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Editatona Arte y Feminismo en Uruguay 2018

Equipo de CC Uruguay, marzo 7th, 2018

El 16 y 17 de marzo de 2018 están todas y todos invitados a la Editatona de Wikipedia sobre Arte y Feminismo 2018, en el marco de las actividades del mes de las mujeres por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Wikimedia Uruguay y el MVD Lab de la Intendencia de Montevideo, con el apoyo de Creative Commons Uruguay, del Centro Cultural de España en Montevideo y del Ministerio de Educación y Cultura, se suman a la campaña internacional Arte+Feminismo para crear colectivamente artículos sobre las mujeres relevantes del arte y la cultura que todavía no tienen su artículo en la enciclopedia libre. También invitamos a mejorar biografías ya existentes y a contribuir en artículos sobre arte y feminismo. Esta editatona se suma además a la campaña #VisibleWikiWomen para ilustrar los artículos que crearemos, así como para mejorar los ya existentes con fotos e imágenes que representen a mujeres relevantes en Wikipedia.

Una editatón es un evento de edición colectiva y simultánea en Wikipedia, gratuito y abierto al público, en el que personas con distintos niveles de experiencia se reúnen para mejorar o crear artículos en la enciclopedia. La editatón incluirá charlas informativas para quienes recién comienzan en Wikipedia, apoyo continuo en la edición, materiales de apoyo, cuidado de niños y aperitivos.

¿Cuándo y dónde?

  • Viernes 16 de marzo de 2018 en el Centro Cultural de España en Montevideo (Rincón 629), de 19 a 21 hs.
  • Sábado 17 de marzo de 2018 en el MVDLAB ubicado en el Cabildo de Montevideo (Juan Carlos Gómez 1362), de 11 a 18 hs.

Programa

El evento se dividirá en dos partes. En la primera, el viernes 16 de marzo de 19 a 21 hs. en el Centro Cultural de España, se brindará una charla sobre edición en Wikipedia, y habrá un panel sobre arte y feminismo con la presencia de artistas y expertas en el tema.

La segunda parte, que tendrá lugar el sábado 17 de marzo de 11 a 18 hs en el Cabildo de Montevideo, consistirá en la edición colectiva de artículos de Wikipedia sobre mujeres en el arte y la cultura. Para ello, contaremos con la presencia de wikipedistas con experiencia que guiarán a las personas participantes durante el taller de edición colaborativa.

¿Por qué una editatona?

Wikipedia es un proyecto gratuito, voluntario y comunitario basado en los principios del conocimiento libre. Es una enciclopedia escrita de manera colaborativa por miles de personas voluntarias de todo el mundo. Al mismo tiempo, es una de las principales fuentes de información para millones de personas, quienes pueden acceder y reutilizar los artículos de manera libre y gratuita. Mejorar la presencia de las mujeres en Wikipedia ayuda a visibilizar vidas y contribuciones a menudo ocultadas, derribando al mismo tiempo prejuicios de género.

Las mujeres representan entre un 8 y un 16 por ciento del total de personas que editan la Wikipedia, mientras que las biografías de mujeres son solo el 19 por ciento del total de biografías en Wikipedia en español. Estos datos muestran una profunda desigualdad de género, tanto en la participación de mujeres editoras como en la representación de las mujeres en los contenidos. Por esta razón, es necesario generar las condiciones para que muchas más mujeres participen en la edición de la enciclopedia más consultada en la actualidad, y que sus logros y contribuciones sean igualmente recopilados y descritos.

¿Cómo participar?

Todas las actividades son abiertas y gratuitas. No es necesario tener experiencia previa en edición para participar. Son bienvenidas las personas de todas las identidades y expresiones de género, en particular las mujeres trans y cisgénero.

Invitamos a que las personas que asistan traigan sus propias computadoras, para poder editar de manera cómoda. Contaremos con material bibliográfico y fotográfico que servirá de apoyo para la creación y mejora de los artículos seleccionados. Agradecemos que los participantes lleven bibliografía para compartir, como por ejemplo: libros de biografías de mujeres de Uruguay, diccionarios biográficos, catálogos artísticos, etc.

Recomendamos a quienes no tienen una cuenta en la Wikipedia, crear una con anticipación para poder trabajar con un usuario propio.

Si ya tienes tu cuenta, por favor agrega tu nombre en la lista de participantes de la página del evento en Wikipedia.

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Actualización sobre la reforma del copyright en Australia: mucho para celebrar y mucho a la espera

Equipo de CC Uruguay, febrero 6th, 2018

Traducimos al castellano este artículo escrito por Delia Brown y publicado en el sitio web de Creative Commons Australia bajo una licencia CC BY, sobre la reforma de la ley de derecho de autor en Australia. Los aportes del artículo pueden resultar valiosos en el marco de la discusión actual de la reforma del derecho de autor en Uruguay.


El 2017 fue el año en el que el copyright fue un regalo continuo en Australia, en la medida en que una pila de nuevas leyes y regulaciones fueron finalmente aprobadas, después de muchos años de activismo perseverante por parte del sector educativo de Australia.

Como todos sabemos, la reforma del copyright lleva mucho tiempo, y el proceso puede ser descorazonador y tóxico, pero armados con evidencia convincente, argumentos y tenacidad, es posible alcanzar grandes resultados. Es importante tener esto en mente en la Unión Europea y en otras jurisdicciones que actualmente se encuentran revisando sus leyes de copyright.

Abajo presentamos algunos de los cambios de 2017 y lo que la reforma del copyright tiene para nosotros en 2018.

La Ley de Enmienda del Copyright para el Acceso para Discapacitados y Otras Medidas (CADM) 2017

La Enmienda fue introducida en junio de 2017 y se convirtió en ley en diciembre de 2017. Aquí hay una copia de la ley. La nueva ley incluyó un número de reformas que el sector educativo buscó por años.

Copia para personas con discapacidad

La ley introdujo una nueva excepción de uso justo para el acceso al material bajo copyright por personas con discapacidad (Sección 113E) y una nueva definición de “persona con discapacidad” que permite tener en cuenta a un rango más amplio de discapacidades y de dificultades de aprendizaje. La nueva definición cubre a todas las personas con una discapacidad que ocasione dificultades para leer, ver, escuchar o comprender material bajo copyright.

La excepción de uso justo también permitirá, por ejemplo, agrandar textos y gráficos y hacer cambios en el formato. CADM (por sus siglas en inglés, Copyright Amendment Disability Access and Other Measures Act) también cumple con las disposiciones del Tratado de Marrakech, que aspira a facilitar la importación y la exportación de copias en formatos accesibles de obras publicadas, haciendo de Australia uno de los primeros de veinte países en implementar el Tratado de Marrakech para las personas discapacitadas visualmente.

Otra nueva excepción para los discapacitados se aplica a “las organizaciones que asisten a las personas con discapacidad” (Sección 113 F). Esta excepción permitirá a las instituciones educativas y a las organizaciones sin ánimo de lucro cuya función principal es proveer asistencia a las personas con discapacidad, contar con una excepción para facilitar el acceso a materiales bajo copyright por parte de personas con discapacidad. Esto significa que los profesores y las instituciones educativas podrán hacer versiones de materiales educativos en formatos adecuados para estudiantes con discapacidades.

Licencia estatutaria simplificada

La nueva disposición (Sección 113 P) fue producto de una colaboración entre el sector educativo (escuelas, universidades, institutos TAFE) y sociedades de gestión colectiva (la Agencia de Derecho de Autor y Pantallas) en un esfuerzo por coordinar y simplificar las licencias estatutarias educativas:

  • Hay un solo esquema de licenciamiento para reemplazar a las licencias actuales.
  • Ya no existe más un límite sobre la cantidad de una obra que puede ser copiada/comunicada. La única limitación es que la cantidad copiada/comunicada “no perjudique excesivamente los intereses legítimos del titular de derechos”.
  • Han sido removidas las reglas prescriptivas en las licencias estatutarias existentes, por ejemplo, las reglas en relación al marcado, a la copia de aniversario, a los límites sobre la cantidad de una obra que puede ponerse a disposición en línea, al resguardo de registros y encuestas, a los métodos para determinar remuneración, etc. Hay ahora flexibilidad para que las escuelas alcancen acuerdos con las sociedades de gestión colectiva sobre qué tipo de arreglos administrativos aplicarán. Si no se puede alcanzar ningún acuerdo, el Tribunal de Derecho de Autor tendrá poder para determinar en estos asuntos.

En este punto, la puesta en práctica de las nuevas disposiciones de las licencias simplificadas todavía tiene que ser trabajada por el sector educativo y las sociedades de gestión relevantes.

La excepción de copia de examen

La reforma de la ley corrigió una anomalía de larga data de la ley de copyright australiana, que permitía a las instituciones educativas incluir cierto tipo de obras bajo copyright en los exámenes en papel o físicos pero no permitía incluir el mismo contenido en exámenes tomados en línea.

Las instituciones educativas ahora pueden utilizar cualquier tipo de material bajo copyright en los exámenes (incluyendo transmisiones de radiodifusión, grabaciones en vivo y films), y pueden utilizar estos materiales en exámenes en línea.

