunes.

Además, las negociaciones siguen siendo esencialmente secretas y cerradas, con escaso conocimiento público salvo estas útiles filtraciones, y con pocas oportunidades para que la ciudadanía exprese sus preocupaciones. Es preciso reformar las negociaciones para apoyar plenamente un proceso que sea transparente, inclusivo y responsable.

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Cinco organizaciones increíbles que trabajan para proteger y expandir el dominio público

Equipo de CC Uruguay, enero 16th, 2018

Este post fue escrito por Timothy Vollmer para Creative Commons, y traducido y adaptado por Evelin Heidel en el blog Taller de Digitalización, en ambos casos bajo licencia CC BY.

“Grand Prize Winner” del concurso “GIF It Up” 2017 – Creada por Kristen Carter and Jeff Gill de Los Ángeles, California, utilizando el material original (en dominio público) de la Bibliothèque municipale de Lyon. Este gif está disponible con una licencia CC BY-SA.

Creative Commons está participando de la Semana del Copyright, una serie de acciones y discusiones para apoyar principios claves que deberían guiar las políticas de derecho de autor. Todos los días de esta semana, varios grupos estamos tomando diferentes elementos de la ley y abordando lo que está en juego y lo que necesitamos hacer para asegurarnos que el derecho de autor promueva la creatividad y la innovación.

El tópico de hoy para la Semana del Copyright es “El dominio público y la creatividad: las políticas de derechos de autor deberían alentar la creatividad, no obstaculizarla. Los plazos excesivos del derecho de autor inhiben nuestra habilidad para comentar, criticar y re-trabajar nuestra cultura común”.

Las licencias de Creative Commons ayudan a los autores a mantener y administrar sus derechos en los témrinos en los que los autores elijan. Nuestras herramientas del dominio público, por otra parte, les permiten a los autores que quieren dedicar sus obras al dominio público global, hacerlo utilizando la Dedicación al Dominio Público CC0. También facilitan el etiquetado y el descubrimiento de obras que ya están libres de restricciones conocidas de derecho de autor, utilizando la Marca del Dominio Público.

A Creative Commons le importa profundamente el dominio público y no estamos solos en esta preocupación. Hay muchas organizaciones y proyectos increíblemente impactantes, importantes y simplemente interesantes ahí afuera trabajando para destacar, proteger y expandir el dominio público. ¡Aquí hay algunas de nuestras favoritas!

Wikipedia

No solamente Wikipedia provee el punto de partido para cualquiera que quiera aprender sobre qué es el dominio público, también es un recurso educativo excelente para los editores de Wikipedia (y cualquier otra persona) para profundizar en la teoría, la historia y las reglas nacionales específicas alrededor del derecho de autor y el dominio público. Wikimedia Commons (el repositorio multimedia que hospeda las imágenes, los sonidos y los videos que se ven en los artículos de Wikipedia) contienen miles de obras en dominio público, útilmente revisadas y etiquetadas por editores. La Fundación Wikimedia también ha sido bastante activa en llevar adelante una política en defensa del dominio público.

Internet Archive

Cualquiera conoce Internet Archive debido a la poderosa Wayback Machine (la máquina del tiempo), la extendida herramienta de archivado de la web que ha salvado alrededor de 310 billones (!) de páginas web hasta ahora, accesibles para cualquiera. Peor quizás no sepas que Internet Archive es una biblioteca digital masiva, el hogar de 11 milones de libros y textos, 4 millones de grabaciones de audio (incluyendo 160.000 conciertos en vivo), 3 millones de videos (incluyendo un millón de programas de noticias televisivas), 1 millón de imágenes y 100.000 programas de software. El archivo contiene aproximadamente decenas o centenas de miles de archivos multimedia en el dominio público y cualquier usuario se puede crear una cuenta y subir sus propias obras creativas y ponerlas en el dominio público mundial utilizando la CC0.

Asociación Communia

La Asociación Internacional Communia para el Dominio Público es un colectivo de organizaciones y activistas trabajando para fortalecer y enriquecer el dominio público (Creative Commons es miembro fundador). El enfoque actual de la asociación es análisis de políticas públicas y trabajo legislativo en el contexto de la propuesta de la ComisióN Europea para una Directiva sobre el derecho de autor en el mercado único digital. La asociación actual fue creada luego de la finalización de la red de investigación epónima, financiada por la Comisión Europea del 2007 al 2011. Una iniciativa importante de este proyecto fue el Manifiesto del Dominio Público, firmado por más de 1500 organizaciones e individuos, así como la publicación de un extenso estudio sobre el dominio público, que mostró los principales resultados del grupo de investigación.

La Reseña del Dominio Público

La Reseña del Dominio Público es una revista online que muestra las obras que han ingresado al dominio público, “ese vasto común de material fuera del derecho de autor que cualquiera es libre de disfrutar, compartir y construir a partir de, sin ninguna restricción”. Fue lanzado por la organización Open Knowledge en el 2011. El sitio incluye decenas de largos ensayos que “buscan ofrecer una mirada introspectiva y una reflexión sobre las obras del dominio público y las historias frecuentemente ignoradas que las rodean”. El sitio web también incluye colecciones accesibles de material en el dominio público, y también publica una “clase de” anual cerca del año nuevo para destacar las obras de autores que entrarán al dominio público al golpe de la medianoche del primero de enero.

El Centro para el Estudio del Dominio Público

El Centro para el Estudio del Dominio Público es un grupo de investigación iniciado en la Facultad de Derecho de Duke en 2002. Sus objetivos son “promover la investigación y el estudio académico sobre las contribuciones del dominio público para la expresión, la cultura, la ciencia y la innovación; promover el debate sobre el equilibrio necesario en nuestro sistema de propiedad intelectual y traducir la investigación académica en soluciones de política pública”. El centro fue co-fundado por James Boyle, un renombrado autor y académico estudioso del derecho de autor, que también fue un miembro fundador de Creative Commons. En 2008 Boyle escribió un trabajo muy influyente, “El dominio público: encerrando los comunes intelectuales”. El centro conduce investigaciones legales y culturales, y también ha publicado varios libros de cómico sobre temas de derecho de autor, incluyendo Obligado por la ley y ¡Robo! Una historia de la música.

Gracias al trabajo incansable de estas organizaciones, los comunes continúan reforzándose y creciendo, mejorando el acceso a nuestras obras comunes culturales y creativas en el dominio público.

Addenda en castellano

Hay muchas organizaciones que por suerte trabajan para expandir el dominio público también en nuestro idioma, el español. Además de algunas de las iniciativas ya mencionadas (que son globales, como Internet Archive y Wikipedia), también les hemos hablado de autores.uy, dominiopublico.org.ar y de los recién incorporadores Autores de Ecuador y Autores de El Salvador. Aunque en algunos casos se trata de proyectos incipientes, allí por lo menos podemos averiguar qué autores ingresaron al dominio público (o cuáles lo harán pronto, como este año lo hicieron Atilio Chiáppori y César Duayén -Emma de la Barra- en Argentina).

También cabe mencionar otras iniciativas como el Proyecto Gutenberg, una biblioteca de libros electrónicos fundada allá por la década de los ’70 por Michael Hart y que cuenta con una enorme cantidad de libros electrónicos en castellano que se encuentran en el dominio público.

En el campo de las dificultades que aún tenemos para hacer crecer el dominio público, cabe recordar el sesgo de género inherente dentro del dominio público: en efecto, las obras de las mujeres tardan más en llegar al dominio público, porque viven más años y porque empezaron a publicar mucho más tarde que sus pares varones.

Y como siempre, no es menor volver a insistir en el hecho de que en algunos países aún no contamos con dominio público pleno. Tal es el caso de Uruguay y Argentina, donde la extraña figura del “dominio público pagante” nos impide acceder todo lo libremente que acceden en otros países a estas obras, generando graves perjuicios para la cultura e impidiéndonos festejar el ingreso de las obras al dominio público en toda regla.

Aprovechemos esta semana del derecho de autor para recordarle a los legisladores y tomadores de decisiones que las obras en dominio público no deberían pagar un impuesto oneroso que perjudica el disfrute de las obras y la creación a partir del acervo cultural común.

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Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Equipo de CC Uruguay, diciembre 25th, 2017

El 13 de diciembre Serpaj presentó el informe 2017 sobre Derechos Humanos en el Uruguay. Este año, al igual que en el informe de 2015, Creative Commons Uruguay colaboró con un capítulo donde se hace una puesta al día del impacto del sistema de derecho de autor sobre los derechos humanos. El informe repasa casos recientes en los que se vieron afectados derechos humanos por el inadecuado régimen autoral vigente. También se hacen recomendaciones legislativas y de política pública para corregir estos graves problemas.

El informe 2017 de Serpaj se puede leer y descargar desde este enlace. Es de destacar que se publica bajo una licencia Creative Commons que permite acceder y compartirlo sin barreras. Los invitamos también a visitar el repositorio digital de Serpaj, que cuenta con una gran cantidad de documentos de interés de acceso libre.

A continuación compartimos con ustedes el texto de nuestra contribución.


Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Por Creative Commons Uruguay*

Ilustración: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

En el Informe Anual 2015 de Serpaj sobre Derechos Humanos en Uruguay, el equipo de Creative Commons Uruguay escribió un capítulo acerca del impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos. En ese texto destacamos, en primer lugar, la importancia de abordar la legislación de derecho de autor desde la perspectiva de derechos humanos, siguiendo el criterio de la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, que en 2014 estudió el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, y brindó recomendaciones a los Estados.1 Señalamos que la ley uruguaya 9.739 referida al derecho de autor, que data de 1937, se encuentra en conflicto con las prácticas culturales contemporáneas y afecta injustificadamente el derecho a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión. Esta afectación a los derechos humanos se hizo más evidente en los últimos años, principalmente a causa de la generalización del uso de las tecnologías digitales. Mientras que estas tecnologías permiten reproducir y distribuir información a bajo costo, facilitando el ejercicio de derechos, la ley criminaliza muchas de las principales prácticas tendientes a ejercerlos.

El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, en su obra Derecho Penal – Parte general,2 explicaba ya a principios de los 2000 los problemas que traía la falta de adecuación de las normas de propiedad intelectual a la realidad contemporánea. Debido a los cambios tecnológicos y culturales ocurridos en las últimas décadas, el texto de la ley de derecho de autor pasó a abarcar un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. Mientras que en la década de 1930 solo era posible reproducir las obras con recursos técnicos muy costosos, la tecnología permite hoy la copia de obras enteras, o de partes de ellas, prácticamente sin costo. La conducta de reproducir, penada en el texto legal, se encuentra generalizada y, en los hechos, resulta imposible criminalizar a todas las personas que hacen copias para uso personal. Sin embargo, la mayoría de la población incurre cotidianamente en delitos conforme al texto y cualquier persona podría ser criminalizada arbitrariamente. Dado que el ámbito de las conductas criminalizadas es de extensión inusitada y no estuvo previsto en el contexto originario del texto, el resultado es un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad. Zaffaroni concluye afirmando que un tipo penal no puede erigirse en instrumento para la criminalización indiscriminada y que la omisión de las instituciones políticas frente a cambios de contexto cultural o tecnológico que alteran la extensión punitiva de un texto legal constituye una renuncia a su función, que no es constitucionalmente admisible. En otras palabras, buena parte de la ley de derecho de autor, incluyendo algunas de sus disposiciones penales, son inconstitucionales.

El ejemplo más obvio de inconstitucionalidad en la ley uruguaya de derecho de autor se puede encontrar en el literal E del artículo 46, que establece:

El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).

El artículo 2 detalla qué se entiende por reproducir:

La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.

Con este tipo penal y esta definición de reproducción, prácticamente la totalidad de la población uruguaya comete delitos de manera cotidiana. El funcionamiento de Internet implica que, cuando una persona accede a un sitio web desde su computadora, se generan y almacenan copias temporales de los contenidos en el dispositivo local. Al no contar con la autorización por escrito de los titulares de derechos de autor de cada sitio web, todas las personas que navegan por Internet en Uruguay cometen el delito penal comprendido en el literal E del artículo 46.

Este no es el único ejemplo de inconstitucionalidad. Otro caso es el que se da respecto del préstamo de ejemplares de obras. De acuerdo al artículo 2 de la ley 9.739, el préstamo también es una facultad exclusiva de los titulares de derechos de autor. Por lo tanto, prestar libros, discos o cualquier otro tipo de obras, ya sea de manera pública en una biblioteca o de manera privada entre personas individuales, sin la autorización expresa del titular de derechos, también constituye un ilícito de acuerdo a esta ley.

Los graves problemas ya mencionados, así como muchos otros presentes en el texto de la ley, dejan a todas las personas, en tanto usuarias de obras intelectuales, en situación de precariedad legal e indefensión, estando sujetas a posibles usos arbitrarios de la ley en su contra. Asimismo, se ven vulnerados sensiblemente los derechos a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.

Casos recientes de vulneración de derechos

Un conjunto de casos ocurridos en los últimos años sirven para ilustrar una situación que, aunque por lo general no es percibida como apremiante, suele estallar en casos de abrupta arbitrariedad. A continuación pondremos el foco en algunos de estos casos.

El más notorio en los años recientes afectó el derecho a la educación, cuando en octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República dejaron sin materiales de estudio a miles de estudiantes de Derecho. Las fotocopias son desde hace décadas una de las principales vías de acceso a materiales de estudio. La necesidad de fotocopiar se ve incrementada por el alto costo de los libros,3 y la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas no alcanza para satisfacer la demanda.

Los allanamientos a las fotocopiadoras dejaron como saldo 32 personas detenidas, decenas de máquinas incautadas y más de 10 locales clausurados. Miles de estudiantes sufrieron dificultades importantes para acceder a los materiales de estudio durante meses. La situación posteriormente se estabilizó, como era previsible, con el desplazamiento de la demanda a otros centros de fotocopiado y a grupos de intercambio en Internet, entre otras formas de acceso informal que complementan las insuficientes vías de acceso legal.

En octubre de 2016 la causa culminó con 14 personas condenadas a 7 meses de prisión por la reproducción y distribución de fotocopias en los centros de fotocopiado.

A comienzos de 2015, otro caso puso de relieve la afectación de la ley de derecho de autor a la libertad de expresión. El 18 de febrero de ese año una jueza penal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco, en el departamento de Colonia. La incautación se ordenó ante una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay, un consorcio de representantes legales de empresas multinacionales de software. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en la desproporcionada medida judicial, que fue particularmente grave porque violó la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenazó seriamente la actividad normal del periódico. El sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión.4 Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial. Días más tarde se supo que el denunciante actuó sin la autorización de la empresa de software a la que alegaba representar, por lo cual la causa no derivó en condenas al medio de prensa. No obstante, cabe resaltar que la medida judicial a través de la cual se ordenó la incautación de equipos se apoyó en la ley de derecho de autor. Desde 2003, esta ley considera el software como una obra autoral, y prevé sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría e incautación de equipos ante el uso de programas sin licencia. Este ilícito penal tan ampliamente extendido5 derivó en la existencia de entidades privadas, que, bajo modelos de dudosa legalidad, alegan representar a las empresas titulares de derechos, y, bajo la amenaza de denuncia penal, buscan cobrar “multas” u otros tipos de penalidades para “regularizar” a los infractores. Si bien el caso del periódico El Eco fue el que más notoriedad pública cobró, otros medios de prensa también fueron asediados, así como profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, como arquitectos, diseñadores e imprentas.

A comienzos de 2017, otro caso notorio afectó la libertad de expresión. El 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, Estudio Peyos SA, intimó a la editorial uruguaya Índice y a la profesora Silvana Pera, autora del libro de Historia Uy-siglo XX, dirigido a estudiantes de sexto año de escuela, a retirar todos los ejemplares de circulación, bajo la advertencia de entablar acciones judiciales en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa”.6 Semanas después de la intimación, la editorial Índice publicó un comunicado informando que eliminó del libro “cualquier mención o referencia a Los Pitufos, ya sea en forma de texto o diseño”, para evitar las acciones judiciales.7

Los derechos que administra Estudio Peyos SA provienen del autor original de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, que falleció en 1992. La empresa realizó la intimación por el uso de una imagen de Los Pitufos en el libro educativo de Silvana Pera, quien usó el ejemplo de Los Pitufos para ilustrar el concepto de comunismo, presente en los programas de estudio de sexto año. La intimación se basó en la ley de derecho de autor, que en nuestro país carece de excepciones para ejercer el derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, una práctica habitual en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas para proteger la actividad educativa, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas”.8

Más allá de la polémica mediática acerca del libro, desde una perspectiva de derechos humanos debe señalarse con preocupación que una empresa privada haya ejercido una censura directa sobre una obra con la cual tenía diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen citada en el libro no competía de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes de Los Pitufos, y que lo que se exigió no fue una compensación sino el retiro de la circulación. La falta de ciertas excepciones básicas en la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, empleando, entre otros argumentos, el del uso no autorizado de imágenes o pequeños fragmentos de obras a modo de cita.

En los últimos años también han existido amenazas al derecho de acceso y participación en la vida cultural, relacionadas con el inadecuado sistema de derecho de autor. Han sido persistentes las intimaciones y denuncias de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) contra personas y colectivos sin fines de lucro que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural a través de la digitalización y puesta en línea de materiales que se encuentran fuera del mercado. Estas entidades apelan recurrentemente, de manera abusiva, a los mecanismos de notificación y baja de contenidos de las principales plataformas digitales, como YouTube o Facebook. Las grandes plataformas, pertenecientes a corporaciones sujetas a la legislación estadounidense, suelen dar inmediatamente de baja los contenidos sin valorar adecuadamente los descargos de los usuarios denunciados. Lo grave de este tipo de procedimientos es que se establece una suerte de justicia privada, donde las plataformas reemplazan al sistema judicial para la determinación y sanción de las infracciones al derecho de autor.

