derechos culturales

Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Equipo de CC Uruguay, diciembre 25th, 2017

El 13 de diciembre Serpaj presentó el informe 2017 sobre Derechos Humanos en el Uruguay. Este año, al igual que en el informe de 2015, Creative Commons Uruguay colaboró con un capítulo donde se hace una puesta al día del impacto del sistema de derecho de autor sobre los derechos humanos. El informe repasa casos recientes en los que se vieron afectados derechos humanos por el inadecuado régimen autoral vigente. También se hacen recomendaciones legislativas y de política pública para corregir estos graves problemas.

El informe 2017 de Serpaj se puede leer y descargar desde este enlace. Es de destacar que se publica bajo una licencia Creative Commons que permite acceder y compartirlo sin barreras. Los invitamos también a visitar el repositorio digital de Serpaj, que cuenta con una gran cantidad de documentos de interés de acceso libre.

A continuación compartimos con ustedes el texto de nuestra contribución.


Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Por Creative Commons Uruguay*

Ilustración: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

En el Informe Anual 2015 de Serpaj sobre Derechos Humanos en Uruguay, el equipo de Creative Commons Uruguay escribió un capítulo acerca del impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos. En ese texto destacamos, en primer lugar, la importancia de abordar la legislación de derecho de autor desde la perspectiva de derechos humanos, siguiendo el criterio de la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, que en 2014 estudió el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, y brindó recomendaciones a los Estados.1 Señalamos que la ley uruguaya 9.739 referida al derecho de autor, que data de 1937, se encuentra en conflicto con las prácticas culturales contemporáneas y afecta injustificadamente el derecho a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión. Esta afectación a los derechos humanos se hizo más evidente en los últimos años, principalmente a causa de la generalización del uso de las tecnologías digitales. Mientras que estas tecnologías permiten reproducir y distribuir información a bajo costo, facilitando el ejercicio de derechos, la ley criminaliza muchas de las principales prácticas tendientes a ejercerlos.

El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, en su obra Derecho Penal – Parte general,2 explicaba ya a principios de los 2000 los problemas que traía la falta de adecuación de las normas de propiedad intelectual a la realidad contemporánea. Debido a los cambios tecnológicos y culturales ocurridos en las últimas décadas, el texto de la ley de derecho de autor pasó a abarcar un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. Mientras que en la década de 1930 solo era posible reproducir las obras con recursos técnicos muy costosos, la tecnología permite hoy la copia de obras enteras, o de partes de ellas, prácticamente sin costo. La conducta de reproducir, penada en el texto legal, se encuentra generalizada y, en los hechos, resulta imposible criminalizar a todas las personas que hacen copias para uso personal. Sin embargo, la mayoría de la población incurre cotidianamente en delitos conforme al texto y cualquier persona podría ser criminalizada arbitrariamente. Dado que el ámbito de las conductas criminalizadas es de extensión inusitada y no estuvo previsto en el contexto originario del texto, el resultado es un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad. Zaffaroni concluye afirmando que un tipo penal no puede erigirse en instrumento para la criminalización indiscriminada y que la omisión de las instituciones políticas frente a cambios de contexto cultural o tecnológico que alteran la extensión punitiva de un texto legal constituye una renuncia a su función, que no es constitucionalmente admisible. En otras palabras, buena parte de la ley de derecho de autor, incluyendo algunas de sus disposiciones penales, son inconstitucionales.

El ejemplo más obvio de inconstitucionalidad en la ley uruguaya de derecho de autor se puede encontrar en el literal E del artículo 46, que establece:

El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).

El artículo 2 detalla qué se entiende por reproducir:

La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.

Con este tipo penal y esta definición de reproducción, prácticamente la totalidad de la población uruguaya comete delitos de manera cotidiana. El funcionamiento de Internet implica que, cuando una persona accede a un sitio web desde su computadora, se generan y almacenan copias temporales de los contenidos en el dispositivo local. Al no contar con la autorización por escrito de los titulares de derechos de autor de cada sitio web, todas las personas que navegan por Internet en Uruguay cometen el delito penal comprendido en el literal E del artículo 46.

Este no es el único ejemplo de inconstitucionalidad. Otro caso es el que se da respecto del préstamo de ejemplares de obras. De acuerdo al artículo 2 de la ley 9.739, el préstamo también es una facultad exclusiva de los titulares de derechos de autor. Por lo tanto, prestar libros, discos o cualquier otro tipo de obras, ya sea de manera pública en una biblioteca o de manera privada entre personas individuales, sin la autorización expresa del titular de derechos, también constituye un ilícito de acuerdo a esta ley.

Los graves problemas ya mencionados, así como muchos otros presentes en el texto de la ley, dejan a todas las personas, en tanto usuarias de obras intelectuales, en situación de precariedad legal e indefensión, estando sujetas a posibles usos arbitrarios de la ley en su contra. Asimismo, se ven vulnerados sensiblemente los derechos a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.

Casos recientes de vulneración de derechos

Un conjunto de casos ocurridos en los últimos años sirven para ilustrar una situación que, aunque por lo general no es percibida como apremiante, suele estallar en casos de abrupta arbitrariedad. A continuación pondremos el foco en algunos de estos casos.

El más notorio en los años recientes afectó el derecho a la educación, cuando en octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República dejaron sin materiales de estudio a miles de estudiantes de Derecho. Las fotocopias son desde hace décadas una de las principales vías de acceso a materiales de estudio. La necesidad de fotocopiar se ve incrementada por el alto costo de los libros,3 y la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas no alcanza para satisfacer la demanda.

Los allanamientos a las fotocopiadoras dejaron como saldo 32 personas detenidas, decenas de máquinas incautadas y más de 10 locales clausurados. Miles de estudiantes sufrieron dificultades importantes para acceder a los materiales de estudio durante meses. La situación posteriormente se estabilizó, como era previsible, con el desplazamiento de la demanda a otros centros de fotocopiado y a grupos de intercambio en Internet, entre otras formas de acceso informal que complementan las insuficientes vías de acceso legal.

En octubre de 2016 la causa culminó con 14 personas condenadas a 7 meses de prisión por la reproducción y distribución de fotocopias en los centros de fotocopiado.

