declaración

Declaración: Transparencia y datos abiertos en el contexto de la crisis del Covid-19 en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, abril 9th, 2020

Les compartimos la declaración que firmamos junto a la Red de Gobierno Abierto y un conjunto de personas y organizaciones, exhortando a la transparencia, los datos abiertos y el cuidado de la privacidad en el contexto de la crisis sanitaria actual. Para sumar adhesiones, pueden visitar el sitio web de la Red de Gobierno Abierto.


Las personas y organizaciones firmantes de esta declaración entendemos que la apertura, transparencia y comunicación de los datos y la información en esta pandemia es esencial para que podamos contribuir desde toda la sociedad a su comprensión y eventual solución. Sin datos e información provista de forma sistemática, oportuna, centralizada, entendible, estructurada y comparable, somos más vulnerables como sociedad a las campañas de desinformación distribuidas hoy por varias redes y sistemas de mensajería. Queremos contribuir a gobiernos transparentes y generar más confianza en nuestra población en un momento muy difícil de nuestra historia.

Reconociendo los esfuerzos de comunicación del gobierno y la necesidad de actuar con celeridad, y en acuerdo con lo expresado de los relatores para libertad de expresión de varias organizaciones declaramos;

  1. Necesitamos más y mejores datos abiertos sobre el avance de la pandemia en Uruguay, disponible en un único portal accesible a toda la población.
    A la fecha los datos son entregados por las vocerías del gobierno en conferencia de prensa, vía redes sociales, informes o en algunos casos filtrados a la prensa. La información que se entrega es incompleta y sumada a la diversidad de fuentes, habilita distintos tipos de especulaciones. Solicitamos que esa información sea clara, sistemática y disponible a través de una única fuente centralizada.
    En particular, sugerimos enfáticamente que los datos sean publicados bajo los estándares de datos abiertos definidos por AGESIC, a través del Catálogo Nacional de Datos Abiertos y por supuesto respetando las limitaciones establecidas por la Ley de Protección de Datos Personales. De igual forma instamos a las áreas competentes, a mejorar la información disponible sobre el Sistema Nacional de Salud.
  2. Necesitamos que durante la gestión de esta crisis se resguarden los derechos fundamentales de las personas, tales cómo su dignidad, privacidad y seguridad.
    Consecuentemente, en relación a la aplicación Coronavirus Uy u otras iniciativas que recolecten datos personales, pedimos se transparente el proceso de creación, funcionalidades esperadas, criterios para guardar y utilizar los datos de las personas, y el plazo de conservación de los mismos, así como los criterios responsabilidad proactiva y privacidad por diseño utilizados de acuerdo con lo establecido en el Decreto 64/020. Ésto incluye especialmente detalles sobre recolección y uso de datos de geolocalización, que entendemos especialmente sensibles en esta situación y que han sido objeto de discusión pública.
    Al igual que lo han hecho otros gobiernos del mundo con aplicaciones similares, sugerimos que el código de esta aplicación sea abierto y la evaluación de su funcionamiento sea, a su debido tiempo, realizada por actores externos.
  3. Necesitamos conocer los criterios y modelos epidemiológicos que manejan las autoridades, de forma de poder entender y eventualmente realizar el escrutinio adecuado de los mismos. El gobierno está tomando decisiones difíciles que afectan nuestra economía, sociedad y salud y necesitamos conocer los criterios sobre los cuáles se decide.
  4. Necesitamos que la comunidad científica local e internacional acceda a los datos de Uruguay de forma segura, sin exclusiones y con protocolos que protejan los derechos de las personas a los datos de la pandemia para colaborar en los múltiples esfuerzos globales contra la pandemia. 
  5. Finalmente, necesitamos saber las medidas extraordinarias tomadas por el gobierno en cuanto a ejecución presupuestal de sus distintos servicios para atender la pandemia. Entendemos que hay una crisis, que las medidas deben ser ágiles al igual que las contrataciones, pero de igual forma deben ser transparentes y las medidas extraordinarias debidamente justificadas.

