COVID-19

Organizaciones de la sociedad civil exhortan a la OMPI impulse excepciones a la Propiedad Intelectual en contexto de emergencia #COVID-19

Equipo de Creative Commons Uruguay, abril 5th, 2020

ATENCIÓN, esta carta permanece abierta para nuevos signatarios: https://tinyurl.com/WIPOCOVIDSignOn

3 de abril de 2020

Director General Francis Gurry
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes CH-1211
Ginebra 20, Suiza 

Estimado Dr. Gurry:

Le escribimos como organizaciones e individuos que representan a investigadores, educadores, estudiantes y las instituciones que los apoyan, para alentar a la OMPI a adoptar una posición clara a favor de garantizar que los regímenes de propiedad intelectual sean un apoyo, y no un obstáculo, a los esfuerzos para abordar tanto el brote de coronavirus como sus consecuencias.

La pandemia de COVID-19 ha arrojado una luz clara sobre cuán importantes pueden ser las limitaciones y excepciones de propiedad intelectual para el desarrollo y el florecimiento humano. Los investigadores descubrieron la propagación del virus a través de un proyecto de minería de datos y texto que analiza artículos de noticias con derechos de autor, habilitados por el derecho de trato justo (“fair dealing”) para fines de investigación de Canadá. Los primeros tratamientos potenciales se han desarrollado a través de medicamentos existentes, habilitados por excepciones de uso experimental a los derechos de patente. 

Ahora, las escuelas, universidades, bibliotecas, archivos, museos e institutos de investigación de todo el mundo, obligados a cerrar sus edificios, se encuentran compartiendo materiales en línea y proporcionando acceso remoto, pero solo donde las leyes de derecho de autor lo permiten. Sin embargo, estas y otras actividades críticas para superar la crisis no se realizan en todas partes, incluso cuando las suscripciones se han pagado por adelantado, porque no son legales.

Hemos visto pasos útiles de varios países, y de algunos titulares de derechos, para facilitar el acceso a artículos académicos y otros trabajos, materiales educativos y culturales, datos de investigación, bibliotecas químicas y medicamentos y dispositivos médicos necesarios que están sujetos a derechos de propiedad intelectual. Estos pasos deben ser elogiados. Pero se necesita mucho más. Y la OMPI puede ayudar a liderar el camino. 

Le instamos a utilizar su posición como líder del sistema mundial de propiedad intelectual para tomar medidas urgentes para guiar a los Estados miembros y a otros en su respuesta a los problemas de propiedad intelectual que el coronavirus está planteando. Estos pasos deberían incluir:

  • Alentar a todos los Estados miembros de la OMPI a aprovechar las flexibilidades en el sistema internacional que permiten el uso de obras protegidas por propiedad intelectual para la educación en línea, para investigación y usos experimentales, y para intereses públicos vitales, como el acceso a medicamentos y cultura;
  • Pedir a todos los titulares de derechos que eliminen las restricciones de licencias que inhiben la educación a distancia, la investigación (incluyendo la minería de texto y datos y proyectos de inteligencia artificial) y el acceso a la cultura, incluso a través de las fronteras, tanto para ayudar a abordar la pandemia global como para minimizar la disrupción causada por ella; 
  • Apoyar el llamado de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud para crear un “pool” o conjunto global de derechos de tecnologías y datos relacionados con COVID-19, así como promover el uso del Fondo de Patentes de Medicamentos, licencias voluntarias, prendas de propiedad intelectual, licencias obligatorias, uso de las leyes de competencia y otras medidas para eliminar las barreras a la fabricación, distribución y venta competitivas a nivel mundial de productos potencialmente efectivos para detectar, prevenir y tratar COVID-19.
  • Respaldar los derechos de los países para promulgar y utilizar excepciones al secreto comercial y otros derechos de propiedad intelectual necesarios para facilitar un mayor acceso a la información de fabricación, líneas celulares, información comercial confidencial, datos, software, prototipos de productos, procesos de fabricación y otros temas necesarios para lograr acceso universal y equitativo a los medicamentos y a las tecnologías médicas contra el COVID-19 tan pronto como sea razonablemente posible.

Creemos que la OMPI a través de su liderazgo puede mostrar su compromiso con el logro del desarrollo sostenible al tomar medidas rápidas y claras para garantizar que el sistema global de propiedad intelectual promueva la investigación, la educación, el acceso a la cultura y la salud pública. 