A comienzos de 2015, otro caso puso de relieve la afectación de la ley de derecho de autor a la libertad de expresión. El 18 de febrero de ese año una jueza penal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco, en el departamento de Colonia. La incautación se ordenó ante una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay, un consorcio de representantes legales de empresas multinacionales de software. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en la desproporcionada medida judicial, que fue particularmente grave porque violó la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenazó seriamente la actividad normal del periódico. El sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión.4 Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial. Días más tarde se supo que el denunciante actuó sin la autorización de la empresa de software a la que alegaba representar, por lo cual la causa no derivó en condenas al medio de prensa. No obstante, cabe resaltar que la medida judicial a través de la cual se ordenó la incautación de equipos se apoyó en la ley de derecho de autor. Desde 2003, esta ley considera el software como una obra autoral, y prevé sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría e incautación de equipos ante el uso de programas sin licencia. Este ilícito penal tan ampliamente extendido5 derivó en la existencia de entidades privadas, que, bajo modelos de dudosa legalidad, alegan representar a las empresas titulares de derechos, y, bajo la amenaza de denuncia penal, buscan cobrar “multas” u otros tipos de penalidades para “regularizar” a los infractores. Si bien el caso del periódico El Eco fue el que más notoriedad pública cobró, otros medios de prensa también fueron asediados, así como profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, como arquitectos, diseñadores e imprentas.

A comienzos de 2017, otro caso notorio afectó la libertad de expresión. El 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, Estudio Peyos SA, intimó a la editorial uruguaya Índice y a la profesora Silvana Pera, autora del libro de Historia Uy-siglo XX, dirigido a estudiantes de sexto año de escuela, a retirar todos los ejemplares de circulación, bajo la advertencia de entablar acciones judiciales en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa”.6 Semanas después de la intimación, la editorial Índice publicó un comunicado informando que eliminó del libro “cualquier mención o referencia a Los Pitufos, ya sea en forma de texto o diseño”, para evitar las acciones judiciales.7

Los derechos que administra Estudio Peyos SA provienen del autor original de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, que falleció en 1992. La empresa realizó la intimación por el uso de una imagen de Los Pitufos en el libro educativo de Silvana Pera, quien usó el ejemplo de Los Pitufos para ilustrar el concepto de comunismo, presente en los programas de estudio de sexto año. La intimación se basó en la ley de derecho de autor, que en nuestro país carece de excepciones para ejercer el derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, una práctica habitual en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas para proteger la actividad educativa, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas”.8

Más allá de la polémica mediática acerca del libro, desde una perspectiva de derechos humanos debe señalarse con preocupación que una empresa privada haya ejercido una censura directa sobre una obra con la cual tenía diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen citada en el libro no competía de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes de Los Pitufos, y que lo que se exigió no fue una compensación sino el retiro de la circulación. La falta de ciertas excepciones básicas en la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, empleando, entre otros argumentos, el del uso no autorizado de imágenes o pequeños fragmentos de obras a modo de cita.

En los últimos años también han existido amenazas al derecho de acceso y participación en la vida cultural, relacionadas con el inadecuado sistema de derecho de autor. Han sido persistentes las intimaciones y denuncias de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) contra personas y colectivos sin fines de lucro que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural a través de la digitalización y puesta en línea de materiales que se encuentran fuera del mercado. Estas entidades apelan recurrentemente, de manera abusiva, a los mecanismos de notificación y baja de contenidos de las principales plataformas digitales, como YouTube o Facebook. Las grandes plataformas, pertenecientes a corporaciones sujetas a la legislación estadounidense, suelen dar inmediatamente de baja los contenidos sin valorar adecuadamente los descargos de los usuarios denunciados. Lo grave de este tipo de procedimientos es que se establece una suerte de justicia privada, donde las plataformas reemplazan al sistema judicial para la determinación y sanción de las infracciones al derecho de autor.

Por otra parte, Agadu realiza habitualmente cobros arbitrarios y desproporcionados por la realización de festivales y otras actividades sin fines de lucro en espacios públicos, y ha llegado a exigir el pago por ensayos de carnaval en la calle. Desde 2015, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) también ha comenzado a realizar cobros arbitrarios en espacios públicos y pequeños comercios por la supuesta utilización de obras audiovisuales. La prácticas mencionadas dan cuenta de la debilidad de los mecanismos estatales para fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, así como para corregir y sancionar los abusos que estas frecuentemente cometen.

Las situaciones de vulneración de derechos que hemos presentado no son atribuibles exclusivamente a una falta de actualización de la ley del año 1937. A modo de ejemplo, la redacción del artículo 2, que incluye dentro de las facultades exclusivas de los titulares de derechos tanto a las copias electrónicas temporales como al préstamo de ejemplares de obras, fue incorporada en una reforma del año 2003 a través de la ley 17.616. Esta reforma se realizó con el objetivo de ajustar la ley de nuestro país a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), uno de los acuerdos del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1995. Dicho acuerdo aborda la propiedad intelectual como un asunto vinculado al comercio, cuestión que ha traído a los países miembros de la OMC enormes desafíos para compatibilizarlo con las obligaciones del sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país lamentablemente estuvo lejos de realizar la adecuación de la ley de derecho de autor a ADPIC prestando atención a las obligaciones de derechos humanos. La reforma de la ley buscó satisfacer las demandas de las cámaras y entidades sectoriales de la industria cultural. El resultado fue que el texto aprobado en 2003 fue incluso más allá de los cambios exigidos por la OMC. Así, se acentuó el desbalance entre los derechos de los intermediarios y los derechos de los autores y usuarios. Mientras que se amplió el alcance y el plazo de las facultades otorgadas a las empresas titulares de derechos, no se creó ni se adaptó ninguna de las pocas excepciones consagradas en 1937, que quedaron desactualizadas y prácticamente inaplicables. Tampoco se pusieron límites a los contratos de cesión de derechos a través de los cuales en innumerables ocasiones los autores son privados de los beneficios de su trabajo por las empresas intermediarias.

Avances y retrocesos en el proyecto de ley de reforma del derecho de autor

Luego de los allanamientos de 2013 a las fotocopiadoras, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de ese año un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor, colocando en la opinión pública el debate en torno al derecho a estudiar. El proyecto inicial fue avalado por la firma de 10.000 estudiantes universitarios. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se denominó a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trataba de una propuesta que amparaba diversas prácticas necesarias para la educación y el acceso a la cultura.