La hora ha llegado también de combatir la desinformación, la desconfianza y prepararnos para lo que parece ser una lucha de largo aliento que afecta a nuestro país. Esta información nos permite dimensionar los impactos que esta crisis tendrá en las comunidades y personas más vulnerables de nuestra sociedad. Pensamos y actuamos para el Uruguay de hoy y el del día después, que debe ser tan abierto, transparente y solidario como el que ingresó a esta pandemia.


Apoyan

Podés sumarte a este pronunciamiento haciendo click aquí.

Organizaciones

Personas

  • Gustavo Gómez
  • Fabrizio Scrollini, PhD
  • Patricia Díaz Charquero
  • Prof. Dr. Daniel Chasquetti
  • Fabián Cardozo
  • Mariana Labastie
  • Alicia Puentes
  • Yamandu Rodriguez Perez
  • Néstor Sosa
  • María Torres
  • Antonio Montalban
  • Santiago Garat
  • Lucy Garrido
  • Guillermo Lamolle
  • Facundo Florit
  • Gabriel Seré
  • Sebastián Cáceres
  • Lilián Celiberti
  • Alexandra Lizbona Cohen
  • Julio César Boffano
  • Juan Misa
  • Cristina Richeri
  • Guzmán Pedreira
  • Pablo Barletta
  • Edila Ines Coll
  • Carolina Campo
  • Eduardo Lima
  • María Virginia Curci Rossi
  • Clara Netto
  • Pablo Alvarez
  • Andrés Carvajales
  • Noelia Gobel
  • Jimena Santurio
  • Alicia Mary Baliña Ronaina
  • Américo Raimón Rijo
  • Sofia Cortizas
  • María Cristina Zárate Pírez
  • Nelson Larzabal Neves
  • Sofía Sarlo
  • Luis Claro González
  • Silvisa Yannet Borges
  • Luis Claro
  • Nancy Banchero Olivera
  • Walter Sena
  • Leticia Escobar
  • Elizabeth Rodríguez Amado
  • Daniela Malfatti Cunga
  • Florencia Rossy
  • Rosana Elizabeth Abreu Brandon
  • Juan Ángel Urruzola
  • Zunilda Angelero
  • María José López
  • Graciela Romero
  • Juanjo Prada
  • Laura Meléndez
  • Maria Magali Sánchez Vera

Anexo: Datos e información solicitada para colaborar en la lucha contra la pandemia

  • Cantidad de casos confirmados.
  • Cantidad de casos sospechosos.
  • Cantidad de personas recuperadas.
  • Cantidad de testeos realizados (con especificaciones técnicas).
  • Cantidad de personas internadas desglosadas por sala, cuidados intermedios y CTI, desglosada por subsistema e institución.
  • Cantidad de personas fallecidas.
  • Comorbilidades asociadas a los fallecimientos.
  • Disponibilidad de camas de CTI y respiradores.
  • Modelos de toma de decisión y predicción en materia epidemiológica, y datos comparativos de años anteriores.
  • Metadatos asociados a la aplicación Coronavirus Uy incluyendo datos sobre su uso.
  • Código abierto de la aplicación Coronavirus Uy.
  • Contrataciones realizadas de equipamiento de testeo, respiradores e insumos en el marco de la crisis, abiertas bajo los estándares de Contrataciones Abiertas.
  • Aportes y donaciones por parte del sector privado y la sociedad civil.

La información relativa a los pacientes y fallecidos, deberá estar desagregada por:

  • Rango etario
  • Departamento
  • Género
  • Ocupaciones (en especial las personas vinculadas al sector salud)

Es además muy importante conocer la metodología utilizada por los distintos Ministerios que deben formar parte de los datos a publicarse.

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Declaración conjunta de la sociedad civil: Los Estados deben respetar los derechos humanos al emplear tecnologías de vigilancia digital para combatir la pandemia

Equipo de CC Uruguay, abril 3rd, 2020

CC Uruguay se une a más de 100 organizaciones alrededor del mundo en una declaración que exige a los gobiernos que no usen la pandemia de coronavirus para expandir las tecnologías de vigilancia digital de la población. A continuación compartimos el texto completo de la declaración.