Atentamente,

Organizaciones (en orden alfabético) 

American Library Association, USA 

Amical Wikimedia

ANSOL – Associação Nacional para o Software Livre, Portugal

Aprender 3C, comunidad de conocimiento colaborativo

Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ, Argentina 

Biblioteca Nacional de Maestros – BNM, Argentina

Bibliotecarios Al Senado, Argentina

Center for Information Policy Research, School of Information Studies, University of Wisconsin-Milwaukee, USA

Centre for Intellectual Property Policy & Management (CIPPM), Bournemouth University, UK

Centre for Internet and Society (CIS), India

Center for Democracy & Technology, USA

Centrum Cyfrowe, Poland

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Colegio Colombiano de Bibliotecología – ASCOLBI, Colombia

Commons Foundation, South Korea

COMMUNIA International Association

Corporacion Innovarte, Chile

Creative Commons

Creative Commons Colombia

Creative Commons Ecuador

Creative Commons Portugal

Creative Commons Slovenia

Creative Commons Uruguay

Cyprus Internet Observatory – ellakcy

D3 – Defesa dos Direitos Digitais, Portugal

Derechos Digitales · América Latina

Digital Republic, Bulgaria

Digitale Gesellschaft, Germany

Education International (EI)

Electronic Information for Libraries (EIFL)

European Students’ Union (ESU)

Fundación Conector, Colombia

Fundación Karisma, Colombia

Global Expert Network on Copyright User Rights

Health GAP (Global Access Project)

Homo Digitalis, Greece

Proprietas (National Institute of Science and Technology), Brazil

Institute for Intellectual Property and Social Justice, USA

Intellectual Property Institute, Slovenia

International Council on Archives (ICA)

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

International Music Managers Forum

IP Unit, University of Cape Town, South Africa

ISUR, Colombia

Knowledge Commune, South Korea

Knowledge Ecology International (KEI)

Northeastern University’s Center for Law, Innovation and Creativity (CLIC), USA 

Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina

Partido Interdimensional Pirata, Argentina

Public Citizen

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed, Colombia

Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA – Copyright Network)

Tohatoha Aotearoa Commons, New Zealand

Treatment Action Group

Wikimedia Deutschland

Wikimedia España

Wikimedia Italia

Xnet, Spain

Young Pirates of Europe, Pan-European youth organization

Individuos (enumerados alfabéticamente, afiliaciones solo con fines de identificación) 

Fernando Ariel Lopez, Biblioteca Nacional de Maestros, Argentina

Valérie Laure Benabou, Université Aix-Marseille, France

Brook K. Baker, Northeastern U. School of Law, USA

Michael Birnhack, Faculty of Law, Tel Aviv University, Israel

Maja Bogataj Jančič, Intellectual Property Institute, Slovenia

Sara Bolaños Muñoz, Fundación Claroscuro, Ecuador

Alina Boyte, Mississippi College School of Law, USA

Brandon Butler, University of Virginia Library, USA

Beth Cate, O’Neill School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, USA

Jorge Contreras, University of Utah, USA

Carys Craig, Osgoode Hall Law School, York University, Canada

Tesh Dagne, Thompson Rivers University, Canada

Kathleen DeLaurenti, Johns Hopkins University, USA

Estelle Derclaye, University of Nottingham, UK

Graham Dutfield, University of Leeds, UK

Séverine Dusollier, Sciences Po Law School, France

Kristofer Erickson, University of Leeds, UK

Christine Farley, American University Washington College of Law, USA

Sean Flynn, American University Washington College of Law, USA

Alexandra Giannopoulou, University of Amsterdam, The Netherlands

Deborah Gleeson, La Trobe University, Australia

Eric Goldman, Santa Clara University School of Law, USA

Andres Guadamuz, University of Sussex, UK

Lucie Guibault, Dalhousie University, Canada

Henning Grosse Ruse-Khan, University of Cambridge, UK

Eldar Haber, University of Haifa, Israel

David Hansen, Duke University, USA

Naomi Hawkins, University of Exeter Law School, UK

Evelin Heidel, member, Creative Commons

Mandy Henk, Tohatoha Aotearoa Commons, New Zealand

Joachim Henkel, Technical University of Munich, Germany

Sileshi Bedasie Hirko, University of Ottawa, Canada

Cynthia Ho, Loyola University of Chicago School of Law, USA

Steven Jamar, Institute for Intellectual Property and Social Justice, Washington, DC, USA