Realizamos a continuación un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva cuatro años. El proyecto original proponía añadir nuevas excepciones al derecho de autor. En particular, la excepción de ilustración de enseñanza, diversas excepciones para las actividades de las bibliotecas,9 la excepción de copia para uso personal y la despenalización del literal E del artículo 46. La iniciativa no llegó a ser tratada por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El texto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogió los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadió la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción a este proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, actualizando la ley y corrigiendo algunos de los desbalances añadidos en 2003. Sin embargo, luego de la media sanción, sobrevino la reacción de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de Agadu, entidades intermediarias que buscaron imponer la idea de que el proyecto afectaba a la industria editorial y al sector cultural.

Toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto que recibió la media sanción del Senado incorporó el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, como el derecho de hacer parodias, fotografiar y filmar obras expuestas en espacios públicos, citar obras escritas, sonoras, audiovisuales, plásticas y fotográficas, entre otras disposiciones. Lejos de dañar el interés de los creadores, el proyecto apunta a consolidar el derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay respecto de otros países.

Sin embargo, las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema, entre ellas la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, instituciones y colectivos docentes, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien en un principio la CUL y Agadu habían afirmado oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron eliminar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. De aprobarse la propuesta acordada entre Agadu, FEUU y CUL, el Parlamento estaría legitimando muchas de las restricciones que en principio buscaba superar.

A modo de ejemplo, atendiendo a que, como ya dijimos, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar todo tipo de obras de manera legal. En cambio, el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL restringe el préstamo únicamente a bibliotecas de instituciones sin fines de lucro y a obras expresadas por escrito, excluyendo libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Así, mientras que hoy el préstamo es ilegal pero esta ilegalidad cae por la fuerza de la costumbre, en caso de aprobarse el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se estaría legitimando en 2017 una norma que prohíbe a las bibliotecas prestar todo tipo de materiales excepto textos.

En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de la Universidad de la República, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL, y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Otras organizaciones sociales se sumaron al reclamo a través de un documento conjunto10 donde respaldan el proyecto del Senado. También cientos de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura enviaron al parlamento una petición en apoyo al proyecto con media sanción del Senado.11

En octubre de 2017, tanto el proyecto con media sanción del Senado como el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

Excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso

Consideramos relevante incluir en este informe un importante avance para el ejercicio de los derechos culturales. Se trata del decreto 295/017,12 que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. Esta reglamentación, promulgada el 16 de octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, hace también efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a este decreto reglamentario, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas contarán con mejores posibilidades de acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (un proyecto conjunto de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor.

Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual, pero también a personas con otras dificultades para acceder a obras impresas (por discapacidades motrices o intelectuales, o por diferentes tipos de trastornos que afectan la lectura). Este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una gran proporción de personas adultas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirles el disfrute y el derecho de la lectura.

A partir del decreto reglamentario las obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Oportunidades para seguir avanzando

El Senado dio media sanción a una reforma que, en caso de aprobarse, consagraría excepciones y limitaciones al derecho de autor para contemplar adecuadamente los derechos culturales, especialmente el derecho a estudiar. Asimismo, el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar una ley que favorece el acceso a la cultura de las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Pero la discusión normativa debe ir acompañada de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos culturales.

En este sentido, Uruguay aprobó a principios de 2017 la Agenda Uruguay Digital 2020. Bajo el lema “Transformación con equidad”, la agenda incluye, entre otros objetivos, la “creación del Sistema Nacional de Repositorios para compartir y consultar todos los artículos científicos, tesis y libros de textos de producción nacional a nivel universitario”.13 La creación de un sistema de repositorios digitales implica destinar recursos públicos y orientar esfuerzos a garantizar el acceso abierto a la investigación científica nacional y a materiales educativos. Cabe esperar que este esfuerzo se complemente con el impulso a la digitalización del patrimonio cultural que albergan las bibliotecas, museos y archivos públicos, para ponerlo a disposición de la ciudadanía, respetando los derechos autorales, pero haciendo uso del dominio público y de las escasas excepciones contempladas por la ley en favor del acceso a la cultura, la educación y la ciencia.

El derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural, que es de rango constitucional en Uruguay en virtud de los tratados de derechos humanos de los que el país es firmante, implica una responsabilidad por parte del Estado. Nuestro país debe salir de la actual situación desequilibrada en cuanto a legislación en materia de derecho de autor para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos culturales. Estudiantes y docentes deben poder utilizar materiales de estudio sin verse expuestos a sanciones penales. Las bibliotecas e instituciones culturales deben poder cumplir su misión sin entrar en contradicción con la ley. Las personas que crean obras intelectuales deben poder hacerlo sin dejar de expresar sus ideas para cuidarse de posibles represalias legales. Así como lo ha hecho con la firma, ratificación y reglamentación del Tratado de Marrakech, Uruguay tiene la oportunidad de continuar avanzando con más excepciones al derecho de autor y con más políticas públicas que permitan a las personas ejercer sus derechos a la hora de aprender, informarse y crear. El Estado, en lugar de ser un agente de represión de las prácticas culturales de la población, debe transformarse en un garante de derechos a través de una legislación adecuada al siglo XXI, y en un facilitador de su ejercicio mediante el desarrollo de políticas públicas de acceso a la cultura.

* Creative Commons Uruguay es un colectivo sin fines de lucro que promueve la creatividad y el acceso democrático al conocimiento. Forma parte de la red internacional de Creative Commons, que ha desarrollado licencias de derecho de autor del mismo nombre.

1 Shaheed, Farida. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 24 de diciembre de 2014.

2 Zaffaroni, Eugenio Raúl et al. Derecho penal – Parte general. Buenos Aires, Ediar, 2002.

3 Rodés, Virginia y Pérez Casas, Alén. Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. Montevideo, Udelar, 2013.

5 Según un estudio de la Business Software Alliance, una cámara empresarial internacional del sector del software dedicada al ejercer presión en materia de propiedad intelectual, en 2015 el 68% del software instalado en Uruguay no contaba con licencia. Ver: Seizing opportunity through license compliance. BSA global software survey. Mayo de 2016. Disponible en: http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_US.pdf

6 Uypress. Pitufos comunistas con leyes capitalistas: piden retirar de circulación el libro. 24 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.uypress.net/auc.aspx?75360

7 Montevideo Portal. Tras acuerdo legal, quitaron referencia a Los Pitufos en libro escolar. 27 de julio de 2017. Disponible en: http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tras-acuerdo-legal-quitaron-referencia-a-Los-Pitufos-en-libro-escolar-uc350069

8 Xalabarder, Raquel. Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet. Revista pe.i., n. 29, Madrid, mayo-agosto 2008, pág. 22.