Copia de preservación

La reforma actualiza y coordina las excepciones que permiten a las bibliotecas y archivos hacer copias de material bajo copyright con fines de preservación (Sección 3 de la nueva parte).

Las bibliotecas y los archivos ya no necesitan esperar hasta que el material haya sido dañado o haya sufrido deterioro antes de hacer las copias de preservación y se les permite hacer múltiples copias de preservación y poner a disposición las copias electrónicas de preservación para el público, sin que esto se considere un uso infractor.

Obras inéditas o sin publicar

La reforma también corrige otra anomalía de larga data. Anteriormente, había reglas diferentes para el material publicado y sin publicar y los materiales inéditos o sin publicar podían permanecer bajo copyright por toda la eternidad. La reforma introduce un nuevo plazo estándar de protección de los materiales bajo copyright: por “la vida del autor más 70 años”, sin importar si es una obra publicada o sin publicar. El plazo estándar será efectivo para las obras creadas antes del 1 de enero de 2019 que sigan inéditas para esa fecha.

Allí donde el creador del material bajo copyright no pueda ser identificado, el término estándar de protección será “la fecha de realización más 70 años”. Sin embargo, si el material se hace público dentro de los 50 años de su realización, el copyright subsiste a partir de la fecha en que el material fue hecho público más 70 años.

Nuevas excepciones para las Medidas Tecnológicas de Protección (TPM)

En diciembre de 2017, el gobierno habilitó nuevas excepciones para las medidas tecnológicas de protección a través de la regulación. A partir del 22 de diciembre de 2017, las instituciones educativas tienen permitido saltearse una medida tecnológica de protección por cualquiera de los siguientes motivos:

  • porque se apoyan en la licencia estatuaria simplificada en la sección 113P de la ley reformada;
  • porque se apoyan en las nuevas dos excepciones de copia para discapacidades en las secciones 113E y 113F de la ley reformada;
  • porque se apoyan en la sección 200AB(3) – excepción de uso flexible que les permite a las instituciones educativas copiar material para la instrucción educativa en circunstancias limitadas.

Esta reforma era muy esperada, ya que las organizaciones educativas y de personas con discapacidad no tenían las respectivas excepciones para saltear las medidas tecnológicas de protección que les permitieran hacer uso de las excepciones nuevas y las existentes. Por ejemplo, los maestros, profesores y escuelas ahora pueden hacer lo siguiente sin miedo a las infracciones:

  • copiar pequeños extractos de películas para usarlos mientras enseñan (por ejemplo, incluir un pequeño extracto de una película de Gallipoli en la presentación de un maestro sobre la Primera Guerra Mundial);
  • proveer a los estudiantes con discapacidad contenidos en formatos accesibles, tales como una versión subtitulada de un DVD para un estudiante con discapacidad auditiva.

El proceso para promulgar estas nuevas excepciones está un poco complicado por razones administrativas.

Por desgracia una reforma propuesta para añadir excepciones sobre medidas tecnológicas de protección para estudiantes e investigadores fue dejada de lado en la versión final de las regulaciones y puesta a consideración sobre si está justificada o no.

2018: Más reforma del copyright en el horizonte

Mientras que las reformas de 2017 arreglaron muchos de los problemas del copyright en el sector educativo, no han arreglado todos los problemas que enfrenta el sector educativo en Australia. Los temas remanentes en la reforma de la ley que más se destacan en el sector educativo son:

  • la introducción de una excepción flexible de uso justo tal como recomendó la comisión de reforma de la ley de Australia (ALRC, por sus siglas en inglés) y apoyada por la comisión de productividad (PC, en inglés);
  • la expansión de las disposiciones de puerto seguro (“safe harbour”) para incluir a la educación y a las bibliotecas;
  • enmendar la ley de copyright para asegurar que un contrato no pueda ignorar las excepciones al copyright;
  • un esquema para obras huérfanas;
  • mejorar la gobernanza de las sociedades de gestión colectiva.

Excepción flexible de uso justo, contratos y obras huérfanas

Las comisiones de reforma de la ley y la de productividad recientemente reconocieron que la ley de copyright está poniendo obstáculos a las escuelas australianas que utilizan tecnologías digitales e innovadoras en el aula. Por ejemplo:

  • hay diferentes reglas de copyright dependiendo de si un profesor está escribiendo en un pizarrón o en una pizarra interactiva, o si está proyectando una obra de arte o un texto sobre una pantalla o una pizarra interactiva;
  • las escuelas australianas están pagando para utilizar contenidos disponibles en Internet de manera gratuita, tales como mapas de turismo gratuitos, documentos de datos sobre salud en línea y páginas web de sitios corporativos. Las escuelas de otros países utilizan este contenido sin pagar nada.

Aunque las reformas recientes han simplificado la manera en que los profesores pueden utilizar las tecnologías digitales, no resuelven estas cuestiones fundamentales. Tanto la comisión de reforma como la de productividad recomendaron al gobierno que promulgue una excepción de uso justo para garantizar que el copyright sea lo suficientemente flexible como para cumplir con las necesidades de la educación australiana de una forma tal que no dañe el mercado de los titulares de derechos.

Entendemos que el gobierno tiene la intención de publicar un documento de discusión a mediados de febrero de 2018 que incluirá:

  • una consulta sobre cuál es la mejor forma de agregar más flexibilidad a la ley de copyright. No van a consultar sobre si deberían o no habilitar una excepción flexible, sino qué tipo de modelo es apropiado;
  • una consulta sobre qué tipo de esquema de obras huérfanas debería ser adoptado;
  • una consulta sobre si promulgar la recomendación de la Comisión de Productividad para enmendar la ley de copyright para prevenir que los contratos ignoren las excepciones al copyright.

Puertos seguros (safe harbours)

El 6 de diciembre de 2017, el gobierno introdujo el proyecto de ley 2017 de enmienda del copyright para proveedores de servicios. La propuesta expande la excepción de puertos seguros (safe harbours) para incluir a las escuelas y a otras instituciones educativas. Aquí se puede acceder a una copia de la propuesta y aquí al memorándum que la explica. No hay ninguna limitación que restrinja los puertos seguros a “propósitos educativos”, lo que significa que las instituciones educativas podrán apoyarse en las disposiciones de los puertos seguros incluso cuando se involucren en actividades colaborativas con la industria. Esto es significativo: el gobierno aceptó las preocupaciones de las escuelas de que una disposición de puerto seguro que solo se aplicara a “propósitos educativos” podría mostrarse como el otorgamiento del beneficio de puerto seguro, pero estaría limitando las formas en que las escuelas podrían involucrarse con la comunidad más amplia.

El proyecto será considerado por el Comité de Ambiente y Comunicaciones que deberá producir un reporte para el 19 de marzo de 2018 y que probablemente sea debatido durante el otoño de 2018 en el parlamento. También habrá consultas sobre nuevas regulaciones para acompañar el esquema actualizado de puerto seguro. Esperamos que estas consultas estén disponibles para el debate público a comienzos de 2018.

Sobre si otros proveedores de servicios como motores de búsqueda y plataformas de redes sociales deben ser incluidas en las disposiciones de puertos seguros, el gobierno planea hacer más consultas en 2018 antes de tomar una decisión.

Mejoras en la gobernanza de las sociedades de gestión colectiva

Luego de la recomendación de la Comisión de Productividad para realizar una revisión abarcadora de la gobernanza de las sociedades de gestión colectiva, incluyendo el Código de Conducta de las Sociedades de Gestión Colectiva, el Departamento de Comunicaciones comenzó una revisión del Código de Conducta para examinar hasta qué punto el Código promueve resultados justos y eficientes tanto para los miembros como para los licenciatarios de las sociedades de gestión colectiva en Australia. En particular esta revisión evaluará:

  • si el Código cumple con su lógica y sus objetivos, incluyendo promover la confianza y la participación en el sistema y mitigar cualquier potencial problema de poder de mercado en relación con las sociedades de gestión colectiva;
  • hasta qué punto el Código promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza, incluyendo un examen sobre si el Código contiene suficientes mecanismos de monitoreo, evaluación y resolución de disputas, y hasta qué punto el Código representa las mejores prácticas en comparación con otros códigos y líneas rectoras tanto locales como internacionales;
  • también será revisado cualquier otro punto que sea significativo y relevante para el alcance de la evaluación luego de que se haga una consulta con las partes interesadas.

Ver aquí para el Documento de Discusión y el Código de Conducta de las Sociedades de Gestión Colectiva, etc.

El sector educativo ha estado preocupado durante muchos años por la falta de transparencia y control de las sociedades de gestión colectiva. Aquí se puede encontrar una copia de la presentación que realizaron los grupos asesores (escuelas y TAFEs) para la evaluación.

Se espera que el borrador del informe sea publicado a comienzos del 2018.

Hacia el futuro

Esperamos que nuestras recientes reformas en la ley de derecho de autor de Australia ayuden a otras reformas del derecho de autor actuales o futuras alrededor del mundo. Todos podemos aprender de y construir a partir del trabajo de los demás.