Peter Jaszi, American University Washington College of Law, USA

Brandy Karl, Pennsylvania State University Libraries, USA

Ariel Katz, University of Toronto Faculty of Law, Canada

Howard Knopf, Macera & Jarzyna, LLP, Ottawa, Canada

Sapna Kumar, University of Houston, USA

Charalampos Kyritsis, student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece 

Christopher Lettl, WU Vienna, Austria

David S. Levine, Elon University School of Law, USA

Yvette Joy Liebesman, Saint Louis University School of Law, USA

Michael Madison, University of Pittsburgh School of Law, USA

Axel Metzger, Humboldt Universität, Berlin, Germany

John T. Mitchell, Interaction Law, USA

Jenny Molloy, University of Cambridge, UK

Peter Murray-Rust, ContentMine, UK

Kylie Pappalardo, Queensland University of Technology, Australia

Mathilde Pavis, Ph.D., University of Exeter, England, UK

Heesob Nam, Patent Attorney, South Korea

Caroline Ncube, University of Cape Town, Faculty of Law, South Africa 

Denise R. Nicholson, Specialist Copyright Librarian, South Africa

Janewa Osei-Tutu, Florida International University College of Law, Miami, Florida, USA

Laura Quilter, University of Massachusetts Amherst Libraries, USA

João Pedro Quintais, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, The Netherlands

Srividhya Ragavan, Texas A&M University School of Law, Fort Worth, Texas, USA

Julia Reda, former Member of the European Parliament, Germany

Dr. Hafiz Aziz ur Rehman, International Islamic University, Islamabad, Pakistan

Allan Rocha de Souza, Federal University of Rio de Janeiro – Program on Public Policy, Strategies and Development (PPED), Brazil

Ole-Andreas Rognstad, University of Oslo, Norway

Matthew Sag, Loyola University Chicago School of Law, USA

Rachael Samberg, University of California, Berkeley, USA

Joshua Sarnoff, DePaul University College of Law, USA 

Tobias Schonwetter, Faculty of Law, University of Cape Town, South Africa

Martin Senftleben, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, The Netherlands

Sepehr Shahshahani, Fordham Law School, USA

Katherine J. Strandburg, New York University School of Law, USA

Jessica Silbey, Northeastern University School of Law, Boston, Mass., USA

Virginia Inés Simón, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Francisco Silva Garcés, Red de Investigación de Conocimiento Libre, Ecuador

Uma Suthersanen, Queen Mary University of London, UK

Toshiko Takenaka, Ph.D., University of Washington School of Law, USA

Ellen ‘t Hoen LLM, PhD | Medicines Law & Policy

Sunita Tripathy, Researcher, Information Society, European University Institute, Florence, Italy

Andrea Wallace, University of Exeter Law School, UK

Ryan Whalen, University of Hong Kong Faculty of Law, Hong Kong

Owain Williams, University of Leeds, UK

John Willinsky, Graduate School of Education, Stanford University, USA

Andrea Zehetner, Patent Attorney, Germany

Esther van Zimmeren, University of Antwerp, Belgium

Firmas adicionales 

Organizaciones

Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la Rep̼blica Argentina РRENABI.AR

Canadian Association of Research Libraries

Biblioteca del Congreso de la Nación / Library of the National Congress, Argentina

GEDA – Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial /Universidade Federal do Paraná – Brasil

Nexa Center for Internet & Society

Asociación Chaqueña de Bibliotecarios – Argentina

Public Knowledge

Grupo de Invesetigación Plebio (Universidad Nacional de Colombia)

Creative Commons Nederland

Association of College and Research Libraries

Open State Foundation

Fundación Vía Libre (Argentina) 

Center for Media & Social Impact 

Red BibliotecasJuriRed

LWC Health 

Asociación de Bibliotecarios de Jujuy – Jujuy – Argentina 

Internet Archive 

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina

Individuos 

Alejandro Tomás Butler

Giulia Priora – Institute of Law, Politics and Development (DIRPOLIS), Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy   

Dick Kawooya  – University of South Carolina    

Isela Marí­a Mo Amavet – Biblioteca del Congreso de la Nación / Oficina Regional de IFLA para América Latina y el Caribe (Argentina)   