Por otra parte, Agadu realiza habitualmente cobros arbitrarios y desproporcionados por la realización de festivales y otras actividades sin fines de lucro en espacios públicos, y ha llegado a exigir el pago por ensayos de carnaval en la calle. Desde 2015, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) también ha comenzado a realizar cobros arbitrarios en espacios públicos y pequeños comercios por la supuesta utilización de obras audiovisuales. La prácticas mencionadas dan cuenta de la debilidad de los mecanismos estatales para fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, así como para corregir y sancionar los abusos que estas frecuentemente cometen.

Las situaciones de vulneración de derechos que hemos presentado no son atribuibles exclusivamente a una falta de actualización de la ley del año 1937. A modo de ejemplo, la redacción del artículo 2, que incluye dentro de las facultades exclusivas de los titulares de derechos tanto a las copias electrónicas temporales como al préstamo de ejemplares de obras, fue incorporada en una reforma del año 2003 a través de la ley 17.616. Esta reforma se realizó con el objetivo de ajustar la ley de nuestro país a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), uno de los acuerdos del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1995. Dicho acuerdo aborda la propiedad intelectual como un asunto vinculado al comercio, cuestión que ha traído a los países miembros de la OMC enormes desafíos para compatibilizarlo con las obligaciones del sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país lamentablemente estuvo lejos de realizar la adecuación de la ley de derecho de autor a ADPIC prestando atención a las obligaciones de derechos humanos. La reforma de la ley buscó satisfacer las demandas de las cámaras y entidades sectoriales de la industria cultural. El resultado fue que el texto aprobado en 2003 fue incluso más allá de los cambios exigidos por la OMC. Así, se acentuó el desbalance entre los derechos de los intermediarios y los derechos de los autores y usuarios. Mientras que se amplió el alcance y el plazo de las facultades otorgadas a las empresas titulares de derechos, no se creó ni se adaptó ninguna de las pocas excepciones consagradas en 1937, que quedaron desactualizadas y prácticamente inaplicables. Tampoco se pusieron límites a los contratos de cesión de derechos a través de los cuales en innumerables ocasiones los autores son privados de los beneficios de su trabajo por las empresas intermediarias.

Avances y retrocesos en el proyecto de ley de reforma del derecho de autor

Luego de los allanamientos de 2013 a las fotocopiadoras, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de ese año un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor, colocando en la opinión pública el debate en torno al derecho a estudiar. El proyecto inicial fue avalado por la firma de 10.000 estudiantes universitarios. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se denominó a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trataba de una propuesta que amparaba diversas prácticas necesarias para la educación y el acceso a la cultura.

Realizamos a continuación un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva cuatro años. El proyecto original proponía añadir nuevas excepciones al derecho de autor. En particular, la excepción de ilustración de enseñanza, diversas excepciones para las actividades de las bibliotecas,9 la excepción de copia para uso personal y la despenalización del literal E del artículo 46. La iniciativa no llegó a ser tratada por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El texto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogió los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadió la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción a este proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, actualizando la ley y corrigiendo algunos de los desbalances añadidos en 2003. Sin embargo, luego de la media sanción, sobrevino la reacción de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de Agadu, entidades intermediarias que buscaron imponer la idea de que el proyecto afectaba a la industria editorial y al sector cultural.

Toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto que recibió la media sanción del Senado incorporó el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, como el derecho de hacer parodias, fotografiar y filmar obras expuestas en espacios públicos, citar obras escritas, sonoras, audiovisuales, plásticas y fotográficas, entre otras disposiciones. Lejos de dañar el interés de los creadores, el proyecto apunta a consolidar el derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay respecto de otros países.

Sin embargo, las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema, entre ellas la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, instituciones y colectivos docentes, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien en un principio la CUL y Agadu habían afirmado oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron eliminar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. De aprobarse la propuesta acordada entre Agadu, FEUU y CUL, el Parlamento estaría legitimando muchas de las restricciones que en principio buscaba superar.

A modo de ejemplo, atendiendo a que, como ya dijimos, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar todo tipo de obras de manera legal. En cambio, el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL restringe el préstamo únicamente a bibliotecas de instituciones sin fines de lucro y a obras expresadas por escrito, excluyendo libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Así, mientras que hoy el préstamo es ilegal pero esta ilegalidad cae por la fuerza de la costumbre, en caso de aprobarse el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se estaría legitimando en 2017 una norma que prohíbe a las bibliotecas prestar todo tipo de materiales excepto textos.

En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de la Universidad de la República, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL, y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Otras organizaciones sociales se sumaron al reclamo a través de un documento conjunto10 donde respaldan el proyecto del Senado. También cientos de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura enviaron al parlamento una petición en apoyo al proyecto con media sanción del Senado.11

En octubre de 2017, tanto el proyecto con media sanción del Senado como el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

Excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso

Consideramos relevante incluir en este informe un importante avance para el ejercicio de los derechos culturales. Se trata del decreto 295/017,12 que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. Esta reglamentación, promulgada el 16 de octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, hace también efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a este decreto reglamentario, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas contarán con mejores posibilidades de acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (un proyecto conjunto de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor.

Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual, pero también a personas con otras dificultades para acceder a obras impresas (por discapacidades motrices o intelectuales, o por diferentes tipos de trastornos que afectan la lectura). Este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una gran proporción de personas adultas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirles el disfrute y el derecho de la lectura.

A partir del decreto reglamentario las obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Oportunidades para seguir avanzando

El Senado dio media sanción a una reforma que, en caso de aprobarse, consagraría excepciones y limitaciones al derecho de autor para contemplar adecuadamente los derechos culturales, especialmente el derecho a estudiar. Asimismo, el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar una ley que favorece el acceso a la cultura de las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Pero la discusión normativa debe ir acompañada de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos culturales.

En este sentido, Uruguay aprobó a principios de 2017 la Agenda Uruguay Digital 2020. Bajo el lema “Transformación con equidad”, la agenda incluye, entre otros objetivos, la “creación del Sistema Nacional de Repositorios para compartir y consultar todos los artículos científicos, tesis y libros de textos de producción nacional a nivel universitario”.13 La creación de un sistema de repositorios digitales implica destinar recursos públicos y orientar esfuerzos a garantizar el acceso abierto a la investigación científica nacional y a materiales educativos. Cabe esperar que este esfuerzo se complemente con el impulso a la digitalización del patrimonio cultural que albergan las bibliotecas, museos y archivos públicos, para ponerlo a disposición de la ciudadanía, respetando los derechos autorales, pero haciendo uso del dominio público y de las escasas excepciones contempladas por la ley en favor del acceso a la cultura, la educación y la ciencia.

El derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural, que es de rango constitucional en Uruguay en virtud de los tratados de derechos humanos de los que el país es firmante, implica una responsabilidad por parte del Estado. Nuestro país debe salir de la actual situación desequilibrada en cuanto a legislación en materia de derecho de autor para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos culturales. Estudiantes y docentes deben poder utilizar materiales de estudio sin verse expuestos a sanciones penales. Las bibliotecas e instituciones culturales deben poder cumplir su misión sin entrar en contradicción con la ley. Las personas que crean obras intelectuales deben poder hacerlo sin dejar de expresar sus ideas para cuidarse de posibles represalias legales. Así como lo ha hecho con la firma, ratificación y reglamentación del Tratado de Marrakech, Uruguay tiene la oportunidad de continuar avanzando con más excepciones al derecho de autor y con más políticas públicas que permitan a las personas ejercer sus derechos a la hora de aprender, informarse y crear. El Estado, en lugar de ser un agente de represión de las prácticas culturales de la población, debe transformarse en un garante de derechos a través de una legislación adecuada al siglo XXI, y en un facilitador de su ejercicio mediante el desarrollo de políticas públicas de acceso a la cultura.

* Creative Commons Uruguay es un colectivo sin fines de lucro que promueve la creatividad y el acceso democrático al conocimiento. Forma parte de la red internacional de Creative Commons, que ha desarrollado licencias de derecho de autor del mismo nombre.

1 Shaheed, Farida. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 24 de diciembre de 2014.

2 Zaffaroni, Eugenio Raúl et al. Derecho penal – Parte general. Buenos Aires, Ediar, 2002.

3 Rodés, Virginia y Pérez Casas, Alén. Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. Montevideo, Udelar, 2013.

5 Según un estudio de la Business Software Alliance, una cámara empresarial internacional del sector del software dedicada al ejercer presión en materia de propiedad intelectual, en 2015 el 68% del software instalado en Uruguay no contaba con licencia. Ver: Seizing opportunity through license compliance. BSA global software survey. Mayo de 2016. Disponible en: http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_US.pdf

6 Uypress. Pitufos comunistas con leyes capitalistas: piden retirar de circulación el libro. 24 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.uypress.net/auc.aspx?75360

7 Montevideo Portal. Tras acuerdo legal, quitaron referencia a Los Pitufos en libro escolar. 27 de julio de 2017. Disponible en: http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tras-acuerdo-legal-quitaron-referencia-a-Los-Pitufos-en-libro-escolar-uc350069

8 Xalabarder, Raquel. Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet. Revista pe.i., n. 29, Madrid, mayo-agosto 2008, pág. 22.