2 de abril de 2020

La pandemia de COVID-19 es una emergencia global de salud pública, que precisa de una respuesta coordinada y en gran escala de los gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, las iniciativas de los Estados para contener el virus no deben servir para encubrir el inicio de una nueva era marcada por una enorme expansión de los sistemas de vigilancia digital invasiva.

Las organizaciones abajo firmantes instamos a los gobiernos a dar muestra de liderazgo en la gestión de la pandemia garantizando que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos.

La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones durante este esfuerzo que se está realizando para salvar vidas, como difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud. No obstante, el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles– amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de una manera que podría violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas de salud pública. Tales medidas entrañan también un riesgo de discriminación y pueden perjudicar de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas.

Vivimos tiempos extraordinarios, pero el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, el marco de los derechos humanos tiene por objeto garantizar un cuidadoso equilibrio de los distintos derechos para proteger a las personas y las sociedades en general. Los Estados no pueden desatender sin más derechos como la privacidad y la libertad de expresión con el pretexto de gestionar una crisis de salud pública. Al contrario, la protección de los derechos humanos también promueve la salud pública. Ahora más que nunca, los gobiernos deben garantizar estrictamente que toda restricción de estos derechos se ajusta a las salvaguardias de los derechos humanos ya establecidas.

Esta crisis nos brinda la oportunidad de demostrar la humanidad que compartimos. Para combatir esta pandemia, podemos hacer esfuerzos extraordinarios que sean compatibles con las normas de derechos humanos y el Estado de derecho. Las decisiones que los gobiernos tomen ahora para afrontar la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro.

Pedimos a todos los gobiernos que no respondan a la pandemia de COVID-19 incrementando la vigilancia digital si no se cumplen las condiciones siguientes:

  1. Las medidas de vigilancia adoptadas para abordar la pandemia deben ser legales, necesarias y proporcionadas. Han de estar previstas por la ley y justificadas por objetivos legítimos de salud pública, determinados por las autoridades de salud pública competentes, y ser proporcionadas a esas necesidades Los gobiernos deben ser transparentes con respecto a las medidas que tomen, para que puedan ser analizadas y modificadas, retiradas o anuladas posteriormente, si procede. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada.
  2. Si los gobiernos amplían los poderes de seguimiento y vigilancia, tales poderes han de ser de duración limitada y prolongarse sólo durante el tiempo necesario para abordar la pandemia actual. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia indefinidamente.
  3. Los Estados deben garantizar que el aumento de la recopilación, conservación y agregación de datos personales, incluidos los relativos a la salud, tiene como único fin responder a la pandemia de COVID-19. Los datos recopilados, conservados y agregados para responder a la pandemia deben tener un alcance y duración limitados en función de la pandemia y no utilizarse con fines comerciales ni de otra índole. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para menoscabar el derecho personal a la privacidad.
  4. Los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los datos personales, lo que incluye garantizar la debida seguridad de los datos recopilados y de los dispositivos, aplicaciones, redes o servicios utilizados en su recopilación, transmisión, tratamiento y almacenamiento. Cuando se afirme que los datos son anónimos, ha de poder demostrase y respaldarse con información suficiente sobre cómo se han anonimizado. No podemos dejar que los intentos de responder a esta pandemia sirvan de justificación para poner en riesgo la seguridad digital de las personas.
  5. Todo uso de tecnologías de vigilancia digital en la respuesta a la COVID-19, incluidos los sistemas de inteligencia de datos y artificial, debe tener en cuenta el riesgo de que tales herramientas faciliten la discriminación y otros abusos contra los derechos de las minorías raciales, las personas que viven en la pobreza y las poblaciones marginadas, cuyas necesidades y realidades de vida pueden quedar ocultas o mal representadas en los macroconjuntos de datos. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 aumente aún más las diferencias existentes en el disfrute de los derechos humanos entre distintos grupos de la sociedad.
  6. Si los gobiernos firman acuerdos para compartir datos con otras entidades públicas o del sector privado, deben hacerlo basándose en la ley, y la existencia de tales acuerdos, así como la información necesaria para evaluar su impacto en la privacidad y los derechos humanos, debe revelarse públicamente, por escrito, con las cláusulas de suspensión y con supervisión pública y otras salvaguardias por defecto. Las empresas participantes en las iniciativas de los gobiernos frente a la COVID-19 deben ejercer la diligencia debida para garantizar que respetan los derechos humanos y que toda intervención está desligada de otros intereses empresariales y comerciales. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ocultar a la sociedad qué información recopila y comparte con terceros su gobierno.
  7. Toda respuesta debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardias contra el uso indebido. El aumento de las medidas de vigilancia ante la COVID-19 no debe ser competencia de los organismos de seguridad o inteligencia, y tiene que estar sujeto a la supervisión efectiva de órganos independientes adecuados. Además, se debe ofrecer a las personas la oportunidad de conocer e impugnar toda medida que se tome en relación con la COVID-19 para recopilar, agregar, conservar y emplear datos. Las personas que hayan sido sometidas a vigilancia han de tener acceso a medios efectivos para interponer recursos.
  8. Las respuestas a la COVID-19 que contengan medidas de recopilación de datos han de incluir medios de participación libre, activa y significativa de las partes interesadas pertinentes, en particular de especialistas del sector de la salud pública y de los grupos de población más marginados.