Nancy Marrelli – Concordia University   

Todd Mundle – Kwantlen Polytechnic University   

Dr Guido Noto La Diega – University of Stirling   

Marcos Wachowicz  – Universidade Federal do Paraná – Brasil   

Chidi Oguamanam – University of Ottawa   

Timothy Vollmer – University of California, Berkeley Library   

Marí­a Sol Terlizzi – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO   

Yaniv – Heled – Georgia State University College of Law   

Phet Sayo – International Development Research Center   

Liza Vertinsky – Emory Law School   

Luis Pestarini – Biblioteca del Congreso/Argentina   

Nora Edith Román – Biblioteca del Congreso de la Nación, Argentina   

Claudia Patricia Vaca González – Universidad Nacional de Colombia    

Karogo Ngotho – University of Nairobi S.O.L    

Begoña Glez Otero – Max Planck Institute for Innovation and Competition   

Oscar Lizarazo-Cortes – Universidad Nacional de Colombia   

Alejandro Lorenzo Cesar Santa – Biblioteca del Congreso de la Nación / Library of the National Congress, Argentina   

Lisa Macklem – University of Western Ontario   

Bernt Hugenholtz – Institute for Information Law, University of Amsterdam   

Enyinna Nwauche – Nelson Mandela School of Law, University of Fort Hare South Africa   

Yousuf Vawda – University of KwaZulu-Natal, South Africa   

Ray Corrigan – The Open University, UK   

Wendy Seltzer – World Wide Web Consortium   

Darius Whelan – University College Cork, Ireland   

Robin Sinn – Johns Hopkins University   

Jennifer Urban – University of California, Berkeley   

Desmond Osaretin Oriakhogba – University of Benin, Benin City, Nigeria   

Melissa Gold Fournier – Yale Center for British Art   

Martin Kretschmer – CREATe, University of Glasgow

Dick Kawooya, University of South Carolina

Patricia Aufderheide, University Professor, School of Communication, American University.

Luz Marina Umbasia, Legal Counselor, GHP Corp. 

Angelica Patiño, Director, Global Humanitarian Progress, GHP Corp. 

Anabel Tomatis, Bibliotecologo, ABISFE

Coenrad visser, Professor, University of South Africa

Stella Maris Caballero, Bibliotecaria, Particular 

Ruth Lopert, Adjunct Professor, Dept. of Health Policy & Management, George Washington University

Valbona Berdica, Director, Scientific Library of University “Luigj Gurakuqi” Shkoder, Albania

Jörg Hoffmann, Max Planck Institute for Innovation and Competition 

Eva Revitt, Librarian, MacEwan University 

Bashar Malkawi, Dean and Professor of Law, University of Sharjah 

Susana Soto, Director of Library Services, Universidad Abierta Interamericana

Vinodh Illangovan, Doctor, Labdemic

Sandeep Saluja, Senior Consultant, Saran Ahram

Erica Mogdans, Bibliotecaría/Licenciado, Biblioteca Pública De Las Misiones / ABGRA

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Declaración conjunta de la sociedad civil: Los Estados deben respetar los derechos humanos al emplear tecnologías de vigilancia digital para combatir la pandemia

Equipo de CC Uruguay, abril 3rd, 2020

CC Uruguay se une a más de 100 organizaciones alrededor del mundo en una declaración que exige a los gobiernos que no usen la pandemia de coronavirus para expandir las tecnologías de vigilancia digital de la población. A continuación compartimos el texto completo de la declaración.


2 de abril de 2020

La pandemia de COVID-19 es una emergencia global de salud pública, que precisa de una respuesta coordinada y en gran escala de los gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, las iniciativas de los Estados para contener el virus no deben servir para encubrir el inicio de una nueva era marcada por una enorme expansión de los sistemas de vigilancia digital invasiva.

Las organizaciones abajo firmantes instamos a los gobiernos a dar muestra de liderazgo en la gestión de la pandemia garantizando que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos.

La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones durante este esfuerzo que se está realizando para salvar vidas, como difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud. No obstante, el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles– amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de una manera que podría violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas de salud pública. Tales medidas entrañan también un riesgo de discriminación y pueden perjudicar de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas.