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Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea: un mal acuerdo para el dominio público

Equipo de CC Uruguay, enero 29th, 2018

Por Jorge Gemetto. Publicado originalmente en inglés en el blog de Communia.

Imagen: “Comercio y transporte mercantil” de Claes Jansz. Visscher II (1608). Grabado en dominio público. Fuente: Rijksmuseum.

Al contrario de lo que esperaban los bloques de países en negociación (y de lo que temían muchas organizaciones sociales), el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea no fue firmado durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se llevó a cabo a comienzos de diciembre de 2017 en Buenos Aires. De esta manera, se postergó nuevamente la firma del tratado comercial que se viene negociando desde hace más de 15 años, y que, luego de haber sido enfriado durante la época de los gobiernos izquierdistas en América del Sur, cobró nuevamente velocidad tras la llegada de gobiernos neoliberales a Brasil y Argentina.

Como muchos otros acuerdos multilaterales que se han negociado en los últimos años (TPP, TTIP, etc), el TLC Mercosur-Unión Europea abarca una gran cantidad de áreas (no todas estrictamente relacionadas con el comercio) que van desde el intercambio de bienes hasta los movimientos de capitales, medidas fitosanitarias, comercio electrónico y propiedad intelectual. El área de negociación relacionado con la propiedad intelectual es sumamente amplio, incluyendo patentes, marcas, indicaciones geográficas y derecho de autor, entre otros temas.

De ADPIC a ADPIC plus

En la mayoría de los temas vinculados con la propiedad intelectual, el TLC Mercosur-Unión Europea avanza más allá de las obligaciones internacionales impuestas en 1994 con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (ADPIC), en el marco de la OMC. ADPIC estableció un piso regulatorio mínimo sobre propiedad intelectual que obligó a una gran cantidad de países, incluyendo a los del Mercosur, a modificar sus leyes, estableciendo restricciones a la circulación del conocimiento y afectando negativamente al dominio público. En el ámbito del derecho de autor, ADPIC fijó el plazo mínimo de monopolio privado sobre las obras en la vida del autor más 50 años, implicando para países como Uruguay, que en aquel momento tenía un plazo de 40 años, un cambio profundo. También ADPIC forzó a los países a establecer sanciones penales para las infracciones a la propiedad intelectual a escala comercial, así como a utilizar para los programas de computación el mismo marco regulatorio que el aplicado a las obras literarias. Si bien algunas de estas medidas ya se encontraban en el Convenio de Berna y en otros tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ADPIC estipuló sanciones económicas para los países que no cumplieran las obligaciones, lo cual resultó en una rápida adaptación al nuevo marco regulatorio.

A comienzos del siglo XXI, la OMC entró en una fase de estancamiento en la que los países desarrollados vieron trabadas sus expectativas de nuevas regulaciones centradas en los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Así, la agenda de la propiedad intelectual vinculada al comercio migró desde la OMC hacia tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales. A través de estos instrumentos, acordados generalmente entre países desarrollados y países subdesarrollados a instancias de los primeros, se introdujeron nuevas obligaciones que aumentaron las restricciones de propiedad intelectual por encima de lo que ADPIC establecía. Estas nuevas obligaciones por encima de ADPIC se conocen como “ADPIC plus”. Las medidas ADPIC plus incluyen, en el ámbito del derecho de autor, el aumento del plazo de monopolio privado sobre las obras hasta la vida del autor más 70 años, así como sanciones a la elusión de medidas tecnológicas de protección, nuevos derechos de exclusividad para organismos de radiodifusión sobre las emisiones, y otras medidas que ponen barreras cada vez más altas al uso libre y al disfrute del dominio público.

Los nuevos borradores del TLC Mercosur-Unión Europea

El TLC Mercosur-Unión Europea, como el TPP, el TTIP y otros del mismo tipo, está siendo negociado con un nivel de secretismo inaceptable para la discusión democrática. Los borradores se han hecho públicos esporádicamente, pero no a través de un proceso transparente de negociación, ni con rendición de cuentas a la ciudadanía o participación verdadera de la sociedad civil organizada. A pesar de esto, de acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, se puede afirmar que las medidas relativas a la propiedad intelectual incluidas en el TLC Mercosur-Unión Europea calzan perfectamente en la definición de ADPIC plus. En septiembre de 2017, Creative Commons analizó un borrador de noviembre de 2016 del capítulo de propiedad intelectual. Este borrador incluía medidas altamente preocupantes, como la extensión de los plazos de derecho de autor, la ausencia de cláusulas de limitaciones y excepciones que protegieran los derechos de los usuarios, la remuneración obligatoria para intérpretes y productores de fonogramas, las sanciones legales a la elusión de medidas tecnológicas de protección y la introducción de órdenes judiciales preventivas contra “infracciones inminentes”, entre otras medidas ADPIC plus claramente dañinas para el dominio público y el acceso al conocimiento. El borrador de 2016 se puede leer, esencialmente, como un intento por parte de la Unión Europea para imponer elementos restrictivos de sus propias normas de derecho de autor a los países del Mercosur.

Hace pocas semanas, Greenpeace Holanda filtró un nuevo borrador del TLC Mercosur-Unión Europea, aparentemente de julio de 2017, en el cual se incluye el capítulo de propiedad intelectual. Este nuevo borrador muestra la enorme cantidad de áreas en las que existe falta de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En la sección dedicada al derecho de autor, el texto consolidado (es decir, aquellas áreas donde hay acuerdo de ambas partes) es solo una pequeña fracción. El resto consiste en propuestas y contrapropuestas de ambas partes. Se advierte fácilmente que, mientras el interés de la Unión Europea es el de aumentar los plazos y áreas de protección de la propiedad intelectual, así como imponer nuevas sanciones penales para las infracciones, los países del Mercosur buscan evitar estándares más altos de propiedad intelectual, incorporar excepciones y limitaciones obligatorias al derecho de autor, y favorecer la identificación y protección del dominio público.

Esta falta casi total de acuerdo es comprensible si tenemos en cuenta el balance internacional entre pagos y cobros por el uso de licencias de propiedad intelectual. Los datos del Banco Mundial al respecto son elocuentes al mostrar la enorme asimetría, como resultado de la cual los países subdesarrollados tienen un gigantesco déficit. El endurecimiento de la propiedad intelectual, por lo tanto, traería como efecto directo un incremento en los pagos por el uso de licencias desde los países subdesarrollados a los países desarrollados.

Tomando en cuenta la historia de las negociaciones de este tipo de TLC, es muy probable que la mayoría de los desacuerdos existentes en el borrador de julio de 2017 terminen saldándose a favor del texto propuesto por la Unión Europea. Dado que los países del Mercosur tienen su interés fundamental en el comercio de productos agropecuarios, se ven obligados a sacrificar sus intereses en otras áreas. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en el TLC firmado entre la Unión Europea y Ecuador en noviembre de 2016. Antes de que las negociaciones comenzaran, Ecuador se encontraba discutiendo un nuevo marco de derecho de autor, que preveía reducir el plazo de 70 a 50 años después de la muerte del autor. Sin embargo, el TLC con la Unión Europea incluyó la obligación de que el plazo se fijara en no menos de 70 años después de la muerte del autor, lo cual forzó al gobierno de Ecuador a adoptar ese plazo. El ejemplo del TLC entre Ecuador y la Unión Europea muestra un patrón que se repite en otros TLC entre países desarrollados y subdesarrollados. Las duras medidas de propiedad intelectual son generalmente aceptadas por los países subdesarrollados, dado que generalmente son entendidas como el precio a pagar para obtener ventajas en otros aspectos comerciales.

Debe tenerse en cuenta que, dada la orientación económica de los gobiernos de izquierda del Mercosur en la última década —antes del nuevo auge del neoliberalismo—, hasta el momento ningún país del Mercosur adoptó ADPIC plus a través de tratados de libre comercio. Por esta razón, a diferencia de otros países en los que ADPIC plus ya se encuentra vigente, en los países del Mercosur cualquier avance en la dirección de ADPIC plus representa una grave pérdida para el dominio público. Así, por ejemplo, Uruguay se vería obligado a extender 20 años el plazo de derecho de autor, mientras que Argentina tendría que adoptar sanciones contra la elusión de medidas tecnológicas de protección.

Diferentes perspectivas pero una lucha compartida

A esta altura, es necesario notar que los activistas del dominio público pueden tener distintas perspectivas de acuerdo a la región en la que trabajan. Desde la perspectiva de los partidarios del dominio público de la Unión Europea, este acuerdo puede ser visto como una oportunidad para la inclusión de medidas en favor del dominio público en un acuerdo comercial ADPIC plus estándar. Desde esta perspectiva europea, el texto propuesto por el Mercosur acerca de la importancia de preservar un dominio público robusto y de la necesidad de colaborar para la identificación de materiales que hayan entrado en dominio público (ver el artículo 4.4 del capítulo de propiedad intelectual) representaría una mejora sustancial de la normativa actual de derecho de autor de la Unión Europea (aunque, dado que es una propuesta del Mercosur, es poco probable que prevalezca). Sin embargo, desde la perspectiva de los partidarios del dominio público del Mercosur, cualquier avance en la dirección de ADPIC plus (incluso si fuera un poco más benigno que en otros TLC) representaría un gigantesco daño.