9 Uruguay es uno de los 21 países que aún no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas. Para más información, ver Crews, Kenneth. Copyright exceptions & limitations: libraries and archives. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_presentations.pdf

11 Petición disponible en: https://www.todosganamosderechos.org/

12 Decreto reglamentario disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/295-2017

13 Jackson, Matías. Nueva Agenda Digital Uruguay 2016-2020. 23 de enero de 2017. Disponible en: https://www.mjackson.uy/nueva-agenda-digital-uruguay-2016-2020/

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Informe: Impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, diciembre 18th, 2015

Compartimos con ustedes el reporte “Impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos en Uruguay”, elaborado por el equipo de CC Uruguay para el informe “Derechos Humanos en el Uruguay” que elabora todos los años SERPAJ. Agradecemos la invitación que nos hizo SERPAJ para desarrollar aspectos importantes del derecho humano a tomar parte en la vida cultural, los cuales se ven obstruidos por la inapropiada restrictividad de la ley uruguaya de derecho de autor. Pueden leer el informe a continuación o descargarlo en su versión pdf.

 


 

Impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos en Uruguay

En Uruguay, la investigación y la práctica relacionadas con la propiedad intelectual en general, y con el derecho de autor en particular, han estado históricamente enfocadas desde una perspectiva sectorial y empresarial. La redacción y la aplicación de la ley de derecho de autor, y de otras leyes relacionadas, han estado guiadas tradicionalmente por los intereses de las sociedades de gestión de derechos, así como por cámaras empresariales vinculadas al sector editorial, discográfico, audiovisual y, más recientemente, informático.

La ley de derecho de autor otorga un monopolio temporal sobre las obras intelectuales a sus autores, quienes, a su vez, por lo común ceden los derechos a actores empresariales o institucionales. Bajo el ámbito de esta ley se encuentran desde las canciones de moda hasta los trabajos académicos, desde las obras de arte a los programas de computación, desde los textos literarios hasta los materiales educativos. Toda producción del dominio de la inteligencia, tal como se indica explícitamente en nuestra legislación, está regida por el derecho de autor.

Dada la extrema amplitud de la legislación de derecho de autor, la cual regula no solo las relaciones entre los autores y las empresas cesionarias, sino también una parte importante de las condiciones de acceso de la población a la cultura y al conocimiento, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de incluir en la redacción y en la aplicación de esta ley principios relacionados con el interés público. En concreto, analizar la ley de derecho de autor uruguaya desde una perspectiva de derechos humanos tiene la potencial ventaja de sacar a la luz un pilar históricamente negado u olvidado: el de los usuarios de la cultura, los lectores, los espectadores, los estudiantes, los autores independientes, las bibliotecas y otras instituciones culturales relacionadas con el acceso al patrimonio cultural. En otras palabras, el marco internacional de derechos humanos brinda un apoyo teórico y práctico de gran solidez para equilibrar el debate sobre una legislación históricamente guiada por los intereses de una pequeña elite, poniendo sobre la mesa la función social del derecho de autor.

En marzo de 2015, la Relatora Especial sobre los derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos donde estudia el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, tal como se consagra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.1 En dicho informe la relatora de derechos culturales pone de relieve la necesidad de garantizar la compatibilidad de la legislación de derecho de autor con los derechos humanos. Señala un número importante de problemas en la legislación internacional actual y realiza recomendaciones para que los regímenes de derecho de autor no interfieran con el derecho a la ciencia y a la cultura.

Para el presente informe sobre la situación en Uruguay adoptaremos el enfoque de la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU. Adoptar una perspectiva de derechos humanos para estudiar la legislación de derecho de autor uruguaya implica tomar en consideración, entre otros aspectos, el derecho a la educación, el derecho a la ciencia y a la cultura, y la libertad de expresión. Un derecho especialmente relevante en esta discusión es el derecho a la cultura, que implica tanto el derecho de todas las personas a acceder, disfrutar y participar en la vida cultural, como el derecho de los autores a ser reconocidos por sus obras y a gozar de una vida digna. La perspectiva de derechos humanos se basa en la búsqueda teórica y práctica de un equilibrio justo entre los distintos derechos contemplados, toda vez que existieren tensiones entre ellos. Así, ni el derecho a la autoría ni el derecho al acceso a la cultura son derechos absolutos ante los cuales cesa toda otra consideración, sino que es necesario abordarlos a la luz de sus interacciones, de los contextos locales y de los recursos disponibles.

El derecho a la educación

En el contexto uruguayo, uno de los problemas más preocupantes generados por la ley de derecho de autor se relaciona con el derecho a la educación. A fines de 2013 este problema cobró especial visibilidad, cuando un operativo policial de grandes proporciones contra el fotocopiado de materiales de estudio dio como resultado el arresto de 32 personas y el cierre de los locales de fotocopias cercanos a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El operativo, realizado en época de exámenes, provocó dificultades serias para el acceso de los estudiantes a los textos obligatorios de las materias.

Según un estudio llevado a cabo en 2013 en la Universidad de la República, el 40% de los estudiantes universitarios encuestados declararon que no pueden acceder a textos obligatorios, mientras que el 57% dijo que la compra de libros de texto universitarios le insumía una parte significativa de su presupuesto.2

El acceso a la educación superior es parte del derecho a la educación establecido en el marco internacional de derechos humanos. Pero el acceso a la educación no implica únicamente la posibilidad de matricularse en las instituciones de enseñanza, sino también el acceso a los materiales educativos que le permiten al estudiante desarrollarse como individuo. Más aún, el acceso a los materiales de estudio es un factor que incide de manera relevante en el ingreso y la permanencia en el sistema educativo, siendo los estudiantes de menores recursos los más afectados por el gasto en materiales educativos con derechos de autor.3

A diferencia de otros países, la legislación uruguaya no prevé excepciones al derecho de autor para la utilización de obras con fines educativos. Las excepciones y limitaciones al derecho de autor son herramientas legales de gran importancia para atender derechos humanos. Uruguay cuenta con una lista breve y desactualizada de limitaciones y excepciones, redactada en 1937 y no revisada integralmente desde entonces. Mientras en el ámbito internacional Uruguay ha apoyado el debate para que los países adopten de manera mandatoria limitaciones y excepciones en beneficio de la educación y las bibliotecas, a nivel local ha habido una notoria ausencia de legislación en este asunto.