Vivimos tiempos extraordinarios, pero el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, el marco de los derechos humanos tiene por objeto garantizar un cuidadoso equilibrio de los distintos derechos para proteger a las personas y las sociedades en general. Los Estados no pueden desatender sin más derechos como la privacidad y la libertad de expresión con el pretexto de gestionar una crisis de salud pública. Al contrario, la protección de los derechos humanos también promueve la salud pública. Ahora más que nunca, los gobiernos deben garantizar estrictamente que toda restricción de estos derechos se ajusta a las salvaguardias de los derechos humanos ya establecidas.

Esta crisis nos brinda la oportunidad de demostrar la humanidad que compartimos. Para combatir esta pandemia, podemos hacer esfuerzos extraordinarios que sean compatibles con las normas de derechos humanos y el Estado de derecho. Las decisiones que los gobiernos tomen ahora para afrontar la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro.

Pedimos a todos los gobiernos que no respondan a la pandemia de COVID-19 incrementando la vigilancia digital si no se cumplen las condiciones siguientes:

  1. Las medidas de vigilancia adoptadas para abordar la pandemia deben ser legales, necesarias y proporcionadas. Han de estar previstas por la ley y justificadas por objetivos legítimos de salud pública, determinados por las autoridades de salud pública competentes, y ser proporcionadas a esas necesidades Los gobiernos deben ser transparentes con respecto a las medidas que tomen, para que puedan ser analizadas y modificadas, retiradas o anuladas posteriormente, si procede. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada.
  2. Si los gobiernos amplían los poderes de seguimiento y vigilancia, tales poderes han de ser de duración limitada y prolongarse sólo durante el tiempo necesario para abordar la pandemia actual. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia indefinidamente.
  3. Los Estados deben garantizar que el aumento de la recopilación, conservación y agregación de datos personales, incluidos los relativos a la salud, tiene como único fin responder a la pandemia de COVID-19. Los datos recopilados, conservados y agregados para responder a la pandemia deben tener un alcance y duración limitados en función de la pandemia y no utilizarse con fines comerciales ni de otra índole. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para menoscabar el derecho personal a la privacidad.
  4. Los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los datos personales, lo que incluye garantizar la debida seguridad de los datos recopilados y de los dispositivos, aplicaciones, redes o servicios utilizados en su recopilación, transmisión, tratamiento y almacenamiento. Cuando se afirme que los datos son anónimos, ha de poder demostrase y respaldarse con información suficiente sobre cómo se han anonimizado. No podemos dejar que los intentos de responder a esta pandemia sirvan de justificación para poner en riesgo la seguridad digital de las personas.
  5. Todo uso de tecnologías de vigilancia digital en la respuesta a la COVID-19, incluidos los sistemas de inteligencia de datos y artificial, debe tener en cuenta el riesgo de que tales herramientas faciliten la discriminación y otros abusos contra los derechos de las minorías raciales, las personas que viven en la pobreza y las poblaciones marginadas, cuyas necesidades y realidades de vida pueden quedar ocultas o mal representadas en los macroconjuntos de datos. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 aumente aún más las diferencias existentes en el disfrute de los derechos humanos entre distintos grupos de la sociedad.
  6. Si los gobiernos firman acuerdos para compartir datos con otras entidades públicas o del sector privado, deben hacerlo basándose en la ley, y la existencia de tales acuerdos, así como la información necesaria para evaluar su impacto en la privacidad y los derechos humanos, debe revelarse públicamente, por escrito, con las cláusulas de suspensión y con supervisión pública y otras salvaguardias por defecto. Las empresas participantes en las iniciativas de los gobiernos frente a la COVID-19 deben ejercer la diligencia debida para garantizar que respetan los derechos humanos y que toda intervención está desligada de otros intereses empresariales y comerciales. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ocultar a la sociedad qué información recopila y comparte con terceros su gobierno.
  7. Toda respuesta debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardias contra el uso indebido. El aumento de las medidas de vigilancia ante la COVID-19 no debe ser competencia de los organismos de seguridad o inteligencia, y tiene que estar sujeto a la supervisión efectiva de órganos independientes adecuados. Además, se debe ofrecer a las personas la oportunidad de conocer e impugnar toda medida que se tome en relación con la COVID-19 para recopilar, agregar, conservar y emplear datos. Las personas que hayan sido sometidas a vigilancia han de tener acceso a medios efectivos para interponer recursos.
  8. Las respuestas a la COVID-19 que contengan medidas de recopilación de datos han de incluir medios de participación libre, activa y significativa de las partes interesadas pertinentes, en particular de especialistas del sector de la salud pública y de los grupos de población más marginados.