Quizás esta diferencia puede ser resuelta si consideramos esta lucha no como una suma de luchas en cada país o región, sino como una lucha global en defensa del dominio público. Como argumenta Luis Gil Abinader en un artículo reciente muy interesante, la incorporación de ADPIC plus (ya sea en su versión dura o en su versión más benigna) en países que hasta el momento no lo tienen, no solo afecta el acceso a la cultura en esos países individuales, sino que también provoca la pérdida de poder de negociación en el comercio internacional de todo el resto de países que no tienen ADPIC plus, aislando y presionando a estos países a adoptar finalmente ADPIC plus a través de tratados bilaterales o multilaterales, o incluso en el futuro a través de la propia OMC. Como resultado de esto, una nueva ola de barreras al dominio público se consolidaría a nivel global. Por lo tanto, existe también un interés táctico para los partidarios del dominio público de todos los países en continuar oponiéndose fuertemente a ADPIC plus; no es una batalla perdida, y no debería verse de esa manera.

Por supuesto, si el TLC Mercosur-Unión Europea se firmara y entrara en vigencia, sería deseable que terminara resultando lo menos dañino posible para el dominio público, aunque extiendera los plazos y el alcance de la privatización del conocimiento, y estableciera nuevas sanciones penales. Si se incluyeran algunas excepciones obligatorias al derecho de autor, los activistas del dominio público de los países del Mercosur y de la Unión Europea las aprovecharíamos. Pero es necesario recordar que nunca es un buen trato intercambiar medidas ADPIC plus altamente dañinas para el acceso a la cultura por otras cláusulas menos abarcativas que beneficiarían al dominio público en menor proporción.

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Cinco organizaciones increíbles que trabajan para proteger y expandir el dominio público

Equipo de CC Uruguay, enero 16th, 2018

Este post fue escrito por Timothy Vollmer para Creative Commons, y traducido y adaptado por Evelin Heidel en el blog Taller de Digitalización, en ambos casos bajo licencia CC BY.

“Grand Prize Winner” del concurso “GIF It Up” 2017 – Creada por Kristen Carter and Jeff Gill de Los Ángeles, California, utilizando el material original (en dominio público) de la Bibliothèque municipale de Lyon. Este gif está disponible con una licencia CC BY-SA.

Creative Commons está participando de la Semana del Copyright, una serie de acciones y discusiones para apoyar principios claves que deberían guiar las políticas de derecho de autor. Todos los días de esta semana, varios grupos estamos tomando diferentes elementos de la ley y abordando lo que está en juego y lo que necesitamos hacer para asegurarnos que el derecho de autor promueva la creatividad y la innovación.

El tópico de hoy para la Semana del Copyright es “El dominio público y la creatividad: las políticas de derechos de autor deberían alentar la creatividad, no obstaculizarla. Los plazos excesivos del derecho de autor inhiben nuestra habilidad para comentar, criticar y re-trabajar nuestra cultura común”.

Las licencias de Creative Commons ayudan a los autores a mantener y administrar sus derechos en los témrinos en los que los autores elijan. Nuestras herramientas del dominio público, por otra parte, les permiten a los autores que quieren dedicar sus obras al dominio público global, hacerlo utilizando la Dedicación al Dominio Público CC0. También facilitan el etiquetado y el descubrimiento de obras que ya están libres de restricciones conocidas de derecho de autor, utilizando la Marca del Dominio Público.

A Creative Commons le importa profundamente el dominio público y no estamos solos en esta preocupación. Hay muchas organizaciones y proyectos increíblemente impactantes, importantes y simplemente interesantes ahí afuera trabajando para destacar, proteger y expandir el dominio público. ¡Aquí hay algunas de nuestras favoritas!

Wikipedia

No solamente Wikipedia provee el punto de partido para cualquiera que quiera aprender sobre qué es el dominio público, también es un recurso educativo excelente para los editores de Wikipedia (y cualquier otra persona) para profundizar en la teoría, la historia y las reglas nacionales específicas alrededor del derecho de autor y el dominio público. Wikimedia Commons (el repositorio multimedia que hospeda las imágenes, los sonidos y los videos que se ven en los artículos de Wikipedia) contienen miles de obras en dominio público, útilmente revisadas y etiquetadas por editores. La Fundación Wikimedia también ha sido bastante activa en llevar adelante una política en defensa del dominio público.

Internet Archive

Cualquiera conoce Internet Archive debido a la poderosa Wayback Machine (la máquina del tiempo), la extendida herramienta de archivado de la web que ha salvado alrededor de 310 billones (!) de páginas web hasta ahora, accesibles para cualquiera. Peor quizás no sepas que Internet Archive es una biblioteca digital masiva, el hogar de 11 milones de libros y textos, 4 millones de grabaciones de audio (incluyendo 160.000 conciertos en vivo), 3 millones de videos (incluyendo un millón de programas de noticias televisivas), 1 millón de imágenes y 100.000 programas de software. El archivo contiene aproximadamente decenas o centenas de miles de archivos multimedia en el dominio público y cualquier usuario se puede crear una cuenta y subir sus propias obras creativas y ponerlas en el dominio público mundial utilizando la CC0.

Asociación Communia

La Asociación Internacional Communia para el Dominio Público es un colectivo de organizaciones y activistas trabajando para fortalecer y enriquecer el dominio público (Creative Commons es miembro fundador). El enfoque actual de la asociación es análisis de políticas públicas y trabajo legislativo en el contexto de la propuesta de la ComisióN Europea para una Directiva sobre el derecho de autor en el mercado único digital. La asociación actual fue creada luego de la finalización de la red de investigación epónima, financiada por la Comisión Europea del 2007 al 2011. Una iniciativa importante de este proyecto fue el Manifiesto del Dominio Público, firmado por más de 1500 organizaciones e individuos, así como la publicación de un extenso estudio sobre el dominio público, que mostró los principales resultados del grupo de investigación.

La Reseña del Dominio Público

La Reseña del Dominio Público es una revista online que muestra las obras que han ingresado al dominio público, “ese vasto común de material fuera del derecho de autor que cualquiera es libre de disfrutar, compartir y construir a partir de, sin ninguna restricción”. Fue lanzado por la organización Open Knowledge en el 2011. El sitio incluye decenas de largos ensayos que “buscan ofrecer una mirada introspectiva y una reflexión sobre las obras del dominio público y las historias frecuentemente ignoradas que las rodean”. El sitio web también incluye colecciones accesibles de material en el dominio público, y también publica una “clase de” anual cerca del año nuevo para destacar las obras de autores que entrarán al dominio público al golpe de la medianoche del primero de enero.

El Centro para el Estudio del Dominio Público

El Centro para el Estudio del Dominio Público es un grupo de investigación iniciado en la Facultad de Derecho de Duke en 2002. Sus objetivos son “promover la investigación y el estudio académico sobre las contribuciones del dominio público para la expresión, la cultura, la ciencia y la innovación; promover el debate sobre el equilibrio necesario en nuestro sistema de propiedad intelectual y traducir la investigación académica en soluciones de política pública”. El centro fue co-fundado por James Boyle, un renombrado autor y académico estudioso del derecho de autor, que también fue un miembro fundador de Creative Commons. En 2008 Boyle escribió un trabajo muy influyente, “El dominio público: encerrando los comunes intelectuales”. El centro conduce investigaciones legales y culturales, y también ha publicado varios libros de cómico sobre temas de derecho de autor, incluyendo Obligado por la ley y ¡Robo! Una historia de la música.

Gracias al trabajo incansable de estas organizaciones, los comunes continúan reforzándose y creciendo, mejorando el acceso a nuestras obras comunes culturales y creativas en el dominio público.

Addenda en castellano

Hay muchas organizaciones que por suerte trabajan para expandir el dominio público también en nuestro idioma, el español. Además de algunas de las iniciativas ya mencionadas (que son globales, como Internet Archive y Wikipedia), también les hemos hablado de autores.uy, dominiopublico.org.ar y de los recién incorporadores Autores de Ecuador y Autores de El Salvador. Aunque en algunos casos se trata de proyectos incipientes, allí por lo menos podemos averiguar qué autores ingresaron al dominio público (o cuáles lo harán pronto, como este año lo hicieron Atilio Chiáppori y César Duayén -Emma de la Barra- en Argentina).

También cabe mencionar otras iniciativas como el Proyecto Gutenberg, una biblioteca de libros electrónicos fundada allá por la década de los ’70 por Michael Hart y que cuenta con una enorme cantidad de libros electrónicos en castellano que se encuentran en el dominio público.

En el campo de las dificultades que aún tenemos para hacer crecer el dominio público, cabe recordar el sesgo de género inherente dentro del dominio público: en efecto, las obras de las mujeres tardan más en llegar al dominio público, porque viven más años y porque empezaron a publicar mucho más tarde que sus pares varones.