9 Uruguay es uno de los 21 países que aún no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas. Para más información, ver Crews, Kenneth. Copyright exceptions & limitations: libraries and archives. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_presentations.pdf

11 Petición disponible en: https://www.todosganamosderechos.org/

12 Decreto reglamentario disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/295-2017

13 Jackson, Matías. Nueva Agenda Digital Uruguay 2016-2020. 23 de enero de 2017. Disponible en: https://www.mjackson.uy/nueva-agenda-digital-uruguay-2016-2020/

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El tratado de libre comercio Unión Europea-Mercosur dañará los comunes y los derechos de los usuarios

Equipo de CC Uruguay, septiembre 24th, 2017

Publicado originalmente el 20 de septiembre de 2017 en creativecommons.org.

Hoy Creative Commons publicó un análisis del borrador del capítulo de propiedad intelectual del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que abarca varios aspectos vinculados al derecho de autor. Examinamos cuestiones que irían en detrimento del dominio público y serían perjudiciales para la creatividad, el intercambio y para los derechos de los usuarios en la era digital.

La Unión Europea (UE) y el sub bloque regional de América Latina conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (el Mercosur) han estado negociando un tratado de libre comercio (TLC) desde el año 2000. El TLC UE-Mercosur es expansivo y abarca el comercio en bienes industriales y agrícolas, cambios potenciales en las reglas aplicables a pequeñas y medianas empresas así como a las compras públicas y a las provisiones sobre propiedad intelectual tales como las patentes y el derecho de autor. Las negociaciones para un TLC UE-Mercosur continúan en un momento en que varios de los países afectados -incluidos Argentina, Uruguay, Paraguay e incluso la Unión Europea- se encuentran en un proceso de revisión de sus propias leyes de derecho de autor.

Solo algunos capítulos de los borradores del TLC UE-Mercosur están disponibles para la revisión pública. En noviembre de 2016 la Unión Europea liberó un borrador del capítulo sobre propiedad intelectual, que es la versión más reciente disponible públicamente. Las organizaciones de la sociedad civil y el público son típicamente excluidas de participar en —o incluso observar — las reuniones de negociación.

Las negociaciones del TLC UE-Mercosur tienen lugar en un entorno donde un nivel creciente de políticas de derecho de autor están siendo creadas a través de acuerdos de comercio multilaterales. Hay varias negociaciones en marcha, incluyendo el Tratado Trans-Pacífico (TPP), y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Cada uno de estos acuerdos incluyen cláusulas que regulan la propiedad intelectual, y las recientes rondas de negociaciones de estos pactos comerciales muestran que cuando se pone el derecho de autor sobre la mesa, hay una presión significativa para incrementar drásticamente las posibilidades que tienen los titulares de derechos de solicitar medidas de persecución y ejecución forzada de sus derechos, junto con presiones para aumentar los plazos de duración del derecho de autor y exigir sanciones más severas por infracción. Mientras que las demandas de los titulares de derechos son completamente atendidas, hay muy poca consideración para los derechos del público. Se minimizan las limitaciones y excepciones al derecho de autor o directamente no se contemplan. En el texto vemos la mano invisible (y poderosa) de la Unión Europea, que desea exportar las cláusulas más beneficiosas para los titulares de derechos (tales como plazos de protección más largos y armonizados), pero solo quiere permitir lo mínimo posible cuando se trata de limitaciones y excepciones (admitiendo únicamente la copia temporal).

  • La extensión de los plazos de protección del derecho de autor es innecesaria e injustificada: el capítulo borrador sobre propiedad intelectual propone extender la duración del plazo de protección para aquellos países que todavía no adhieren al plazo de +70 post-mortem. Incrementar la duración de la protección del derecho de autor demora el ingreso de las obras al dominio público, donde pueden ser utilizadas por cualquiera para cualquier propósito. También exacerba problemas relacionados al largo plazo de protección, como el problema de las obras huérfanas.
  • Los derechos de los usuarios deben ser protegidos mediante la expansión de las limitaciones y las excepciones: la protección del derecho de autor y las medidas de penalización siempre deben regularse reconociendo y defendiendo los derechos de los usuarios en el ecosistema del derecho de autor. Pero el capítulo de propiedad intelectual no incluye salvaguardas similares a las incluidas en los últimos acuerdos comerciales y en los acuerdos internacionales de derecho de autor que promueven y protegen el balance en el derecho de autor.
  • La remuneración obligatoria frustra las intenciones de algunos usuarios de Creative Commons: el capítulo de propiedad intelectual incluye una cláusula que requeriría la remuneración obligatoria para los intérpretes y productores de obras musicales. Esa cláusula puede ser bien intencionada, pero interferiría con la operación de algunas licencias de Creative Commons al requerir un pago incluso cuando la intención del autor es compartir su obra con el mundo de manera gratuita.
  • Las medidas tecnológicas de protección no deben limitar el ejercicio de los derechos de los usuarios: el capítulo de propiedad intelectual incluye prohibiciones para aquellos que eludan medidas tecnológicas de protección para obtener acceso a una obra, así como una cláusula que prohibiría la creación y el intercambio de tecnologías que podrían permitir a un usuario eludir medidas tecnológicas de protección. El problema es que esta cláusula no tiene en cuenta situaciones donde los usuarios deberían poder utilizar una limitación o excepción, pero no pueden debido a las prohibiciones existentes para evadir una medida tecnológica.
  • Las órdenes judiciales preventivas contra infracciones “inminentes” dañan la libertad de expresión y la certeza jurídica: el capítulo de propiedad intelectual introduce la idea de que una orden judicial podría ser impuesta tanto a los infractores potenciales como a los intermediarios (incluyendo a los proveedores de servicios de Internet) por infracción “inminente” a los derechos de autor que aún no han ocurrido.
  • Las negociaciones de los acuerdos comerciales deben ser transparentes e involucrar al público: las negociaciones de acuerdos comerciales necesitan ser transparentes y participativas. No lo son. El secretismo demostrado en la negociación del TPP y otros TLC dejaron a las organizaciones de la sociedad civil como Creative Commons y al público en general en una desventaja extrema, ya que solo unos pocos sectores privilegiados invitados al círculo cerrado de las negociaciones tuvieron sus intereses plenamente considerados.

Pueden leer nuestro documento de análisis completo aquí.

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Materiales educativos sobre derecho de autor, dominio público y licencias Creative Commons

Equipo de CC Uruguay, mayo 22nd, 2017

Desde que Creative Commons Uruguay se conformó a comienzos de 2013, una de nuestras áreas prioritarias es la formación sobre derecho de autor, dominio público y licencias Creative Commons. Creemos que esta formación es muy necesaria, dado que es un tema de enorme importancia para el ejercicio de los derechos culturales en el siglo XXI y que sin embargo casi no se ve en los programas de estudio de nuestro sistema educativo. Lo que es peor, en los pocos casos en que el tema se aborda en las currículas, se lo hace desde una perspectiva sesgada: desde la visión tradicional de las industrias culturales, en detrimento de la perspectiva del interés público que incluye a los usuarios de la cultura.

En este post les compartimos los repositorios de materiales generados a lo largo de los cursos que hemos brindado y coorganizado desde 2013. Todos los materiales tienen licencias libres, por lo cual se pueden copiar, adaptar, traducir y reutilizar libremente. Los temas abordados incluyen el marco legal de derecho de autor en Uruguay, las licencias Creative Commons, los recursos educativos abiertos, el acceso abierto a la investigación científica, las políticas públicas de acceso a la cultura, la reforma del derecho de autor, el dominio público y la digitalización del patrimonio, entre otros.

Dominio público y digitalización del patrimonio cultural

En 2015 y 2016 brindamos un curso presencial sobre dominio público y digitalización del patrimonio cultural, en colaboración con la Universidad de la República.
Repositorio del curso

Cultura Libre y Creative Commons en Uruguay

En 2015 brindamos el curso presencial “Cultura Libre y Creative Commons en Uruguay”, orientado a voluntarios de nuestra organización, y cuyos contenidos aportan a la formación política en temas de acceso a la cultura y derecho de autor.
Repositorio del curso

Serie de cursos sobre educación abierta

En conjunto con la Universidad de la República, en 2014 brindamos una serie de cursos sobre Creative Commons, educación abierta, derecho de autor y acceso abierto a la investigación científica.
Repositorio del curso “Recursos educativos abiertos y Creative Commons”
Repositorio del curso “Acceso abierto y Creative Commons”
Repositorio del curso “Derechos de autor y licencias Creative Commons”

ABC del derecho de autor para bibliotecarios de América Latina

Durante 2014 realizamos el curso online abierto “ABC del Derecho de Autor para Bibliotecarios de América Latina” en conjunto con CC Colombia y CC El Salvador.
Repositorio del curso

Arte y cultura en circulación

En 2013 y 2014 colaboramos en la organización de dos ediciones del curso online abierto “Arte y cultura en circulación”, en conjunto con Ártica – Centro Cultural Online, Fundación Vía Libre, CC Argentina y CC Paraguay.
Repositorio del curso – Edición 2013 Crear y compartir en tiempos digitales
Repositorio del curso – Edición 2014 Políticas públicas y gestión de lo común

 

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Música libre y gestión colectiva: ¿Cómo pueden los artistas evitar descuentos indebidos en los recitales?