Organizaciones firmantes:

7amleh – Arab Center for Social Media Advancement
Access Now
African Declaration on Internet Rights and Freedoms Coalition
AI Now
Algorithm Watch
Alternatif Bilisim
Amnistía Internacional
ApTI
ARTICLE 19
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI Participa
Association for Progressive Communications (APC)
ASUTIC, Senegal
Athan – Freedom of Expression Activist Organization
Australian Privacy Foundation
Barracón Digital
Big Brother Watch
Bits of Freedom
Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Center for Digital Democracy
Center for Economic Justice
Centro De Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos de Rosario
Chaos Computer Club – CCC
Citizen D / Državljan D
CIVICUS
Civil Liberties Union for Europe
CódigoSur
Coding Rights
Coletivo Brasil de Comunicação Social
Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Committee to Protect Journalists
Consumer Action
Consumer Federation of America
Cooperativa Tierra Común
Creative Commons Uruguay
D3 – Defesa dos Direitos Digitais
Data Privacy Brasil
Democratic Transition and Human Rights Support Center “DAAM”
Derechos Digitales
Digital Rights Lawyers Initiative (DRLI)
Digital Rights Watch
Digital Security Lab
Ukraine Digitalcourage
EPIC
epicenter.works
European Digital Rights – EDRi
Fitug
Foundation for Information Policy Research
Foundation for Media Alternatives
Fundación Acceso (Centroamérica)
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador
Fundación Datos Protegidos
Fundación Internet Bolivia
Fundación Taigüey, República Dominicana
Fundación Vía Libre
Hermes Center
Hiperderecho
Homo Digitalis
Human Rights Watch
Hungarian Civil Liberties Union
ImpACT International for Human Rights Policies
Index on Censorship
Initiative für Netzfreiheit
Innovation for Change – Middle East and North Africa
International Commission of Jurists International Service for Human Rights (ISHR)
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
Ipandetec
IPPF
Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
IT-Political Association of Denmark
Iuridicum Remedium z.s. (IURE)
Karisma
La Quadrature du Net
Liberia Information Technology Student Union Liberty
Luchadoras
Majal.org
Masaar “Community for Technology and Law”
Media Rights Agenda (Nigeria)
MENA Rights Group
Metamorphosis Foundation
New America’s Open Technology Institute
Observacom
Open Data Institute
Open Rights Group
OpenMedia
OutRight Action International
Pangea
Panoptykon Foundation
Paradigm Initiative (PIN)
PEN International
Privacy International
Public Citizen
Public Knowledge
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
RedesAyuda
SHARE Foundation
Skyline International for Human Rights
Sursiendo
Swedish Consumers’ Association
Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
Tech Inquiry TechHerNG
TEDIC
The Bachchao Project
Unwanted Witness, Uganda
Usuarios Digitales
WITNESS
World Wide Web Foundation

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Ahora es el momento para las políticas de acceso abierto – Esta es la razón

Equipo de CC Uruguay, marzo 20th, 2020

Post por Victoria Heath y Brigitte Vézina, publicado originalmente en inglés en el sitio web de Creative Commons, bajo licencia CC BY. Traducción por Scann.

Durante el fin de semana, se dieron a conocer noticias que enojaron incluso a los más fervorosos escépticos del acceso abierto. Bajo el titular “Trump vs. Berlín”, el periódico alemán Welt am Sonntag informaba que el presidente Trump había ofrecido mil millones de dólares a la compañía alemana biofarmacéutica CureVac para asegurarse su vacuna contra el COVID-19 “solo para los Estados Unidos”.

En respuesta, Jens Spahn, el ministro de salud alemán, dijo que semejante acuerdo estaba completamente “fuera de discusión” y Peter Altmaier, el ministro de economía alemán, respondió que “Alemania no está en venta”. Los defensores de la ciencia abierta estaban especialmente enojados. La profesora Lorraine Leeson, del Trinity College de Dublín, por ejemplo, twitteó: “este NO es el momento para este tipo de conductas. Va a contramano de todo el trabajo en ciencia abierta que nos está ayudando a responder de una manera útil ahora. Este es el momento para la solidaridad, no para la exclusividad”. La Casa Blanca y CureVac han negado el informe.