Organizaciones firmantes:

7amleh – Arab Center for Social Media Advancement
Access Now
African Declaration on Internet Rights and Freedoms Coalition
AI Now
Algorithm Watch
Alternatif Bilisim
Amnistía Internacional
ApTI
ARTICLE 19
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI Participa
Association for Progressive Communications (APC)
ASUTIC, Senegal
Athan – Freedom of Expression Activist Organization
Australian Privacy Foundation
Barracón Digital
Big Brother Watch
Bits of Freedom
Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Center for Digital Democracy
Center for Economic Justice
Centro De Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos de Rosario
Chaos Computer Club – CCC
Citizen D / Državljan D
CIVICUS
Civil Liberties Union for Europe
CódigoSur
Coding Rights
Coletivo Brasil de Comunicação Social
Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Committee to Protect Journalists
Consumer Action
Consumer Federation of America
Cooperativa Tierra Común
Creative Commons Uruguay
D3 – Defesa dos Direitos Digitais
Data Privacy Brasil
Democratic Transition and Human Rights Support Center “DAAM”
Derechos Digitales
Digital Rights Lawyers Initiative (DRLI)
Digital Rights Watch
Digital Security Lab
Ukraine Digitalcourage
EPIC
epicenter.works
European Digital Rights – EDRi
Fitug
Foundation for Information Policy Research
Foundation for Media Alternatives
Fundación Acceso (Centroamérica)
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador
Fundación Datos Protegidos
Fundación Internet Bolivia
Fundación Taigüey, República Dominicana
Fundación Vía Libre
Hermes Center
Hiperderecho
Homo Digitalis
Human Rights Watch
Hungarian Civil Liberties Union
ImpACT International for Human Rights Policies
Index on Censorship
Initiative für Netzfreiheit
Innovation for Change – Middle East and North Africa
International Commission of Jurists International Service for Human Rights (ISHR)
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
Ipandetec
IPPF
Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
IT-Political Association of Denmark
Iuridicum Remedium z.s. (IURE)
Karisma
La Quadrature du Net
Liberia Information Technology Student Union Liberty
Luchadoras
Majal.org
Masaar “Community for Technology and Law”
Media Rights Agenda (Nigeria)
MENA Rights Group
Metamorphosis Foundation
New America’s Open Technology Institute
Observacom
Open Data Institute
Open Rights Group
OpenMedia
OutRight Action International
Pangea
Panoptykon Foundation
Paradigm Initiative (PIN)
PEN International
Privacy International
Public Citizen
Public Knowledge
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
RedesAyuda
SHARE Foundation
Skyline International for Human Rights
Sursiendo
Swedish Consumers’ Association
Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
Tech Inquiry TechHerNG
TEDIC
The Bachchao Project
Unwanted Witness, Uganda
Usuarios Digitales
WITNESS
World Wide Web Foundation