Y como siempre, no es menor volver a insistir en el hecho de que en algunos países aún no contamos con dominio público pleno. Tal es el caso de Uruguay y Argentina, donde la extraña figura del “dominio público pagante” nos impide acceder todo lo libremente que acceden en otros países a estas obras, generando graves perjuicios para la cultura e impidiéndonos festejar el ingreso de las obras al dominio público en toda regla.

Aprovechemos esta semana del derecho de autor para recordarle a los legisladores y tomadores de decisiones que las obras en dominio público no deberían pagar un impuesto oneroso que perjudica el disfrute de las obras y la creación a partir del acervo cultural común.

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Feliz Día del Dominio Público 2018

Equipo de CC Uruguay, enero 1st, 2018

Como todos los años, este 1 de enero se festeja internacionalmente el Día del Dominio Público, para celebrar que caen las restricciones de copyright de las obras de los autores y autoras fallecidos hace 50 años (o 70 años en otros países). Esto quiere decir que a partir de hoy podemos acceder, copiar, digitalizar, adaptar, modificar y distribuir las obras de todos los autores que murieron en 1967, tanto de Uruguay como de otros países, sin necesidad de pedir permiso. La incorporación de nuevas obras al dominio público es algo digno de celebrar porque enriquece nuestro patrimonio cultural común, permitiéndonos disfrutar de la cultura libremente. La cultura se mantiene viva y se fortalece cuando se la comparte.

Entre los autores y autoras de Uruguay que entran en dominio público este año podemos mencionar al escritor Horacio Arredondo, la escritora, periodista y crítica Josefina Lerena Acevedo de Blixen, el poeta Enrique Casaravilla Lemos, y los artistas plásticos Ricardo Aguerre y Andrés Feldman. Un caso especial es el de la escritora chilena Marta Brunet, que vivió sus últimos años en Uruguay, donde la editorial Arca publicó el año de su muerte la colección de relatos Soledad de la sangre. La lista completa de autores de Uruguay que ingresan en dominio público se puede consultar en autores.uy.

También ingresan este año en dominio público autores y autoras de otros países, entre quienes se encuentran Violeta Parra, Ernesto “Che” Guevara, John Coltrane, Carson McCullers, René Magritte, Dorothy Parker, Robert Oppenheimer, Anthony Mann, Zinaida Serebriakova, Edward Hopper y Tudor Arghezi. En Wikipedia pueden encontrar una lista más vasta.

Más allá de los festejos, este día también sirve para recordarnos la importancia de defender al dominio público de los intentos de privatizarlo. En los últimos tiempos Uruguay se encuentra envuelto en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, que privatizaría 20 años de dominio público, en detrimento del bien común y para beneficiar únicamente a las corporaciones del entretenimiento. También es bueno recordar que Uruguay es uno de los pocos países del mundo que todavía padece el dominio público pagante, un mecanismo por el cual el uso del dominio público puede estar sujeto a una tarifa, lo cual dificulta la circulación, la preservación y el acceso al patrimonio cultural.

Para finalizar, los invitamos a disfrutar del dominio público leyendo las obras de Josefina Lerena y de Horacio Arredondo que se encuentran disponibles en autores.uy. Durante todo el 2018 vamos a trabajar en la digitalización de nuevas obras para que el patrimonio cultural esté disponible de manera libre y gratuita en Internet.

Y como regalo de año nuevo, les presentamos el nuevo sitio web dominiopublico.uy, un nuevo proyecto conjunto de CC Uruguay y Wikimedia Uruguay creado con el objetivo de promover el cuidado y la defensa del dominio público. A través de este sitio web difundiremos materiales educativos y todo tipo de información sobre el tema.

 

*Imagen: Tríptico cervantino (xilografía), por Andrés Feldman. Obra en dominio público del acervo del Museo Nacional de Artes Visuales.

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Un resumen de lo que hicimos en 2017

Equipo de CC Uruguay, diciembre 31st, 2017

Casi sin darnos cuenta pasaron ya cinco años desde que creamos nuestro colectivo; cinco años en los que contribuimos a que la cultura sea más libre y abierta a través de muchísimos proyectos, de la formación de activistas culturales y de la colaboración con otras instituciones y organizaciones sociales.

Estamos llegando al cierre de 2017, un año en el que se incorporaron nuevos compañeros y compañeras al equipo. El crecimiento del colectivo nos permitió fortalecernos en las áreas de bibliotecología y acceso abierto, música libre, literatura libre, ciencia abierta y software libre. A continuación les hacemos un breve resumen de lo más destacado de CC Uruguay este año.

Trabajamos por una legislación de derecho de autor más justa

En 2017 continuamos promoviendo la reforma de la ley de derecho de autor, cada vez más imprescindible dado que la ley vigente afecta gravemente el derecho a la educación y el acceso a la cultura. Esta situación la explicamos en nuestra colaboración con el informe 2017 de Derechos Humanos en el Uruguay, publicado por Serpaj. En abril de 2016 el Senado le dio media sanción a un proyecto de reforma que favorece el acceso a la cultura de manera equilibrada, pero lamentablemente el parlamento todavía no le dio aprobación definitiva a este proyecto. En mayo de este año hicimos una puesta al día de las alternativas que se discuten en el parlamento. En julio la Udelar se pronunció a favor del proyecto del Senado, y en contra de un proyecto alternativo promovido por las cámaras empresariales y las sociedades recaudadoras de derecho de autor. En noviembre fuimos a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para dar nuestra opinión a favor del proyecto del Senado y en contra del proyecto de las corporaciones.

Este año las circunstancias políticas nos obligaron a militar también en contra de la posible firma del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, que se convirtió en una amenaza cada vez más seria. En septiembre colaboramos en el análisis de Creative Commons sobre este tratado, en el que concluimos que generaría un enorme perjuicio para el acceso a la cultura, aumentando el plazo y el alcance del derecho de autor, creando nuevas exclusividades y monopolios, y disminuyendo el dominio público. En noviembre estuvimos en Bruselas, junto al PIT-CNT, para coordinar, con organizaciones sociales y políticas europeas que comparten nuestra preocupación, distintas acciones en oposición a los aspectos negativos del TLC.

Sin embargo, este año también hubo buenas noticias. En octubre de este año se aprobó la reglamentación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Desde CC Uruguay hicimos un seguimiento pormenorizado del proceso de reglamentación, y festejamos este paso muy importante para la democratización de la cultura.

Participamos en eventos y actividades

En abril participamos en la Cumbre Global de Creative Commons 2017, que tuvo lugar en Toronto, Canadá. Allí brindamos una charla sobre el Festival de Cine Creative Commons de Uruguay y compartimos la experiencia de la base de datos de autores de Uruguay, autores.uy. También contamos la experiencia de Música Libre Uruguay y, junto a otros capítulos latinoamericanos de Creative Commons, discutimos sobre la agenda latinoamericana para Creative Commons y dialogamos sobre las lecciones aprendidas en las campañas por la reforma del derecho de autor.

A lo largo del año participamos en una gran cantidad de eventos y actividades a las cuales nos invitaron, como las Jornadas Académicas 2017 sobre Humanidades Digitales y Abiertas, el encuentro Women Techmakers Montevideo 2017, el Internet Governance Forum y el Flisol Florida.

Nos entrevistaron en el programa Colectivos de Radio Pedal, y en los programas El Tungue Lé y La Máquina de Pensar de Radio Uruguay, entre otras intervenciones en medios de comunicación.

Colaboramos con otros colectivos e instituciones

Seguimos fortaleciendo los vínculos con Wikimedia Uruguay, una organización hermana con la cual este año realizamos 3 editatones: una sobre mujeres uruguayas, otra sobre cine uruguayo y otra sobre cultura afrouruguaya. También colaboramos con Wikimedia Uruguay generando nuevas estrategias para que autores.uy sirva para mejorar la Wikipedia. De cara a 2018 buscamos seguir articulando esfuerzos con la comunidad de wikipedistas en los proyectos de cultura libre.

Este año también colaboramos en un proyecto conjunto con capítulos de Creative Commons de América Latina, en el que los equipos de varios países nos enviamos cartas sonoras contando el estado de la cultura libre en nuestros contextos locales. Fue una experiencia enriquecedora para vincularnos con colectivos de otros países y para aprender a producir contenidos de radio y podcast. También apoyamos la campaña de Creative Commons Colombia para defender a Diego Gómez, el joven biólogo colombiano acusado por compartir una tesis en Internet. Afortunadamente Diego fue absuelto, luego de años de un proceso judicial injusto.

Organizamos festivales y otras actividades de cultura libre

En agosto tuvimos la Nerdatón 2017, un evento que organizamos por segundo año consecutivo, en el que nos juntamos toda una noche a digitalizar obras en dominio público, editar Wikipedia, agregar contenidos a la base de datos de autores y al catálogo de música libre, y, en definitiva, pasarla bien en torno a actividades de socialización de la cultura y el conocimiento.