Equipo de CC Uruguay, agosto 4th, 2016

Música libre

Una de las preguntas más habituales que recibimos de parte de los músicos que publican sus obras con licencias Creative Commons es por qué razón se ven sometidos a descuentos en sus cachets, en concepto de “derecho de autor” o de “AGADU”, cada vez que brindan un recital en vivo. En particular, nos preguntan esto las bandas que interpretan temas de autoría propia y cuyos miembros no son socios de la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU).

En Uruguay la gestión colectiva de derecho de autor es facultativa, es decir que los autores pueden decidir ejercer sus derechos de autor a través de entidades dedicadas a la gestión, o pueden decidir ejercer sus derechos directamente, sin intermediarios.

En el caso de los recitales en vivo, el concepto por el cual los músicos suelen recibir los descuentos en sus cachets es el de “ejecución pública”. Este concepto se refiere a las regalías que los intérpretes deben pagar a los autores en el caso de que estos últimos no los hayan autorizado a interpretar las canciones de manera gratuita.

Sin embargo, cuando quien ejecuta un repertorio de canciones es el propio autor, el pago por “ejecución pública” se vuelve innecesario, sobre todo teniendo en cuenta que AGADU cobra un porcentaje administrativo por la gestión de dichos fondos, por lo cual el músico, al ir a cobrar como autor el dinero que previamente pagó en calidad de intérprete, termina sufriendo un descuento importante.

Este problema es de difícil solución en el caso de los músicos que son socios de AGADU, dado que sus estatutos obligan al autor a ceder totalmente a la entidad la potestad de administrar sus derechos de autor y les prohíben la administración directa. Sumado a esto, AGADU gestiona todas las obras como si tuvieran todos los derechos reservados, por lo cual no respeta la voluntad de aquellos autores que prefieren usar licencias más permisivas, como es el caso de las Creative Commons. En cualquier caso, son los propios socios de dicha entidad quienes, de manera organizada, podrían reclamar por el cambio de los estatutos.

No obstante lo anterior, es muy habitual que incluso quienes no son socios de AGADU, en los casos en que interpretan un repertorio compuesto en su totalidad por canciones de autoría propia, sufran también dicho descuento.

Con el fin de resolver esta cuestión es que el sello Vía Láctea Ediciones creó un modelo de carta para que los músicos no socios de AGADU, que interpreten un repertorio propio, entreguen a AGADU antes de cada recital. En dicho documento se informa además que las canciones interpretadas cuentan con licencias libres.

Por supuesto, lo ideal sería que los músicos no necesitaran molestarse en enviar esta nota a AGADU antes de cada recital. Pero hasta tanto los protocolos para efectuar los cobros no se adapten a la realidad de que cada vez más músicos deciden usar licencias libres y no ser socios de AGADU, esta carta demuestra ser la vía más efectiva para evitar los descuentos inapropiados.

Adjuntamos a continuación el modelo de carta utilizado por el sello Vía Láctea, dado que puede ser de utilidad para otros músicos que se encuentren en la misma situación.

Descargar el modelo de carta

 

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¿Cómo atribuir autoría en objetos 3D impresos?

Equipo de Creative Commons Uruguay, julio 20th, 2016

Traducción del post How should we attribute 3D printed objects? de Jane Park (CC By), por: Fernanda Torrejón.


 

¿Cómo deberíamos atribuir a los autores de diseños 3D licenciados bajo CC, una vez que ese diseño se ha usado para imprimir un objeto 3D?

3d atribucion 1

En el caso de este modelo, el nombre del diseñador está incrustado en la parte inferior del zapato.

El desafío de la atribución, o “fuente”, para objetos impresos en 3D, es bastante amplio en la comunidad de impresión 3D, una parte activa de la gran red CC. Tiene muchas capas y habla de las necesidades existentes tanto por parte de los autores como de los usuarios de los diseños 3D. Los creadores quieren obtener el crédito por su diseño, ya que se siente bien ser reconocido; además, como creador, quieres saber cómo se está empleando tu trabajo. Los usuarios, que suelen ser otros autores, quieren ser capaces de ver el origen del diseño detrás del objeto físico para poder manipularlo, ya sea reimprimiéndolo, modificando el diseño original, mezclándolo con otros diseños o haciéndole adiciones creativas significativas al mismo.

Michael Weinberg de Shapeways fue el primero en presentar el desafío de la atribución de la impresión 3D en la Cumbre Global de CC el pasado octubre y escribió este post respecto del asunto. Desde la perspectiva de CC, el desafío va más allá del cumplimiento de la condición de atribución de las licencias CC. En realidad, es debatible si la atribución es legalmente requerida en el objeto físico de un diseño 3D bajo licencia CC. Sin embargo, más allá de si la atribución es requerida o no en términos legales, CC está interesado en el desafío de la atribución, ya que dialoga con dos de nuestras tres nuevas áreas estratégicas: descubrimiento y colaboración. Estandarizar la atribución para objetos impresos en 3D y generar una infraestructura de información que la respalde (tales como un registro o base de datos), aumentaría el descubrimiento de diseños licenciados bajo CC más allá del objeto y aumentaría las conexiones y colaboraciones para usuarios que deseen adaptar los diseños licenciados bajo CC a diferentes contextos, ya sea por sí mismos o en diálogo directo con el creador original.

3d atribucion 2

“Credit tag” de la plataforma Thingiverse

Indicar la licencia en un diseño es simple; plataformas como Thingiverse y Sketchfab han hecho que sea fácil subir y marcar tu diseño 3D con licencia CC, completándolo con los metadatos de la licencia incrustados en la página desde donde se descarga el diseño. Pero una vez que alguien envía ese archivo a la impresora, la información de la licencia se perdió, incluyendo la fuente de la creación – el autor, o cualquier forma de contactarlo. La impresión física no posee ninguna información respecto a la licencia, y aunque algunas plataformas han provisto algunas soluciones, como “Print Thing Tags” de Thingiverse, estas soluciones sólo tienen sentido para algunos objetos (ej: figurines), pero no para otros (ej: caravanas). Así que, ¿cómo se puede ver la fuente de un objeto impreso en 3D bajo derechos de autor, para poder darle crédito, imprimir tu propia versión o repetir el diseño original? ¿Cómo se puede cumplir con el requerimiento de atribución de las licencias CC, si es que en verdad es requerido legalmente?

3d atribucion 3

 

Imaginemos una forma standard de atribuir y ver la fuente de los objetos impresos por 3D

Dado el momento y el interés por el movimiento de impresión 3D, creemos que es mucho más probable que la estandarización se adopte ahora -este año-, más que en una fecha futura. Queremos estar seguros de que cualquier norma que se establezca sea descubrible (legible para máquinas), usable (amigable con el usuario), y generalmente adoptada (aprobada por la comunidad 3D). También queremos asegurarnos que la información detrás de cada atribución no se pierda, sino que se indexe en un registro o en una base de datos, para en un futuro cercano poder escanear un objeto 3D y no sólo obtener su fuente e información de licencia, sino también para ver sus derivados y cualquier modelo comercial asociado a él.

La esperanza es que cualquier standard para impresión en 3D pueda también adaptarse a distintos campos donde también hay objetos físicos asociados a sus atribuciones digitales (por ejemplo, libros), pero de momento, nos concentramos en las necesidades de la comunidad de impresión en 3D.

 

¿Por dónde empezamos?

Para empezar, hemos trazado las problemáticas básicas y preguntas legales que necesitamos considerar, para así poder empezar la investigación, ver más abajo.

La versión TL;DR (versión abreviada de la investigación): investigaremos y documentaremos los fundamentos básicos de la impresión 3D, incluyendo el averiguar qué tipos de contenido están en realidad sujetos a derechos de autor. Aprenderemos más sobre cómo las licencias CC son usadas en la comunidad 3D: ¿qué y cómo los usuarios están licenciando? ¿cómo están actualmente acreditando y agregando información acerca de la fuente? También exploraremos las implicancias políticas de alentar la atribución como norma social incluso cuando no es requerida porque no aplican los derechos de autor.

 

Preguntas de investigación en detalle

Aspectos básicos sobre cómo funciona la impresión 3D

  • Descomponer el/los proceso/s de impresión 3D más comunes, desde la concepción de la idea a la creación del objeto físico, incluyendo los tipos de archivos involucrados (ejemplo: archivos CAD), explicaciones técnicas sobre los procesos que ocurren en la impresora 3D, etc.
  • ¿Cuán frecuentemente las licencias CC son aplicadas a este dominio? ¿Cuán a menudo son cumplidas?
  • ¿Cuáles son las técnicas para dar crédito e identificar la fuente en la impresión 3D? ¿Reglas generales para Compartir-Igual?