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Organizaciones solicitan retiro del art. 214 sobre regulación de Internet del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) de Uruguay

Equipo de CC Uruguay, enero 30th, 2020

* Publicado originalmente en el sitio web de OBSERVACOM.

Las organizaciones abajo firmantes solicitamos sea retirado el artículo 214, que incluye varias disposiciones referidas al reconocimiento de ciertos derechos en las telecomunicaciones e Internet, del texto del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración que se ha hecho público en los últimos días por representantes del gobierno electo de Uruguay.

Debido a su importancia, pero también a su complejidad, queremos proponerles posterguen su tratamiento dentro de otro proceso legislativo que permita mayores tiempos de información y análisis, a la vez que un debate robusto con participación de múltiples partes interesadas.

La redacción actual del artículo incluye aspectos tan importantes como sensibles como la regulación de ciertos derechos en Internet y el pleno ejercicio de derechos, debate que creemos necesario pero donde existen serios riesgos de afectar la libertad de expresión y de violar, por parte del Estado uruguayo, estándares internacionales de derechos humanos.

En particular, resulta preocupante el contenido del literal G del artículo mencionado, que incluye el reconocimiento del denominado “derecho al olvido” en las “búsquedas de Internet, en servicios de redes sociales y medios digitales equivalentes”.

La iniciativa de crear un nuevo derecho, expresado además de manera tan amplia y vaga, afectaría gravemente la libertad de expresión, tal cual fuera expresado en un comunicado publicado el 24 de enero por Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y OBSERVACOM (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), recordando posicionamiento y recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema.

En caso de considerar positivamente nuestro pedido, los firmantes nos comprometemos a participar de manera constructiva en las consultas y espacios que sean habilitados para analizar estos temas, y a presentar insumos y propuestas que pudieran ser útiles para su consideración.

Firman (en actualización permanente):

CAinfo (Uruguay)

DATA Uruguay

Creative Commons Uruguay

OBSERVACOM (Regional)

Access Now (Internacional)

Derechos Digitales (Regional)

Artículo 19 (México y Centroamérica)

Hiperderecho (Perú)

Usuarios Digitales (Ecuador)

ADC (Argentina)

Fundación Internet Bolivia

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Comunicado de REDLACDA sobre el aumento de los plazos de protección del derecho de autor en Uruguay

Equipo de CC Uruguay, enero 7th, 2020

* Reproducimos el comunicado publicado por REDLACDA, en el que la red internacional manifiesta preocupación por el impacto que tendrá el aumento del plazo de derecho de autor en Uruguay sobre el acceso a la información y a la cultura.

La Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA) es un grupo conformado por profesionales de la información de distintos países de la región. Hacemos parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones – IFLA (por sus siglas en inglés), a traves del Copyright and other Legal Matters (CLM) Advisory Committee, y velamos porque haya respeto por el derecho de autor en equilibrio con el derecho de acceso a la información para tener leyes justas e incluyentes, tanto para creadores e intermediarios como para usuarios y lectores, es decir: para todas las personas.

Lamentamos profundamente el aumento de los plazos de protección del derecho de autor en Uruguay el pasado 18 de Diciembre del año en curso, que afectan gravemente al dominio público. Este tipo de legislaciones concluye de forma preocupante en la privatización de los bienes comunes, beneficiando a un pequeño grupo de la sociedad, que en el mayor de los casos no compone a los creadores directos, sino a sus herederos, y en detrimento de los bienes que además de beneficiar a los ciudadanos uruguayos, incluiría a las personas de todo el mundo. Entendemos que el dominio público es la norma y no una excepción[1] y hay que cuidarlo: es el insumo con el que las bibliotecas, archivos y museos permiten que nuevos creadores tengan acceso a referentes culturales para enriquecer nuevas creaciones sin necesidad de trámites o burocracias adicionales. Esta decisión retrasará la capacidad de creación de contenidos locales, afectando nuestra identidad como latinoamericanos y nuestra capacidad para competir con industrias culturales mucho más grandes de otras latitudes.