En septiembre organizamos, por tercer año consecutivo, el Festival de Cine Creative Commons, que tuvo sedes en Montevideo y Florida. Al igual que en 2016, en esta oportunidad elegimos proyectar películas licenciadas con CC que abordan conflictos y reivindicaciones sociales. La libertad de expresión, el remix, el derecho a la privacidad en Internet, el derecho a la vivienda, los conflictos ligados a la gentrificación y la lucha por la defensa del medioambiente fueron algunos de los temas tratados, en varios casos con la presencia de los realizadores de las películas. También colaboramos con Cineduca para la proyección de realizaciones audiovisuales de estudiantes licenciadas con CC, y brindamos charlas sobre producción audiovisual y licencias Creative Commons en el CeRP Florida y en el Museo de los Puentes en Fray Bentos. Además, colaboramos con la red global CCWorld, que nuclea a más de 25 festivales de cine CC en todo el mundo.

El noviembre realizamos una jornada de música libre en el Centro Cultural de España, donde compartimos un taller sobre licencias Creative Commons en la comunicación y disfrutamos un concierto de la banda Desayuno Continental. Este año hicimos además un informe estadístico sobre el crecimiento de la producción musical libre en Uruguay, con los datos que nos provee el catálogo de música uruguaya con licencias Creative Commons.

En 2017 continuamos profundizando el apoyo a la producción editorial libre. Trabajamos en la publicación y liberación en Internet del libro Poesías, de Bertolt Brecht, que presentamos en agosto en la Casa Bertolt Brecht. Empezamos también un mapeo de proyectos editoriales y literarios con licencias Creative Commons, que nos sirvió de puntapié inicial para disponibilizar obras con licencias CC en autores.uy.

Promovimos el acceso al dominio público

Este año, la base de datos de autores de Uruguay, autores.uy, siguió creciendo. Hace pocos días llegamos al hito de 12.000 autores indexados en la base, además de las 1346 obras de texto y 1001 obras visuales que están disponibles para descargar libremente. Hoy podemos decir que aquel desafío que nos planteamos hace tres años de contar con un instrumento para obtener datos fiables sobre el dominio público uruguayo, es ya una herramienta robusta y consolidada. Esto nos permite informar sobre la situación del dominio público en Uruguay e identificar aquellas obras que pueden ser digitalizadas y puestas a disposición online.

Además de este hito, durante 2017 el proyecto autores.uy tuvo varias novedades. Lanzamos una nueva versión del sitio que incluye diversas actualización tecnológicas y de diseño. Presentamos tres nuevas bases de datos hermanas, impulsadas por equipos de El Salvador, Ecuador y Argentina que vienen trabajando en la adopción y adaptación de la plataforma. En octubre realizamos la presentación de resultados del proyecto “Autores.uy: Digitalización del patrimonio literario en bibliotecas públicas” premiado en los Fondos Concursables para la Cultura. Este proyecto incluyó la digitalización y puesta a disposición en Internet de 180 obras de alto valor patrimonial, en conjunto con 5 bibliotecas públicas y una biblioteca comunitaria de Montevideo, Canelones y Maldonado. Por último, ampliamos los procesos de digitalización a más tipos de obras en dominio público: comenzamos la digitalización de obras plásticas de la pinacoteca del Poder Legislativo, e iniciamos la digitalización de partituras.

Hacia el 2018

Para el año que viene esperamos seguir sumando voluntarios y voluntarias al equipo, realizar formación en temas de acceso a la cultura y continuar las iniciativas de liberación del conocimiento en todos los campos que venimos trabajando. Esperamos seguir contando con el apoyo y la participación de ustedes. ¡Muy buen comienzo de año!

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Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Equipo de CC Uruguay, diciembre 25th, 2017

El 13 de diciembre Serpaj presentó el informe 2017 sobre Derechos Humanos en el Uruguay. Este año, al igual que en el informe de 2015, Creative Commons Uruguay colaboró con un capítulo donde se hace una puesta al día del impacto del sistema de derecho de autor sobre los derechos humanos. El informe repasa casos recientes en los que se vieron afectados derechos humanos por el inadecuado régimen autoral vigente. También se hacen recomendaciones legislativas y de política pública para corregir estos graves problemas.

El informe 2017 de Serpaj se puede leer y descargar desde este enlace. Es de destacar que se publica bajo una licencia Creative Commons que permite acceder y compartirlo sin barreras. Los invitamos también a visitar el repositorio digital de Serpaj, que cuenta con una gran cantidad de documentos de interés de acceso libre.

A continuación compartimos con ustedes el texto de nuestra contribución.


Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día

Por Creative Commons Uruguay*

Ilustración: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.

En el Informe Anual 2015 de Serpaj sobre Derechos Humanos en Uruguay, el equipo de Creative Commons Uruguay escribió un capítulo acerca del impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos. En ese texto destacamos, en primer lugar, la importancia de abordar la legislación de derecho de autor desde la perspectiva de derechos humanos, siguiendo el criterio de la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, que en 2014 estudió el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, y brindó recomendaciones a los Estados.1 Señalamos que la ley uruguaya 9.739 referida al derecho de autor, que data de 1937, se encuentra en conflicto con las prácticas culturales contemporáneas y afecta injustificadamente el derecho a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión. Esta afectación a los derechos humanos se hizo más evidente en los últimos años, principalmente a causa de la generalización del uso de las tecnologías digitales. Mientras que estas tecnologías permiten reproducir y distribuir información a bajo costo, facilitando el ejercicio de derechos, la ley criminaliza muchas de las principales prácticas tendientes a ejercerlos.

El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, en su obra Derecho Penal – Parte general,2 explicaba ya a principios de los 2000 los problemas que traía la falta de adecuación de las normas de propiedad intelectual a la realidad contemporánea. Debido a los cambios tecnológicos y culturales ocurridos en las últimas décadas, el texto de la ley de derecho de autor pasó a abarcar un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. Mientras que en la década de 1930 solo era posible reproducir las obras con recursos técnicos muy costosos, la tecnología permite hoy la copia de obras enteras, o de partes de ellas, prácticamente sin costo. La conducta de reproducir, penada en el texto legal, se encuentra generalizada y, en los hechos, resulta imposible criminalizar a todas las personas que hacen copias para uso personal. Sin embargo, la mayoría de la población incurre cotidianamente en delitos conforme al texto y cualquier persona podría ser criminalizada arbitrariamente. Dado que el ámbito de las conductas criminalizadas es de extensión inusitada y no estuvo previsto en el contexto originario del texto, el resultado es un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad. Zaffaroni concluye afirmando que un tipo penal no puede erigirse en instrumento para la criminalización indiscriminada y que la omisión de las instituciones políticas frente a cambios de contexto cultural o tecnológico que alteran la extensión punitiva de un texto legal constituye una renuncia a su función, que no es constitucionalmente admisible. En otras palabras, buena parte de la ley de derecho de autor, incluyendo algunas de sus disposiciones penales, son inconstitucionales.

El ejemplo más obvio de inconstitucionalidad en la ley uruguaya de derecho de autor se puede encontrar en el literal E del artículo 46, que establece:

El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).

El artículo 2 detalla qué se entiende por reproducir:

La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.

Con este tipo penal y esta definición de reproducción, prácticamente la totalidad de la población uruguaya comete delitos de manera cotidiana. El funcionamiento de Internet implica que, cuando una persona accede a un sitio web desde su computadora, se generan y almacenan copias temporales de los contenidos en el dispositivo local. Al no contar con la autorización por escrito de los titulares de derechos de autor de cada sitio web, todas las personas que navegan por Internet en Uruguay cometen el delito penal comprendido en el literal E del artículo 46.

Este no es el único ejemplo de inconstitucionalidad. Otro caso es el que se da respecto del préstamo de ejemplares de obras. De acuerdo al artículo 2 de la ley 9.739, el préstamo también es una facultad exclusiva de los titulares de derechos de autor. Por lo tanto, prestar libros, discos o cualquier otro tipo de obras, ya sea de manera pública en una biblioteca o de manera privada entre personas individuales, sin la autorización expresa del titular de derechos, también constituye un ilícito de acuerdo a esta ley.

Los graves problemas ya mencionados, así como muchos otros presentes en el texto de la ley, dejan a todas las personas, en tanto usuarias de obras intelectuales, en situación de precariedad legal e indefensión, estando sujetas a posibles usos arbitrarios de la ley en su contra. Asimismo, se ven vulnerados sensiblemente los derechos a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.

Casos recientes de vulneración de derechos

Un conjunto de casos ocurridos en los últimos años sirven para ilustrar una situación que, aunque por lo general no es percibida como apremiante, suele estallar en casos de abrupta arbitrariedad. A continuación pondremos el foco en algunos de estos casos.

El más notorio en los años recientes afectó el derecho a la educación, cuando en octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República dejaron sin materiales de estudio a miles de estudiantes de Derecho. Las fotocopias son desde hace décadas una de las principales vías de acceso a materiales de estudio. La necesidad de fotocopiar se ve incrementada por el alto costo de los libros,3 y la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas no alcanza para satisfacer la demanda.