Rol de los derechos de autor en impresión 3D

  • En el proceso de impresión 3D, ¿qué archivos digitales y objetos físicos se encuentran bajo derechos de autor y por qué? ¿Cuáles no?
  • ¿Cuáles son las limitaciones a los derechos de autor y su uso en estos casos, y cómo podría(n) ser aplicado(s)? (ej: leyes de propiedad)
  • Esquema de la jurisprudencia pertinente (Estados Unidos e internacional).
  • ¿Cuándo están los derechos de autor, en cualquiera de esos objetos, potencialmente implicados con el proceso de impresión 3D?
  • Aun cuando ocurra adaptación o copia, ¿cuáles excepciones o limitaciones se deben aplicar? (ej: uso justo, test de divisibilidad)
  • Esquema de jurisprudencia pertinente (Estados Unidos e internacional)

Implicaciones políticas a considerar al iniciar la investigación sobre derechos de autor en la impresión 3D

  • Aun si la atribución no es legalmente requerida, la standarización de la atribución, ¿promovería la expansión de los derechos de autor (o sería percibida a nivel público como una expansión)?
  • Si los derechos de autor no son aplicables, ¿cuál es, o debiera ser, el rol de CC en este espacio?

Michael Weinberg y Public Knowledge han generado una gran investigación base para estas preguntas. Sean bienvenidos los links de otras investigaciones existentes. Puede que también exista investigación académica a la que -irónicamente- no tenemos acceso, así que cualquier información será de ayuda.

 

Queremos tu input

Al mismo tiempo que estamos llevando a cabo la investigación legal, estaremos ayudando a organizar una reunión inicial con expertos 3D en derecho, diseño y tecnología, incluyendo plataformas que permiten el hosting y distribución de diseños 3D licenciados bajo CC. Compartiremos nuestro pensamiento inicial y esquemas para prototipos a partir de esta reunión, reuniremos el feedback de nuestra comunidad y luego lo replicaremos para desarrollar prototipos que puedan ser testeados en ciertas plataformas. La meta no es producir algo que sea técnicamente perfecto, sino algo que la comunidad adopte y acepte fácilmente.

Nos gustaría escuchar tu opinión sobre todo lo que explicamos en este post. ¿Qué nos falta en cuanto a preguntas políticas y legales? ¿Cuáles son algunas soluciones técnicas que las plataformas ya están usando que deberíamos considerar? ¿Quién debería estar involucrado que no estamos vinculando? Y finalmente, pero no menos importante, ¿cuáles son tus prácticas e ideas como usuario? Por favor, contáctanos directamente o a través de nuestra cc-community list. Estamos recién empezando.


Las imágenes de este artículo provienen del artículo BY-3D? Creative Commons Attribution and 3D Printing de Michael Weinberg y se encuentran licenciadas con CC BY SA.

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La reforma de la ley de “Derechos de Autor” – Por Cristina Dartayete

Equipo de CC Uruguay, abril 27th, 2016

Publicamos el siguiente artículo escrito por Cristina Dartayete. La Dra. Dartayete es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual desde 2011 hasta 2014 y directora técnica de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial entre 2005 y 2010.


La reforma de la ley de “Derechos de Autor”

La protección de los “derechos de autor” se encuentra comprendida jurídicamente dentro de una categoría más amplia de derechos que son los derechos de propiedad intelectual. Estos derechos van a ser consagrados legislativamente a partir de la consolidación del régimen capitalista a nivel mundial y comprenden a los derechos de propiedad industrial que surgen precisamente con la revolución industrial: las marcas y las patentes, y los derechos de autor, protección surgida a partir de la movilización de algunos autores franceses como Víctor Hugo. Luego estos derechos van a ser consagrados universalmente –a fines del siglo XIX– en dos tratados hoy administrados por las Naciones Unidas: el Convenio de París para la propiedad industrial y el Convenio de Berna para los derechos de autor. Por tratarse de bienes inmateriales, no rivales (que pueden ser usados por varias personas a la vez), su protección ha consistido en la concesión de monopolios por parte de los Estados.

A medida que el comercio de estos bienes intangibles aumentó en valor, los estados centrales lo llevaron al viejo GATT, hoy OMC y consagraron en 1994 un Tratado que los recoge, el ADPIC o TRIPS, con una diferencia medular frente a los anteriores tratados: es vinculante para los países signatarios, lo que obligó a cambiar las legislaciones nacionales para adecuarse a él, so pena de imponérsele sanciones a aquellos países que no cumplieran. Este Tratado –si bien consagra altos estándares de protección– también prevé excepciones a los efectos de que los Estados –de acuerdo a sus necesidades económicas y culturales– puedan adoptarlas en salvaguarda de los intereses de los más necesitados o vulnerables. Estas excepciones tienen como objeto lograr un equilibrio entre los derechos monopólicos de los titulares y la posibilidad de acceso de los usuarios de los bienes (ej. acceso a los medicamentos, acceso al conocimiento y la cultura, acceso a los alimentos).

Uruguay modificó sus leyes de marcas y patentes en 1998 y 1999 respectivamente, tomando todas las excepciones que el Tratado le permitía. Por ejemplo, en materia de patentes, previó: excepciones, todas las formas de las licencias obligatorias para ser utilizadas en los casos de necesidad pública y las importaciones paralelas. En materia de semillas (nueva forma de protección del derecho de propiedad intelectual, los cultivares) se previó la excepción del agricultor. Sin embargo, en el año 2003 cuando se adecuó la ley de derechos de autor, no se tomaron en cuenta aquellas excepciones que los Tratados preveían para ser usadas por los Estados. Asimismo, esta modificación consagró la cesión automática de derechos de los autores de videojuegos y programas de ordenador a los empresarios, obviamente en detrimento del derecho de los autores. La ley así se convirtió de una ley de derechos de autor de cuño continental donde el beneficiario de la ley era el autor, en una ley de copyright, donde los beneficiarios son los empresarios: editores, empresas fonográficas, industria del entertainment, comercializadores de software, etc.

La reforma planteada por la FEUU viene precisamente a llenar ese vacío legal, autorizada internacionalmente por todos los tratados suscritos por el país y absolutamente necesaria para empezar a equilibrar la balanza entre monopolio y derecho al acceso al conocimiento y la cultura. El proyecto de reforma oportunamente llevado adelante por el Consejo de Derechos de Autor, con el asesoramiento del experto chileno Luis Villarroel, sin lugar a dudas, debería también ser tomado en cuenta a los efectos de empezar a subsanar los desequilibrios generados a partir de la ley del año 2003.

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Música Libre Uruguay – Entrevista en Radio Sarandí

Equipo de CC Uruguay, enero 10th, 2016

El 8 de enero Gustavo Insúa entrevistó a Salvador García, miembro del equipo de Creative Commons Uruguay, y a Raúl Garrido, de Estampita Records, en el programa “Al pan pan” de Radio Sarandí. La entrevista giró en torno al proyecto Música Libre Uruguay, lanzado hace algunas semanas, que incluye un catálogo de música uruguaya con licencias Creative Commons que se puede escuchar y compartir de manera libre y gratuita. Salvador y Raúl respondieron preguntas sobre el licenciamiento libre, la producción musical independiente y la necesidad de que las viejas instituciones se adapten a las nuevas formas de producir y escuchar música.

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Informe: Impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, diciembre 18th, 2015

Compartimos con ustedes el reporte “Impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos en Uruguay”, elaborado por el equipo de CC Uruguay para el informe “Derechos Humanos en el Uruguay” que elabora todos los años SERPAJ. Agradecemos la invitación que nos hizo SERPAJ para desarrollar aspectos importantes del derecho humano a tomar parte en la vida cultural, los cuales se ven obstruidos por la inapropiada restrictividad de la ley uruguaya de derecho de autor. Pueden leer el informe a continuación o descargarlo en su versión pdf.

 


 

Impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos en Uruguay

En Uruguay, la investigación y la práctica relacionadas con la propiedad intelectual en general, y con el derecho de autor en particular, han estado históricamente enfocadas desde una perspectiva sectorial y empresarial. La redacción y la aplicación de la ley de derecho de autor, y de otras leyes relacionadas, han estado guiadas tradicionalmente por los intereses de las sociedades de gestión de derechos, así como por cámaras empresariales vinculadas al sector editorial, discográfico, audiovisual y, más recientemente, informático.

La ley de derecho de autor otorga un monopolio temporal sobre las obras intelectuales a sus autores, quienes, a su vez, por lo común ceden los derechos a actores empresariales o institucionales. Bajo el ámbito de esta ley se encuentran desde las canciones de moda hasta los trabajos académicos, desde las obras de arte a los programas de computación, desde los textos literarios hasta los materiales educativos. Toda producción del dominio de la inteligencia, tal como se indica explícitamente en nuestra legislación, está regida por el derecho de autor.

Dada la extrema amplitud de la legislación de derecho de autor, la cual regula no solo las relaciones entre los autores y las empresas cesionarias, sino también una parte importante de las condiciones de acceso de la población a la cultura y al conocimiento, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de incluir en la redacción y en la aplicación de esta ley principios relacionados con el interés público. En concreto, analizar la ley de derecho de autor uruguaya desde una perspectiva de derechos humanos tiene la potencial ventaja de sacar a la luz un pilar históricamente negado u olvidado: el de los usuarios de la cultura, los lectores, los espectadores, los estudiantes, los autores independientes, las bibliotecas y otras instituciones culturales relacionadas con el acceso al patrimonio cultural. En otras palabras, el marco internacional de derechos humanos brinda un apoyo teórico y práctico de gran solidez para equilibrar el debate sobre una legislación históricamente guiada por los intereses de una pequeña elite, poniendo sobre la mesa la función social del derecho de autor.