Las reproducciones de fragmentos de libros y la compilación de textos de estudio, incluso cuando estos se realizan sin fines de lucro y dentro del ámbito institucional educativo, son actualmente delitos penales en nuestro país. Lo que en otros países se reconoce como un derecho de los ciudadanos, en Uruguay es objeto de sanciones penales. En cuanto al préstamo bibliotecario, si bien es una práctica ampliamente aceptada, tampoco está amparada por la ley de derecho de autor. Si bien no se conocen casos en Uruguay donde se haya perseguido el préstamo bibliotecario, ese riesgo existe y en países como España se ha concretado, obligando a las bibliotecas a pagar un canon por préstamo público.

En particular, en lo referido a las bibliotecas, la gran mayoría de sus actividades no es legal en Uruguay. No solo el préstamo público, sino también las copias para preservación, el fotocopiado de fragmentos de textos, el préstamo interbibliotecario y la reproducción digital de obras para colocar en las computadoras de la institución, entre otras prácticas, constituyen infracciones a la ley de derecho de autor.

El derecho a la cultura

Las bibliotecas son instituciones clave para la concreción no solo del derecho a la educación, sino también del derecho a la cultura, dado que además de brindar acceso a materiales de estudio, también facilitan textos científicos, técnicos y literarios, entre otros. El derecho a la cultura no se limita a aquellas manifestaciones culturales destinadas a fines utilitarios, sino que también incluye el disfrute del arte culto y de la cultura popular, como manifestaciones que aportan al desarrollo de la personalidad individual y a la inserción comunitaria. El rol de las bibliotecas para el acceso a la cultura es especialmente relevante en el interior de Uruguay, donde el mercado de productos culturales es escaso e insatisfactorio. Junto con las bibliotecas, en la última década los centros MEC también han tenido un rol relevante en el acceso a la cultura en el interior del país, realizando tareas de alfabetización digital y brindando conexión a Internet.

Una medida positiva para el acceso igualitario a la cultura ha sido la ratificación por parte de Uruguay en 2014 del Tratado de Marrakech. Este tratado internacional establece una excepción al derecho de autor mandatoria para los países firmantes, con el objetivo de facilitar el acceso a las obras a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Si bien la ratificación del Tratado de Marrakech es un paso importante, deberá acompañarse de una reglamentación adecuada y de acciones concretas por parte del Estado uruguayo para que las personas con discapacidades puedan acceder efectivamente a los textos impresos sin restricciones. Esto puede lograrse con el apoyo de tecnologías digitales y de plataformas online.4

A la luz de las posibilidades que brindan los nuevos medios digitales para la concreción del derecho a la cultura, una de las necesidades importantes para el futuro de la regulación de derecho de autor es la aceptación progresiva del intercambio y del acceso a la cultura sin fines de lucro en Internet. Un problema crítico que plantea la actual ley de derecho de autor en relación al derecho a la cultura es la penalización de la copia y del intercambio de obras sin fines de lucro. Tanto el intercambio de archivos entre pares como la digitalización de obras de interés patrimonial son ilegales. Incluso la copia para uso personal, es decir, aquella copia que se hace por única vez para cambiar de soporte un texto, una canción o un video, ya sea con el objetivo de trasladarla a otro dispositivo o simplemente como respaldo, es ilícita.

Lo más preocupante, sin embargo, es que tales ilícitos no acarrean solamente el riesgo de afrontar responsabilidad civil, sino también un castigo penal que, para el caso de las infracciones sin fines de lucro y sin intención de perjudicar al titular del derecho, llega a una multa de 1500 unidades reajustables o prisión equivalente. En pocas palabras, la infracción al derecho de autor es el delito que cometemos todos. Comportamientos habituales y socialmente aceptados constituyen conductas tipificadas como delitos penales. Esta situación pone en riesgo las garantías básicas de los ciudadanos, dado que los delitos que cometen todas las personas son especialmente aptos para la aplicación discrecional del poder represivo del Estado. En Uruguay abundan ejemplos de tal aplicación selectiva de la ley. En algunos casos notorios, como el de las fotocopias, ha habido un fuerte interés del sector editorial por brindarle a la opinión pública un ejemplo aleccionador. En otros casos, la denuncia penal o la amenaza de denuncia se han utilizado como formas de acoso o intimidación, e incluso se han llegado a usar como modelo de negocio para captar clientes en el sector informático y en el de la televisión por cable.

La duración del derecho de autor y el régimen de dominio público también tienen implicancias sobre el acceso al patrimonio cultural. En la actualidad, el derecho de autor tiene en Uruguay un plazo que abarca la vida del autor y 50 años posteriores a su muerte. En 2013, a petición de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura incluyó dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas el artículo 218, que pretendía extender el plazo de derecho de autor a 70 años post-mortem. El aumento del plazo en 20 años habría devuelto al dominio privado una enorme cantidad de obras que ya se encontraban en dominio público, con el correspondiente impacto sobre el acceso al patrimonio cultural.5 El artículo 218 generó amplio rechazo en el ambiente cultural, tras lo cual el MEC retiró la propuesta legislativa y convocó a un debate ciudadano sobre derecho de autor y acceso a la cultura. Este proceso, concretado en noviembre de 2013 en las conferencias ciudadanas Sumar, brindó espacio a actores diversos, incluyendo, además de la presencia de las sociedades de gestión de derechos de autor y las cámaras empresariales, las perspectivas de derechos humanos y del interés público. De este debate surgieron, a modo de síntesis, interesantes recomendaciones legislativas y de política pública. El resultado del proceso fue recopilado en un libro sobre la temática.6

En cuanto al dominio público, es decir, el conjunto de obras cuyo derecho de autor ha expirado, Uruguay es uno de los pocos países que tiene un sistema de dominio público pagante. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del mundo, donde las obras en dominio público son de uso libre, en Uruguay su utilización, si bien no requiere permisos, está sujeta al pago de una tarifa fijada por el Consejo de Derechos de Autor, un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Esta tarifa ha sido establecida, por lo general, en valores equivalentes a los aplicados para las obras en el dominio privado. El dominio público pagante implica una barrera económica importante para el uso del patrimonio cultural. En los hechos, es una pesada carga que dificulta principalmente las interpretaciones y ejecuciones musicales, así como la puesta en escena de obras teatrales. Si bien hasta el momento esta tarifa no se ha aplicado sobre el uso de obras en dominio público en Internet, el riesgo de que esto ocurra está presente, lo cual actúa como un factor disuasorio para cualquier iniciativa que busque disponibilizar el patrimonio cultural en línea.