Este aumento de plazos en la protección afecta la salvaguarda del interés público en la difusión de la cultura y el conocimiento y afectan nuestra capacidad de producir memoria para nuestras futuras generaciones, condenando al olvido nuestro patrimonio porque esta medida resulta desproporcionada. ¿Qué sucede con quienes no pueden acceder porque no pueden pagar? Nos preocupa la falta de empatía y sensibilidad entre sectores con quienes padecen las desigualdades de nuestras sociedades modernas.

El aumento de los plazos de protección al derecho de autor afectando el dominio público encarece nuestra capacidad de acceso a la información, haciendo que sólo puedan acceder aquellos que pueden pagar por ella. ¿Y qué sucederá con las medidas de preservación digital de aquellos objetos que se encontraban en dominio público y hoy se ven sometidos al dominio privado? Tememos gravemente por la posibilidad de que hayan obras que desaparezcan para siempre al ser retiradas del dominio público y no contarse con copias de preservación. No debe olvidarse que existen numerosísimas obras de todo tipo que se encuentran dentro de los plazos de protección y que no son publicadas porque no presentan interés comercial para ninguna editorial. Esas obras están ocultas, como si estuvieran secuestradas.

Por favor, no nos malinterpreten: nuestras instituciones se nutren de las obras que el derecho de autor protege y lo valoramos. Sin embargo, esta medida va en contra de un justo equilibrio entre la protección y el interés público, recordando con pesar, que Argentina y Uruguay cuentan con dominio público pagante. Prolongar los plazos de proteccion no incentiva la creación de nuevo conocimiento, sólo retrasa su entrada al dominio público.

Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA)

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Las reproducciones de obras en el dominio público deben permanecer en el dominio público

Equipo de CC Uruguay, noviembre 25th, 2019

Publicamos la traducción al castellano del comunicado de Creative Commons «Reproductions of Public Domain Works Should Remain in the Public Domain», publicado por Claudio Ruiz y Scann bajo licencia CC BY. También fue publicado en el blog de Taller de Digitalización.


Ha llamado la atención de Creative Commons que hay un incremento en el uso de licencias Creative Commons por parte de instituciones culturales sobre reproducciones fotográficas y digitalizaciones 3D de objetos tales como esculturas, bustos, grabados e inscripciones, entre otros, que están indisputablemente en el dominio público a nivel global. Un ejemplo reciente es la reproducción del busto de Nerfetiti de 3000 años de antigüedad, en exhibición en el Museo Neues en Berlín, que el museo licenció bajo CC Atribución – No Comercial – Compartir Igual. Las prácticas de las instituciones varían enormemente, desde utilizar una licencia CC Atribución hasta nuestra licencia más restrictiva —una CC Atribución – No Comercial – Sin Obras Derivadas.

La mayoría de estos objetos han estado en el dominio público desde hace un largo tiempo, incluso muchos de ellos nunca han estado bajo derecho de autor. El titular de los derechos de autor es la única persona que puede aplicar una licencia Creative Commons a una obra. Si la obra está en el dominio público, no se debe aplicar ninguna licencia de derecho de atuor, y en el caso de las licencias Creative Commons, que fueron diseñadas solamente para operar allí donde todavía existen derechos de autor, la aplicación de una licencia Creative Commons es inefectiva. En estos casos, si acaso, la marca del dominio público o la herramienta de dedicación al dominio público CC0 deben ser aplicadas para confirmar el estado de dominio público global.