Los allanamientos a las fotocopiadoras dejaron como saldo 32 personas detenidas, decenas de máquinas incautadas y más de 10 locales clausurados. Miles de estudiantes sufrieron dificultades importantes para acceder a los materiales de estudio durante meses. La situación posteriormente se estabilizó, como era previsible, con el desplazamiento de la demanda a otros centros de fotocopiado y a grupos de intercambio en Internet, entre otras formas de acceso informal que complementan las insuficientes vías de acceso legal.

En octubre de 2016 la causa culminó con 14 personas condenadas a 7 meses de prisión por la reproducción y distribución de fotocopias en los centros de fotocopiado.

A comienzos de 2015, otro caso puso de relieve la afectación de la ley de derecho de autor a la libertad de expresión. El 18 de febrero de ese año una jueza penal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco, en el departamento de Colonia. La incautación se ordenó ante una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay, un consorcio de representantes legales de empresas multinacionales de software. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en la desproporcionada medida judicial, que fue particularmente grave porque violó la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenazó seriamente la actividad normal del periódico. El sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión.4 Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial. Días más tarde se supo que el denunciante actuó sin la autorización de la empresa de software a la que alegaba representar, por lo cual la causa no derivó en condenas al medio de prensa. No obstante, cabe resaltar que la medida judicial a través de la cual se ordenó la incautación de equipos se apoyó en la ley de derecho de autor. Desde 2003, esta ley considera el software como una obra autoral, y prevé sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría e incautación de equipos ante el uso de programas sin licencia. Este ilícito penal tan ampliamente extendido5 derivó en la existencia de entidades privadas, que, bajo modelos de dudosa legalidad, alegan representar a las empresas titulares de derechos, y, bajo la amenaza de denuncia penal, buscan cobrar “multas” u otros tipos de penalidades para “regularizar” a los infractores. Si bien el caso del periódico El Eco fue el que más notoriedad pública cobró, otros medios de prensa también fueron asediados, así como profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, como arquitectos, diseñadores e imprentas.

A comienzos de 2017, otro caso notorio afectó la libertad de expresión. El 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, Estudio Peyos SA, intimó a la editorial uruguaya Índice y a la profesora Silvana Pera, autora del libro de Historia Uy-siglo XX, dirigido a estudiantes de sexto año de escuela, a retirar todos los ejemplares de circulación, bajo la advertencia de entablar acciones judiciales en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa”.6 Semanas después de la intimación, la editorial Índice publicó un comunicado informando que eliminó del libro “cualquier mención o referencia a Los Pitufos, ya sea en forma de texto o diseño”, para evitar las acciones judiciales.7

Los derechos que administra Estudio Peyos SA provienen del autor original de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, que falleció en 1992. La empresa realizó la intimación por el uso de una imagen de Los Pitufos en el libro educativo de Silvana Pera, quien usó el ejemplo de Los Pitufos para ilustrar el concepto de comunismo, presente en los programas de estudio de sexto año. La intimación se basó en la ley de derecho de autor, que en nuestro país carece de excepciones para ejercer el derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, una práctica habitual en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas para proteger la actividad educativa, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas”.8

Más allá de la polémica mediática acerca del libro, desde una perspectiva de derechos humanos debe señalarse con preocupación que una empresa privada haya ejercido una censura directa sobre una obra con la cual tenía diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen citada en el libro no competía de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes de Los Pitufos, y que lo que se exigió no fue una compensación sino el retiro de la circulación. La falta de ciertas excepciones básicas en la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, empleando, entre otros argumentos, el del uso no autorizado de imágenes o pequeños fragmentos de obras a modo de cita.

En los últimos años también han existido amenazas al derecho de acceso y participación en la vida cultural, relacionadas con el inadecuado sistema de derecho de autor. Han sido persistentes las intimaciones y denuncias de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) contra personas y colectivos sin fines de lucro que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural a través de la digitalización y puesta en línea de materiales que se encuentran fuera del mercado. Estas entidades apelan recurrentemente, de manera abusiva, a los mecanismos de notificación y baja de contenidos de las principales plataformas digitales, como YouTube o Facebook. Las grandes plataformas, pertenecientes a corporaciones sujetas a la legislación estadounidense, suelen dar inmediatamente de baja los contenidos sin valorar adecuadamente los descargos de los usuarios denunciados. Lo grave de este tipo de procedimientos es que se establece una suerte de justicia privada, donde las plataformas reemplazan al sistema judicial para la determinación y sanción de las infracciones al derecho de autor.

Por otra parte, Agadu realiza habitualmente cobros arbitrarios y desproporcionados por la realización de festivales y otras actividades sin fines de lucro en espacios públicos, y ha llegado a exigir el pago por ensayos de carnaval en la calle. Desde 2015, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) también ha comenzado a realizar cobros arbitrarios en espacios públicos y pequeños comercios por la supuesta utilización de obras audiovisuales. La prácticas mencionadas dan cuenta de la debilidad de los mecanismos estatales para fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, así como para corregir y sancionar los abusos que estas frecuentemente cometen.

Las situaciones de vulneración de derechos que hemos presentado no son atribuibles exclusivamente a una falta de actualización de la ley del año 1937. A modo de ejemplo, la redacción del artículo 2, que incluye dentro de las facultades exclusivas de los titulares de derechos tanto a las copias electrónicas temporales como al préstamo de ejemplares de obras, fue incorporada en una reforma del año 2003 a través de la ley 17.616. Esta reforma se realizó con el objetivo de ajustar la ley de nuestro país a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), uno de los acuerdos del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1995. Dicho acuerdo aborda la propiedad intelectual como un asunto vinculado al comercio, cuestión que ha traído a los países miembros de la OMC enormes desafíos para compatibilizarlo con las obligaciones del sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país lamentablemente estuvo lejos de realizar la adecuación de la ley de derecho de autor a ADPIC prestando atención a las obligaciones de derechos humanos. La reforma de la ley buscó satisfacer las demandas de las cámaras y entidades sectoriales de la industria cultural. El resultado fue que el texto aprobado en 2003 fue incluso más allá de los cambios exigidos por la OMC. Así, se acentuó el desbalance entre los derechos de los intermediarios y los derechos de los autores y usuarios. Mientras que se amplió el alcance y el plazo de las facultades otorgadas a las empresas titulares de derechos, no se creó ni se adaptó ninguna de las pocas excepciones consagradas en 1937, que quedaron desactualizadas y prácticamente inaplicables. Tampoco se pusieron límites a los contratos de cesión de derechos a través de los cuales en innumerables ocasiones los autores son privados de los beneficios de su trabajo por las empresas intermediarias.

Avances y retrocesos en el proyecto de ley de reforma del derecho de autor

Luego de los allanamientos de 2013 a las fotocopiadoras, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de ese año un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor, colocando en la opinión pública el debate en torno al derecho a estudiar. El proyecto inicial fue avalado por la firma de 10.000 estudiantes universitarios. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se denominó a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trataba de una propuesta que amparaba diversas prácticas necesarias para la educación y el acceso a la cultura.

Realizamos a continuación un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva cuatro años. El proyecto original proponía añadir nuevas excepciones al derecho de autor. En particular, la excepción de ilustración de enseñanza, diversas excepciones para las actividades de las bibliotecas,9 la excepción de copia para uso personal y la despenalización del literal E del artículo 46. La iniciativa no llegó a ser tratada por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El texto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogió los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadió la solidez técnica de los especialistas del MEC.

En abril de 2016 el Senado dio media sanción a este proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, actualizando la ley y corrigiendo algunos de los desbalances añadidos en 2003. Sin embargo, luego de la media sanción, sobrevino la reacción de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de Agadu, entidades intermediarias que buscaron imponer la idea de que el proyecto afectaba a la industria editorial y al sector cultural.

Toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto que recibió la media sanción del Senado incorporó el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, como el derecho de hacer parodias, fotografiar y filmar obras expuestas en espacios públicos, citar obras escritas, sonoras, audiovisuales, plásticas y fotográficas, entre otras disposiciones. Lejos de dañar el interés de los creadores, el proyecto apunta a consolidar el derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay respecto de otros países.

Sin embargo, las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema, entre ellas la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, instituciones y colectivos docentes, de investigación y de usuarios de cultura.

Si bien en un principio la CUL y Agadu habían afirmado oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron eliminar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. De aprobarse la propuesta acordada entre Agadu, FEUU y CUL, el Parlamento estaría legitimando muchas de las restricciones que en principio buscaba superar.

A modo de ejemplo, atendiendo a que, como ya dijimos, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar todo tipo de obras de manera legal. En cambio, el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL restringe el préstamo únicamente a bibliotecas de instituciones sin fines de lucro y a obras expresadas por escrito, excluyendo libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Así, mientras que hoy el préstamo es ilegal pero esta ilegalidad cae por la fuerza de la costumbre, en caso de aprobarse el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se estaría legitimando en 2017 una norma que prohíbe a las bibliotecas prestar todo tipo de materiales excepto textos.