La libertad de expresión

Así como la legislación de derecho de autor de Uruguay plantea tensiones evidentes con el derecho a la educación y el derecho a la cultura, la libertad de expresión también se ve excesivamente afectada por la normativa vigente. La libertad de expresión no se limita a las opiniones políticas sino que abarca todo tipo de ideas, incluyendo la expresión artística y las ideas sobre cualquier asunto de interés personal o comunitario.

La ley de derecho de autor uruguaya, sin embargo, no cuenta con un elemento clave para la libertad de expresión, como lo es una excepción para la parodia. Numerosos países admiten la reutilización de obras intelectuales o de fragmentos de ellas con fines paródicos. Esta excepción al derecho de autor tiene una larga tradición, basada en que la sátira y la parodia son procedimientos ampliamente reconocidos para la expresión de ideas de todo tipo. En Uruguay, quien desea utilizar una obra para parodiarla, debe pedir permiso al autor de dicha obra o arriesgarse a una sanción penal. Esta obligación es especialmente inadecuada, en la medida que la expresión paródica tiene verdadero sentido si se la protege contra la voluntad del autor parodiado.

Pero la reutilización de obras y materiales culturales como vehículo para la libertad de expresión no acaba en la parodia. En las últimas dos décadas el procedimiento del pastiche y la cultura del remix han tenido un auge muy marcado gracias al abaratamiento de los dispositivos digitales y la masificación de Internet. Estas prácticas son parte de la forma de vida de las generaciones más jóvenes. Los memes, la fan fiction y los mashups, entre muchas otras variedades de remezcla creativa, son expresiones contemporáneas de la creatividad humana, y en tal sentido son tan merecedoras de protección como cualquier otra expresión. La ley de derecho de autor podría reflejar esta realidad ya sea mediante excepciones y limitaciones que contemplen el derecho al remix, o a través de una cláusula de usos justos que abarque, entre otras cuestiones, la libertad de expresión.

Proyecto de ley

Los allanamientos de 2013 a los locales de fotocopias generaron una fuerte reacción en la comunidad universitaria. En particular, la Federación de Estudiantes Universitarios emitió una declaración condenando el procedimiento judicial y reclamando el acceso libre a materiales de estudio. El Centro de Estudiantes de Derecho, por su parte, lanzó una campaña de firmas con el objetivo de modificar la ley de derecho de autor para facilitar el acceso a los materiales. La campaña alcanzó en poco tiempo diez mil firmas, tras lo cual se le entregó un anteproyecto de ley al entonces vicepresidente Danilo Astori. El anteproyecto se convirtió en proyecto a mediados de 2014 con la firma de diputados de todos los partidos con representación parlamentaria, recibiendo también el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil. No obstante, restando pocos meses para la finalización del período parlamentario, el proyecto no logró salir de la Comisión de Educación y Cultura para ser tratado en la cámara, siendo archivado al final del período parlamentario.

En julio de 2015, dicho proyecto fue presentado nuevamente, esta vez en la Cámara de Senadores, con la firma de un nutrido grupo de senadores del Frente Amplio. Es de esperar que en esta oportunidad el proyecto corra mejor suerte.

El proyecto a estudio del parlamento reúne algunas de las demandas de la comunidad universitaria para facilitar el acceso a materiales de estudio. Habilita copias parciales de obras en los establecimientos educativos, se legalizan las copias para uso personal y se reconocen algunas prácticas propias de la función de las bibliotecas, como las copias para preservación, las copias de fragmentos de obras para los usuarios, las reproducciones electrónicas para la consulta en computadoras de la institución y la traducción de obras indisponibles en castellano. Por último, se eliminan las sanciones penales para las infracciones sin fines de lucro, permaneciendo la vía de reclamo civil.

El proyecto de ley es una iniciativa promisoria, que da cuenta de varios de los problemas mencionados en este artículo. Sin embargo, al estar centrada únicamente en la problemática educativa, deja de lado algunos de los aspectos señalados en este informe respecto al derecho a la cultura y a la libertad de expresión. El préstamo bibliotecario, la derogación del dominio público pagante, el reconocimiento de las prácticas de intercambio de materiales culturales sin fines de lucro en Internet, el derecho a la parodia, el derecho a realizar remixes y reversiones, y una cláusula general de usos justos, son algunas de las nociones que podrían enriquecer el proyecto de ley, para lograr avances significativos en materia de derechos humanos.

Políticas públicas

De manera complementaria a la reforma de la ley de derecho de autor, es necesaria una actitud proactiva del Estado uruguayo en la implementación de políticas públicas para promover el libre acceso a las investigaciones, las bases de datos, las obras culturales y los materiales educativos financiados con fondos públicos, en particular mediante la adopción de licencias Creative Commons. Hasta el momento las iniciativas de este tipo realizadas por organismos públicos en nuestro país son pocas e incipientes, pero guardan un potencial democratizador muy importante. Desde una perspectiva de derechos humanos, es fundamental que el Estado adopte una política integral de libre acceso a las creaciones intelectuales financiadas por el conjunto de la sociedad.

Comentarios finales

La legislación de derecho de autor en Uruguay no solo plantea dificultades importantes para una concreción más plena del derecho a la educación, el derecho a la cultura y la libertad de expresión, sino que también ha fallado históricamente en brindar medios de vida a los autores. En Uruguay, apenas un puñado de músicos y prácticamente ningún autor de otra disciplina pueden vivir de las regalías por derecho de autor. Más aún, estas regalías están distribuidas de manera extraordinariamente desigual entre el universo total de autores, concentrándose desproporcionadamente en unas pocas estrellas, en detrimento de los autores menos famosos. En otras palabras, la ley de derecho de autor no está resultando efectiva para recompensar a los creadores y, sin embargo, está poniendo barreras excesivas para el ejercicio de otros derechos humanos. Es necesario por tanto avanzar hacia una reformulación de esta ley. Esta reformulación debe cumplir un objetivo doble: por un lado, debe incluir una perspectiva de derechos humanos que la lleve a tomar en cuenta el acceso a la cultura, el derecho a la educación y la libertad de expresión, y por otro lado, debe proteger de manera más efectiva a los autores en su relación con los intermediarios de la cultura.