Algunas de estas reivindicaciones de derechos están siendo hechas sobre las reproducciones fotográficas y las digitalizaciones 3D de los objetos, no necesariamente sobre los objetos en sí mismos. Sin embargo, la digitalización por sí misma no crea derechos de autor o derechos conexos porque para una amplia mayoría de jurisdicciones no hay ninguna originalidad involucrada en realizar una reproducción digital fidedigna de obras creativas. En la mayoría de los casos, estas reproducciones siguen estándares de la industria bien establecidos, con propósitos de preservación. Incluso cuando estas digitalizaciones son el resultado de trabajo calificado, estas reproducciones son aún insuficientemente creativas para que se les otorgue protección de derechos de autor prácticamente en cualquier país.

En algunos de estos casos, la aplicación de licencias Creative Commons ha sido realizada sobre objetos en disputa, donde la custodia cultural y la propiedad de estos objetos es el tema de discusiones legales, políticas y diplomáticas. Creative Commons está explorando esta cuestión y reconoce que las licencias CC no abordan estos temas lo suficiente. Sin embargo, en estos casos, es particularmente relevante prestarle atención a las prerrogativas culturales que les pertenecen a las comunidades de origen, incluyendo decisiones sobre la digitalización y las condiciones y restricciones de acceso. [ver referencia]

Las licencias Creative Commons son herramientas para permitir a los usuarios entender mejor qué permisos se le conceden al público por parte del creador de la obra original. Cuando una licencia CC se aplica mal, se socava la habilidad de las licencias CC para ser una señal estándar que comunica permisos de derecho de autor. Etiquetar mal las obras crea confusión en quienes quieran reutilizar las obras y limita los derechos del público a beneficiarse de un bien común global.

Reconocemos que en algunos casos las instituciones de patrimonio cultural utilizan las licencias CC para obtener crédito por su trabajo o para indicar el origen de las reproducciones digitales. Hay herramientas tecnológicas más apropiadas y mejores para alcanzar ese objetivo, incluyendo metadatos y estándares de legibilidad por máquinas.

Por último, entendemos las preocupaciones sobre ingresos y ganancias que algunas instituciones culturales expresan cuando evalúan políticas de acceso abierto. Sin embargo, reclamar derechos de autor sobre obras en el dominio público es una conversación diferente, que no pertenece al mismo espacio que la discusión sobre cómo elaborar estrategias exitosas para obtener ganancias. En todo caso, hay una cantidad creciente de evidencia que muestra que los costos asociados para licenciar imágenes empequeñecen las potenciales ganancias o los flujos de ingresos por licenciar imágenes. [ver paper 1, paper 2, paper 3]

Las licencias Creative Commons no son herramientas que deban ser usadas para limitar la posibilidad de descubrir, compartir y reutilizar el dominio público. Las instituciones culturales deben adoptar políticas de acceso abierto como parte de sus misiones institucionales de garantizar el acceso a la cultura y a la información al público.

Creative Commons está haciendo esfuerzos para ofrecer más entrenamiento y actividades educativas sobre acceso abierto a las instituciones culturales. También estamos trabajando en alianza con la Fundación Wikimedia en una Declaración sobre Acceso Abierto al Patrimonio Cultural, que esperamos lanzar en nuestra Cumbre Global en mayo de 2020. Charlá con nosotros en @openglam.

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Carta de organizaciones sociales en apoyo al proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio

Equipo de CC Uruguay, abril 12th, 2016

Las organizaciones firmantes de esta declaración solicitamos a los miembros del Senado que aprueben este miércoles 13 de abril la media sanción al proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, impulsado por estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales de nuestro país.

Dicho proyecto incorpora limitaciones y excepciones a la ley de derecho de autor, beneficiando a estudiantes, docentes, bibliotecarios, investigadores y a todas las personas en cuanto al acceso a materiales culturales y educativos. El proyecto a consideración del Senado aporta un nuevo equilibrio a la ley de derecho de autor, en el cual se tienen en cuenta los derechos a la cultura y a la educación, los cuales son derechos humanos consagrados en numerosos tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Con esta ley dejarán de ser delitos penales prácticas y actividades socialmente valiosas como las copias para estudiar, la educación online, la preservación de libros en bibliotecas y la copia para uso personal. Asimismo, las reproducciones sin fines de lucro y sin intención de perjudicar al autor dejarán de tener sanción penal, lo cual hasta el día de hoy puede desembocar en penas de multa o su equivalente en prisión para los infractores.