En marzo de 2015, la Relatora Especial sobre los derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos donde estudia el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, tal como se consagra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.1 En dicho informe la relatora de derechos culturales pone de relieve la necesidad de garantizar la compatibilidad de la legislación de derecho de autor con los derechos humanos. Señala un número importante de problemas en la legislación internacional actual y realiza recomendaciones para que los regímenes de derecho de autor no interfieran con el derecho a la ciencia y a la cultura.

Para el presente informe sobre la situación en Uruguay adoptaremos el enfoque de la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU. Adoptar una perspectiva de derechos humanos para estudiar la legislación de derecho de autor uruguaya implica tomar en consideración, entre otros aspectos, el derecho a la educación, el derecho a la ciencia y a la cultura, y la libertad de expresión. Un derecho especialmente relevante en esta discusión es el derecho a la cultura, que implica tanto el derecho de todas las personas a acceder, disfrutar y participar en la vida cultural, como el derecho de los autores a ser reconocidos por sus obras y a gozar de una vida digna. La perspectiva de derechos humanos se basa en la búsqueda teórica y práctica de un equilibrio justo entre los distintos derechos contemplados, toda vez que existieren tensiones entre ellos. Así, ni el derecho a la autoría ni el derecho al acceso a la cultura son derechos absolutos ante los cuales cesa toda otra consideración, sino que es necesario abordarlos a la luz de sus interacciones, de los contextos locales y de los recursos disponibles.

El derecho a la educación

En el contexto uruguayo, uno de los problemas más preocupantes generados por la ley de derecho de autor se relaciona con el derecho a la educación. A fines de 2013 este problema cobró especial visibilidad, cuando un operativo policial de grandes proporciones contra el fotocopiado de materiales de estudio dio como resultado el arresto de 32 personas y el cierre de los locales de fotocopias cercanos a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El operativo, realizado en época de exámenes, provocó dificultades serias para el acceso de los estudiantes a los textos obligatorios de las materias.

Según un estudio llevado a cabo en 2013 en la Universidad de la República, el 40% de los estudiantes universitarios encuestados declararon que no pueden acceder a textos obligatorios, mientras que el 57% dijo que la compra de libros de texto universitarios le insumía una parte significativa de su presupuesto.2

El acceso a la educación superior es parte del derecho a la educación establecido en el marco internacional de derechos humanos. Pero el acceso a la educación no implica únicamente la posibilidad de matricularse en las instituciones de enseñanza, sino también el acceso a los materiales educativos que le permiten al estudiante desarrollarse como individuo. Más aún, el acceso a los materiales de estudio es un factor que incide de manera relevante en el ingreso y la permanencia en el sistema educativo, siendo los estudiantes de menores recursos los más afectados por el gasto en materiales educativos con derechos de autor.3

A diferencia de otros países, la legislación uruguaya no prevé excepciones al derecho de autor para la utilización de obras con fines educativos. Las excepciones y limitaciones al derecho de autor son herramientas legales de gran importancia para atender derechos humanos. Uruguay cuenta con una lista breve y desactualizada de limitaciones y excepciones, redactada en 1937 y no revisada integralmente desde entonces. Mientras en el ámbito internacional Uruguay ha apoyado el debate para que los países adopten de manera mandatoria limitaciones y excepciones en beneficio de la educación y las bibliotecas, a nivel local ha habido una notoria ausencia de legislación en este asunto.

Las reproducciones de fragmentos de libros y la compilación de textos de estudio, incluso cuando estos se realizan sin fines de lucro y dentro del ámbito institucional educativo, son actualmente delitos penales en nuestro país. Lo que en otros países se reconoce como un derecho de los ciudadanos, en Uruguay es objeto de sanciones penales. En cuanto al préstamo bibliotecario, si bien es una práctica ampliamente aceptada, tampoco está amparada por la ley de derecho de autor. Si bien no se conocen casos en Uruguay donde se haya perseguido el préstamo bibliotecario, ese riesgo existe y en países como España se ha concretado, obligando a las bibliotecas a pagar un canon por préstamo público.

En particular, en lo referido a las bibliotecas, la gran mayoría de sus actividades no es legal en Uruguay. No solo el préstamo público, sino también las copias para preservación, el fotocopiado de fragmentos de textos, el préstamo interbibliotecario y la reproducción digital de obras para colocar en las computadoras de la institución, entre otras prácticas, constituyen infracciones a la ley de derecho de autor.

El derecho a la cultura

Las bibliotecas son instituciones clave para la concreción no solo del derecho a la educación, sino también del derecho a la cultura, dado que además de brindar acceso a materiales de estudio, también facilitan textos científicos, técnicos y literarios, entre otros. El derecho a la cultura no se limita a aquellas manifestaciones culturales destinadas a fines utilitarios, sino que también incluye el disfrute del arte culto y de la cultura popular, como manifestaciones que aportan al desarrollo de la personalidad individual y a la inserción comunitaria. El rol de las bibliotecas para el acceso a la cultura es especialmente relevante en el interior de Uruguay, donde el mercado de productos culturales es escaso e insatisfactorio. Junto con las bibliotecas, en la última década los centros MEC también han tenido un rol relevante en el acceso a la cultura en el interior del país, realizando tareas de alfabetización digital y brindando conexión a Internet.

Una medida positiva para el acceso igualitario a la cultura ha sido la ratificación por parte de Uruguay en 2014 del Tratado de Marrakech. Este tratado internacional establece una excepción al derecho de autor mandatoria para los países firmantes, con el objetivo de facilitar el acceso a las obras a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Si bien la ratificación del Tratado de Marrakech es un paso importante, deberá acompañarse de una reglamentación adecuada y de acciones concretas por parte del Estado uruguayo para que las personas con discapacidades puedan acceder efectivamente a los textos impresos sin restricciones. Esto puede lograrse con el apoyo de tecnologías digitales y de plataformas online.4

A la luz de las posibilidades que brindan los nuevos medios digitales para la concreción del derecho a la cultura, una de las necesidades importantes para el futuro de la regulación de derecho de autor es la aceptación progresiva del intercambio y del acceso a la cultura sin fines de lucro en Internet. Un problema crítico que plantea la actual ley de derecho de autor en relación al derecho a la cultura es la penalización de la copia y del intercambio de obras sin fines de lucro. Tanto el intercambio de archivos entre pares como la digitalización de obras de interés patrimonial son ilegales. Incluso la copia para uso personal, es decir, aquella copia que se hace por única vez para cambiar de soporte un texto, una canción o un video, ya sea con el objetivo de trasladarla a otro dispositivo o simplemente como respaldo, es ilícita.

Lo más preocupante, sin embargo, es que tales ilícitos no acarrean solamente el riesgo de afrontar responsabilidad civil, sino también un castigo penal que, para el caso de las infracciones sin fines de lucro y sin intención de perjudicar al titular del derecho, llega a una multa de 1500 unidades reajustables o prisión equivalente. En pocas palabras, la infracción al derecho de autor es el delito que cometemos todos. Comportamientos habituales y socialmente aceptados constituyen conductas tipificadas como delitos penales. Esta situación pone en riesgo las garantías básicas de los ciudadanos, dado que los delitos que cometen todas las personas son especialmente aptos para la aplicación discrecional del poder represivo del Estado. En Uruguay abundan ejemplos de tal aplicación selectiva de la ley. En algunos casos notorios, como el de las fotocopias, ha habido un fuerte interés del sector editorial por brindarle a la opinión pública un ejemplo aleccionador. En otros casos, la denuncia penal o la amenaza de denuncia se han utilizado como formas de acoso o intimidación, e incluso se han llegado a usar como modelo de negocio para captar clientes en el sector informático y en el de la televisión por cable.

La duración del derecho de autor y el régimen de dominio público también tienen implicancias sobre el acceso al patrimonio cultural. En la actualidad, el derecho de autor tiene en Uruguay un plazo que abarca la vida del autor y 50 años posteriores a su muerte. En 2013, a petición de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura incluyó dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas el artículo 218, que pretendía extender el plazo de derecho de autor a 70 años post-mortem. El aumento del plazo en 20 años habría devuelto al dominio privado una enorme cantidad de obras que ya se encontraban en dominio público, con el correspondiente impacto sobre el acceso al patrimonio cultural.5 El artículo 218 generó amplio rechazo en el ambiente cultural, tras lo cual el MEC retiró la propuesta legislativa y convocó a un debate ciudadano sobre derecho de autor y acceso a la cultura. Este proceso, concretado en noviembre de 2013 en las conferencias ciudadanas Sumar, brindó espacio a actores diversos, incluyendo, además de la presencia de las sociedades de gestión de derechos de autor y las cámaras empresariales, las perspectivas de derechos humanos y del interés público. De este debate surgieron, a modo de síntesis, interesantes recomendaciones legislativas y de política pública. El resultado del proceso fue recopilado en un libro sobre la temática.6

En cuanto al dominio público, es decir, el conjunto de obras cuyo derecho de autor ha expirado, Uruguay es uno de los pocos países que tiene un sistema de dominio público pagante. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del mundo, donde las obras en dominio público son de uso libre, en Uruguay su utilización, si bien no requiere permisos, está sujeta al pago de una tarifa fijada por el Consejo de Derechos de Autor, un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Esta tarifa ha sido establecida, por lo general, en valores equivalentes a los aplicados para las obras en el dominio privado. El dominio público pagante implica una barrera económica importante para el uso del patrimonio cultural. En los hechos, es una pesada carga que dificulta principalmente las interpretaciones y ejecuciones musicales, así como la puesta en escena de obras teatrales. Si bien hasta el momento esta tarifa no se ha aplicado sobre el uso de obras en dominio público en Internet, el riesgo de que esto ocurra está presente, lo cual actúa como un factor disuasorio para cualquier iniciativa que busque disponibilizar el patrimonio cultural en línea.