Como ya dijimos, la perspectiva de derechos humanos no afirma la existencia de derechos absolutos, sino que, ante las posibles tensiones entre derechos, busca equilibrar las necesidades e intereses legítimos que están en juego. Por tanto, una reforma del derecho de autor con perspectiva de derechos humanos no apunta, de ninguna manera, a negar el derecho a la autoría. Más bien, apunta a flexibilizar la norma, adaptarla a las nuevas prácticas culturales y establecer excepciones razonables para cubrir necesidades sociales. Apunta a alcanzar una ley menos restrictiva y menos represiva, que no criminalice las prácticas cotidianas de acceso a la cultura, que sea una herramienta válida y respetada para promover el desarrollo de las artes y las ciencias, que empodere a los autores comprendidos en sentido amplio, así como a las instituciones culturales, a los estudiantes y a los usuarios de la cultura en general.

 

* Informe elaborado por el equipo de Creative Commons Uruguay

1 Shaheed (2014). Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Farida Shaheed. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Consejo de Derechos Humanos, ONU. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/249/54/PDF/G1424954.pdf?OpenElement

2 Rodés y Pérez Casas (2013). Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. ProEVA, CSE, Udelar.

3 Rodés et al. (2014). Propuesta de investigación. Acceso al conocimiento en Educación Superior: Ecosistemas de contenidos y bibliotecas ocultas. CSIC, Udelar.

4 Gemetto (2014). Implementación del Tratado de Marrakech: oportunidades y desafíos. Revista Pillku. Disponible en: http://www.pillku.com/article/implementacion-del-tratado-de-marrakech-oportunida/

5 Sobre el impacto concreto que habría tenido esta medida, ver Creative Commons Uruguay (2015). El daño que no fue: análisis de los efectos perjudiciales del aumento de plazos de derecho de autor, en base a datos preliminares sobre dominio público en Uruguay. Disponible en: http://www.creativecommons.uy/el-dano-que-no-fue-analisis-de-los-efectos-perjudiciales-del-aumento-de-plazos-de-derecho-de-autor-en-base-a-datos-preliminares-sobre-dominio-publico-en-uruguay/

6 Bicentenario Uruguay, MEC (2015). Sumar en derecho de autor y acceso a la cultura. Disponible en http://www.sumar.gub.uy/libro-sumar-2013/

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Tweetdebate: movilízate por tus derechos

Equipo de CC Uruguay, abril 22nd, 2015

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El 26 de abril, la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) “celebra” el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. El 27 de abril, bajo el hashtag #WorldIPDay a las 16 hs de Uruguay, Argentina y Chile, 15 hs de Paraguay, 14:30 hs de Venezuela y 14 hs de Colombia, hacemos un tweetdebate sobre el impacto de la propiedad intelectual en nuestra vida cotidiana.

Desde las organizaciones latinoamericanas que promovemos una mirada crítica hacia la propiedad intelectual, hemos propuesto durante años una agenda alternativa a la convocatoria de la OMPI. Desde nuestras organizaciones creemos que lo justo no es movilizarse por la propiedad intelectual, sino por el derecho de todas y todos a la cultura.

Todos tenemos derecho a participar activamente de la vida cultural de nuestros países. Este derecho está reconocido en diversos pactos internacionales e implica que cada ciudadano tiene derecho a gozar de las artes y de los beneficios del progreso científico.

Para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho, es necesario que las personas puedan acceder y reapropiarse de las obras culturales de múltiples maneras, desde la parodia hasta la copia.

Las leyes de propiedad intelectual afectan negativamente el acceso a la cultura y al conocimiento, tus libertades en Internet, tus derechos sobre los dispositivos que compras e incluso el costo de tus medicamentos, la seguridad de los alimentos que consumes. Además, ponen en riesgo tu libertad de expresión, poniendo el beneficio de las grandes empresas del entretenimiento y la cultura sobre los tuyos.

Muchas veces, los autores son retratados como los principales beneficiarios de las leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, sabemos que casi siempre son los menos favorecidos.

Las leyes de propiedad intelectual suelen negociarse en tratados comerciales internacionales muy alejados de las políticas locales y que poco ayudan a mantener la soberanía de los países. Una vez aprobados estos tratados, la modificación posterior de las leyes de propiedad intelectual es muy difícil, debido a las duras sanciones que debe enfrentar el país que ose mejorar su legislación. Muchas veces, estos tratados comerciales se plantean como regulaciones que están por encima de los derechos humanos, lo cual es claramente falso.

Uno de los primeros tratados de este tipo se llama ADPIC (Aspectos de la Propiedad Intelectual Vinculados al Comercio), firmado ya hace 20 años. Tras él vinieron muchos otros, que buscan imponer restricciones cada vez más duras al ejercicio de tus libertades. Uno de ellos es el tratado de libre comercio que negocia el Mercosur con la Unión Europea. Otro es el TPP, tratado de libre comercio promovido por Estados Unidos que Perú, México y Chile negocian en secreto junto a otros 9 países. Lo mejor para nuestros países es alejarse de esos tratados y aprobar nuevas leyes que pongan el derecho a la participación cultural por encima de la propiedad intelectual.

Si quieres saber cómo es que estos tratados comerciales afectan tu vida cotidiana y tus derechos, únete a nuestro tweetdebate este lunes 27 de abril, en el marco del “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”. Nos juntamos bajo el hashtag #WorldIPDay a las 16 hs de Argentina, Uruguay y Chile, 15 hs de Paraguay, y 14 hs de Colombia.

El primer paso para cambiar es demostrar nuestro desacuerdo.

Organizan: Fundación Karisma, Creative Commons Uruguay, Fundación Vía Libre, ONG Derechos Digitales, TEDIC.

Actualización del 27/4/2015: El tuitdebate tuvo una gran participación, con un excelente nivel de intercambio de materiales e ideas. Pueden leer un resumen acá:

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Relatoría de Derechos Humanos de la ONU aboga por reforma del derecho de autor

Equipo de CC Uruguay, marzo 23rd, 2015

Signe_de_l'ONU,_Genève

Foto: Signe de l’ONU, Genève, por mpd01605 en Wikimedia Commons. CC BY SA

 

Muchas veces se percibe al tema de la reforma de los derechos de autor / copyright como una cuestión impulsada únicamente por activistas o por algún sector progresista de la Academia. Hoy podemos afirmar que esa percepción está lejos de la realidad. Cada vez más gobiernos y organismos internacionales entienden que deben incluir este tema en su agenda de forma urgente.