En definitiva, el proyecto actualizará al siglo XXI la ley de derecho de autor, reconociendo como derechos culturales un conjunto de prácticas que hoy nuestra ley considera delitos.

Manifestamos nuestra solidaridad con el movimiento estudiantil que viene reclamando desde hace años por su derecho a estudiar y confiamos en que nuestros legisladores y legisladoras sabrán brindar respuesta al reclamo de la ciudadanía, dándole este miércoles la media sanción a la ley.

Apoyan esta declaración

AMARC Uruguay

Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)

Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CaInfo)

Centro de Estudios de Software Libre (CESoL)

Colectivo Espika

Cotidiano Mujer

Creative Commons Uruguay

DATA Uruguay

Derecho a la Cultura

El Abrojo

Mujer Ahora

Mujer y salud en Uruguay (MYSU)

PIT-CNT

Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Udelar (ProEVA)

REDCON – Consumidores en Red de Confianza

Uruguay Libre de Megaminería

Wikimedia Uruguay

 

 

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Día Internacional de los Derechos Humanos: Declaración conjunta de organizaciones sociales sobre vigilancia, seguridad y privacidad

Equipo de CC Uruguay, diciembre 10th, 2014

Vigilancia, seguridad y privacidad: llamamiento para que Uruguay adopte estándares de derechos humanos

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos 2014, las organizaciones firmantes de esta declaración queremos llamar la atención sobre la necesidad de que el Estado adopte estándares que garanticen el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas frente a la implementación de sistemas de vigilancia en el marco de su política de seguridad.

A nivel global la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han creado un fuerte desafío en materia de derechos humanos. Por un lado, la masificación de internet y del uso de la tecnología en la vida cotidiana ha contribuido a garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, el conocimiento y la cultura en formas antes no concebidas.

En particular, Uruguay ha avanzado en el reconocimiento de nuevos derechos en los últimos años. En el plano de derechos y nuevas tecnologías, ha sancionado una ley de software libre y formatos abiertos que promueve el acceso a la información y al conocimiento. También ha tomado medidas en respuesta a la vigilancia y el espionaje masivos de Estados Unidos, en especial con el decreto sobre ciberseguridad, que protege los datos de los ciudadanos gestionados por el Estado respecto del espionaje de gobiernos extranjeros. En cuanto a los derechos de acceso a la cultura y al conocimiento, el parlamento uruguayo se encuentra estudiando un Proyecto Ley que prevé la despenalización de las descargas sin fines de lucro y sin intención de perjudicar al autor, conjuntamente con una serie de excepciones a los derechos de autor para educación y bibliotecas. Estas excepciones legitiman actividades relacionadas con la digitalización y distribución de obras para su preservación o puesta a disposición en colecciones digitales con fines de enseñanza, investigación y préstamo controlado.

Sin embargo, tal como lo ha señalado recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “en la era digital, las tecnologías de la comunicación también han aumentado la capacidad de los gobiernos, las empresas y los particulares para realizar actividades de vigilancia, interceptación y recopilación de datos”. Esta circunstancia determina que “las plataformas tecnológicas de las que depende crecientemente la vida política, económica y social a nivel mundial no solo son vulnerables a la vigilancia en masa, sino que en realidad pueden facilitarla”…

Seguir leyendo el texto completo de la declaración: Declaración del 10 de diciembre de 2014: Vigilancia – Seguridad – Privacidad

 

Organizaciones firmantes:

Amnistía Internacional Sección Uruguay
Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública – CAinfo
Cotidiano Mujer
Creative Commons Uruguay
Datos, Transparencia y Acceso a la Información – DATA Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay – IELSUR
Proderechos

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