La libertad de expresión

Así como la legislación de derecho de autor de Uruguay plantea tensiones evidentes con el derecho a la educación y el derecho a la cultura, la libertad de expresión también se ve excesivamente afectada por la normativa vigente. La libertad de expresión no se limita a las opiniones políticas sino que abarca todo tipo de ideas, incluyendo la expresión artística y las ideas sobre cualquier asunto de interés personal o comunitario.

La ley de derecho de autor uruguaya, sin embargo, no cuenta con un elemento clave para la libertad de expresión, como lo es una excepción para la parodia. Numerosos países admiten la reutilización de obras intelectuales o de fragmentos de ellas con fines paródicos. Esta excepción al derecho de autor tiene una larga tradición, basada en que la sátira y la parodia son procedimientos ampliamente reconocidos para la expresión de ideas de todo tipo. En Uruguay, quien desea utilizar una obra para parodiarla, debe pedir permiso al autor de dicha obra o arriesgarse a una sanción penal. Esta obligación es especialmente inadecuada, en la medida que la expresión paródica tiene verdadero sentido si se la protege contra la voluntad del autor parodiado.

Pero la reutilización de obras y materiales culturales como vehículo para la libertad de expresión no acaba en la parodia. En las últimas dos décadas el procedimiento del pastiche y la cultura del remix han tenido un auge muy marcado gracias al abaratamiento de los dispositivos digitales y la masificación de Internet. Estas prácticas son parte de la forma de vida de las generaciones más jóvenes. Los memes, la fan fiction y los mashups, entre muchas otras variedades de remezcla creativa, son expresiones contemporáneas de la creatividad humana, y en tal sentido son tan merecedoras de protección como cualquier otra expresión. La ley de derecho de autor podría reflejar esta realidad ya sea mediante excepciones y limitaciones que contemplen el derecho al remix, o a través de una cláusula de usos justos que abarque, entre otras cuestiones, la libertad de expresión.

Proyecto de ley

Los allanamientos de 2013 a los locales de fotocopias generaron una fuerte reacción en la comunidad universitaria. En particular, la Federación de Estudiantes Universitarios emitió una declaración condenando el procedimiento judicial y reclamando el acceso libre a materiales de estudio. El Centro de Estudiantes de Derecho, por su parte, lanzó una campaña de firmas con el objetivo de modificar la ley de derecho de autor para facilitar el acceso a los materiales. La campaña alcanzó en poco tiempo diez mil firmas, tras lo cual se le entregó un anteproyecto de ley al entonces vicepresidente Danilo Astori. El anteproyecto se convirtió en proyecto a mediados de 2014 con la firma de diputados de todos los partidos con representación parlamentaria, recibiendo también el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil. No obstante, restando pocos meses para la finalización del período parlamentario, el proyecto no logró salir de la Comisión de Educación y Cultura para ser tratado en la cámara, siendo archivado al final del período parlamentario.

En julio de 2015, dicho proyecto fue presentado nuevamente, esta vez en la Cámara de Senadores, con la firma de un nutrido grupo de senadores del Frente Amplio. Es de esperar que en esta oportunidad el proyecto corra mejor suerte.

El proyecto a estudio del parlamento reúne algunas de las demandas de la comunidad universitaria para facilitar el acceso a materiales de estudio. Habilita copias parciales de obras en los establecimientos educativos, se legalizan las copias para uso personal y se reconocen algunas prácticas propias de la función de las bibliotecas, como las copias para preservación, las copias de fragmentos de obras para los usuarios, las reproducciones electrónicas para la consulta en computadoras de la institución y la traducción de obras indisponibles en castellano. Por último, se eliminan las sanciones penales para las infracciones sin fines de lucro, permaneciendo la vía de reclamo civil.

El proyecto de ley es una iniciativa promisoria, que da cuenta de varios de los problemas mencionados en este artículo. Sin embargo, al estar centrada únicamente en la problemática educativa, deja de lado algunos de los aspectos señalados en este informe respecto al derecho a la cultura y a la libertad de expresión. El préstamo bibliotecario, la derogación del dominio público pagante, el reconocimiento de las prácticas de intercambio de materiales culturales sin fines de lucro en Internet, el derecho a la parodia, el derecho a realizar remixes y reversiones, y una cláusula general de usos justos, son algunas de las nociones que podrían enriquecer el proyecto de ley, para lograr avances significativos en materia de derechos humanos.

Políticas públicas

De manera complementaria a la reforma de la ley de derecho de autor, es necesaria una actitud proactiva del Estado uruguayo en la implementación de políticas públicas para promover el libre acceso a las investigaciones, las bases de datos, las obras culturales y los materiales educativos financiados con fondos públicos, en particular mediante la adopción de licencias Creative Commons. Hasta el momento las iniciativas de este tipo realizadas por organismos públicos en nuestro país son pocas e incipientes, pero guardan un potencial democratizador muy importante. Desde una perspectiva de derechos humanos, es fundamental que el Estado adopte una política integral de libre acceso a las creaciones intelectuales financiadas por el conjunto de la sociedad.

Comentarios finales

La legislación de derecho de autor en Uruguay no solo plantea dificultades importantes para una concreción más plena del derecho a la educación, el derecho a la cultura y la libertad de expresión, sino que también ha fallado históricamente en brindar medios de vida a los autores. En Uruguay, apenas un puñado de músicos y prácticamente ningún autor de otra disciplina pueden vivir de las regalías por derecho de autor. Más aún, estas regalías están distribuidas de manera extraordinariamente desigual entre el universo total de autores, concentrándose desproporcionadamente en unas pocas estrellas, en detrimento de los autores menos famosos. En otras palabras, la ley de derecho de autor no está resultando efectiva para recompensar a los creadores y, sin embargo, está poniendo barreras excesivas para el ejercicio de otros derechos humanos. Es necesario por tanto avanzar hacia una reformulación de esta ley. Esta reformulación debe cumplir un objetivo doble: por un lado, debe incluir una perspectiva de derechos humanos que la lleve a tomar en cuenta el acceso a la cultura, el derecho a la educación y la libertad de expresión, y por otro lado, debe proteger de manera más efectiva a los autores en su relación con los intermediarios de la cultura.

Como ya dijimos, la perspectiva de derechos humanos no afirma la existencia de derechos absolutos, sino que, ante las posibles tensiones entre derechos, busca equilibrar las necesidades e intereses legítimos que están en juego. Por tanto, una reforma del derecho de autor con perspectiva de derechos humanos no apunta, de ninguna manera, a negar el derecho a la autoría. Más bien, apunta a flexibilizar la norma, adaptarla a las nuevas prácticas culturales y establecer excepciones razonables para cubrir necesidades sociales. Apunta a alcanzar una ley menos restrictiva y menos represiva, que no criminalice las prácticas cotidianas de acceso a la cultura, que sea una herramienta válida y respetada para promover el desarrollo de las artes y las ciencias, que empodere a los autores comprendidos en sentido amplio, así como a las instituciones culturales, a los estudiantes y a los usuarios de la cultura en general.

 

* Informe elaborado por el equipo de Creative Commons Uruguay

1 Shaheed (2014). Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Farida Shaheed. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Consejo de Derechos Humanos, ONU. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/249/54/PDF/G1424954.pdf?OpenElement

2 Rodés y Pérez Casas (2013). Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. ProEVA, CSE, Udelar.

3 Rodés et al. (2014). Propuesta de investigación. Acceso al conocimiento en Educación Superior: Ecosistemas de contenidos y bibliotecas ocultas. CSIC, Udelar.

4 Gemetto (2014). Implementación del Tratado de Marrakech: oportunidades y desafíos. Revista Pillku. Disponible en: http://www.pillku.com/article/implementacion-del-tratado-de-marrakech-oportunida/

5 Sobre el impacto concreto que habría tenido esta medida, ver Creative Commons Uruguay (2015). El daño que no fue: análisis de los efectos perjudiciales del aumento de plazos de derecho de autor, en base a datos preliminares sobre dominio público en Uruguay. Disponible en: http://www.creativecommons.uy/el-dano-que-no-fue-analisis-de-los-efectos-perjudiciales-del-aumento-de-plazos-de-derecho-de-autor-en-base-a-datos-preliminares-sobre-dominio-publico-en-uruguay/

6 Bicentenario Uruguay, MEC (2015). Sumar en derecho de autor y acceso a la cultura. Disponible en http://www.sumar.gub.uy/libro-sumar-2013/

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