Hoy nos encontramos en un momento esencial en la historia: tenemos que cooperar efectivamente para responder a una emergencia sanitaria global sin precedentes. El mantra “cuando compartimos, todos ganamos” se aplica ahora más que nunca. Con esto en mente, sentimos que es imperativo subrayar la importancia del acceso abierto, específicamente de la ciencia abierta, en momentos de crisis.

Por qué es importante el acceso abierto, especialmente en una emergencia sanitaria global

NHS24 thanks”, por el gobierno de Escocia (4 de marzo, 2020), bajo licencia CC BY-NC.

Uno de los componentes más importantes del cuidado de la salud global, específicamente frente a amenazas urgentes, es la creación y difusión de información confiable y actualizada para el público, los funcionarios de gobiernos, los trabajadores humanitarios y de salud, así como para los científicos.

Varios financiadores de investigaciones científicas, como la Fundación Gates, la Fundación Hewlett y el fondo Wellcome, tienen políticas de acceso abierto de larga data, y algunos han hecho un llamado a aumentar los esfuerzos para compartir rápidamente y de manera abierta las investigaciones relacionadas al COVID-19 que permitan frenar el brote. Al licenciar contenido con una licencia CC BY-NC-SA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está adoptando un enfoque más conservador hacia el acceso abierto, que se queda corto con lo que la comunidad científica necesita de manera urgente para acceder a información crítica y construir a partir de ella. 

Todas las organizaciones financiadas con fondos públicos deben: 1) Adoptar políticas de acceso abierto que requieran que toda la investigación financiada con fondos públicos sea puesta a disposición con una licencia abierta (por ejemplo, CC BY 4.0) o dedicada al dominio público. En la práctica, esto significa que los artículos de investigación y los datos puedan ser libremente reutilizados por otras personas, mejorando así la colaboración entre científicos y acelerando la marcha de los descubrimientos. 2) Garantizar que todos los recursos educativos (como videos, infografías y otros contenidos multimedia) sean también licenciados de manera abierta para facilitar la difusión de información confiable y práctica para el público.

La carrera actual para encontrar una vacuna para el COVID-19 ejemplifica por qué el acceso rápido e irrestricto a la investigación científica y a los materiales educativos en los términos más abiertos posibles es vital. Dada la naturaleza misma de la enfermedad, incluyendo el hecho de que era completamente desconocida para los científicos antes del brote y ahora es una enfermedad global, es imposible para una sola organización, institución y/o gobierno enfrentar esta crisis en soledad. De hecho, los esfuerzos globales actuales para encontrar una vacuna para el COVID-19 no serían posibles sin los funcionarios de la salud y los investigadores chinos que compartieron información crítica sobre la naturaleza del virus a comienzos de enero de este año.

Novel Coronavirus SARS-CoV-2”, por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, bajo licencia CC BY.

Con los casos de COVID-19 rápidamente sobrepasando los 200.000 a nivel global, hay una urgencia creciente para la comunidad científica en su totalidad de trabajar junto a funcionarios de salud de todo el mundo para encontrar y hacer disponibles tratamientos y vacunas. El 13 de marzo, los asesores gubernamentales de ciencia de 12 países publicaron una carta abierta solicitando a las editoriales que liberen como acceso abierto la investigación científica y los datos sobre COVID-19. “Dada la urgencia de la situación”, dice la carta, “es particularmente importante que los científicos y el público puedan acceder a los resultados de las investigaciones tan pronto como sea posible”. Adicionalmente, los materiales educativos puestos a disposición por las organizaciones intergubernamentales como la OMS deben ser puestos a disposición de manera abierta sin ninguna restricción. Esto no solo es necesario en esta emergencia global, sino que además es consistente con su misión pública y su mandato.