En diciembre de 2014, la Relatora Especial sobre los derechos culturales en la ONU, Farida Shaheed, presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos sobre Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. En el informe se estudia el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, tal como se consagra en particular en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

 

Artículo 15

  1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

(a) Participar en la vida cultural;

(b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

(c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

  1. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
  2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
  3. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

 

En dicho informe la relatora aborda el tema de la propiedad intelectual desde una perspectiva de Derechos Humanos, considerando que este enfoque se encuentra hoy desatendido ya que predomina la perspectiva comercial del tema.

Aquí les compartimos un resumen de las conclusiones y recomendaciones que la relatora Farida Shaheed presentó en su informe que se está discutiendo actualmente en la sesión regular 28° del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2 al 27 de marzo de 2015):

– Debe garantizarse la transparencia y la participación amplia de la ciudadanía en el proceso de elaboración de leyes e instrumentos internacionales de propiedad intelectual.

– Se debe garantizar la compatibilidad de la legislación de derecho de autor con los derechos humanos. Los instrumentos internacionales de derecho de autor y las leyes nacionales sobre derecho de autor deben contener medidas de protección de la libertad de expresión, el derecho a la ciencia y la cultura, y otros derechos humanos.

– Los tribunales y órganos administrativos nacionales deben interpretar las normativas con arreglo a las normas de derechos humanos.

– La legislación sobre los derechos de autor no debe poner límites al derecho a la ciencia y la cultura, a menos que el Estado pueda demostrar que la limitación persigue un objetivo legítimo, es compatible con la naturaleza de ese derecho y es estrictamente necesaria para promover el bienestar general en una sociedad democrática (art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Las normas aplicables a las restricciones de la libertad de expresión también han de tenerse debidamente en cuenta. Siempre se adoptará la medida menos restrictiva.

– El derecho a la protección de la autoría es el derecho del autor o los autores que son personas físicas cuya visión creativa dio expresión a la obra. No hay que suponer que las empresas titulares de derechos representan los intereses de los autores. Es fundamental que tanto los creadores profesionales como los aficionados puedan expresar su opinión e influir en la concepción del régimen que regule los derechos de autor.

– Los Estados deben seguir elaborando y promoviendo mecanismos para proteger los intereses morales y materiales de los creadores sin limitar innecesariamente el acceso público a las obras creativas, mediante la adopción de excepciones y limitaciones y la subvención de obras con licencia abierta.

– Los derechos de autor son un elemento más de la protección de la autoría. Se alienta a los Estados a que tomen en consideración las políticas sobre prácticas laborales, prestaciones sociales, financiación para la educación y las artes y turismo cultural desde la perspectiva de esos derechos.

– Los Estados tienen la obligación positiva de establecer un sistema sólido y flexible de excepciones y limitaciones a los derechos de autor para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Se debe interpretar la “regla de los tres pasos” de la legislación internacional sobre los derechos de autor de manera que fomente el establecimiento de ese sistema de excepciones y limitaciones.

– Los Estados deben velar por que las excepciones y limitaciones que promueven la libertad creativa y la participación cultural sean compatibles con el derecho a la protección de la autoría. La protección de la autoría no conlleva un control absoluto de los autores sobre las obras creativas.

– Los Estados deben prever asignaciones para el uso no remunerado de obras protegidas por los derechos de autor, en especial en contextos de disparidad de ingresos, iniciativas sin ánimo de lucro o artistas descapitalizados, en los que la obligación de compensación pueda frenar los esfuerzos por crear nuevas obras o llegar a otro público.

– Los Estados deben velar por que las excepciones y limitaciones no puedan dejarse sin efecto en un contrato o verse indebidamente perjudicadas con medidas técnicas de protección o contratos en línea en el entorno digital.

– A nivel nacional, los procedimientos judiciales o administrativos deben permitir que el público solicite la aplicación y ampliación de las excepciones y limitaciones para asegurar el disfrute de sus derechos constitucionales y humanos.

– Los miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual deben respaldar la adopción de instrumentos internacionales sobre las excepciones y limitaciones de los derechos de autor para las bibliotecas y la educación. También debe examinarse la posibilidad de establecer una lista básica de excepciones y limitaciones mínimas necesarias que incorpore las reconocidas actualmente por la mayoría de los Estados, y/o una disposición internacional sobre el uso leal.

– La OMC debe seguir eximiendo a los países menos adelantados de cumplir las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC hasta que alcancen un nivel de desarrollo tal que dejen de pertenecer a ese grupo de países.

– Los productos fruto de esfuerzos creativos subvencionados por gobiernos, organizaciones intergubernamentales o entidades benéficas deben hacerse accesibles de manera generalizada. Los Estados deben redirigir el apoyo financiero de los modelos de edición patentada a los modelos de publicación abierta.

– Las universidades públicas y privadas y los organismos de investigación públicos deben adoptar políticas para promover el libre acceso a las investigaciones, el material y los datos publicados de manera abierta y equitativa, en particular mediante la adopción de licencias Creative Commons.

La creatividad no es un privilegio de la élite de la sociedad o de los artistas profesionales, sino un derecho universal. La legislación y las políticas sobre los derechos de autor deben formularse teniendo en cuenta a las poblaciones que tienen necesidades especiales o pueden quedar desatendidas por el mercado.

Los Estados deben ratificar el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso y velar por que su legislación sobre los derechos de autor prevea excepciones adecuadas.

– Se deben realizar más estudios para examinar qué reformas se requieren para facilitar el acceso a material protegido por los derechos de autor en todos los idiomas, a precios asequibles.

Todas las partes interesadas deben participar en un debate más concreto sobre la mejor manera de proteger los intereses morales y materiales de los autores en el entorno digital, evitando posibles repercusiones desproporcionadas en los derechos a la libertad de expresión y la participación cultural.

Se deben prever alternativas a las sanciones penales y el bloqueo de contenidos y sitios web en los casos de vulneración de los derechos de autor.

 

Recomendamos la lectura del informe completo. Lo pueden descargar aquí.

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