En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de la Universidad de la República, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL, y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Otras organizaciones sociales se sumaron al reclamo a través de un documento conjunto10 donde respaldan el proyecto del Senado. También cientos de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura enviaron al parlamento una petición en apoyo al proyecto con media sanción del Senado.11

En octubre de 2017, tanto el proyecto con media sanción del Senado como el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

Excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso

Consideramos relevante incluir en este informe un importante avance para el ejercicio de los derechos culturales. Se trata del decreto 295/017,12 que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. Esta reglamentación, promulgada el 16 de octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, hace también efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.

Gracias a este decreto reglamentario, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas contarán con mejores posibilidades de acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (un proyecto conjunto de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor.

Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual, pero también a personas con otras dificultades para acceder a obras impresas (por discapacidades motrices o intelectuales, o por diferentes tipos de trastornos que afectan la lectura). Este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una gran proporción de personas adultas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirles el disfrute y el derecho de la lectura.

A partir del decreto reglamentario las obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.

El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.

Oportunidades para seguir avanzando

El Senado dio media sanción a una reforma que, en caso de aprobarse, consagraría excepciones y limitaciones al derecho de autor para contemplar adecuadamente los derechos culturales, especialmente el derecho a estudiar. Asimismo, el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar una ley que favorece el acceso a la cultura de las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Pero la discusión normativa debe ir acompañada de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos culturales.

En este sentido, Uruguay aprobó a principios de 2017 la Agenda Uruguay Digital 2020. Bajo el lema “Transformación con equidad”, la agenda incluye, entre otros objetivos, la “creación del Sistema Nacional de Repositorios para compartir y consultar todos los artículos científicos, tesis y libros de textos de producción nacional a nivel universitario”.13 La creación de un sistema de repositorios digitales implica destinar recursos públicos y orientar esfuerzos a garantizar el acceso abierto a la investigación científica nacional y a materiales educativos. Cabe esperar que este esfuerzo se complemente con el impulso a la digitalización del patrimonio cultural que albergan las bibliotecas, museos y archivos públicos, para ponerlo a disposición de la ciudadanía, respetando los derechos autorales, pero haciendo uso del dominio público y de las escasas excepciones contempladas por la ley en favor del acceso a la cultura, la educación y la ciencia.

El derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural, que es de rango constitucional en Uruguay en virtud de los tratados de derechos humanos de los que el país es firmante, implica una responsabilidad por parte del Estado. Nuestro país debe salir de la actual situación desequilibrada en cuanto a legislación en materia de derecho de autor para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos culturales. Estudiantes y docentes deben poder utilizar materiales de estudio sin verse expuestos a sanciones penales. Las bibliotecas e instituciones culturales deben poder cumplir su misión sin entrar en contradicción con la ley. Las personas que crean obras intelectuales deben poder hacerlo sin dejar de expresar sus ideas para cuidarse de posibles represalias legales. Así como lo ha hecho con la firma, ratificación y reglamentación del Tratado de Marrakech, Uruguay tiene la oportunidad de continuar avanzando con más excepciones al derecho de autor y con más políticas públicas que permitan a las personas ejercer sus derechos a la hora de aprender, informarse y crear. El Estado, en lugar de ser un agente de represión de las prácticas culturales de la población, debe transformarse en un garante de derechos a través de una legislación adecuada al siglo XXI, y en un facilitador de su ejercicio mediante el desarrollo de políticas públicas de acceso a la cultura.

* Creative Commons Uruguay es un colectivo sin fines de lucro que promueve la creatividad y el acceso democrático al conocimiento. Forma parte de la red internacional de Creative Commons, que ha desarrollado licencias de derecho de autor del mismo nombre.

1 Shaheed, Farida. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 24 de diciembre de 2014.

2 Zaffaroni, Eugenio Raúl et al. Derecho penal – Parte general. Buenos Aires, Ediar, 2002.

3 Rodés, Virginia y Pérez Casas, Alén. Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. Montevideo, Udelar, 2013.

5 Según un estudio de la Business Software Alliance, una cámara empresarial internacional del sector del software dedicada al ejercer presión en materia de propiedad intelectual, en 2015 el 68% del software instalado en Uruguay no contaba con licencia. Ver: Seizing opportunity through license compliance. BSA global software survey. Mayo de 2016. Disponible en: http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_US.pdf

6 Uypress. Pitufos comunistas con leyes capitalistas: piden retirar de circulación el libro. 24 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.uypress.net/auc.aspx?75360

7 Montevideo Portal. Tras acuerdo legal, quitaron referencia a Los Pitufos en libro escolar. 27 de julio de 2017. Disponible en: http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tras-acuerdo-legal-quitaron-referencia-a-Los-Pitufos-en-libro-escolar-uc350069

8 Xalabarder, Raquel. Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet. Revista pe.i., n. 29, Madrid, mayo-agosto 2008, pág. 22.

9 Uruguay es uno de los 21 países que aún no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas. Para más información, ver Crews, Kenneth. Copyright exceptions & limitations: libraries and archives. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_presentations.pdf

11 Petición disponible en: https://www.todosganamosderechos.org/

12 Decreto reglamentario disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/295-2017

13 Jackson, Matías. Nueva Agenda Digital Uruguay 2016-2020. 23 de enero de 2017. Disponible en: https://www.mjackson.uy/nueva-agenda-digital-uruguay-2016-2020/

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Fiesta de fin de año de CC Uruguay

Equipo de CC Uruguay, diciembre 6th, 2017

El 16 de diciembre están todas y todos invitados al festejo de fin de año de CC Uruguay. Vamos a juntarnos en La Picadita (Marcelino Sosa esquina Antonio Machado, Montevideo) desde las 21 hs. La reunión es para despedir el año, conversar sobre lo que se viene en 2018 y escuchar buena música libre.

Pueden compartir la información también desde el evento en Facebook.

⚠️⚠️⚠️ ATENCIÓN ⚠️⚠️⚠️

El lugar de la fiesta se cambió al bar Segunda Vuelta, en la esquina de Gaboto y Guayabos. Se mantiene el día y horario.

¡Los esperamos!

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Representantes del PIT-CNT y Creative Commons Uruguay se encuentran en Bruselas en ronda de contactos sociales e institucionales referidos al TLC Mercosur-UE

Equipo de CC Uruguay, noviembre 23rd, 2017

Invitados por la Fundación Friedrich Ebert, representantes del PIT-CNT y Creative Commons Uruguay nos encontramos participando en Bruselas de una serie de reuniones y contactos con organizaciones sociales, institucionales y políticas que han estado involucradas en el debate sobre el TLC Mercosur-Unión Europea, actualmente en etapa de negociación.

Desde Creative Commons ya expresamos en un informe nuestra visión crítica respecto principalmente al capítulo de propiedad intelectual incluido en ese acuerdo, que representará un importante perjuicio para la circulación y el acceso a la cultura en los países miembros, y en particular en Uruguay, en tanto extiende el copyright de las obras culturales de 50 años a 70 años post mortem y añade otras cláusulas que se dirigen en el mismo sentido a la privatización del conocimiento.

Esperamos que estas reuniones nos acerquen a una coordinación con organizaciones sociales y políticas europeas que comparten nuestra preocupación, para oponernos a estos y otros aspectos negativos del acuerdo. Asimismo, esperamos poder acceder a textos actualizados sobre el curso de las negociaciones (el último texto filtrado sobre las propuestas y contrapropuestas entre las partes data del año 2016), que deseamos disponibilizar y socializar para contrarrestar la tónica secretista y poco transparente que ha primado en esta negociación. Más preocupante aún es la sensación general de que podría haber un acuerdo firmado antes de fin de año. Si así fuera, se trasladaría luego a los parlamentos nacionales la responsabilidad de aprobar un texto negociado al margen de la sociedad y que incluye cláusulas enormemente perjudiciales para los intereses locales, como la apertura en compras estatales, la apertura del sector de servicios y la pérdida de soberanía en la resolución de controversias. Esos puntos se suman a la ya mencionada problemática del recrudecimiento de las normas de propiedad intelectual, que endurece las restricciones en materia de derechos de autor, derechos de radiodifusión, patentes y denominaciones de origen.

* Foto: Parlamento Europeo. Autor: Pablo Da Rocha. CC BY-SA.

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Cobertura de la jornada de música y comunicación libres

Equipo de CC Uruguay, noviembre 19th, 2017

El 14 de noviembre CC Uruguay organizó una jornada de música y comunicación libres en el Centro Cultural de España en Montevideo. La jornada comenzó con un taller sobre licencias Creative Commons y medios de comunicación, tras el cual tuvo lugar el concierto de la banda Desayuno Continental.

Compartimos a continuación la cobertura fotográfica de la jornada, realizada por Aimé Castro. Todas las fotos están bajo un licencia libre CC BY-SA 4.0. Las fotos en alta resolución se pueden encontrar en los álbumes de Flickr del taller y del concierto.

Taller sobre licencias Creative Commons y medios de comunicación

 

Concierto de Desayuno Continental

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