Antes de que esta carta abierta fuera publicada, muchos científicos ya habían empezado a hacer sus investigaciones y sus datos de acceso abierto, utilizando plataformas de preprints como bioRxiv, ArXiv, y Gisaid. La semana pasada, la organización sin ánimo de lucro Free Read juntó alrededor de 32.000 firmas en su petición de “desbloquear las investigaciones sobre coronavirus”. En respuesta, editoriales como Elsevier, Oxford University Press, Springer Nature y The Lancet comenzaron a retirar los muros de pago de los artículos relacionados con COVID-19. Medios periodísticos a lo largo del mundo, incluyendo el New York Times, Bloomberg, The Atlantic, Clarín, Público, Globo y Folha, también están retirando los muros de pago de su contenido vinculado al COVID-19. Científicos individuales, en colaboración con medios periodísticos, incluso han empezado a publicar bajo licencias libres gráficos informativos que comunican conceptos científicos complejos. Por ejemplo, este GIF por la experta en enfermedades infecciosas Dra. Siouxsie Wiles ilustra cómo podemos “aplanar la curva” y fue liberado con una licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual (CC BY-SA 4.0).

“Flattening the curve” («Aplana la curva»), por Siouxsie Wiles y Toby Morris, bajo licencia CC BY-SA. Traducido por SINC.

Muchos promotores de la ciencia abierta aplauden estos esfuerzos en favor del acceso abierto a la investigación científica sobre COVID-19, pero argumentan que esto es algo que deberíamos estar haciendo desde hace tiempo. Michael Eisen, un biólogo de la Universidad de Berkeley y editor de la publicación científica de acceso abierto eLife habló con WIRED: “Por supuesto esta debería ser la opción por defecto para TODA la ciencia, no solamente para la ciencia sobre COVID-19, y tendría que haber sido el estándar desde hace 25 años. Pero me alegra ver que está sucediendo ahora.”

En su sitio web, el Plan S argumenta que los muros de pago retienen “una cantidad significativa de los resultados de investigación, impidiendo el acceso a una gran parte de la comunidad científica y de la sociedad en su conjunto”. Esto, a su vez, “entorpece la actividad científica en sus mismas bases y obstaculiza su uso por parte de la sociedad”. Por ejemplo, investigadores que estudiaban el brote de ébola en el 2014 en África encontraron que el acceso a conocimiento vital sobre el virus y sus factores de riesgo conocidos previos al brote estaba restringido por los muros de pago de las editoriales. Escribieron: “a pesar de que el acceso al conocimiento por sí solo no podría haber prevenido o evitado la epidemia del ébola, funcionarios de salud mejor informados podrían haber tomado medidas preventivas oportunas y podrían haber estado mejor equipados para mitigar riesgos durante y luego del brote”. 

Ahora es el momento para implementar y mejorar las políticas de acceso abierto

Por estas razones, Creative Commons (CC) ha instado a la adopción de políticas de acceso abierto por parte de organizaciones y gobiernos, tales como el Centro de Investigación e Innovación del Reino Unido (UKRI). CC está preparando comentarios para el proceso de consulta de UKRI sobre su propuesta de políticas de acceso abierto, y pronto estará compartiendo comentarios similares en respuesta al pedido de información del Registro Federal de Estados Unidos sobre “Acceso público a publicaciones académicas revisadas por pares, datos y código resultantes de investigaciones financiadas por el gobierno federal.” 

Las licencias CC se han convertido en el estándar internacional en licenciamiento abierto, y luego de haber apoyado esfuerzos exitosos en la creación, adopción e implementación de políticas de acceso abierto con varios gobiernos e instituciones, continuamos promoviendo fuertemente el acceso abierto para el beneficio de los investigadores, la industria y el público en general. Esto incluye hacer que toda la información financiada por organizaciones internacionales o gobiernos nacionales esté disponible para la reutilización más amplia posible. Adicionalmente, CC apoya los esfuerzos para clarificar cómo las limitaciones y excepciones al derecho de autor y el uso justo se aplican en estas circunstancias excepcionales, como por ejemplo la Declaración pública de especialistas en derechos de autor de bibliotecas: uso justo y enseñanza remota e investigación de emergencia. Este recurso fue publicado recientemente por un grupo de bibliotecarios expertos en derecho de autor de universidades de Estados Unidos, incluyendo el MIT.

Para obtener orientación sobre la implementación de una política de acceso abierto o sobre el uso de las licencias CC, pueden contactarnos en info@creativecommons.org [N. de la T.: y en Uruguay, contacto@creativecommons.uy]. Estamos aquí para ayudarles. 

Detengamos la propagación del COVID-19 siguiendo estos consejos de la OMS, que incluyen lavarse las manos durante al menos 20 segundos y ejercer el distanciamiento social.

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